Marco Antonio Lizárraga

“¿Cambiar? Cuando lo hagan las colinas”, Emily Dickinson (1830-1886) Poetisa estadounidense. BOQUETE PRESUPUESTAL El señalamiento del gobernador Rubén Rocha Moya sobre la deuda superior a cinco mil millones de pesos heredada por las administraciones de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel no solo revela un problema contable, sino una herida institucional que compromete la confianza en la gestión pública. Lo dicho por el mandatario no debe leerse como una acusación política más, sino como un diagnóstico de largo alcance sobre la fragilidad del sistema de pensiones en Sinaloa. El hecho de que las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado (IPES), al Issstesin y al SAT fueran retenidas sin ser entregadas constituye una práctica que erosiona la relación entre el gobierno y sus servidores públicos. En esencia, se trata de recursos que pertenecen a quienes durante años han sostenido al aparato estatal desde su trabajo y contribución. Que esos fondos se hayan desviado a otros fines —sin que se especifique claramente cuáles—, revela una forma de administración que privilegió la inmediatez política sobre la responsabilidad financiera. El monto es alarmante: 2 mil 641 millones de pesos en el IPES y el resto en pasivos fiscales y laborales. Pero más allá de la cifra, el impacto real recae en los trabajadores que esperan su jubilación con incertidumbre. La advertencia de Rocha Moya sobre el riesgo de no poder cubrir las pensiones en el futuro no es menor. Si el fondo carece de liquidez, la consecuencia será directa: el incumplimiento de derechos adquiridos. El gobernador ha prometido corregir el rumbo y destinar recursos para garantizar los pagos, lo cual, si bien es una obligación moral y legal, también supone un desafío administrativo enorme. En un contexto de restricciones presupuestales, la pregunta es inevitable: ¿de dónde saldrán los recursos para subsanar una deuda que no se generó en su gestión? En este punto, la transparencia será clave. No basta con señalar la irresponsabilidad del pasado; es indispensable que se documenten los desvíos, se definan las responsabilidades y se establezcan mecanismos de recuperación de recursos o sanción si corresponde. La rendición de cuentas no debe quedarse en la retórica del señalamiento político, sino traducirse en acciones concretas que eviten la repetición de estas prácticas. El fondo de pensiones, el Issstesin y el SAT no son meras instituciones burocráticas: son el soporte de la seguridad laboral, fiscal y social del Estado. Su descuido durante años muestra cómo la política cortoplacista puede hipotecar el futuro de generaciones de trabajadores. Hoy, el gobierno de Rocha Moya tiene la oportunidad —y el reto— de demostrar que la honestidad no solo se predica, sino se reconstruye desde las finanzas públicas. El saldo de la irresponsabilidad no solo se mide en cifras, sino en la confianza perdida. Y esa, sin duda, será la deuda más difícil de saldar. RECORRIDO Las asambleas informativas que encabeza la diputada Tere Guerra por los 20 municipios de Sinaloa son un ejercicio que, más allá de su formato político, representan una recuperación del sentido primario del servicio público: escuchar. En una época donde la representación suele percibirse distante, el hecho de que la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado lleve el trabajo legislativo a las comunidades rurales, sindicaturas y cabeceras municipales, reconfigura la relación entre el poder y la ciudadanía. Tere Guerra no es nueva en el terreno del compromiso social. Su trayectoria como activista y defensora de derechos humanos le otorga una legitimidad que trasciende los discursos. Sin embargo, lo relevante hoy no es el perfil, sino la estrategia: abrir el Congreso a la calle, a los caminos polvorientos y a las voces que pocas veces llegan al pleno. Con más de 50 asambleas realizadas, la diputada convierte la rendición de cuentas en una herramienta de vinculación política y pedagógica, donde la gente no solo escucha, sino pregunta y evalúa. En estas reuniones —acompañada por los legisladores Ambrocio Chávez y Rita Fierro— se ha puesto sobre la mesa una agenda legislativa que, según su propio planteamiento, busca consolidar una “etapa de transformación con sensibilidad social”. Las reformas impulsadas en materia de seguridad, igualdad y justicia social, como el aumento de penas por homicidio doloso, la tipificación de la violencia en el noviazgo o las modificaciones para combatir el robo de vehículos, son ejemplos de un Congreso que intenta responder a las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía. También destaca el énfasis en la igualdad sustantiva. Las reformas a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Sinaloa, que garantizan la equidad salarial y promueven la presencia femenina en espacios de decisión, son avances significativos en un contexto donde las brechas de género siguen siendo visibles. En este punto, la diputada Guerra refuerza un mensaje político que ha sido sello de Morena: gobernar con empatía hacia los sectores más vulnerables. Sin embargo, el valor político de estas asambleas no radica solo en la información compartida, sino en el símbolo que representan: la recuperación del diálogo directo entre representantes y representados. En tiempos donde la política suele medirse en encuestas y redes sociales, volver al contacto humano es un acto de congruencia. El reto, no obstante, será mantener esa cercanía sin que se diluya en el discurso partidista. Porque la transformación que la diputada proclama solo podrá sostenerse si la voz ciudadana, la de esas familias que asisten a las asambleas con esperanza y escepticismo, logra influir realmente en la agenda legislativa. Al final, Tere Guerra encarna una idea simple pero poderosa: legislar no es solo escribir leyes, sino construir confianza. Y en un Sinaloa donde la distancia entre la política y la gente ha sido una constante, esa puede ser la reforma más profunda de todas. RELEVOS Con una lectura más profunda que la de una simple rotación de cargos, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, realizó ajustes en tres áreas estratégicas de su administración, en lo que definió como parte de una evaluación permanente al desempeño de su equipo de

“Reconsideras tu vida conforme la vas viviendo, de la misma forma que si estuvieras escalando una montaña y continuamente vieras los mismos paisajes desde distintos puntos de vista”, Doris Lessing (1919-2013) Novelista británica de origen iraní. Premio Nobel de Literatura en 2007. PUNTO DE QUIEBRE El domingo 2 de noviembre, Uruapan fue escenario de un estallido social que marcó un punto de quiebre. Cientos de ciudadanos, indignados por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, tomaron las calles y posteriormente irrumpieron en el Palacio de Gobierno. Lo que comenzó como una marcha de duelo se transformó en una expresión cruda de hartazgo y desesperación ante lo que perciben como un Estado ausente o cómplice de la violencia que devora a Michoacán. Las imágenes del edificio en llamas, del mobiliario arrojado desde los balcones y de las consignas que acusaban directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum (“¡Fuera Claudia!”, “¡Claudia asesina!”), no solo reflejan la rabia inmediata por un crimen atroz. Representan una fractura emocional y política entre la sociedad y las instituciones. La muerte de Manzo no fue un hecho aislado; fue la chispa que encendió un enojo acumulado por años de inseguridad, impunidad y desconfianza. Carlos Manzo, quien había sido diputado federal por Morena y ganó la alcaldía como candidato independiente, simbolizaba para muchos una figura disruptiva dentro del sistema político local. En vida denunció amenazas y la presencia de grupos criminales en su municipio, pidiendo apoyo federal para mantener a la Guardia Nacional en Uruapan. Su asesinato —ocurrido en