“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas”, John Fitzgerald Kennedy
REALIDAD ALTERNA
La imagen del alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, posando sonriente frente a la Torre Eiffel no sería problema alguno… si su municipio no estuviera sumido en una crisis de seguridad, abandono institucional y descontento ciudadano.
Pero lo está. Y ese contraste es justamente el reflejo más claro de una administración que ha perdido el rumbo.
Millán viajó a París para asistir al Foro Mundial de Alcaldes, donde, según dijo, buscaba atraer inversiones y “llevar a Elota al mundo”. Sin embargo, no informó previamente al Cabildo ni explicó a los ciudadanos el objetivo concreto del viaje, ni quién lo financió.
La regidora Rocío Guzmán confirmó que el alcalde se ausentó sin notificación formal, lo que ya de por sí implica una falta grave de transparencia.
A la par de su viaje, en Elota ocurrían cosas mucho más urgentes. Policías municipales se manifestaron por la cancelación de su seguro de vida —que desconocían no tener desde marzo del año pasado—, la falta de uniformes y la suspensión de apoyos básicos como las despensas.
En un contexto donde varios policías han sido asesinados en Sinaloa, estos trabajadores temen quedar desamparados si algo les ocurre.
Mientras tanto, el alcalde se traslada en una camioneta blindada, en patrullas sí hay carencias, pero no en su comodidad.
La dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas, lo expresó con claridad: “Estamos en un grito de auxilio”, subrayando que Elota es uno de los municipios más golpeados por la violencia, después de Culiacán.
Aunque reconoció que buscar inversiones es válido, señaló que “la prioridad hoy es la seguridad”.
El diputado Rodolfo Valenzuela, del PVEM, fue más duro al calificar el viaje como “una burla”.
Criticó el uso de “pretextos banales” para justificar una salida internacional, mientras los habitantes enfrentan abandono. “Primero hizo escándalo con una silla que compró, ahora se va a París.
¿Eso es gobernar?”, cuestionó.
La falta de seriedad del alcalde Richard Millán no está solo en el destino de su viaje, sino en la forma en que lo condujo: sin rendición de cuentas, sin atender el contexto local, sin priorizar lo urgente.
Puede ser que la participación en foros internacionales sea útil, pero no cuando se hace desde la frivolidad y el descuido institucional.
Elota necesita un alcalde que esté al frente, no al fondo de una postal turística. Que escuche el reclamo de su policía y su gente.
Que no le dé la espalda a su realidad. Y, sobre todo, que entienda que gobernar no es viajar, sino responder, pero sobre todo con la seriedad que requiere un municipio en problemas y que le da atole con el dedo con tanta farándula.
El alcalde a su regreso tiene mucho que explicar. Si es que quiere, por que al final el vive una realidad alterna.
CERTEZAS
La seguridad pública requiere de herramientas jurídicas eficaces que permitan actuar con celeridad y contundencia ante los delitos que más afectan a la ciudadanía. En este contexto, la iniciativa presentada por la diputada local Teresa Guerra Ochoa para reformar la legislación estatal en materia de robo de vehículos representa un paso importante y necesario.
Actualmente, los casos en que una persona circula o posee un vehículo robado requieren de una querella formal para que la Fiscalía pueda proceder. Este requisito, aunque comprensible desde una óptica garantista, ha demostrado ser una barrera que muchas veces impide la acción inmediata de las autoridades, ralentizando la investigación y dejando a las víctimas en el abandono. La propuesta de que estos casos sean perseguidos de oficio —sin necesidad de denuncia— significa un cambio de paradigma que permitirá a la Fiscalía General del Estado actuar de manera más eficiente y oportuna.
Lejos de implicar un aumento en las penas, la iniciativa se centra en destrabar los procesos legales para que la justicia llegue más rápido. Y esto es clave: no se trata de castigar más, sino de castigar mejor. La reforma propuesta no endurece la ley, sino que la hace más funcional, más alineada con la realidad cotidiana de quienes sufren el robo de su patrimonio.
El robo de vehículos es uno de los delitos más comunes y, al mismo tiempo, uno de los que más frustración generan en la ciudadanía, precisamente porque los trámites y tiempos para recuperar una unidad robada suelen ser engorrosos. Permitir que la Fiscalía actúe de oficio es una forma directa de devolverle al Estado su capacidad de respuesta.
Además, esta medida fortalece el principio de legalidad y refuerza la percepción de que las leyes sí se aplican. Y esto, en un contexto donde la impunidad sigue siendo un problema estructural, es un mensaje poderoso.
La iniciativa impulsada por Teresa Guerra Ochoa es técnica, razonable y enfocada en resultados, lo mejor, es que se tiene la certeza de que el Congreso del Estado le dé el respaldo que merece y que pronto se convierta en ley. Sinaloa necesita este tipo de reformas que, sin caer en el punitivismo excesivo, fortalecen el Estado de derecho y dan mayor certeza a la ciudadanía.
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