“La libertad pertenece a quien la conquista”, André Malraux
OBJETIVOS
En medio de los constantes señalamientos sobre la falta de autonomía en los órganos de fiscalización municipal, la diputada Martha Yolanda Dagnino Camacho, representante de Guasave, ha presentado una propuesta que apunta a cerrar una puerta poco discutida pero estratégicamente importante: la de los vínculos políticos inmediatos en la designación del titular del Órgano Interno de Control de los Ayuntamientos.
La iniciativa busca incorporar como requisito para aspirar a dicho cargo el no haber sido electo popularmente ni haber ejercido funciones clave como tesorero, secretario o director jurídico dentro del mismo Ayuntamiento en los últimos cuatro años.
La lógica detrás de esta medida es clara: evitar que quienes han estado directamente involucrados en la administración municipal pasen a ocupar un puesto cuya misión principal es auditar, vigilar y, en su caso, sancionar actos de esa misma administración.
El planteamiento tiene sentido dentro del marco de la transparencia y la rendición de cuentas.
En la práctica, muchas veces los Órganos Internos de Control han sido ocupados por perfiles cercanos a las autoridades municipales en turno, lo que genera suspicacias —cuando no conflictos de interés abiertos— al momento de ejercer sus funciones.
La dependencia jerárquica, sumada a los vínculos personales o políticos, puede convertir a estos órganos en entes meramente decorativos, incapaces de ejercer contrapesos reales.
Con esta propuesta, se establece una especie de “periodo de enfriamiento” que permitiría garantizar un mínimo de independencia operativa.
No se trata de descalificar la experiencia previa en la administración pública, sino de asegurar que esa experiencia no comprometa la imparcialidad con la que debe conducirse una función tan delicada como la de control interno.
Es cierto que los requisitos legales no bastan por sí solos para garantizar la integridad institucional.
Sin voluntad política y sin una cultura administrativa sólida, cualquier candado puede ser burlado.
Sin embargo, propuestas como la de la diputada Dagnino Camacho avanzan en la dirección correcta: reconocer que los nombramientos no deben ser vistos como cuotas de poder, sino como piezas clave para el buen funcionamiento del aparato público.
Blindar al Órgano Interno de Control es blindar la confianza ciudadana en el gobierno municipal.
No se trata de obstaculizar carreras políticas ni de imponer vetos personales, sino de construir una institucionalidad más robusta. Esa es la importancia real de esta propuesta.
IMPULSO
En tiempos donde la migración debería abordarse con humanidad, razón y cooperación internacional, volvemos a presenciar medidas de corte punitivo que recuerdan a las peores etapas de exclusión y xenofobia. Las recientes redadas migratorias emprendidas por el gobierno de Estados Unidos, lejos de atender las causas estructurales del fenómeno migratorio, lo criminalizan y politizan.
Desde el Congreso del Estado de Sinaloa, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, alzó la voz con firmeza. Condenó estas acciones, las calificó de racistas, discriminatorias y violatorias de derechos humanos. No es una postura menor, y no debería pasar desapercibida.
Guerra Ochoa recordó con razón que Estados Unidos es una nación construida por migrantes. La historia lo confirma: desde los europeos que llegaron en el Mayflower hasta los millones de latinoamericanos que, con su trabajo, han sostenido sectores enteros de la economía estadounidense. Negar esa raíz es negar la esencia misma del país del norte.
La diputada fue más allá: hizo un vínculo económico al señalar cómo estas redadas afectan también a Estados Unidos, citando, por ejemplo, la caída del dólar frente al peso mexicano. Es un dato que puede interpretarse de muchas maneras, pero que revela una tensión innegable entre ambos países, justo cuando se requiere mayor coopeación bilateral.
En esa misma sintonía, el diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, también de Morena, se sumó al posicionamiento. Desde tribuna calificó estas acciones como “actos de intimidación y terror”. Su discurso apuntó a una exigencia legítima: que la política exterior mexicana defienda con dignidad los derechos de sus ciudadanos fuera del país.
