“Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana”, Eduardo Galeano (1940-2015) Escritor y periodista uruguayo.
CUENTAS CLARAS
El reciente ranking de aprobación de alcaldes en Sinaloa, correspondiente a agosto de 2025 y elaborado por Demoscopia Digital, ofrece más que una simple fotografía numérica.
Refleja el pulso social hacia los gobiernos municipales y, sobre todo, hacia quienes cargan con la responsabilidad de conducir los destinos de sus comunidades en medio de circunstancias diversas.
El caso que más llama la atención es el de Culiacán.
El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil aparece en el primer lugar con un 57.3 por ciento de aprobación, una cifra que, si bien no es aplastante, sí adquiere un significado especial por el contexto en que se da.
Gobernar la capital de Sinaloa es administrar la ciudad más grande, con la mayor densidad poblacional, con los retos más complejos en seguridad, movilidad, servicios básicos y desarrollo urbano. Y lo más importante: es gobernar en un clima marcado por la violencia, que condiciona cualquier gestión pública.
El reconocimiento ciudadano no se puede entender como una complacencia absoluta.
En realidad, lo que reflejan los números es que, pese al ambiente adverso, la población percibe un esfuerzo institucional que ha logrado contener parte del descontento social.
En Culiacán, la vara de medir es distinta: la ciudadanía suele evaluar a su autoridad no sólo por las obras o los programas, sino por la capacidad de sostener un mínimo de gobernabilidad en un escenario donde la inseguridad es el mayor factor de desgaste.
Ahora bien, si se observa el ranking completo, la diferencia entre el primer y el sexto lugar es de apenas 4.8 puntos porcentuales.
Esto significa que el respaldo ciudadano hacia los alcaldes en Sinaloa es relativamente homogéneo.
Antonio Menéndez en Ahome (56.1%) y José Paz López en Badiraguato (55.4%) aparecen como competidores cercanos, lo que revela que también han sabido mantener un nivel aceptable de confianza en regiones con problemáticas muy distintas.
En Mazatlán, la presidenta municipal Estrella Palacios sostiene un 52.6 por ciento de aprobación, prácticamente empatada con Cecilia Ramírez en Guasave (52.5%).
Ambas muestran que, en municipios clave por su dinamismo económico y social, hay un respaldo que, si bien es suficiente, no ofrece márgenes de comodidad.
Lo mismo ocurre con Jorge Bojórquez en Navolato (54.2%), que se ubica en un punto intermedio, reflejando que su administración mantiene estabilidad en la percepción ciudadana.
Lo que este ejercicio deja en claro es que, en Sinaloa, ningún alcalde se encuentra en niveles críticos de desaprobación.
Por el contrario, el piso de aceptación se mantiene arriba del 50 por ciento, lo que significa que la ciudadanía, en mayor o menor medida, respalda a sus gobiernos locales.
Sin embargo, también subraya que ninguno puede bajar la guardia: los márgenes son tan cortos que cualquier error de gestión puede mover las piezas en cuestión de semanas.
En el caso de Culiacán, la aprobación a Gámez Mendívil implica más que un buen número.
Representa un voto de confianza en medio de una ciudad que carga con los reflectores estatales y nacionales, donde cualquier evento negativo se magnifica.
Encabezar el ranking en estas condiciones es un mérito que no debe minimizarse, pero tampoco garantiza un cheque en blanco.
El verdadero reto será sostener ese nivel de respaldo y, sobre todo, transformarlo en resultados palpables para la ciudadanía.
Al final, la encuesta de Demoscopia Digital es un termómetro de la percepción ciudadana, no una sentencia definitiva. Los números pueden cambiar, y lo harán, conforme la realidad en las calles ponga a prueba a las administraciones municipales.
Lo que queda claro es que, por ahora, Culiacán reconoce en su alcalde una gestión que, con todas las limitaciones y adversidades, ha sabido ganarse el primer lugar en confianza ciudadana.
LOS MISMOS ERRORES
Oooooooooootra vez, la burra al trigo.
La administración de Cecilia Ramírez Montoya en Guasave vuelve a estar en el centro de la polémica tras la adquisición de 13 patrullas para la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable.
El edil Gregorio Hernández Romero, de Movimiento Ciudadano, denunció que la compra se realizó sin licitación y con un monto superior a 17 millones de pesos, incumpliendo los procedimientos legales que rigen la contratación pública.
