Sinaloa

Rubén Rocha Moya fue confirmado hoy oficialmente como el rey de los moches. No puede ser de otra manera, con tantas licitaciones tramposas para que gane siempre el “empresario” de casa que es amigo o forma parte del gobierno. Este viernes se declaró “desierto” un concurso en el que terminaron exhibidos y les resultó imposible oficializar el moche. Contrato de compra venta de 49 mil 380 pares de tenis para alumnos de preescolar. “Hidalgo de Oro” no pudo ganar porque se denunció públicamente el incumplimiento de la convocatoria. La descalificación de la empresa Jumser Uniformes por un falso incumplimiento de las pruebas de laboratorio. Incumplimientos alegados sin que se presenten las probanzas obligadas por la norma. Ganan o arrebatan, con descaro y por sus puras pistolas. Video del fallo subido por el gobierno: https://www.youtube.com/live/k3Chafu5Bsg?feature=share. Por supuesto, repondrán el procedimiento porque el calzado deportivo ya se fabricó y de ninguna manera van a perder lo invertido. “Ganará” entonces la misma empresa, o simularán con prestanombres. Roban en licitaciones públicas amañadas, fue el título de nuestra columna Altoparlante del pasado 21 de junio. Aquí la liga: https://altoparlante.com.mx/roban-en-licitaciones-publicas-amanadas/. Les compartimos otra nota sobre lo mismo, publicada este jueves por el semanario Ríodoce en la que se denuncian falsos concursos en Bienestar, para robar. https://riodoce.mx/2023/07/06/simulan-concursos-en-bienestar-en-sinaloa/. No son pues casualidades, sino práctica generalizada en casi todo lo que compra el gobierno. Dos métodos distintos, según lo que se licite. El uso de empresarios amigos que pagan el moche correspondiente. Empresas recién creadas que son propiedad de quienes nos desgobiernan. Las quejas y denuncias han sido no solamente internas en las reuniones oficiales, sino además con acusaciones públicas. Es imposible que el gobernador Rubén Rocha Moya no esté enterado de lo que sucede. Él mismo ha dicho que tiene control absoluto de lo que se hace, y dejado muy en claro que todos sus subordinados cumplen las órdenes que da, porque de lo contrario terminan de patitas en la calle. Le aplica entonces el mote como “El rey de los moches”. Es el responsable principal, por más que intente lavarse las manos. Raterías controladas directamente por sus hijos, particularmente por el consentido Rubén Rocha Ruiz. El gobierno estatal convertido en negocio de particulares. Unos son familiares, otros políticos morenistas y algunos más miembros del crimen organizado. Con el junior Rubencito presumiendo descaradamente ante algunos amigos que nadie se puede meter con ellos porque tienen “todo el apoyo” del cártel de Sinaloa. ¡No te acabes, gobierno!  

El testimonio de la entrevista en video es demoledor: Bienestar Sinaloa es una cueva de rufianes, abusadores sexuales corruptísimos. Una empleada del gobierno federal detalla cómo desde el inicio de la cuarta transformación en esta dependencia se abusa de jovencitas y roban muchos millones de pesos de pensiones, programas sociales y créditos a la palabra. Siendo delegado estatal, el ahora presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, formó su harem personal con jovencitas empleadas de esa dependencia federal. María Inés Pérez Corral, hoy Secretaria del Bienestar del gobierno de Sinaloa -apodada “la madrota”-, llenaba camiones de muchachas en bikini para las fiestas de los funcionarios en playas y casas particulares. “El todas mías”, Antonio Aguilar Gómez, suma numerosas denuncias que durante casi un año han sido ignoradas por autoridades federales y estatales. La Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, prometió castigar a los abusadores, pero se puso del lado de los delincuentes. Son ya cuatro años de abusos de poder y raterías que comenzaron con José Jaime Montes Salas, quien hoy ocupa la Secretaría de Agricultura y Ganadería del gobierno estatal. Cansadas de ser burladas por las autoridades, comenzaron las denuncias formales y la primera se presentó el 27 de diciembre pasado ante la Fiscalía General de la República. Los acusados son Antonio Aguilar Gómez, María Teresa Guerra Ochoa, Rubén Rocha Moya, Juan de Dios Gámez Mendívil, Claudia Vega, José Luis Contreras, Abigail Monroy Acosta y Cristian Espinoza. Aquí la nota: https://altoparlante.com.mx/denuncia-penal-contra-altos-funcionarios-de-sinaloa/. En la entrevista que aquí compartimos, vemos las numerosas infamias cometidas con un descaro y una impunidad que avergüenzan. Hostigamiento sexual, abuso sexual y extorsión contra las jóvenes trabajadoras del Bienestar. La promoción con mejor cargo y aumento de sueldo para quienes acceden al “trabajo” demandado por los pervertidos. De estar primero en “Jóvenes construyendo el futuro” a convertirse luego en “Servidoras de la nación”, con el doble de salario. En contrasentido, el acoso