plena plaza pública, durante una celebración cultural y frente a su hijo— exhibe la vulnerabilidad extrema de los servidores públicos, incluso cuando se les presume bajo protección. El discurso de su viuda, Grecia Quiroz, resonó como un llamado a la conciencia nacional: “Ayer no solo murió él; murieron dos… es otra madre la que hoy está llorando en su casa”. Su reflexión, más allá del dolor personal, pone sobre la mesa una verdad incómoda: el crimen organizado no se alimenta solo de armas o dinero, sino de una descomposición social que comienza en los hogares, en la educación y en la falta de oportunidades. El incendio del Palacio de Gobierno no puede justificarse, pero tampoco puede entenderse sin contexto. La protesta que derivó en violencia fue un reflejo de la frustración de una ciudadanía que siente que el poder político ha normalizado la muerte. Que las promesas de justicia llegan siempre después del hecho, cuando la indignación ya se desbordó y los cuerpos ya se enfriaron. A nivel estructural, lo ocurrido en Uruapan expone tres fracturas profundas: La institucional, donde los protocolos de seguridad fallan incluso para quienes representan al Estado. La política, con un desgaste acelerado del discurso oficial y un distanciamiento evidente entre el gobierno federal y las comunidades afectadas. La social, donde el miedo se convierte en enojo y el enojo en violencia colectiva. El asesinato de Manzo y los disturbios que siguieron son, en esencia, un espejo de la crisis nacional: un país donde el crimen sigue imponiendo sus reglas, donde los liderazgos locales mueren defendiendo su tierra y donde la población, cansada de la impunidad, empieza a buscar justicia por sus propias manos. Uruapan, segunda ciudad más importante de Michoacán, clama hoy por justicia, pero también por credibilidad. Y esa es una deuda que ninguna administración podrá saldar solo con discursos o promesas de investigación. La verdadera reparación vendrá cuando la autoridad recupere la confianza perdida, y cuando la seguridad deje de ser un ideal y vuelva a ser un derecho. RENOVACIÓN La integración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) se fortaleció con la incorporación de Carmen Julieta Rodríguez Campos y Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor, quienes asumieron el cargo como nuevas consejeras durante sesión extraordinaria. El proceso de selección destacó por su apertura y rigor técnico, al involucrar a más de un centenar de aspirantes y aplicar filtros basados en mérito y equidad de género. Este ejercicio refleja la importancia de mantener instituciones electorales sólidas y con procesos de integración transparentes, especialmente en un contexto donde la discusión sobre la reforma electoral continúa en el plano nacional. Tanto Rodríguez Campos como Galán Villaseñor coincidieron en que su nombramiento representa una responsabilidad más que un logro personal, subrayando su compromiso con la legalidad, el diálogo institucional y la defensa de la democracia en Sinaloa. La renovación del IEES reafirma la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana y de preservar la autonomía de los organismos electorales como pilar del sistema democrático. CONSULTA La reciente consulta convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Suntuas) concluyó con un amplio respaldo a la Reingeniería Normativa, al registrarse un 86.8 por ciento de votos a favor. Este resultado, producto de la participación de trabajadores académicos, administrativos e intendentes —activos y jubilados—, representa una expresión significativa de consenso dentro de la comunidad universitaria. El ejercicio se desarrolló en un ambiente de orden y respeto, con acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que otorgó transparencia y legitimidad al proceso. Los secretarios generales de ambas secciones, Samuel Jesús Castro Camacho e Isfa Bernabé Leal Salazar, coincidieron en destacar la madurez y el compromiso de la base sindical al refrendar su confianza en un modelo que busca fortalecer las prestaciones y garantizar la estabilidad del sistema de jubilación dinámica. Más allá de los porcentajes, la jornada reafirma la importancia del diálogo, la participación y la cohesión institucional dentro de la UAS. La contundencia del resultado refleja una visión colectiva orientada a la modernización y sostenibilidad de la vida laboral universitaria, consolidando al sindicato como un actor clave en la evolución organizacional de la institución. PROYECTO EN PIE El Ayuntamiento de Mazatlán mantiene en evaluación distintos predios para concretar la instalación del nuevo relleno sanitario, un proyecto considerado prioritario para el desarrollo sustentable del puerto. Tras descartarse el terreno previamente propuesto por no cumplir con los requisitos técnicos y ambientales, la administración municipal trabaja en coordinación con los gobiernos estatal

“No puede haber una revolución total sino una revolución permanente. Como el amor, es el goce fundamental de la vida”, Max Ernst (1891-1976) Pintor y escultor alemán. AROMA DE MUJER México vive un momento histórico: por primera vez, una mujer ocupa la Presidencia de la República. La llegada de Claudia Sheinbaum Pardo al poder no solo simboliza la consolidación de la paridad política en el país, sino también un cambio profundo en la forma de entender el liderazgo y la toma de decisiones. Este nuevo contexto nacional coloca a estados como Sinaloa frente a una posibilidad inédita: que en el próxImo proceso electoral de 2027, una mujer encabece la gubernatura. La elección de una presidenta ha roto un paradigma histórico y abre un espacio real para que los liderazgos femeninos se consoliden en todos los niveles. En Sinaloa, el terreno político comienza a mostrar esa transformación: cada vez más mujeres dirigen instituciones, presiden municipios o encabezan agendas públicas con peso propio. Dentro de Morena, partido dominante en el estado, se perfilan cuatro figuras que representan distintas vertientes de ese nuevo liderazgo: Estrella Palacios Domínguez, Graciela Domínguez Nava, Imelda Castro Castro y María Teresa Guerra Ochoa. La presidencia de Sheinbaum ha demostrado que la conducción de una mujer no implica un cambio simbólico, sino una redefinición de las prioridades del poder. Su estilo de gobierno —más técnico, dialogante y con un enfoque en la sustentabilidad, la ciencia y la justicia social— ha despertado expectativas de que otros estados sigan la misma ruta. Sinaloa, con su compleja dinámica política y social, podría beneficiarse de ese mismo tipo de liderazgo: más empático, menos confrontativo y enfocado en la gestión de resultados tangibles. Las mujeres han demostrado históricamente una mayor capacidad de negociación, un sentido más horizontal del poder y una inclinación natural hacia la construcción de consensos. En una entidad que ha enfrentado grandes desafíos en materia de seguridad, desigualdad y desarrollo regional, estos atributos se vuelven estratégicos. Estrella Palacios, hoy alcaldesa de Mazatlán, ha mostrado un estilo de gestión ordenado, enfocado en el turismo y la proyección internacional del puerto. Su experiencia administrativa y su conexión con el sector productivo la colocan como una figura de continuidad con visión económica. Graciela Domínguez, diputada federal y exsecretaria de Educación, representa el perfil técnico y político. Su capacidad para navegar estructuras gubernamentales complejas y su experiencia legislativa la hacen una opción sólida para la gobernabilidad. Imelda Castro, senadora de la República, simboliza la voz institucional y la experiencia política. Con una carrera que combina militancia, pensamiento crítico y participación nacional, encarna la madurez política que Sinaloa podría requerir para consolidar su desarrollo. María Teresa Guerra, abogada y activista, aporta una visión profundamente social. Su trabajo en favor de los derechos humanos