“El conocimiento si no se sabe aplicar es peor que la ignorancia”, Charles Bukowski
¡PÁCATELAS!
La revelación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), expone una preocupante falla en el sistema de justicia penal de México.
La decisión de incinerar su cuerpo antes de realizar una investigación exhaustiva no solo constituye un error investigativo de gran magnitud, sino que también podría tener consecuencias legales graves, que ponen en tela de juicio la integridad del proceso judicial en este caso.
Desde el inicio, las fallas en la necropsia y la preservación de la escena del crimen indicaron un manejo deficiente del caso por parte de la Fiscalía de Sinaloa.
La incapacidad para determinar de manera precisa la causa y las circunstancias de la muerte, sumada a la falta de recolección de evidencia en la camioneta donde se encontró el cuerpo, son solo algunos de los errores señalados por la FGR. Sin embargo, la decisión de incinerar el cuerpo sin haber agotado todas las posibilidades investigativas es, sin duda, el error más grave, pues imposibilita cualquier revisión posterior y compromete la búsqueda de la verdad.
Legalmente, la incineración del cuerpo de Cuén Ojeda sin una justificación adecuada viola los protocolos establecidos en la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Estos marcos legales exigen que las evidencias, incluidos los cuerpos de las víctimas, se preserven íntegramente para asegurar una investigación exhaustiva. Al no cumplir con estos estándares, las autoridades de Sinaloa no solo podrían enfrentar sanciones, sino que también han puesto en peligro la posibilidad de llevar a cabo un juicio justo.
Este error también abre la puerta a posibles nulidades en el proceso penal. La defensa de los imputados podría argumentar que la investigación fue defectuosa, socavando la validez de las pruebas presentadas. En un sistema judicial ya debilitado por la impunidad y la corrupción, este tipo de fallas solo refuerza la percepción pública de que la justicia en México es inaccesible para las víctimas y sus familias.
Además, no podemos ignorar las implicaciones para los funcionarios públicos involucrados en este caso. En México, la negligencia en la preservación de pruebas puede constituir un delito penal, como el ejercicio indebido de la función pública o el encubrimiento.
Los responsables de la incineración del cuerpo de Cuén Ojeda podrían enfrentar no solo sanciones administrativas, sino también responsabilidades penales, lo que llevaría a una mayor desconfianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Finalmente, este lamentable incidente subraya una vez más la necesidad de reformar profundamente el sistema de justicia penal en México.
Las víctimas y sus familias tienen derecho a una investigación diligente y exhaustiva, como lo establece la Ley General de Víctimas.
La incineración prematura de un cuerpo en un caso de asesinato es una violación clara de estos derechos y demanda una respuesta contundente de las autoridades para garantizar que no se repita
La incineración de Héctor Melesio Cuén Ojeda es un recordatorio trágico de cómo las fallas en el sistema de justicia pueden tener consecuencias irreversibles.
Este caso no solo afecta a una familia que busca justicia, sino que también plantea serias preguntas sobre la capacidad de nuestras instituciones para garantizar un debido proceso.
Es imperativo que se tomen medidas para corregir estas deficiencias y restaurar la confianza en el sistema judicial mexicano.
El caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda, tal como lo presenta la FGR, expone serias deficiencias en la investigación realizada por la Fiscalía de Sinaloa.
Estas deficiencias no solo ponen en riesgo la resolución del caso, sino que también revelan problemas estructurales y operativos dentro de las instituciones locales.
Es fundamental que se lleve a cabo una revisión exhaustiva y transparente de todo el proceso, y que se tomen medidas correctivas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
Solo a través de un esfuerzo concertado por parte de las autoridades para corregir estos errores se podrá avanzar en la búsqueda de justicia para Cuén Ojeda y para todos aquellos que confían en el sistema legal para proteger sus derechos.
Esto sin duda, es una bomba de tiempo.
HOMENAJE
En una sesión de cabildo en Mazatlán, se rindió un emotivo homenaje a Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y destacado político sinaloense, quien fue asesinado a balazos en julio de 2024.
Las regidoras América Carrasco y Francis Osuna, ambas del Partido Sinaloense, tomaron la palabra para honrar la memoria de un hombre que dejó una marca profunda en la política y la educación del estado.
Durante la sesión, se destacó la extensa trayectoria de Cuén Ojeda, quien no solo fue rector de la UAS, sino también presidente municipal de Culiacán y diputado. Se resaltó su papel en la creación del Partido Sinaloense, que se ha consolidado como una de las principales fuerzas políticas del estado.
Las regidoras presentaron un recorrido por los logros y contribuciones de Cuén, subrayando su impacto en la educación y la política, así como su visión para transformar la UAS en una institución más inclusiva y moderna.
El reconocimiento público a Cuén Ojeda durante la sesión de cabildo es, sin duda, un reflejo del legado que dejó en Sinaloa.
Sin embargo, este homenaje también nos invita a reflexionar sobre las circunstancias que rodearon su muerte y las implicaciones que tiene para la seguridad y la justicia en el estado.
El asesinato de una figura pública como Cuén Ojeda no solo es una tragedia personal para su familia y sus allegados, sino también un golpe a la sociedad sinaloense.
Su muerte plantea preguntas inquietantes sobre la violencia que persiste en la región y la capacidad de nuestras instituciones para proteger a aquellos que se dedican al servicio público.
El alcalde Edgar González Zatarain, al tomar la palabra, reconoció que Cuén Ojeda no era “cualquier hombre”, sino una figura política que dejó una huella imborrable en el estado.
Este reconocimiento es importante, pero no debe eclipsar la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente sobre su asesinato. La memoria de Cuén Ojeda merece justicia, y la sociedad sinaloense merece respuestas.
El aplauso de pie que los presentes ofrecieron en homenaje a Héctor Melesio Cuén Ojeda es un gesto que, aunque significativo, debe ir acompañado de un compromiso firme para esclarecer su muerte y garantizar que aquellos que lo admiraron y trabajaron junto a él puedan continuar su legado en un entorno seguro y justo.
EN PAUSA
La impugnación de la elección de la presidencia municipal de Ahome está actualmente en manos del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin). El proceso se ha extendido debido a la solicitud de información adicional por parte del Tribunal, lo que sugiere que se está realizando un análisis detallado y cuidadoso de la situación.
Luis Felipe Bernal Hernández, presidente del Consejo Municipal Electoral, ha mencionado que se han entregado los datos solicitados, particularmente en relación con las representaciones plurinominales, lo que es crucial para que el Tribunal pueda cerrar sus propuestas y avanzar en su análisis.
Sin embargo, la entrega de esta información podría llevar a una extensión en el tiempo de resolución del caso.
Por su parte, Carlos Jesús Patiño, abogado del Partido Acción Nacional y representante del candidato Mingo Vázquez, ha expresado su optimismo ante este avance, aunque también reconoce que la revisión exhaustiva de la nueva documentación podría retrasar la decisión final.
La expectativa de que el Teesin pueda resolver la impugnación en la próxima semana se enfrenta a la realidad de que un análisis profundo puede requerir más tiempo, lo que podría dilatar el procedimiento.
La situación, por tanto, sigue en desarrollo, con la posibilidad de que el veredicto final se extienda más allá de lo inicialmente previsto.
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