“La palabra es el arma de los humanos para aproximarse unos a otros”, Ana María Matut
ENTRAMPADOS
La reciente resolución del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa en torno al juicio de amparo 839/2023 ha generado un notable revuelo en el ámbito político y educativo del estado.
Este juicio, interpuesto por Jesús Madueña Molina, rector separado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en contra de la Auditoría Superior del Estado (ASE), fue declarado improcedente, favoreciendo así a la ASE.
Por un lado, la resolución del amparo a favor de la ASE marca un precedente significativo en la relación entre las instituciones educativas y los organismos de fiscalización del estado.
La auditoría 012/2023, objeto de este amparo, había sido un punto de fricción constante, con la UAS buscando evitar la fiscalización mediante varios amparos previos.
La decisión del juez de declarar improcedente este último amparo refuerza la autoridad de la ASE y su capacidad para auditar los recursos propios de la universidad.
Este fallo puede ser visto como un avance hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
Del otro lado, la perspectiva de la UAS, representada por su asesor jurídico José Ramón Bonilla Rojas, ofrece una narrativa distinta.
Bonilla Rojas argumenta que el sobreseimiento del amparo se debió a la existencia de un fallo previo (expediente 838/2023) que ya había declarado inconstitucional la auditoría 012/2023.
Según esta versión, la reciente decisión no representa una verdadera victoria para la ASE, sino más bien una reiteración de una resolución anterior.
Bonilla Rojas sugiere además que el tratamiento de este caso por el sistema judicial podría estar sesgado a favor del gobierno y de la ASE, cuestionando la imparcialidad y la transparencia del proceso.
El conflicto entre la UAS y la ASE pone en relieve las tensiones inherentes entre las instituciones educativas y los órganos de control gubernamentales.
La UAS sostiene que su desconfianza hacia la ASE, el gobierno estatal y el Congreso es la razón subyacente para sus amparos, reflejando un clima de desconfianza institucional que no se limita solo a cuestiones de auditoría.
Esta postura plantea interrogantes sobre la independencia y la equidad de los procesos de fiscalización en el estado.
En suma, mientras la ASE celebra esta resolución como un triunfo que refuerza su autoridad y capacidad de auditoría, la UAS la ve como una manifestación de un sistema judicial sesgado y politizado.
Este conflicto no solo tiene implicaciones inmediatas para la UAS y la ASE, sino que también afecta la percepción pública sobre la transparencia y la rendición de cuentas en Sinaloa.
La resolución de estas tensiones será crucial para establecer un entorno de confianza y cooperación entre las instituciones educativas y los órganos de control estatal, esencial para el buen gobierno y la gestión eficiente de los recursos públicos.
¿SIMPLE RETÓRICA?
Simple Retórica?
En un contexto político donde Morena ostentará la mayoría relativa en la próxima Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, las declaraciones de Paola Gárate, presidenta del PRI y diputada local electa por la vía plurinominal, invitan a un análisis crítico y escéptico.
Gárate asegura que, a pesar de contar con solo cuatro diputados, el PRI constituirá una “verdadera oposición”. Sin embargo, la realidad y la historia reciente del partido ponen en duda la eficacia y autenticidad de esta afirmación.
En primer lugar, la capacidad real del PRI para influir en el Congreso es limitada. Con solo cuatro diputados, el partido carece del poder de voto necesario para frenar las iniciativas propuestas por Morena.
Gárate menciona la intención de proporcionar “buen debate” y utilizar la tribuna para generar reflexiones con argumentos de peso.
No obstante, es cuestionable cuán efectivos pueden ser estos esfuerzos en un ambiente legislativo dominado por una mayoría que puede aprobar leyes sin necesidad de buscar consenso.
Además, la promesa de una “coordinación plena” y de “no permitir que exista un Congreso sometido a las insignias del Gobierno del Estado” suena más a retórica que a una estrategia concreta.
La historia del PRI en Sinaloa y a nivel nacional muestra un partido que ha tenido dificultades para adaptarse a un rol de oposición después de décadas de dominación política.
Las palabras de Gárate, aunque bien intencionadas, pueden ser interpretadas como intentos de mantener la relevancia en un escenario donde el poder real se les escapa.
Por otro lado, la posibilidad de formar alianzas con otras fuerzas políticas para “evitar iniciativas” que se consideren violatorias de los derechos de los sinaloenses es incierta.
Las alianzas en política son complejas y no siempre responden a principios ideológicos sólidos, sino a intereses pragmáticos que pueden cambiar rápidamente. Sin una base sólida y coherente de oposición, el PRI podría encontrarse aislado y sin la influencia necesaria para hacer valer su voz.
La insistencia en que la mayoría no siempre tiene la razón es válida en teoría, pero en la práctica legislativa, la capacidad de influir en el curso de las políticas depende de más que solo argumentos bien fundamentados.
La política es, en gran medida, un juego de números, y en este momento, los números no favorecen al PRI.
Cómo viene la próxima Legislatura, con la aplanadora de Morena y sus aliados, a la oposición la van a hacer papilla.
¿JAQUE MATE?
El alcalde de Mazatlán, Édgar González Zatarain, ha asegurado que no habrá ruptura con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán (Stasam).
Esta declaración, en la superficie, parece un gesto de conciliación y compromiso. Sin embargo, un análisis más detallado revela que las palabras del alcalde podrían ser más estratégicas que sinceras.
González Zatarain afirmó que no hay necesidad de medir fuerzas entre la autoridad y los trabajadores, y que la relación con el Stasam es fundamental para la gestión diaria de los asuntos de la ciudad y temas administrativos.
“La relación con el Sindicato debe ser permanente”, declaró, subrayando la importancia de mantener el diálogo abierto y continuo.
No obstante, estas declaraciones pueden ser vistas como una táctica para evitar conflictos abiertos durante los últimos meses de su administración.
El alcalde señaló que uno de los temas pendientes es el escalafón para otorgar bases sindicales y la dotación de equipo para los trabajadores. Este reconocimiento de temas pendientes puede interpretarse como un intento de apaciguar al sindicato, asegurando que sus demandas están siendo consideradas.
Sin embargo, la historia reciente sugiere que las relaciones entre las autoridades y los sindicatos pueden ser volátiles, y las promesas de diálogo y cooperación no siempre se traducen en resultados concretos
La afirmación de González Zatarain de que no es viable romper el diálogo con el Stasam en los pocos meses que le quedan en la administración puede ser una estrategia para asegurar una transición suave a la nueva administración municipal.
Esto plantea la pregunta: ¿es este un esfuerzo genuino por parte del alcalde para resolver los problemas pendientes, o simplemente una maniobra para evitar confrontaciones en el corto plazo?
Además, el alcalde comentó que ya se está organizando la comitiva de transición para la nueva administración municipal, en la cual el Sindicato juega un papel importante.
Este énfasis en la importancia del Sindicato para la próxima administración sugiere que mantener una relación estable con el Stasam podría ser más una cuestión de conveniencia política que de auténtica colaboración.
Tiempo al tiempo.
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