y la igualdad de género introduce un enfoque ético y humanista que podría renovar la relación entre gobierno y ciudadanía. Diversos estudios y experiencias en gobiernos locales y nacionales demuestran que cuando las mujeres asumen posiciones de poder, se fortalece la transparencia, se mejora la eficiencia administrativa y se incrementa la atención a políticas públicas sensibles, como la salud, la educación, el bienestar social y la seguridad con perspectiva humana. En Sinaloa, un gobierno encabezado por una mujer podría representar un giro hacia una política de cercanía y reconstrucción del tejido social, especialmente en un contexto donde la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades siguen marcando la agenda pública. Más allá de los nombres, lo que está en juego en 2027 es la posibilidad de consolidar una nueva etapa en la política sinaloense: una donde el liderazgo se mida no por la fuerza del discurso, sino por la eficacia, la empatía y la visión de largo plazo. La presencia de una presidenta en el país y la posibilidad de una gobernadora en Sinaloa representan más que un avance de género: constituyen un reacomodo de las estructuras políticas hacia una participación verdaderamente incluyente. En una sociedad que ha sido históricamente conservadora en ciertos aspectos, la oportunidad de que una mujer encabece el gobierno estatal sería también un acto de modernización cultural. El 2027 podría ser el año en que Sinaloa dé un paso más en la construcción de una política más equitativa, plural y humana. No se trata solo de una alternancia de género, sino de una evolución natural de la democracia sinaloense, que, por primera vez, podría ver en una mujer la oportunidad de conducir su destino con visión, sensibilidad y firmeza. INSTALACIÓN La confirmación del gobernador Rubén Rocha Moya sobre la próxima construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Mazatlán abre un debate interesante sobre el modelo de seguridad pública que se busca consolidar en Sinaloa. Más allá del anuncio, el proyecto invita a reflexionar sobre el equilibrio entre infraestructura, presencia institucional y percepción ciudadana, tres elementos que definen la eficacia de cualquier estrategia de seguridad. De acuerdo con lo expresado por el mandatario estatal, la propuesta fue presentada por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y responde a la necesidad de reforzar la presencia territorial en el puerto. La intención es instalar una base que permita a la Guardia Nacional —descrita como una policía de “proximidad” y más “amigable” con la ciudadanía— fortalecer el patrullaje y la capacidad de respuesta ante los incidentes delictivos. El contexto en el que se anuncia esta obra no es menor. Mazatlán, principal polo turístico de Sinaloa, ha experimentado un repunte de hechos delictivos, aunque el propio gobernador ha señalado una disminución del 19 % en la percepción de inseguridad, según datos recientes. La contradicción entre percepción y realidad ilustra la complejidad del fenómeno: mientras los indicadores pueden mejorar, la sensación de riesgo persiste si la presencia policial no se traduce en confianza ciudadana. La construcción de un cuartel no garantiza por sí sola una mejora inmediata en la seguridad, pero sí representa un paso institucional hacia la consolidación territorial de las fuerzas federales. Mazatlán es un punto estratégico por su puerto, su

“La ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza”, Napoleón I (1769-1821) Napoleón Bonaparte. Emperador francés. EN DEFENSA En la historia política de Sinaloa, pocas decisiones han tenido un valor simbólico tan fuerte como el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como la primera mujer en ocupar la Secretaría General de Gobierno. Este hecho no solo representa un avance institucional, sino también un gesto de reconocimiento hacia las mujeres que, con trabajo y constancia, han derribado los muros del escepticismo en la esfera pública. El gobernador Rubén Rocha Moya, al anunciar el nombramiento, lo hizo con una mezcla de orgullo y convicción política. Su declaración —“me siento orgulloso de haber nombrado a Yeraldine Bonilla Valverde como la primera mujer en la historia de Sinaloa en asumir la Secretaría General de Gobierno”— sintetiza una postura clara: abrir espacios reales para las mujeres en la toma de decisiones, más allá del discurso. Sin embargo, el contexto no ha estado exento de polémica. En tiempos donde las redes sociales amplifican cada palabra, una frase del gobernador, pronunciada meses atrás, fue reinterpretada y utilizada para denostar tanto su mensaje como la capacidad de la nueva funcionaria. Se llegó a poner en duda su mérito personal, reduciendo un logro histórico a una disputa de percepciones. En este punto, conviene recordar que el empoderamiento femenino no significa ausencia de crítica, sino justicia en su ejercicio. Yeraldine Bonilla no llegó a su cargo por una concesión política ni por un gesto de corrección; llegó porque su trayectoria la respalda. Ella misma lo expresó con serenidad: “He trabajado desde muy joven y me siento orgullosa de cada etapa de mi vida. Cada paso ha sido fruto del trabajo y la constancia.” La reacción del gobernador Rocha Moya, ofreciendo disculpas públicas por la interpretación errónea de sus palabras, fue un acto de coherencia política y humana. No rehuyó el debate ni lo trasladó a terceros; asumió la responsabilidad de aclarar y, al mismo tiempo, reivindicó el sentido de su mensaje: reconocer a las mujeres que avanzan por mérito propio. Es inevitable que en los procesos de transformación social surjan resistencias. Pero si algo demuestra este episodio, es que los viejos esquemas de poder comienzan a ceder ante una nueva lógica de inclusión. La llegada de Yeraldine Bonilla a la Secretaría General de Gobierno no solo es una victoria personal, sino una señal inequívoca de que la política sinaloense está cambiando de rostro. Hoy, más que nunca, las mujeres no son accesorio ni adorno de los gobiernos: son columna vertebral de los procesos públicos, protagonistas de una historia que ya no se puede escribir sin ellas. Como dijo el propio Rocha Moya: “En México es tiempo de mujeres.” Y Sinaloa, con este paso, empieza a demostrarlo. DE FRENTE En el debate sobre la igualdad sustantiva, la participación política de las mujeres dejó de ser una aspiración para convertirse en una necesidad democrática. No se trata ya de ocupar espacios, sino de transformar su significado. En Sinaloa, voces como la de la diputada federal Graciela Domínguez Nava lo plantean con claridad: las mujeres deben participar en política no solo para llegar, sino para abrir camino a otras y para modificar las estructuras que históricamente les han sido adversas. Durante el conversatorio “Mujeres transformando igualdad, justicia y derechos para todas”, realizado en Mazatlán y clausurado por la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, la legisladora insistió en un mensaje que trasciende la coyuntura: el poder pierde sentido si se reproduce bajo los mismos moldes patriarcales que excluyeron por décadas al sector femenino. La verdadera transformación, dijo, no está en las cifras de representación, sino en la capacidad de las mujeres de redefinir los patrones del poder. El llamado de Graciela Domínguez va más allá de la política partidista. Es un recordatorio de que la participación debe permear todos los ámbitos: la educación, la ciencia, la economía, la cultura y el arte. Señaló, con razón, que mientras las mujeres sigan alejadas de los espacios donde se deciden los recursos y las políticas públicas, la equidad será un discurso incompleto. En ese sentido, la diputada subrayó la importancia de difundir la Cartilla de Derechos de las Mujeres, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, como una herramienta para que más mujeres conozcan y defiendan lo que por derecho les pertenece. Su