“Vencer y perdonar, es vencer dos veces”, Pedro Calderón de la Barca
CONFLICTO
El inicio del paro indefinido en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) este 7 de octubre marca un punto crítico en la relación entre la comunidad universitaria y el gobierno estatal.
La destitución de Robespierre Lizárraga Otero como encargado de la rectoría, ordenada por un juez de control por motivos de interferencia en investigaciones, ha desatado un fuerte rechazo en la UAS, que acusa a las autoridades estatales de violar su autonomía.
Esta situación plantea una serie de interrogantes que merecen ser exploradas.
¿Cuál será el impacto en la comunidad universitaria? La UAS, una de las instituciones educativas más importantes del estado, se verá afectada no solo en su funcionamiento diario, sino también en la formación académica de miles de estudiantes.
Las actividades académicas, culturales y de investigación están en riesgo, lo que podría tener repercusiones en el calendario escolar y la economía local. Las autoridades universitarias han señalado que la decisión de recurrir al paro es un acto necesario para salvaguardar los principios democráticos y la autonomía de la institución
¿Qué consecuencias políticas puede tener este conflicto? La respuesta del gobierno estatal podría intensificar aún más las tensiones.
Las autoridades de la UAS han hecho un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga, lo que indica que el conflicto ha trascendido el ámbito local y podría captar la atención nacional.
Esto plantea la pregunta de si la intervención federal será necesaria o si se buscará una solución a través de negociaciones directas con el gobierno estatal. Las dinámicas políticas entre la UAS y el estado serán clave para determinar la evolución de este conflicto
¿Cómo se verá afectada la percepción pública de la UAS y el gobierno? La opinión pública sobre la UAS y su papel en la sociedad sinaloense podría cambiar dependiendo de cómo se maneje este conflicto.
La percepción de que la autonomía universitaria está siendo amenazada puede generar un respaldo a la universidad, mientras que la percepción de un gobierno que actúa con autoridad puede llevar a un cuestionamiento de sus acciones.
La forma en que ambos actores se comuniquen y actúen durante este periodo será crucial para moldear esta percepción
Este paro, que se plantea como una defensa de la autonomía universitaria, abrirá un debate amplio sobre el papel de las instituciones educativas en la política mexicana y el respeto a sus derechos.
A medida que el conflicto se desarrolla, será fundamental observar no solo los resultados inmediatos, sino también las repercusiones a largo plazo en la educación y la política en Sinaloa.
Esto apenas comienza. Ya veremos que sucede en los próximos días, sólo que hoy miles de universitarios no contarán con educación, el conflicto se agravó.
Este fin de semana diversos diputados se abocaron a cuestionar y señalar el actuar de las autoridades universitarias sobre este paro de labores, que lo que menos se debería afectar es a la comunidad estudiantil.
¿Quién saldrá vencido en este conflicto? ¿Se avizora la elección de un nuevo rector interino? ¿Habrá más funcionarios de la UAS que se vincularán a proceso? ¿Qué medidas cautelares habrá para los siguientes? ¿Se “democratizará” la UAS en este proceso?
Algo es cierto, el artífice de la nueva Ley Orgánica de la UAS, Feliciano Castro Meléndrez ahora si como secretario de Gobierno, hay la certeza que concluirá este proceso.
Hay que recordar que la posición número 2 del Gobierno del Estado pesa, ojo con eso.
En pocas palabras, esta guerra apenas comienza, o mejor dicho se pondrá más intensa.
APOYO
La reciente celebración del Cuadrangular del Bienestar, auspiciado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa, ha suscitado un sentido de unidad y colaboración entre los sinaloenses.
La presidenta del DIF, Eneyda Rocha Ruiz, expresó su gratitud hacia los asistentes que llenaron el Kuroda Park durante el evento, lo que refleja no solo el interés por el deporte, sino también la disposición de la comunidad para apoyar causas benéficas.
