“La primera igualdad es la equidad”, Victor Hugo
PURAS PROMESAS
El advenimiento de un nuevo gobierno suele venir acompañado de esperanzas de cambio y renovación. Sin embargo, en el caso del gobierno entrante de Estrella Palacios Domínguez, la realidad parece desafiar las expectativas creadas.
A pesar de las promesas de transformaciones significativas, dos dependencias clave permanecerán inamovibles cuando la alcaldesa electa asuma el cargo en noviembre.
La Secretaría de Seguridad Pública, liderada por Jaime Othoniel Barrón Valdez, seguirá bajo su dirección por otros tres años.
Este nombramiento perpetuado levanta serias dudas sobre la capacidad del nuevo gobierno para implementar cambios profundos en una de las áreas más críticas y sensibles para la ciudadanía.
La seguridad pública es un tema prioritario que demanda constante evaluación y renovación de estrategias, algo que difícilmente se logrará con una figura que ha estado en el cargo sin demostrar cambios significativos
Igualmente preocupante es la situación en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM).
No solo continuará Jorge Guadalupe González Naranjo como gerente, sino que todo su equipo de gerentes permanecerá en sus posiciones.
La permanencia de estos funcionarios implica una continuidad de políticas y prácticas que han sido ampliamente cuestionadas por su ineficiencia y falta de transparencia.
La gestión del agua y los servicios básicos requiere una revisión constante y adaptaciones a las necesidades cambiantes de la población, algo que parece estar siendo ignorado en favor de la estabilidad burocrática.
A esta incertidumbre se suma el destino de Edgar González Zatarain, actual alcalde interino.
Existe una fuerte posibilidad de que regrese a su antiguo puesto como Secretario del Ayuntamiento. González Zatarain había abandonado sus aspiraciones a la presidencia municipal a cambio de una promesa de una secretaría, y siguiendo esta lógica, podría retornar a su antiguo cargo.
Este movimiento no solo perpetúa un sistema de favores políticos, sino que también socava la promesa de un gobierno más transparente y orientado a resultados.
La ciudadanía tiene el derecho de exigir transparencia y rendición de cuentas de sus líderes. Las promesas de cambio no deben ser meras palabras vacías utilizadas para ganar votos, sino compromisos serios y realizables.
La continuidad de figuras clave en dependencias críticas como la Secretaría de Seguridad Pública y JUMAPAM sugiere que el nuevo gobierno puede estar más interesado en mantener el status quo que en realizar las reformas necesarias
La administración de Estrella Palacios Domínguez enfrenta un desafío significativo: demostrar que las promesas de cambio no son simplemente retórica política.
La permanencia de Barrón Valdez y González Naranjo en sus respectivas posiciones, así como el posible regreso de González Zatarain, plantea serias dudas sobre la dirección en la que se dirige este nuevo gobierno.
La ciudadanía debe permanecer vigilante y exigir el cumplimiento de las promesas de renovación y mejora que se hicieron durante la campaña.
Y hablando de la Jumapam, esté pendiente pues pronto, más rápido de lo que canta un gallo afónico, le daremos a conocer el contubernio millonario que existe entre el gobierno municipal (Édgar González) y Jumapam ( Jorge González).
Nomás le adelantamos algo… es parecido al cártel inmobiliario, pero diciendo más concreto, ¿se acuerda de los globos aerostáticos? Pues igualito, las obras de la paramunicipal se inflan macizo.
Ahí les soltamos pronto.
Y VOLVER, VOLVER
Este domingo, la política en Rosario tomó un giro significativo durante la primera sesión ordinaria del mes de junio. Uno de los puntos más destacados en el orden del día fue la solicitud de Claudia Liliana Valdez Aguilar para reincorporarse a su cargo como alcaldesa tras su permiso para contender en las pasadas elecciones.
Con una aprobación por mayoría, Valdez Aguilar retomará las riendas del municipio, marcando un capítulo que merece un análisis crítico.
La reincorporación de Valdez Aguilar no es simplemente una cuestión administrativa. Su regreso pone en relieve varios aspectos importantes sobre la política local y la normativa electoral.