advertencia es contundente: aún hay quienes desconocen esos derechos, y la ignorancia sigue siendo una forma de exclusión. Pero el fondo del mensaje apunta a una reflexión más profunda. La lucha por la igualdad no se limita a los foros ni a los congresos; empieza en el hogar, en las aulas, en la educación de las nuevas generaciones. Cambiar los roles patriarcales —afirmó— es también un acto cotidiano de resistencia cultural. Domínguez Nava recordó que fue gracias a la presencia de más mujeres en los espacios legislativos que se lograron avances como la despenalización del aborto. Sin embargo, advirtió que alcanzar un cargo no es garantía de transformación, si al llegar se repiten los mismos esquemas de poder que han mantenido la desigualdad. La política, entendida así, no solo se feminiza: se humaniza. Y en esa ruta, Sinaloa tiene una oportunidad real de demostrar que el cambio no solo está en el discurso, sino en la práctica. EQUIPO El Primer Informe de Labores de las y los diputados de Morena en la 65 Legislatura se convirtió en un espacio de reconocimiento mutuo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Desde Navolato, el gobernador Rubén Rocha Moya agradeció el respaldo que ha recibido del Congreso para concretar obras y proyectos en beneficio de Sinaloa. “Miren, lo que yo hago, lo que hace el Gobernador en obra, me lo aprueban ellos y ellas, ellos son los que llevan el merecimiento”, expresó Rocha Moya, al subrayar que la gestión pública es resultado del trabajo conjunto entre niveles de gobierno y del respeto a las funciones de cada institución. Por su parte, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Jucopo, destacó que rendir cuentas

“El hombre honrado es el que mide un derecho por su deber”, Herni Dominique Lacordaire (1802-1861) Sacerdote y predicador francés. EN LA MESA La desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela en Mazatlán ha trascendido con fuerza del plano judicial al debate social y mediático nacional. Lo que comenzó como una denuncia por la ausencia de un joven duranguense tras visitar un bar en la zona turística, se ha convertido en un tema de conversación que expone diversas aristas: desde el reclamo legítimo de justicia por parte de su familia, hasta la preocupación por el impacto que este caso pueda tener en la percepción de seguridad y en la economía turística del puerto más importante de Sinaloa. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación y ha asegurado estar trabajando con todas las líneas posibles para esclarecer el paradero del joven. Sin embargo, el paso del tiempo sin resultados concretos ha provocado que la desesperación familiar escale a un llamado más amplio: pedir a la población no viajar a Mazatlán como forma de presión y protesta. Este exhorto, que ha circulado con fuerza en redes sociales y ha sido retomado por medios nacionales, introduce un elemento delicado en el debate público, pues coloca al destino turístico en una posición vulnerable ante la opinión pública nacional e internacional. Desde un punto de vista objetivo, la exigencia de la familia es legítima. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas y de esclarecer cada desaparición con prontitud y eficacia. La indignación que rodea al caso es reflejo de un clima generalizado de desconfianza hacia las instituciones, sobre todo en un contexto en el que la violencia y la inseguridad siguen marcando el pulso diario de Sinaloa. Sin embargo, también es cierto que las declaraciones que apuntan directamente a ciertas personas como presuntas responsables, incluso de tacharlas de cómplices —sin que medie una investigación judicial que las sustente— pueden ser contraproducentes. Estas acusaciones públicas no solo entorpecen el debido proceso y abren la puerta a especulaciones que complican la labor ministerial, sino que además pueden desviar la atención de lo verdaderamente importante: que la autoridad investigue y esclarezca el caso con pruebas, no con versiones. En el ámbito económico, las repercusiones ya se hacen sentir. Mazatlán, uno de los destinos turísticos más importantes del país, atraviesa un momento clave en su estrategia de proyección internacional. El llamado a no visitarlo y el aumento de menciones negativas en redes pueden tener un impacto directo en la llegada de visitantes, en especial en un periodo en que la percepción de inseguridad pesa más que nunca en las decisiones de viaje. Este es, sin duda, el mayor “contra” para la ciudad: que un caso aislado, por grave que sea, empañe los esfuerzos de promoción y desarrollo que durante años han posicionado a Mazatlán como un puerto seguro y hospitalario. Pero lo que más preocupa es que los “liderazgos camarales” salvo la Canirac Mazatlán den un posicionamiento sobre lo que se especifica de Mazatlán de ser un destino “donde desaparecen” a los jóvenes, y donde la vida nocturna se ha visto afectada a raíz de todo esto. La “raja” política que muchos buscan en este caso, no sólo le ha pegado a personas en específico, sino que se llevan al destino “entre las patas” y eso es preocupante porque mientras la economía turística se sostiene con picadientes, esta “fama” que hacen los duranguenses a Mazatlán, no es para nada prometedora. En contraste, el “pro” radica en que este caso ha puesto sobre la mesa la urgencia de reforzar los protocolos de seguridad, mejorar la coordinación entre autoridades y empresarios del sector turístico, e impulsar políticas públicas más efectivas en materia de prevención y atención a víctimas. Si se manejan con responsabilidad, las lecciones que deje este episodio podrían traducirse en instituciones más sólidas y en una relación más transparente entre gobierno, sociedad y visitantes. El caso de Carlos Emilio Galván Valenzuela es hoy más que un expediente abierto: es un espejo que refleja tanto las debilidades estructurales del sistema de justicia como el enorme reto que enfrenta Mazatlán para cuidar su imagen en medio de una crisis. Mientras no haya información oficial distinta, la investigación está en manos de la autoridad, y será su trabajo —no la especulación ni el linchamiento mediático— el que determine la verdad. La exigencia de justicia debe seguir firme, pero con la misma fuerza debe mantenerse el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Solo así se podrá garantizar que este caso tenga un desenlace justo, sin que la lucha por la verdad termine por lastimar aún más a la sociedad sinaloense. Los enemigos políticos son graves, pero por afectar o mentar mediante publicaciones “anónimas” en redes el tema ya no está en la mesa de Mazatlán, sino en manos de las autoridades procuradoras de justicia. En estos casos, lo mejor es esperar. Las investigaciones siguen su curso, y hay que respetar el debido proceso, esperamos que al finalizar esto, no se tenga otra “época negra” en Mazatlán provocada por algunos que por algunos “likes” le dieron una fama a este destino que también tiene gente entregada y trabajadora, leal y honesta que busca llevar alimento a su mesa, desde la industria turística. No es defensa de nadie, más que de Mazatlán. Ahí está el caso de Tulum, que por circunstancias diferentes hoy está sin turistas, el asunto también puede pasar. Ojo con eso. JUSTICIA SOCIAL La creación del programa Pensión Mujeres Bienestar, implementado por el Gobierno Federal y presentado en Sinaloa por el gobernador Rubén Rocha Moya, representa un avance significativo en el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, una labor históricamente invisibilizada y sin remuneración económica. La entrega de 3 mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años busca compensar, aunque sea parcialmente, décadas de esfuerzo no reconocido dentro de los hogares. Más allá del monto, el programa tiene un valor simbólico profundo: coloca en el centro de

“Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos”. Jacinto Benavente. Dramaturgo (1866-1956) CALIFICADOS La última evaluación de la calificadora Moody’s, que ratifica a Sinaloa como emisor de deuda con categoría “A” y mejora su perspectiva a “estable”, representa un punto importante en la gestión financiera del estado. No se trata únicamente de un logro técnico, sino de un indicador de confianza que coloca a Sinaloa en una posición más sólida frente a los mercados financieros nacionales e internacionales. En tiempos de incertidumbre económica, este tipo de reconocimientos tienen un valor estratégico que trasciende lo contable: se traducen en mejores oportunidades de inversión, mayor capacidad de negociación crediticia y, sobre todo, en un clima de estabilidad que favorece la planeación a mediano y largo plazo. El subsecretario David Moreno Lizárraga explicó que esta calificación es producto de una política fiscal responsable, basada en el control del gasto, el fortalecimiento del ingreso operativo y el cumplimiento puntual de compromisos financieros. Esa disciplina no surge de manera espontánea: implica decisiones difíciles como priorizar programas, contener el crecimiento del aparato burocrático y optimizar recursos en áreas clave. Este tipo de medidas, aunque a veces poco visibles para la ciudadanía, son las que permiten que los gobiernos tengan margen de maniobra frente a escenarios adversos. Un aspecto relevante de esta estrategia ha sido el acceso a nuevos mecanismos de financiamiento. El reconocimiento otorgado por Banco Santander al Gobierno de Sinaloa por haber contratado el primer crédito sostenible en el país —por un monto de 500 millones de pesos— es un ejemplo de cómo las finanzas públicas pueden alinearse con objetivos más amplios. Este tipo de créditos no solo implican tasas preferenciales, sino que vinculan la inversión con criterios de sustentabilidad, movilidad y gobernanza. Es decir, el dinero no se destina únicamente a obras o programas, sino que se orienta a proyectos que generen impacto social, económico y ambiental. Esto abre la puerta a una nueva lógica de gestión pública: el financiamiento no como una carga, sino como un instrumento de desarrollo responsable. Sin embargo, este enfoque exige un compromiso mayor en la planeación y ejecución. Los proyectos financiados deben cumplir con estándares claros y entregar resultados medibles que realmente transformen la vida de la población. Los avances financieros, por sí solos, no bastan. El desafío para el gobierno estatal será traducir esta solidez macroeconómica en políticas públicas que respondan a las necesidades concretas de la ciudadanía: infraestructura vial y social, atención a comunidades marginadas, impulso a la educación, salud y empleo. Si la estabilidad crediticia se convierte en el punto de partida para ese tipo de acciones, Sinaloa podría no solo mantener su reputación ante los mercados, sino también fortalecer la confianza de sus ciudadanos. En conclusión, la mejora en la calificación crediticia y la incursión en instrumentos financieros sostenibles son señales claras de que Sinaloa avanza por una ruta de responsabilidad fiscal y visión estratégica. La administración estatal ha demostrado que el orden en las finanzas no es un fin en sí mismo, sino una herramienta fundamental para impulsar un modelo de desarrollo más justo, eficiente y con impacto social duradero. El reto, ahora, es sostener esa disciplina y aprovecharla como plataforma para construir el Sinaloa del futuro. DAN EL SÍ La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) dio un paso trascendental con la aprobación abrumadora de la Reingeniería Integral, un proyecto que busca garantizar la viabilidad financiera, modernizar la estructura institucional y asegurar el futuro de la casa de estudios. El resultado de la consulta, con un 90 por ciento de votos a favor y una participación que superó los 15 mil trabajadores, refleja un consenso amplio dentro de la comunidad universitaria y envía un mensaje político y académico de gran relevancia: la mayoría apuesta por el cambio. Más allá de las cifras, lo ocurrido el 10 de octubre representa un parteaguas en la historia reciente de la UAS. Por primera vez, una decisión de esta magnitud se toma mediante un proceso democrático, abierto y participativo, en el marco de la nueva Ley Orgánica. El alto nivel de participación y la ausencia de incidentes son un indicador de madurez institucional y de que la comunidad universitaria está dispuesta a enfrentar, desde dentro, los retos que amenazan su estabilidad. La decisión no fue sencilla. La propuesta implica ajustes profundos que van desde la reconfiguración administrativa hasta la revisión de esquemas de jubilación y aportaciones, medidas que han generado debate al interior de la universidad. Sin embargo, el resultado muestra que el sector mayoritario entiende la necesidad de transformar un modelo que, aunque funcional en el pasado, hoy se enfrenta a limitaciones estructurales. La sostenibilidad de la jubilación dinámica, la optimización del gasto y la compactación de estructuras son pasos necesarios para garantizar que la institución pueda seguir cumpliendo con sus funciones educativas, científicas y sociales. El respaldo masivo también fortalece el liderazgo del rector Jesús Madueña Molina, quien ha impulsado la reingeniería como una apuesta de largo plazo para evitar un colapso financiero en el futuro. Su llamado a anteponer el bienestar colectivo sobre los intereses individuales resume el espíritu de la votación: no se trata solo de resolver problemas inmediatos, sino de construir una Universidad más fuerte, moderna y sostenible. Sin embargo, el camino no está exento de tensiones. La decisión del Consejo Universitario de analizar la suspensión de pagos a quienes decidan ampararse contra el resultado abre un debate complejo sobre el equilibrio entre el respeto a los derechos individuales y la defensa del interés institucional. Será crucial que este proceso se conduzca con pleno apego a la legalidad y al principio de pluralidad que caracteriza a la universidad, para evitar que un consenso legítimo derive en confrontaciones internas. Con esta consulta, la UAS inicia un nuevo capítulo en su historia, uno que exigirá corresponsabilidad, diálogo y compromiso colectivo. La transformación no termina con el voto; apenas comienza. Y su éxito dependerá de la capacidad de toda la comunidad universitaria para convertir la voluntad expresada en acciones

“Así es -suspiró el coronel-. La vida es la cosa mejor que se ha inventado”,  Gabriel García Márquez (1927-2014) Escritor colombiano. AVANCE El Partido Verde ha decidido no esperar los tiempos políticos y se mueve con estrategia, mientras otros están apenas despertando y acomodándose en este ente político las cosas van en serio. El líder estatal Ricardo Madrid Pérez viene desde su asunción al  puesto con la suma nuevos liderazgos y consolida su presencia territorial rumbo al 2027, mientras los demás partidos apenas comienzan a despertar. En la política, quien llega primero impone la conversación. Y en Sinaloa, el Partido Verde parece haberlo entendido mejor que nadie. Mientras las demás fuerzas aún revisan sus fracturas internas y hacen cuentas de los daños electorales, el Verde ha decidido actuar. No se trata de una carrera apresurada, sino de una estrategia calculada que busca construir desde el territorio hacia la posibilidad real de poder. Madrid Pérez, dirigente estatal, ha tomado la delantera con movimientos que no pasan desapercibidos. Su estilo es discreto, pero con dirección clara: sumar perfiles con respaldo ciudadano, más allá de los partidos y los viejos pactos. La incorporación del excandidato a presidente municipal y exlíder sindical Domingo “Mingo” Vázquez en Ahome es el primer aviso de que el Verde juega en serio. Ese movimiento desplazó a la oposición tradicional y reposicionó a la organización en el norte del estado. Ahora, con la llegada de Joel Ulises Pinzón Vázquez, síndico de Topolobampo por segundo periodo