Rocha Ruiz mencionó que la alta asistencia es un indicativo del compromiso de los sinaloenses con la mejora de la calidad de vida de los niños en el estado. Esta participación activa en eventos comunitarios es crucial para el desarrollo de iniciativas que buscan atender necesidades urgentes, como las operaciones y tratamientos médicos para menores que requieren atención especializada.
La presidenta del DIF destacó que el programa ya tiene 110 niños registrados, un número significativo que, sin duda, beneficiará a muchas familias.
Sin embargo, es importante resaltar que el éxito de esta actividad no se limita a la recaudación de fondos. La promesa de que el gobernador Rubén Rocha Moya tiene la capacidad de atender a todos los niños que lo necesiten refleja un enfoque inclusivo y solidario por parte del gobierno estatal.
Este enfoque es esencial para generar confianza en la población y motivar una mayor participación en futuras iniciativas.
A pesar del éxito del evento, Rocha Ruiz indicó que aún no se han contabilizado los ingresos y boletos vendidos, lo que pone de relieve la necesidad de una mejor gestión en la recolección de datos.
La transparencia en la administración de los recursos es fundamental para mantener el apoyo y la confianza del público en las iniciativas del DIF.
El Cuadrangular del Bienestar no solo ha sido un evento deportivo, sino también una plataforma para fomentar la solidaridad y el compromiso social en Sinaloa.
A medida que el DIF Sinaloa inicia la programación de tratamientos y operaciones, queda claro que el esfuerzo conjunto de la comunidad, los ayuntamientos y el gobierno estatal es clave para hacer realidad los sueños de los niños sinaloenses.
La historia de esta colaboración debe ser un ejemplo para futuras acciones en pro del bienestar social, destacando la importancia de la participación ciudadana en la construcción de un futuro mejor.
CONSIDERACIONES
El pronunciamiento del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, sobre la conveniencia de que el gabinete federal de Seguridad sesione en la capital del estado resalta la necesidad de un enfoque más directo y sensible ante la problemática de la inseguridad en la región.
Su propuesta de que los funcionarios federales se acerquen a la realidad local para “escuchar, sentir y palpar” la situación es un llamado a la acción que podría traer consigo un cambio significativo en la gestión de la seguridad pública.
Gámez Mendívil subrayó que, a pesar de la disminución en las cifras de delitos, la inseguridad sigue siendo una preocupación latente para los ciudadanos.
Este reconocimiento de la complejidad del fenómeno delictivo es crucial, ya que permite abordar el tema de manera más holística y no conformarse con datos que, aunque alentadores, pueden ocultar realidades más profundas y problemáticas.
La seguridad no es solo un asunto de cifras; es una cuestión que afecta la calidad de vida de los ciudadanos y la percepción de bienestar en la comunidad.
En este contexto, la reciente reunión entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que planteó la posibilidad de que el gabinete federal de Seguridad se reúna en Culiacán, representa una oportunidad invaluable.
La presencia de estos altos funcionarios en el “epicentro” de la problemática no solo permitirá un mejor entendimiento de las dinámicas locales, sino que también facilitará la implementación de estrategias más efectivas y contextualizadas para hacer frente a la delincuencia.
La llegada de casi 600 elementos de la Guardia Nacional a Culiacán es un paso positivo que demuestra el compromiso del gobierno federal en la lucha contra la inseguridad.
Sin embargo, Gámez Mendívil enfatiza que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno es fundamental para lograr resultados tangibles.
Los patrullajes coordinados han contribuido a la contención de delitos como el robo en comercios, lo que pone de manifiesto la efectividad de una estrategia de colaboración.
El llamado del alcalde es un recordatorio de que la seguridad es un reto colectivo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad.
Es imperativo que los ciudadanos, el gobierno local y federal, y las fuerzas de seguridad trabajen de la mano para crear un entorno más seguro.
La posibilidad de que el gabinete federal de Seguridad se reúna en Culiacán puede ser el primer paso hacia un diálogo más abierto y efectivo sobre las necesidades y prioridades de la comunidad.
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