Hernández Romero alertó que la falta de planeación y transparencia podría repercutir en servicios públicos esenciales, como el alumbrado, la recolección de basura y el mantenimiento de drenajes, especialmente en un municipio con crisis financiera, adelantos de participaciones y un crédito bancario de hasta 60 millones de pesos.
Por su parte, la presidenta municipal defendió la operación, asegurando que 10 patrullas se adquirieron por 13 millones de pesos con recursos del FORTAMUN y que las tres unidades restantes fueron compradas directamente para la Célula de Reacción Inmediata con perspectiva de género, a un costo aproximado de 600 mil pesos cada una.
Ramírez Montoya señaló que la decisión se tomó como medida de emergencia ante la advertencia del Gobierno del Estado sobre la posible extensión de la violencia registrada en Culiacán hacia la zona norte. (Pareciera estar leyendo declaraciones de algún exalcalde)
Según la alcaldesa, la compra fue avalada por el Comité de Compras, integrado por representantes de todas las fuerzas políticas, y cumplió con los procedimientos legales contemplados en el artículo 21 del Reglamento de Adquisiciones, que permite la adjudicación directa en casos de riesgo para la seguridad.
El director jurídico del Ayuntamiento, Daniel Hibraim López Armenta, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan de Dios López Rubio, y el director de Egresos, Ricardo Javier Báez Zazueta, respaldaron la versión oficial, señalando que la operación fue transparente, sin intermediarios, y que cada patrulla Silverado 4×4 tuvo un costo de 1 millón 349 mil 400 pesos, con posibilidad de ser verificado por la ciudadanía.
López Rubio agregó que hacia finales de 2024 algunas sindicaturas carecían de patrullas, y que era urgente reforzar la seguridad para garantizar cobertura suficiente.
Sin embargo, la defensa del gobierno municipal no disipa las comparaciones que algunos regidores hacen con casos recientes de otros municipios, como Ahome, donde la adquisición irregular de vehículos derivó en el desafuero del alcalde Gerardo Vargas Landeros y en un prolongado conflicto legal.
La historia reciente de expresidentes que han terminado enfrentando la justicia por compras o rentas sin licitar genera dudas sobre la prudencia de la administración actual y evidencia que la urgencia en seguridad no puede ser excusa para ignorar la transparencia y la rendición de cuentas.
En un contexto donde los municipios atraviesan limitaciones presupuestales y servicios públicos colapsados, la decisión de priorizar la compra de patrullas a través de adjudicación directa plantea un dilema crítico: proteger a la población sin vulnerar la legalidad y arriesgar la estabilidad financiera de la comuna.
La ciudadanía y la Auditoría Superior del Estado deberán seguir de cerca este proceso, pues el precedente que se marque hoy podría definir la credibilidad y la responsabilidad de la administración de Cecilia Ramírez Montoya en Guasave.
Lamentablemente doña Cecy ya lleva varias y al parecer le va a “seguir la basca al niño”.
A REVISIÓN
El diputado Ambrocio Chávez Chávez adelantó que durante el próximo periodo ordinario de sesiones se revisarán los presupuestos y las cuentas públicas para 2026, un proceso que estará a cargo de la Comisión de Fiscalización y que será sometido a votación en el pleno del Congreso del Estado.
Este anuncio subraya la obligación de los legisladores de garantizar que los recursos públicos se ejerzan conforme a la normatividad vigente y con transparencia.
Chávez Chávez señaló que su labor será rigurosa y orientada a que los municipios y los entes públicos mantengan un manejo ordenado del gasto.
En este contexto, mostró disposición a respaldar proyectos municipales que atiendan necesidades concretas, como la construcción de un relleno sanitario en Salvador Alvarado, siempre que exista propuesta formal del ayuntamiento y aprobación del gobierno estatal.
La iniciativa busca atender los riesgos asociados a los basureros a cielo abierto, desde escurrimientos hasta afectaciones a la fauna y la salud de las comunidades.
El ejemplo de Mazatlán, donde se está construyendo un relleno sanitario con recursos de un préstamo, evidencia que es posible articular acciones de gobierno para atender problemáticas concretas de manera ordenada y planificada.
La fiscalización y la revisión de presupuestos son herramientas clave para asegurar que los recursos públicos se apliquen a proyectos que respondan a necesidades reales de la ciudadanía.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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