consecutivo, el proyecto se refuerza. Pinzón representa la fórmula que Madrid ha buscado replicar: juventud, compromiso comunitario y legitimidad social. Su trayectoria en la recuperación de espacios públicos y su activismo ambiental lo convierten en un perfil que encaja en la narrativa de un partido que quiere dejar de ser complemento para convertirse en opción. Pero el tablero no termina en el norte. En el sur, las señales apuntan hacia Mazatlán, donde el Verde ya observa con interés a liderazgos como Fernando Pucheta y Guillermo Romero, ambos con capital político suficiente para volver competitiva la contienda. Madrid entiende que la construcción de poder territorial se logra sumando causas, no estructuras vacías. Más allá de los nombres, lo relevante es la lectura política: el Verde está ocupando el espacio que otros partidos han abandonado por cansancio o por soberbia. Lo hace en silencio, pero con método. Y si algo ha demostrado la historia política reciente, es que los proyectos que crecen desde abajo terminan sorprendiendo a quienes solo observan desde el centro. El Partido Verde ha dejado de ser un acompañante electoral. En Sinaloa, comienza a perfilarse como un jugador que quiere conducir la partida. Y en ese tablero, los demás apenas empiezan a mover sus piezas. CERO Y VAN TRES Tres vinculaciones a proceso. El caso de Gerardo Vargas Landeros no solo reabre un expediente judicial: reactiva un debate más profundo sobre la forma en que se entiende el poder y la responsabilidad en la administración pública. La vinculación a proceso del exalcalde de Ahome y de ocho exfuncionarios municipales por presuntas irregularidades en un contrato millonario no debe verse como un episodio aislado, sino como un síntoma de un modelo político que aún no aprende a distinguir entre gobernar y administrar. En Sinaloa, los gobiernos locales han operado durante años bajo la sombra de la discrecionalidad. Las decisiones se justifican con acuerdos de cabildo, licitaciones “de excepción” y contratos urgentes que terminan beneficiando a terceros. El caso de la consultora contratada para recuperar impuestos es solo una muestra más de esa práctica donde lo público se vuelve terreno de interpretación y el procedimiento se convierte en un obstáculo que se busca esquivar. La defensa de Vargas Landeros ha sido técnica: las cuentas fueron aprobadas, el servicio se prestó y el dinero se recuperó. Pero la justicia no solo se mide en números; también se mide en principios. Lo que se discute aquí no es si se logró el objetivo financiero, sino si se respetó el marco legal para alcanzarlo. En ese punto radica la diferencia entre la buena administración y el abuso del poder. Lo paradójico del caso es que la denuncia proviene del propio sucesor del exalcalde, quien como regidor avaló la contratación ahora señalada. La política local suele tener memoria corta y convicciones flexibles; lo que ayer fue respaldo, hoy se convierte en acusación. Y esa ambigüedad mina la credibilidad de todo el sistema político, no solo de los acusados. Más allá del desenlace judicial, este proceso abre una oportunidad para la justicia y para la política. Si el caso avanza con objetividad y transparencia, marcará un precedente necesario en la rendición de cuentas. Si se diluye entre tecnicismos y acomodos, solo confirmará que en Sinaloa la justicia sigue siendo selectiva y el poder, todavía impune. Porque a veces los expedientes no solo guardan papeles: guardan la memoria de lo que una sociedad está dispuesta a tolerar. ENCUENTRO El encuentro entre la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, y el exdiputado federal Jesús Valdés Palazuelos llamó la atención en los círculos políticos del sur de Sinaloa, no por su formalidad, sino precisamente por su carácter casual y reservado. La reunión, celebrada en las oficinas del Ayuntamiento, fue descrita como un diálogo cordial entre dos figuras con amplia experiencia en la vida pública. Aunque no se emitió un comunicado oficial ni se detallaron los temas abordados, ambos compartieron imágenes del encuentro en sus redes sociales, acompañadas únicamente de un mensaje institucional y sin alusiones políticas directas. Jesús Valdés, quien en su momento fue dirigente estatal del PRI y actualmente milita en el Partido Verde Ecologista de México además haber sido candidato a senador por ese partido, ha mantenido presencia activa en diversos espacios de gestión y cercanía con proyectos afines al gobierno federal. Por su parte, Estrella Palacios ha consolidado su liderazgo en Mazatlán al frente de una administración enfocada en temas de desarrollo turístico, obra pública y cercanía con la ciudadanía. Más allá de las especulaciones que puedan surgir,

“Cuando alguien desea algo debe saber que corre riesgos y por eso la vida vale la pena”, Paulo Coelho (1947-?) Escritor brasileño. OBJETIVIDAD El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo estuvo marcado por una narrativa de continuidad, rendición de cuentas y reafirmación ideológica. Ante una multitud congregada en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta presentó su informe bajo el lema “La Transformación Avanza”, un acto que combinó tono institucional con un mensaje político de reafirmación del proyecto que encabeza. En su discurso, Sheinbaum centró su mensaje en los avances sociales y económicos alcanzados durante su administración. Subrayó que los programas de bienestar representan una prioridad presupuestal sin precedentes, con una inversión de 850 mil millones de pesos en 2025, cifra 17 veces mayor que la de 2018. De acuerdo con los datos oficiales, más de 32 millones de hogares reciben algún tipo de apoyo, lo que coloca a los programas sociales como el eje estructural de su modelo económico. El énfasis en la justicia social fue acompañado por la defensa de un principio central de su gobierno: “el poder no es para enriquecerse, sino para servir con humildad”. ELa mandataria reafirmó su visión de que los recursos públicos deben traducirse en derechos, programas y obras estratégicas. Este planteamiento refuerza la línea discursiva de la llamada Cuarta Transformación, que combina austeridad republicana, combate a la corrupción y expansión de derechos. En el plano económico, Sheinbaum sostuvo que México mantiene estabilidad y crecimiento pese a un entorno internacional adverso, con un incremento del PIB estimado en 1.2 % para este año. Resaltó además la reducción de la pobreza, que según datos oficiales habría pasado del 45 % en 2008 al 29 % en 2025, y la salida de 13.5 millones de personas de esa condición entre 2018 y 2024. Con estos indicadores, defendió que el país transita hacia un modelo más equitativo, al afirmar que México se ha convertido en “el segundo país menos desigual del continente”. Otro eje de su discurso fue la soberanía nacional. Sheinbaum subrayó que México “no acepta injerencismo ni intervencionismo” y destacó una reciente reforma constitucional que prohíbe expresamente cualquier intromisión extranjera que atente contra la independencia o la integridad nacional. En este punto, la presidenta reivindicó la autodeterminación como principio de Estado y la toma de decisiones soberanas en materia de seguridad, donde aseguró que la Estrategia Nacional ha logrado una reducción del 32 % en los homicidios dolosos. El mensaje también tuvo un componente simbólico de identidad y compromiso con la nación. La mandataria agradeció el trabajo de las Fuerzas Armadas, refrendó su lealtad al pueblo y cerró su intervención con un llamado a la unidad nacional bajo la consigna: “¡Que viva México y su pueblo, siempre libre y soberano!”