Diálogo o imposición

“Cuida tu ambición. Puede volar pero también arrastrarse”, Edmund Burke

¿AL SON QUE TOQUEN?

La discusión en torno a la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se ha convertido en un campo de batalla donde se enfrentan dos posturas aparentemente irreconciliables: la del Congreso del Estado de Sinaloa y la de la UAS.

Mientras que el Congreso, encabezado por el diputado Feliciano Castro Meléndrez y el diputado Adolfo Beltrán Corrales, insiste en la necesidad imperativa de armonizar la ley con la Constitución y la Ley General de Educación Superior, la UAS denuncia una persecución política y demanda respeto a su autonomía.

Por un lado, los legisladores argumentan que la Ley Orgánica de la UAS es obsoleta y requiere una actualización para alinearse con las reformas constitucionales y educativas recientes.

Según Castro Meléndrez, la reforma es inevitable y debe reflejar los cambios en el artículo tercero de la Constitución y en la Ley General de Educación Superior. Además, destaca que el Congreso del Estado retiró un recurso de revisión, mostrando su disposición al diálogo.

Sin embargo, lamenta la falta de respuesta por parte de las autoridades universitarias a la invitación para instalar una mesa de diálogo.

Por otro lado, la UAS, a través de su Consejo Universitario, ha expresado su descontento y preocupación ante lo que consideran ataques y amenazas a su autonomía.

La denuncia del atentado contra Arnoldo Valle, Director de Comunicación Social de la UAS, y la aprobación de una caravana a Palacio Nacional para denunciar la persecución política, son muestra de la tensión creciente.

El Consejo Universitario ha condenado enérgicamente las declaraciones del Gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha lanzado duras críticas contra la universidad, acusándola de corrupción y desprecio por la autonomía.

La pregunta clave aquí es: ¿dónde está el diálogo?

El Congreso asegura tener la voluntad política y hace llamados continuos al diálogo respetuoso, pero los mensajes hostiles de algunos diputados y las acciones unilaterales, como avanzar en la reforma sin la cooperación de la UAS, sugieren lo contrario.

Adolfo Beltrán Corrales afirma que la reforma se llevará a cabo aun sin la colaboración de la UAS, lo cual contradice el llamado al diálogo y refuerza la percepción de imposición.

Además, se ha planteado la necesidad de realizar una consulta al alumnado, la plantilla laboral y los docentes antes de reformar la ley, como lo manda la Ley General de Educación Superior.

Este paso fue crucial en la reforma de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se logró una buena coordinación. ¿Por qué no se puede replicar este modelo de colaboración con la UAS?

La negativa a dialogar y coordinar una consulta efectiva genera más desconfianza y polariza aún más las posturas.

La comunidad universitaria, representada por el Consejo Universitario, ha manifestado su temor y preocupación ante el ambiente de crispación y las amenazas percibidas.

El llamado a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso del atentado contra Valle refleja una profunda desconfianza en las autoridades estatales, agravada por las declaraciones del Gobernador.

Esta desconfianza es comprensible, dado el contexto de acusaciones y ataques verbales que han escalado la tensión.

El Congreso de Sinaloa y la UAS deben encontrar un punto de encuentro que privilegie el diálogo auténtico y respetuoso.

La reforma a la Ley Orgánica de la UAS es necesaria, pero debe hacerse con la participación activa y consensuada de la comunidad universitaria.

Los diputados deben abandonar el lenguaje hostil y las acciones unilaterales, y la UAS debe abrirse a colaborar en un proceso de reforma transparente y participativo.

Solo así se podrá avanzar hacia una ley que realmente responda a las necesidades y desafíos actuales, respetando la autonomía universitaria y garantizando un entorno de confianza y respeto mutuo.

Ya veremos si la Cuarta Transformación muestra cordura con sus palabras. Si no, la guerra que se avecina será muy complicada.

ENTRAMPADOS

El alcalde de Guasave Martín Ahumada Quintero ha demostrado un compromiso claro y sostenido con la resolución de las demandas de homologación salarial de los policías jubilados en Guasave.

Su administración ha dado pasos significativos, como el reciente depósito de homologaciones a ocho policías jubilados, lo cual subraya su seriedad en atender este tema.