brutal contra quienes no acceden a ser novias o amantes de los funcionarios. Se les envía a trabajar en lugares remotos y en horarios nocturnos, y les levantan actas administrativas o las despiden. Para los acosos y abusos sexuales, funcionarios crearon un catálogo en el que se condicionaba el perfil de las trabajadoras del Bienestar: muy jóvenes, bonitas y delgadas. Fue así como el pervertido sexual Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, formó su harem personal con trabajadoras del Bienestar. Menores de edad violadas, y cuando menos una muchacha embarazada que fue obligada al aborto. Además de las perversiones, gran cantidad de corrupciones en el manejo de los apoyos del gobierno federal. Antonio Aguilar Gómez aparece como el operador visible de todo un conjunto de raterías, con la obviedad de que detrás de él hay políticos de mayor poder que lo mandan y lo protegen. No solamente es el uso del presupuesto público para “premiar” a quienes se prestan a los acosos y abusos sexuales. Funcionarios se roban los dineros de muchos apoyos. En algunos casos los beneficiarios sólo cobran la mitad, y en otros nada. Hay muchos falsos pescadores y agricultores, inventados para robar, así como créditos a la palabra tramitados y cobrados por los funcionarios corruptos. Roban a los vivos y también a los muertos. “Beneficiarios” que fallecieron hace dos o tres años, tienen tarjeta y cobran sin fallar. Hablamos de muchos millones de pesos robados, sin que nadie haga absolutamente nada. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rubén Rocha Moya fueron enterados de estos abusos y corrupciones, y la respuesta fue nula. Brutal ha sido la persecución contra las denunciantes. Acompañados de gente armada, funcionarios les exigen callar y no hacer escándalo, o atenerse a las consecuencias. Justicia, es el justo reclamo de las víctimas. Que Bienestar Sinaloa deje de ser una cueva de rufianes. Con más denuncias formales en camino, y con cada vez más afectados decididos a proceder.  

Contra montones de trabas oficiales, se formalizó finalmente ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra altos funcionarios de Sinaloa. Se les acusa de los delitos de discriminación, intimidación, abuso de autoridad, ejercicio ilícito de servicio público, hostigamiento sexual, abuso sexual y extorsión. Violación de menores de edad, algunas de las que fueron embarazadas y obligadas a abortar. En el orden en que aparecen citados en la denuncia, Antonio Aguilar Gómez (el “todas mías”), delegado regional de la Secretaría de Bienestar región Culiacán; María Teresa Guerra Ochoa, Secretaria de las Mujeres del gobierno sinaloense; Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, actual presidente municipal de Culiacán y anterior delegado de la Secretaría de Bienestar en Culiacán. Además, Claudia Vega, José Luis Contreras, Abigail Monroy Acosta y Cristian Espinoza, en su carácter de servidores públicos adscritos a la secretaría de bienestar; y quienes resulten responsables. Precisemos que habrá más denuncias, que abundarán en hechos y en implicados. Es el caso de la actual Secretaria de Bienestar del gobierno de Sinaloa, María Inés Pérez Corral, señalada como “la madrota” por su colusión en numerosos abusos sexuales. Quien aparece hasta ahora como principal implicado es Antonio Aguilar Gómez. Se le apoda “el todas mías” por sus numerosos delitos sexuales, y se le señala también por robarse los apoyos que debían llegar a madres de familia. Incluso con documento firmado, con el cinismo alentado por la impunidad, se obligó a mujeres a entregar a funcionarios ladrones el dinero que les tocaba, como condición para que no las corrieran del trabajo. Se denuncian complicidades brutales, principalmente del actual alcalde culichi Juan de Dios Gámez Mendívil, y de la Secretaría de las Mujeres en la entidad, María Teresa Guerra Ochoa. Del presidente municipal, que cuando acudieron con él a denunciar a “el todas mías”, el entonces delegado de Bienestar en Culiacán tachó de chismosas y problemáticas a las denunciantes. Un rufián de lo peor, y es poco decir. De Tere Guerra, la acusación de que en lugar de atender e investigar se puso de lado de los delincuentes. Acusada de violentar el anonimato de las denuncias y convertirse en cómplice de un asedio brutal que comenzó inmediatamente después de la denuncia recibida. La denuncia exhibe los delitos cometidos y las complicidades de quienes se supone tienen la responsabilidad de velar por la verdad y por la justicia. La advertencia puntual de que no son hechos aislados, “Es un gran número de mujeres que han sido víctimas de abusos de esta persona, consecuentado desde luego por los demás denunciados”. Puntual referencia a lo que quien esto escribe denunció, de que los abusadores sexuales hicieron listas de “requisitos” de las jovencitas a contratar y “favorecer”. Esbeltas, jóvenes y