. En su conjunto, el informe del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta una presidencia que busca consolidar la continuidad del proyecto político iniciado en 2018, pero también marcar un sello propio basado en la disciplina institucional y la defensa de la soberanía. Su discurso mantiene la narrativa de transformación social como guía, mientras enfrenta desafíos que pondrán a prueba la eficacia de sus políticas, entre ellos la seguridad pública, la relación con Estados Unidos y la sostenibilidad de los programas sociales. A un año de haber asumido la presidencia, Sheinbaum ha optado por mantener firme el rumbo trazado, reforzando su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y apostando a la legitimidad popular como respaldo político. Su reto, a partir de ahora, será convertir ese apoyo en resultados tangibles que consoliden su liderazgo más allá del discurso. RESPALDO El cierre de la gira nacional “La Transformación Avanza”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México, representó no solo un ejercicio de rendición de cuentas, sino también una muestra del respaldo ciudadano al rumbo político que el país ha tomado durante su primer año de gobierno. Entre los miles de asistentes destacó una importante presencia de sinaloenses, quienes viajaron desde distintos municipios para participar en el acto que simbolizó la consolidación del nuevo proyecto nacional. Desde temprano, contingentes de Culiacán, Mazatlán, Guasave, Ahome y otras regiones de Sinaloa arribaron al Zócalo con pancartas y mensajes de apoyo. Mujeres, jóvenes, docentes y trabajadores del campo formaron parte de la delegación que reflejó el carácter plural del evento. El ambiente festivo y de participación cívica reforzó la intención de proyectar un gobierno cercano a la gente, con un enfoque de unidad nacional. Durante el acto, se esperaba que la presidenta Sheinbaum hiciera un balance de los principales logros de su primer año, entre ellos la ampliación de los programas sociales, la inversión en infraestructura pública, los avances en seguridad y los proyectos estratégicos orientados al bienestar colectivo. La transmisión en vivo buscó llevar el mensaje presidencial a todo el país, reforzando el sentido de transparencia y comunicación directa con la ciudadanía. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también estuvo presente en el evento y expresó públicamente su respaldo a la mandataria. A través de sus redes sociales, destacó el compromiso compartido entre el gobierno estatal y el federal, al afirmar que México cuenta con un “gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo”. En su mensaje, agradeció a Sheinbaum el apoyo constante hacia Sinaloa y reconoció la presencia frecuente de la presidenta en la entidad, a la que ella misma se ha referido como su “segunda casa”. La participación de Sinaloa en este acto nacional trasciende lo simbólico. Refleja una conexión política y social entre el estado y el gobierno federal, en un contexto donde la continuidad del proyecto de transformación se asocia con una visión de desarrollo inclusivo. El respaldo expresado por los sinaloenses en el Zócalo evidencia una afinidad con las políticas implementadas en materia de bienestar y justicia social, así como la expectativa de que los beneficios de estas acciones sigan llegando a las comunidades locales. El evento “La Transformación Avanza” sirvió, en suma, para reafirmar

“La política no es un juego, es un asunto serio.” Winston Churchill UN AÑO DE GOBIERNO El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido un peso doble: por un lado, el valor histórico de ser la primera presidenta de México, y por otro, la expectativa de demostrar que el cambio de género en el poder no garantiza por sí mismo un cambio en la realidad nacional. Desde su llegada a Palacio Nacional, Sheinbaum ha asumido un papel complejo. No solo debía consolidar la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, sino también mostrar un estilo propio de gobernar, con sello distinto al de su antecesor. Su perfil técnico, de formación científica, ha tratado de imprimir un discurso basado en datos y planeación, en contraste con el tono más político y popular que caracterizó a Andrés Manuel López Obrador. En este primer año, los avances han estado vinculados a la consolidación de programas sociales y a la intención de modernizar el modelo energético con un enfoque hacia energías limpias. Estos objetivos responden tanto a una agenda internacional como a una promesa de campaña. No obstante, la transición energética es un proceso de largo plazo, cuyos resultados no se verán reflejados de manera inmediata. La seguridad continúa siendo el tema más sensible. A pesar de los esfuerzos de coordinación entre la federación y los estados, los índices de violencia en distintas regiones del país muestran que no basta con mantener la estrategia de la Guardia Nacional. El reto es avanzar hacia una política de seguridad integral, que contemple prevención, fortalecimiento institucional y justicia. Otro aspecto relevante ha sido el impulso de una reforma electoral, donde destaca la propuesta de eliminar el fuero constitucional de legisladores. Esta medida, aunque genera debate, refleja una intención de responder a demandas ciudadanas de mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, el riesgo es que las reformas políticas se vean más como banderas simbólicas que como transformaciones profundas del sistema. En lo económico, México ha logrado mantener estabilidad, con crecimiento moderado y atracción de inversión extranjera. Sin embargo, la presión inflacionaria y la dependencia de factores externos, como la relación con Estados Unidos, continúan siendo limitantes para un desarrollo sostenido. El mayor desafío de Sheinbaum, quizá, no radique en su agenda de reformas ni en su relación con el Congreso, sino en demostrar que el hecho histórico de ser la primera mujer presidenta se traduce en resultados palpables para la ciudadanía. El simbolismo abrió una puerta, pero la evaluación de su gobierno dependerá, como en cualquier administración, de su capacidad para dar respuestas efectivas a problemas estructurales. El primer año ha sido, en ese sentido, un periodo de transición: la consolidación de la continuidad y la construcción de una identidad propia de gobierno. El reto hacia adelante es claro: pasar del símbolo al resultado. CUENTAS CLARAS La apertura del Primer Período Ordinario correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura dejó en claro que el Congreso de Sinaloa continúa trabajando con una agenda activa y diversa, donde se reflejan las preocupaciones de la ciudadanía en distintos ámbitos. El informe presentado por el diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Diputación Permanente, permitió dimensionar la labor realizada durante el Segundo Receso del Primer Año Legislativo. En cinco sesiones se atendieron 37 iniciativas, de las cuales la mayoría fue turnada a comisiones para su estudio. Destacan temas que abarcan desde la salud, con la propuesta de espacios cardioprotegidos, hasta la educación, donde se busca regular el uso de dispositivos electrónicos en los planteles. También se abordaron asuntos de movilidad y seguridad vial, incluyendo la certificación de conductores del transporte público y sanciones más estrictas frente al acoso sexual. Estas iniciativas muestran un interés por atender problemáticas sociales de manera integral, vinculando seguridad, bienestar y derechos humanos. Resulta significativo que entre las propuestas figure la creación de un Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, que responde a una de las demandas más sensibles en materia de derechos: el derecho de las personas a ser buscadas e identificadas. Asimismo, el impulso al turismo sustentable en comunidades pesqueras e indígenas abre una oportunidad de desarrollo equilibrado y con sentido social. El informe también da cuenta de la atención a iniciativas de pensiones y de la recepción de informes municipales y de órganos autónomos, lo que refleja un seguimiento institucional que fortalece la rendición de cuentas. Más allá de los números, lo que sobresale es el esfuerzo por construir un Congreso activo, abierto a