Estos pagos, realizados incluso antes de la quincena pasada, reflejan un esfuerzo tangible por cumplir con las exigencias planteadas por la agrupación Guerreros Azules.

Es fundamental reconocer que el proceso de homologación es complejo y requiere una evaluación detallada de cada caso.

El alcalde ha señalado que existen 460 agentes jubilados, cada uno con situaciones particulares que deben ser consideradas para determinar la homologación adecuada. Este enfoque meticuloso asegura que los recursos municipales se administren de manera justa y equitativa.

La respuesta del alcalde ante el bloqueo del Palacio Municipal por parte de los jubilados ha sido firme y adecuada. Mantener el orden y evitar interrupciones en el funcionamiento del gobierno local es esencial para garantizar que los servicios públicos sigan operando de manera eficiente. Las manifestaciones, aunque son un derecho legítimo, no deben obstruir el trabajo del Ayuntamiento ni afectar a la comunidad en general.

El alcalde está tomando medidas activas y concretas para resolver las demandas de los policías jubilados, demostrando su compromiso con la justicia y el orden. Su disposición para continuar el diálogo y su apertura para encontrar soluciones legales refuerzan su intención de trabajar en conjunto para el beneficio de toda la comunidad de Guasave.

LLAMADO

El compromiso del alcalde Gerardo Octavio Vargas Landeros y de los tres niveles de Gobierno en Ahome, Sinaloa, para abordar el tema de equidad de género y la violencia contra las mujeres es un paso significativo en la dirección correcta.

La reciente Mesa de Seguridad, que contó con la participación de importantes figuras como María Isabel Astorga y Karina Soto, subraya la seriedad con la que se está tratando esta problemática.

La inclusión de diversas instituciones y programas, como COMPAVIF y las Ferias de la Paz, demuestra un enfoque integral para brindar apoyo y seguimiento a las víctimas.

La decisión de asignar todas las patrullas de la SSyPC a la Unidad de Equidad de Género y capacitar a los policías es un avance crucial, ya que fortalece la respuesta inmediata y efectiva ante casos de violencia.

Además, la incorporación de ambulancias de SUMMA y la reanudación de visitas a colonias y comunidades con programas de prevención son medidas que refuerzan la presencia institucional en todos los rincones del municipio.

El llamado del alcalde a los padres de familia para que mantengan una vigilancia atenta sobre sus hijos, especialmente a raíz del reciente caso de una adolescente desaparecida, es un recordatorio oportuno de que la prevención y la educación en el hogar son pilares fundamentales para la seguridad de los jóvenes.

EN LA ESPERA

El alcalde de Mazatlán, Édgar González Zatarain, ha sido invitado por el gobernador Rubén Rocha Moya para unirse a su gabinete una vez que termine su mandato municipal el 31 de octubre.

González Zatarain ha señalado que esta invitación ha sido de manera general y desde hace tiempo, sin especificar el cargo que podría ocupar.

El alcalde explicó: “No hay nada de eso, falta rato, pueden ocurrir muchas cosas de aquí a octubre 31, primero de noviembre, podría decirse, hay mucho trabajo, hay mucho qué hacer, no hay nada todavía, hay invitación en lo general, no de ahorita, sino de hace rato que me invitó el Gobernador, no me ha dicho qué, tampoco le voy a preguntar, todo en su momento, donde él considere, y si no, no pasa nada.”

Este comentario refleja la prudencia y la cautela del alcalde ante la invitación del gobernador. González Zatarain reconoce que aún queda tiempo para la conclusión de su mandato y muchas cosas pueden cambiar en ese periodo.

También muestra su disposición a esperar y no presionar al gobernador para obtener más detalles sobre la posible posición.

Además, resalta su larga trayectoria en el servicio público, indicando que, aunque no se concrete la invitación, su experiencia y paciencia le permitirán seguir contribuyendo al servicio público en el futuro.

Esta actitud demuestra un enfoque profesional y maduro hacia su carrera política, subrayando su compromiso con el trabajo actual y su flexibilidad ante futuras oportunidades.

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Marco Antonio Lizárraga

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