guapas. Las que no cubrían el perfil exigido, recibían trabajos foráneos y nocturnos. Puntualicemos que durante casi un año las denunciantes han ido y venido. Reuniones directas, con escritos puntuales, con el gobernador Rocha Moya; la fiscal de “justicia” Sara Bruna Quiñónez; el hoy alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, y la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, María Teresa Guerra. Con escritos enviados también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fueron ignoradas, pero también acosadas y amenazadas. La justicia en Sinaloa es una burla, cuando quienes violentan la ley son políticos poderosos o gente amiga de quienes gobiernan. Como advertimos, cuando menos de la exhibida no escapan. Ya está la primera denuncia, y habrá más. Además de la denuncia penal contra altos funcionarios de Sinaloa, se solicitó el amparo y la protección de la justicia federal. Contamos con copia del documento en mención, ante el juez de distrito en turno. En cumplimiento de nuestras responsabilidades y obligaciones, daremos puntual seguimiento a lo que procederá luego de esta denuncia, más las que se acumulen. Veremos si continúan las complicidades y los cinismos. Pendientes.  

Reportan ante Altoparlante que María Isabel Cruz Bernal “se volvió loca” por los señalamientos de que es una bandida, y ahora amenaza a Tere Guerra. Le encanta que le digan “la jefa” pero en los últimos días la señalan y ella misma se acepta como “apestada”. Funcionarios del gobierno que le han rendido pleitesía, de repente la dejaron de invitar a los eventos oficiales. No solamente le sacan la vuelta para evitar aparecer junto a ella, sino que además le acaban de suspender un nombramiento que ya tenía en la bolsa como representante oficial de las buscadoras de Culiacán. Por todo esto -arrogante y soberbia como ha sido-, su desesperación es creciente. Según dijo María Isabel en reunión de su colectivo Sabuesos Guerreras, la Secretaria de las Mujeres del gobierno de Sinaloa se comprometió con ella a que presentará demanda formal contra quien esto escribe. Que dentro de dos semanas, Tere Guerra acudirá ante el instituto de protección a defensores de derechos humanos y periodistas para denunciar las “agresiones” y “difamaciones” de Juan Manuel Partida en contra de la “luchadora social” Isabel Cruz Bernal. Esta última, como consejera del instituto, empujaría una resolución para condenar al periodista Partida y “ordenarle” que se calle. Isabel habría exigido a Guerra Ochoa que la defienda y ataque al columnista de Altoparlante. El sentido común nos da dos alternativas. La señora Cruz miente sobre el compromiso de María Teresa Guerra Ochoa, o ésta simplemente le dio piola para quitársela de enfrente. Hay que recordar la razón oficial del cese de Héctor Melesio Cuén Ojeda como Secretario de Salud estatal: por presentar denuncias formales contra periodistas. Nuestros informantes nos informan que Isabel Cruz advirtió ante ellas que atacará con todo a la Secretaria de las Mujeres, si no presenta la denuncia supuestamente prometida. “Tere le tiene mucho miedo porque Isabel se atreve a todo y le sabe muchas cosas”, agregan. Reiteremos que los dichos de Cruz Bernal son solamente eso, y está demostrado que es una bandida muy mentirosa. Lo de la supuesta promesa de Tere Guerra y de la amenaza de Isabel contra la funcionaria estatal fue comentado durante una reunión previa a un taller sobre violencia, del que compartimos imagen. Buscadoras subrayan que Cruz Bernal está furiosa por las exhibidas como ladrona. Con testimonios que incluso tienen nombre, se le ha acusado de convertir en jugoso negocio personal al colectivo Sabuesos Guerreras, simulando una lucha social que realmente no existe mientras a las familias afectadas les cobra cuotas quincenales. Que Tere Guerra y la Subsecretaria de Derechos Humanos sinaloense Patricia Figueroa compraron a María Isabel. Se trata de que el tema de los desaparecidos transite con el menor de los ruidos posible. Simular búsquedas y hacer manifestaciones solamente para exigir que los funcionarios le sigan pagando. Robar y robar, es lo que hace Isabel Cruz de acuerdo con los numerosos testimonios recibidos. Por eso hemos advertido la necesidad de que la depuren como consejera del instituto de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. No debe ni puede haber en un cargo así alguien que en los hechos está demostrado es una delincuente sin límites. En Altoparlante estamos deseosos de que nos denuncien formalmente, para comparecer y defender nuestras verdades. Aunque lo que ya tenemos basta para exhibir aún más a la bandida, no son pocas las buscadoras que muestran cada vez mayor disposición para declarar contra quien ha cometido contra ellas numerosas ilegalidades y abusos de poder. “Sus notas están moviendo muchas cosas, como no tiene idea”, nos comentaron anoche. Pendientes, pues.