distintas voces y con capacidad de dar cauce a propuestas que impactan directamente en la vida cotidiana de los sinaloenses. El agradecimiento expresado por el diputado Ambrocio Chávez a sus compañeros de la Diputación Permanente subraya el carácter colegiado de este trabajo, donde las diferencias políticas se encauzan en función de la responsabilidad legislativa. En suma, el informe es una muestra de que el Congreso del Estado mantiene su compromiso de responder a los retos sociales y de avanzar en la construcción de un marco legal más justo, inclusivo y cercano a las necesidades ciudadanas. VA DE NUEZ El inicio del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 65 Legislatura marca un momento clave para la vida parlamentaria de Sinaloa. Con una Sesión Solemne, el Congreso abrió sus trabajos que se extenderán hasta enero de 2026, estableciendo con claridad la ruta institucional que habrá de guiar las discusiones y decisiones legislativas en los próximos meses. La elección de la nueva Mesa Directiva, encabezada nuevamente por la diputada Yeraldine Bonilla Valverde, refleja un ejercicio de consenso y continuidad. La integración plural de este órgano garantiza que las voces de los distintos grupos parlamentarios encuentren cauce en la conducción de los debates y en la preservación de la imparcialidad que exige la Ley Orgánica del Congreso. La propia dinámica colegiada, basada en la búsqueda de acuerdos y, cuando es necesario, en el voto mayoritario, fortalece la legitimidad de las decisiones. La instalación de la Mesa Directiva es

“No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños”, Nelson Mandela (1918-2013) Abogado y político sudafricano. RATIFICACIÓN Se confirma, lo dicho en este espacio hace algunas semanas, la diputada del Partido Verde Ecologista de México será reelecta para dirigir por segundo año consecutivo la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa. La ratificación de la diputada Yeraldine Bonilla Valverde como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa confirma una tendencia que ha sido constante en esta legislatura: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha logrado posicionarse como una fuerza con peso específico en el equilibrio parlamentario. El hecho de que Bonilla repita en la presidencia no solo refleja la confianza que sus compañeros legisladores depositan en su desempeño, sino también la capacidad del PVEM, bajo la batuta del diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, para negociar y sostener espacios clave dentro de la estructura legislativa. En un Congreso donde Morena mantiene la mayoría, resulta significativo que una bancada más reducida haya consolidado una representación tan visible. La presidencia de la Mesa Directiva no es un cargo meramente protocolario. Quien la encabeza representa legal e institucionalmente al Congreso, modera los debates y da cauce al trabajo parlamentario. En ese sentido, el nombramiento de Bonilla otorga al Partido Verde una proyección política que trasciende lo numérico, colocando a esta fracción como un actor que incide en la toma de decisiones. Vale recordar que otras fuerzas políticas, como el PRI y el PAN, habían manifestado interés en ocupar la presidencia. Sin embargo, la ratificación de Bonilla marca un mensaje claro: el Verde no solo es aliado estratégico, sino que también busca fortalecerse como la segunda fuerza política en Sinaloa, con presencia sostenida en espacios de representación y conducción legislativa. Más allá de la persona, lo que queda en evidencia es una tendencia: el Partido Verde no se conforma con ser un acompañante en la dinámica del Congreso, sino que aprovecha cada oportunidad para ampliar su margen de influencia. Y mientras logre mantener posiciones de esta relevancia, seguirá consolidándose como un factor determinante en el balance político de la entidad, lo cual lo viene a poner en una posición importante a la hora de tomar decisiones y ahí entra el coordinador de la bancada Rodolfo Valenzuela quien dirige el destino del barco. Este será un parteaguas para ver el desarrollo del coordinador, que ha venido dando muestras de la capacidad para dirigir a su bancada, pero sobre todo como un liderazgo que comienza a llamar la atención en el ambiente político. LA CONSULTA VA La Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta un momento decisivo en su historia reciente. La aprobación por parte del Consejo Universitario para llevar a cabo una consulta sobre la llamada Reingeniería Integral refleja la necesidad de atender un problema que se ha convertido en estructural: el déficit financiero derivado, en buena medida, del esquema de jubilación dinámica. El rector, Jesús Madueña Molina, ha expuesto con claridad que esta situación compromete no solo la estabilidad administrativa, sino también la calidad educativa y la permanencia de derechos que hoy gozan los trabajadores activos y jubilados. No es peccata minuta, no. La institución sostiene una de las coberturas universitarias más amplias del país, y al mismo tiempo mantiene obligaciones financieras que se han vuelto insostenibles. La propuesta, que será sometida a votación el próximo 10 de octubre, incluye medidas que inevitablemente generan resistencias: compactación de grupos, reducción salarial en altos funcionarios, ajustes en la plantilla y la creación de un fideicomiso que garantice el pago de jubilaciones futuras. Cada una de estas acciones toca fibras sensibles, pero todas responden a una realidad ineludible: sin un rediseño financiero, la UAS corre el riesgo de comprometer su viabilidad. El reto, sin embargo, no se limita al plano económico. La consulta abre un ejercicio inédito de participación universitaria que puede convertirse en un precedente de legitimidad, siempre y cuando se garantice la transparencia del proceso y se escuche a todas las voces, incluidas las de los jubilados que, aunque ya no formen parte activa de la institución según la Ley Orgánica, siguen siendo parte de su memoria y de su construcción histórica. La universidad tiene frente a sí la responsabilidad de reformarse sin perder su esencia. Asegurar la permanencia de las cinco funciones sustantivas que mencionó el rector implica tomar decisiones complejas, muchas veces incómodas, pero necesarias. No se trata únicamente de números: está en juego la capacidad de la UAS para sostener su papel como motor educativo y social en Sinaloa. El futuro de la institución dependerá no solo de la consulta, sino de la disposición colectiva para asumir cambios que, aunque dolorosos, pueden garantizar que la universidad siga siendo un espacio de oportunidades para las nuevas generaciones. ENCUENTRO La construcción de una agenda legislativa con visión de juventudes por parte del Congreso del Estado refleja un esfuerzo por acercar el trabajo parlamentario a las nuevas generaciones. El diálogo encabezado por la diputada María Teresa Guerra Ochoa con estudiantes de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte muestra que existe interés en escuchar a quienes serán los próximos profesionales y formadores de ciudadanos en Sinaloa. Más allá de las reformas aprobadas o de los programas puestos en marcha, lo destacable es la apertura institucional para reconocer a la juventud como un motor de cambio. La exposición de la diputada Tere Guerra sobre su propia trayectoria personal busca conectar con los estudiantes desde la experiencia, transmitiendo el valor del esfuerzo y de la preparación académica como vías de transformación social. En ese sentido, el compromiso del Congreso debe ser constante y verificable. Llevar información, responder preguntas y rendir cuentas de frente a la ciudadanía fortalece la legitimidad de la legislatura. Lo importante será que este tipo de encuentros no se limiten a ejercicios aislados, sino que se conviertan en una práctica continua que garantice que las voces de la juventud sean parte activa en la definición