Contra montones de trabas oficiales, se formalizó finalmente ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra altos funcionarios de Sinaloa.
Se les acusa de los delitos de discriminación, intimidación, abuso de autoridad, ejercicio ilícito de servicio público, hostigamiento sexual, abuso sexual y extorsión.
Violación de menores de edad, algunas de las que fueron embarazadas y obligadas a abortar.
En el orden en que aparecen citados en la denuncia, Antonio Aguilar Gómez (el “todas mías”), delegado regional de la Secretaría de Bienestar región Culiacán; María Teresa Guerra Ochoa, Secretaria de las Mujeres del gobierno sinaloense; Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, actual presidente municipal de Culiacán y anterior delegado de la Secretaría de Bienestar en Culiacán.
Además, Claudia Vega, José Luis Contreras, Abigail Monroy Acosta y Cristian Espinoza, en su carácter de servidores públicos adscritos a la secretaría de bienestar; y quienes resulten responsables.
Precisemos que habrá más denuncias, que abundarán en hechos y en implicados.
Es el caso de la actual Secretaria de Bienestar del gobierno de Sinaloa, María Inés Pérez Corral, señalada como “la madrota” por su colusión en numerosos abusos sexuales.
Quien aparece hasta ahora como principal implicado es Antonio Aguilar Gómez.
Se le apoda “el todas mías” por sus numerosos delitos sexuales, y se le señala también por robarse los apoyos que debían llegar a madres de familia.
Incluso con documento firmado, con el cinismo alentado por la impunidad, se obligó a mujeres a entregar a funcionarios ladrones el dinero que les tocaba, como condición para que no las corrieran del trabajo.
Se denuncian complicidades brutales, principalmente del actual alcalde culichi Juan de Dios Gámez Mendívil, y de la Secretaría de las Mujeres en la entidad, María Teresa Guerra Ochoa.
Del presidente municipal, que cuando acudieron con él a denunciar a “el todas mías”, el entonces delegado de Bienestar en Culiacán tachó de chismosas y problemáticas a las denunciantes.
Un rufián de lo peor, y es poco decir.
De Tere Guerra, la acusación de que en lugar de atender e investigar se puso de lado de los delincuentes.
Acusada de violentar el anonimato de las denuncias y convertirse en cómplice de un asedio brutal que comenzó inmediatamente después de la denuncia recibida.
La denuncia exhibe los delitos cometidos y las complicidades de quienes se supone tienen la responsabilidad de velar por la verdad y por la justicia.
La advertencia puntual de que no son hechos aislados,
“Es un gran número de mujeres que han sido víctimas de abusos de esta persona, consecuentado desde luego por los demás denunciados”.
Puntual referencia a lo que quien esto escribe denunció, de que los abusadores sexuales hicieron listas de “requisitos” de las jovencitas a contratar y “favorecer”.
Esbeltas, jóvenes y guapas.
Las que no cubrían el perfil exigido, recibían trabajos foráneos y nocturnos.
Puntualicemos que durante casi un año las denunciantes han ido y venido.
Reuniones directas, con escritos puntuales, con el gobernador Rocha Moya; la fiscal de “justicia” Sara Bruna Quiñónez; el hoy alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, y la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, María Teresa Guerra.
Con escritos enviados también al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fueron ignoradas, pero también acosadas y amenazadas.
La justicia en Sinaloa es una burla, cuando quienes violentan la ley son políticos poderosos o gente amiga de quienes gobiernan.
Como advertimos, cuando menos de la exhibida no escapan.
Ya está la primera denuncia, y habrá más.
Además de la denuncia penal contra altos funcionarios de Sinaloa, se solicitó el amparo y la protección de la justicia federal.
Contamos con copia del documento en mención, ante el juez de distrito en turno.
En cumplimiento de nuestras responsabilidades y obligaciones, daremos puntual seguimiento a lo que procederá luego de esta denuncia, más las que se acumulen.
Veremos si continúan las complicidades y los cinismos.
Pendientes.