Gravísimos problemas se viven en la Universidad Politécnica de Sinaloa en Mazatlán, con corrupciones impunes y carencias que los estudiantes han venido reclamando con una sola respuesta de los directivos: si no se aplacan serán expulsados. Los alumnos inconformes acusan que el rector actual, Héctor Daniel Brito Rojas, ha mostrado una total incapacidad para resolver las carencias que afronta la institución educativa. La denuncia que nos hacen llegar refiere que además de falta de voluntad de las autoridades hay un autoritarismo del que se hacen cómplices algunos maestros de la universidad. Un desplegado con el título de “Alumnos estudiamos bajo protesta” refiere puntualmente algunos de los principales problemas que enfrentan: -Exigimos talleres funcionales. -Necesitamos insumos básicos. -Un año sin cafetería. -Alto al acoso y opresión por parte de directivos. -Exigimos respeto como alumnos. La respuesta oficial ha sido de amenazas más fuertes y directas. Si le siguen no van a terminar la carrera, les advierten. Serán expulsados por “indeseables”, o reprobados a la mala por maestros que se ponen del lado del patrón, contra la razón y contra la verdad. Es importante señalar que la Auditoría Superior de la Federación presentó denuncia penal contra la UPSIN tras encontrar desvíos por 31 millones de pesos en un esquema similar al de la “estafa maestra”. Para no variar, esos robos siguen impunes. Compartimos como evidencia las páginas 30 y 31 del “Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2018” de la investigación realizada por la ASF.     Se señala ahí que en su comparecencia formal, la rectora Alma Hortencia Olmeda Aguirre declaró que ella “únicamente firmó dicho convenio y todo ese procedimiento fue llevado a cabo por el Director de Biotecnología de la UPSIN”. Este cargo lo ocupaba Víctor Alfonso Rodríguez Tirado. A pesar de ser señalado como responsable de irregularidades por 31 millones de pesos con “pagos” a empresas inexistentes, este gobierno de la “transformación” le dio a Rodríguez Tirado en enero un nuevo cargo de mayor jerarquía e importancia: Director de la División de Estudios Profesionales. Esa maroma de la presunción de inocencia a conveniencia, para proteger a los cuates señalados formalmente por actos de corrupción. De qué tamaño serán las irregularidades y las corrupciones, que tras ser nombrado como rector al inicio de esta administración estatal, Jorge Luis Guevara Reynaga renunció seis días después. “Por no querer ser parte de la mala historia que han dejado algunos rectores anteriores, además del involucramiento de la Universidad en la ‘estafa maestra’ y por valoración personal es que el 20 de diciembre de 2021 le presenté mi renuncia con carácter de irrevocable al doctor Rubén Rocha Moya, gobernador de nuestro estado”, refirió con crudeza el maestro Guevara Reynaga. Lamentablemente todo parece haber quedado ahí, sin que se investigue y castigue a quienes resulten responsables. Rocha Moya nombró entonces a Héctor Daniel Brito Rojas, y sobre su actuación referimos aquí la continuidad de ineficiencias e irregularidades. Ante la cerrazón del actual rector Brito Rojas, los alumnos demandaron de manera formal la intervención de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas -3 de octubre pasado-, con referencia puntual sobre la situación que se padece actualmente en la UPSIN.   El titular de esta dependencia, Herminio Baltazar Cisneros, envió oficio a la Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, para que “realice las acciones que considere pertinentes”. Ninguna respuesta, hasta ahora. Hay simulación, solapamiento y complicidad. Son los nuevos tiempos de nuestra política, con corrupciones que se mantienen en la impunidad insultante, a pesar de ser públicamente señaladas y documentadas. Sobre esas complicidades, nos aseguran desde dentro de la Universidad Politécnica de Sinaloa en Mazatlán que ninguna corrupción se castiga porque el rector y sus compinches tienen como padrino al doctor Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, quien hasta hace poco era delegado nacional del partido Morena en Sinaloa y hoy es secretario general, segundo al mando con Merary Villegas como presidenta. Eso parece explicar la desfachatez y el cinismo que prevalecen en la institución educativa. La exigencia de los estudiantes es que terminen las complicidades y que se ponga orden. Si no sucede, el problema crecerá junto con las protestas, y la situación terminará siendo insostenible.  