Ambos legisladores muestran que, en Sinaloa, el tema migratorio no se toma a la ligera. No es solo una bandera política: es una causa que toca fibras profundas en un estado donde muchas familias tienen a hijos, hermanos o padres que cruzaron la frontera en busca de mejores condiciones de vida.
Frente a este contexto, vale preguntarse: ¿qué tanto puede incidir un Congreso local en la política internacional? Quizá poco en términos formales, pero mucho en términos simbólicos y políticos. Cada voz que se levanta desde las entidades federativas suma presión y visibilidad, sobre todo cuando el Ejecutivo federal, en este caso Claudia Sheinbaum, ya ha fijado una postura clara en defensa de los derechos humanos de los migrantes.
Y es ahí donde reside el valor de estos posicionamientos: en no quedarse callados. En un mundo donde la migración no se detendrá, criminalizar al migrante es una respuesta fácil, pero errónea. Lo difícil —pero justo— es defender su dignidad, su historia y su derecho humano a buscar una vida mejor.
La historia juzgará a quienes, desde cualquier trinchera, eligieron la empatía en lugar del silencio.
INVERSIÓN
En medio de una realidad nacional marcada por desafíos económicos, inflación y cautela en las inversiones, Sinaloa se presenta como un caso que merece ser observado con atención.
Los números no mienten: durante el primer trimestre de 2025, el estado captó 9 mil 377 millones de pesos en inversión privada, lo que representa un crecimiento del 41% respecto al mismo periodo de 2024.
Aún más relevante, el acumulado de la administración estatal alcanza ya los 108 mil 112 millones de pesos, un 13% más que en el periodo equivalente del sexenio anterior.
Detrás de esta dinámica hay sectores clave que han sostenido el impulso.
La construcción encabeza la lista con 45 mil 699 millones de pesos, seguida del turismo (32 mil 432 millones) y el comercio (13 mil 790 millones). No es casualidad: estos rubros están directamente vinculados a la infraestructura, el consumo y la proyección del estado como destino atractivo para capitales tanto nacionales como extranjeros.
El secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, pone sobre la mesa algo más que cifras: una narrativa de transformación.
Los proyectos incluidos en el llamado “Plan Sinaloa” —como el nuevo Centro de Convenciones y el malecón en la margen izquierda del río Culiacán— no son solo obras, sino apuestas estratégicas que buscan posicionar a la capital del estado como un punto de referencia en la industria de reuniones y eventos del noroeste del país.
No se trata de una visión de coyuntura, sino de una hoja de ruta que mira hacia 2026.
El mensaje es claro: generar condiciones para que la inversión llegue y se quede. Y si algo reconocen los inversionistas es la certidumbre, la planeación y la infraestructura. En ese sentido, el gobierno estatal parece estar leyendo bien el momento.
No basta con inaugurar obras; hay que dotarlas de sentido económico y social.
Ahora bien, más allá del optimismo que pueden generar los números, conviene matizar.
La inversión privada no puede ser entendida solo como una suma de capitales que entran: debe verse como un proceso que involucra beneficios tangibles para la población.
De ahí la importancia de que este crecimiento se traduzca en empleos formales, salarios competitivos y mejora en la calidad de vida.
El reto que viene es mayúsculo. Si bien los indicadores apuntan a un entorno favorable, la economía es tan volátil como la política.
La consolidación de estos avances dependerá de mantener la estabilidad, mejorar la seguridad y seguir atrayendo inversiones en sectores de alto valor agregado.
En suma, lo que ocurre hoy en Sinaloa no es casualidad, sino resultado de una combinación entre contexto nacional, gestión estratégica y visión de futuro.
La inversión privada no es un fin en sí mismo, pero sí un termómetro confiable para medir hacia dónde va el desarrollo económico del estado. Y, por lo pronto, la aguja apunta hacia arriba.
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