Según el documento presentado por Valdez Aguilar, la jurisprudencia de la sala superior establece que las separaciones del cargo de los presidentes Municipales que desean contender en elecciones no son definitivas.
Esto significa que, tras el periodo obligatorio de 90 días antes de la jornada electoral y hasta después de la misma, es completamente válido que los alcaldes se reincorporen a sus cargos.
Este proceso, aunque legalmente sólido, plantea interrogantes sobre la continuidad y estabilidad en la administración local. Durante el periodo de permiso, Jesús Eloy Manjarrez Mancillas asumió la responsabilidad como alcalde. Sin embargo, con la aprobación de la reincorporación de Valdez Aguilar, Manjarrez Mancillas presentó su renuncia irrevocable al cabildo, para ser notificada al H. Congreso del Estado.
Este tipo de transiciones pueden generar un efecto de desorientación tanto en la administración municipal como en la percepción pública de la gobernabilidad.
En la misma sesión, se abordaron otras reincorporaciones: la regidora Annshaira Aguilar García y el Síndico Procurador Armando Rodríguez Tirado, quienes también solicitaron su regreso a sus cargos tras participar en las pasadas elecciones.
Al igual que Valdez Aguilar, sus solicitudes fueron aprobadas por mayoría, lo que refuerza la idea de una vuelta a la normalidad tras el periodo electoral.
Sin embargo, es crucial reflexionar sobre el impacto de estas idas y vueltas en la administración pública.
Si bien es legal que los funcionarios electos se tomen permisos para competir en elecciones y luego regresen a sus cargos, esta práctica puede desestabilizar la continuidad administrativa y afectar la eficiencia del gobierno local.
La ciudadanía de Rosario merece una administración que funcione con la máxima estabilidad y efectividad, sin interrupciones significativas.
El regreso de Valdez Aguilar, así como el de Aguilar García y Rodríguez Tirado, también pone en la mesa el debate sobre la profesionalización y la dedicación en la política.
Los servidores públicos deben considerar el impacto de sus decisiones no solo en términos de oportunidades personales, sino también en cómo estas afectan a la comunidad que representan.
La política debe ser vista como un compromiso continuo y consistente, más allá de los ciclos electorales.
EL CAMBIO
El proceso de Entrega-Recepción entre legislaturas es un momento crucial en cualquier sistema democrático, donde la continuidad y la transparencia son fundamentales para asegurar una transición ordenada y eficiente del poder legislativo.
En el caso de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, que está próxima a concluir su periodo, la planificación anticipada y meticulosa de este proceso es destacable según las declaraciones del diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez.
Castro Meléndrez enfatiza la importancia de iniciar los preparativos con suficiente antelación, evitando dejar pendientes de última hora que puedan comprometer la continuidad administrativa y legislativa.
Este enfoque previsor no solo es una responsabilidad práctica, sino también un gesto de compromiso con la eficiencia y la responsabilidad pública.
Es crucial subrayar que la preparación para la entrega de las instalaciones del Congreso y la administración no solo implica aspectos logísticos, sino también la transferencia de información, documentos y políticas que afectarán el curso de la próxima legislatura.
La transparencia en este proceso es esencial para garantizar que la nueva legislatura pueda comenzar su trabajo sin obstáculos significativos y con pleno conocimiento de la situación heredada.
Además, la planificación anticipada no solo facilita la transición interna dentro del Congreso, sino que también ayuda a mantener la confianza pública en las instituciones democráticas.
Cuando los ciudadanos ven que los líderes electos se preparan meticulosamente para los cambios de poder, se refuerza la percepción de responsabilidad y profesionalismo en el servicio público.
Es notable que la Sexagésima Cuarta Legislatura ha cumplido su mandato durante tres años, un periodo en el que ha legislado y representado a los ciudadanos según los principios democráticos establecidos.
Ahora, con la Sexagésima Quinta Legislatura a la vuelta de la esquina, la continuidad en el proceso de Entrega-Recepción es esencial para asegurar que los objetivos legislativos y administrativos no se vean comprometidos por problemas procedimentales.
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