A casi cuatro meses de la desaparición de la locutora y periodista Cándida Cristal Vázquez “La Chulis”, el gobierno parece más preocupado en solapar a los presuntos implicados que en resolver el caso. Es un caso muy atípico, con detalles que exigen una investigación a fondo. En junio del año pasado se informó que Cándida Cristal había fallecido por covid, y hasta un homenaje se le hizo por parte del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión. La Chulis fingió su muerte, asustada porque le dijeron que la querían matar. Reapareció luego, tras enterarse que había en lo anterior solamente una intimidación. Poco más de un año después, la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda informando que La Chulis había sido levantada al salir de su casa en el fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán. El 25 de agosto se encontró un cadáver en un canal pluvial de El Cid, y con información aparentemente errónea de la fiscalía el gobernador Rubén Rocha Moya declaró oficialmente que se trataba de Cándida Cristal. Después del oso, rectificación aparente mientras bajo la mesa se asegura que error no hubo. A la joven se le vio por última vez el 21 de junio de este 2022, con videos que la muestran llegando a su casa. De entonces a la fecha, su madre América Rosario Rubio ha hecho mucho más que las autoridades. Mientras la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada elude una y otra vez sus obligaciones y responsabilidades, la señora América ha reunido montones de evidencias sobre los hechos y en torno a los presuntos implicados. De rodillas, la madre de La Chulis le pidió su apoyo a Rocha Moya pero de acuerdo con publicaciones en redes sociales todo ha quedado en promesas incumplidas por parte del ejecutivo estatal. No hay más que dos sopas: el gobernador está siendo engañado por la Fiscalía General de Sinaloa, o es parte del engaño. En el caso de la desaparición de Cándida Cristal Vázquez hay elementos de sobra que por puro sentido común obligarían a una investigación exhaustiva, pero Quiñónez Estrada no hace absolutamente nada. Citemos por ejemplo que uno de los presuntos implicados vendió sus negocios en Mazatlán y desapareció. La camioneta propiedad de Cándida Cristal, en la que andaba cuando fue vista por última vez, apareció de pronto con un dueño distinto. Seguro comprado el 16 de junio con un “propietario” distinto, no obstante que La Chulis andaba en esa camioneta todavía cinco días después. Cambio de placas vehiculares el primero de julio, con el domicilio Hacienda de San Marcos número 8989, colonia Hacienda del Seminario, que no existe. La póliza del seguro y las placas a nombre de Arturo de la Torre Valenzuela, quien en su credencial de elector aparece con un domicilio distinto en Privada Palma Real norte 328 poniente, fraccionamiento Palma Real, en Cajeme, Sonora. ¿Cándida Cristal vendió la camioneta y la trajo varios días después, hasta su desaparición? Quizás sí, quizás no. Sin duda es un asunto que debiera aclararse, pero la fiscal tiene otros datos. Para qué exagerar, dijera, si nada más hay una mujer desaparecida. La fiscal Sara Bruna ha dado muestras sobradas de que no le importa procurar justicia. Lo suyo es el valemadrismo y el uso político de la institución. En Sinaloa la justicia realmente no existe. Es omisa por valemadrismo, o por corrupción “trabaja” a favor de los criminales y de los amigos. Y lo peor de todo es que ni al gobernador ni al Congreso del Estado parece importarles. Hasta contentos se ven porque así sean las cosas. Ante ello, un duro reclamo de la señora América Rosario Rubio hacia el gobernador Rubén Rocha Moya. Acusa que “se está burlando de mí” y le exigió que cumpla su compromiso de que se investigue y resuelva. “Quieren darle carpetazo, pero no lo vamos a permitir”, sentenció. El gobernador de Sinaloa queda ante dos opciones. Exigir que se investigue hasta donde tope, o terminar otra vez atropellado por culpa de la fiscalía.