“Tras el vivir y el soñar, está lo que más importa: el despertar”, Antonio Machado
LOS APUNTADOS
El reciente proceso de selección para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado ha capturado la atención no solo de los actores políticos, sino también de la ciudadanía que sigue de cerca el devenir de esta institución crucial para el estado de derecho en Sinaloa.
Con la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada, la búsqueda de su sucesor ha puesto de manifiesto las intrincadas dinámicas de poder y las alianzas dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El segundo día de registro de aspirantes ha dejado ver un interesante panorama: cuatro nombres han surgido, con dos de ellos siendo figuras ya inmersas en la maquinaria de la FGE.
Esta circunstancia no es casual; más bien, refleja una tendencia hacia la consolidación de liderazgos internos, posiblemente como una estrategia para garantizar la continuidad de ciertas políticas y procedimientos que han caracterizado la administración anterior.
Claudia Zulema Sánchez Kondo y Dámaso Castro Saavedra destacan como los candidatos más visibles y, hasta cierto punto, con mayores posibilidades de éxito.
Ambos forman parte del círculo cercano de la exfiscal Quiñónez Estrada, y su presencia en este proceso podría interpretarse como un intento de mantener el statu quo dentro de la Fiscalía. Este hecho no pasa desapercibido, pues ambos participaron junto a Quiñónez Estrada en la terna que se presentó ante el Congreso del Estado en 2021.
La experiencia y la familiaridad con las operaciones de la FGE los colocan en una posición privilegiada, pero también bajo la lupa de aquellos que abogan por un cambio real en la institución.
Por otro lado, la inclusión de Martín Antonio Sotomayor Cázares y Josué Javier Ontiveros García añade una dimensión interesante a la contienda. Sotomayor Cázares, conocido por su papel en la denuncia de presuntos malos manejos en el Club Campestre Chapultepec, podría representar una figura disruptiva en la carrera por la Fiscalía.
El asunto es que al ser parte del equipo de Sara Bruna, es posible que la exfiscal, de quedar alguno de ellos electo luego de este proceso, sigan los mismos vicios en la Fiscalía.
Su historial indica una inclinación hacia la confrontación con figuras de poder establecidas, lo que podría ser visto como una cualidad deseable para quienes buscan un fiscal que no se someta a presiones políticas o corporativas.
Josué Javier Ontiveros García, con su experiencia como agente del Ministerio Público y asesor jurídico, también aporta un perfil técnico a la contienda, aunque su relativa distancia del círculo inmediato de la FGE podría ser tanto una ventaja como un obstáculo.
Su anterior intento en 2021 para ocupar el mismo cargo sugiere una persistencia y determinación que no debe subestimarse.
Sin embargo, resulta particularmente extraño que en esta primera tanda de registros no se haya inscrito la diputada local Gloria Himelda Félix Niebla. Los analistas políticos de Sinaloa asegurábamos que este martes se registraría, dado su peso político y la expectativa que había generado su posible candidatura.
Su ausencia abre interrogantes sobre sus intenciones y estrategias, así como sobre los movimientos detrás de las cortinas que podrían estar influyendo en el proceso.
Este proceso de selección se convierte así en un reflejo de las tensiones entre continuidad y cambio dentro de la Fiscalía General del Estado.
La eventual designación del nuevo fiscal no solo determinará el rumbo de la justicia en Sinaloa, sino que también enviará un mensaje claro sobre la dirección que el Estado está dispuesto a tomar en términos de seguridad y legalidad.
En última instancia, la pregunta clave que surge es si el nuevo fiscal será capaz de operar con independencia real, o si, por el contrario, las alianzas y compromisos previos marcarán su gestión.
La ciudadanía espera que quien asuma el cargo lo haga con un compromiso genuino hacia la justicia, libre de ataduras y con la firme intención de fortalecer el Estado de derecho en Sinaloa.
VALIDEZ
El fallo del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) que confirmó la validez de la elección en Ahome y el triunfo de Gerardo Octavio Vargas Landeros como alcalde electo es un acontecimiento significativo en el panorama político del municipio.
Este proceso no solo marca una victoria para Vargas Landeros, sino que también destaca la capacidad de los actores políticos para navegar las complejidades legales y electorales que caracterizan las contiendas en Sinaloa.
El caso llamó la atención por la cantidad de recursos de inconformidad presentados, tanto por Morena como por el PAN, dos partidos que, aunque en lados opuestos del espectro político, compartían la insatisfacción con el proceso electoral.
Morena acusó la realización de actos prohibidos durante el periodo de veda electoral y el uso indebido de recursos públicos por parte de Vargas Landeros, quien representó a una coalición que incluía al PRI, PAN, PRD y PAS.
Por su parte, el PAN pidió la anulación de votos en diversas casillas, argumentando irregularidades graves como la instalación de urnas en lugares no autorizados y la participación de personas no facultadas en el proceso de votación.
La decisión del TEESIN de declarar infundados la mayoría de estos recursos refleja, por un lado, la fortaleza de las instituciones electorales locales para hacer frente a las impugnaciones, pero también subraya las dificultades que enfrentan los partidos opositores al tratar de invalidar un resultado ya consolidado.
A pesar de los esfuerzos del PAN por anular más de 2 mil votos, el recuento final reafirmó la mayoría de Morena, consolidando la posición de Vargas Landeros como ganador.
Es relevante señalar que esta no es la primera vez que Vargas Landeros y Domingo Vázquez, el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, se enfrentan en las urnas y en los tribunales.
En 2021, Vargas Landeros también salió victorioso tras un proceso similar de impugnación, lo que sugiere un patrón en su capacidad para no solo ganar elecciones, sino también para resistir los desafíos legales que a menudo siguen a una contienda disputada.
Este fallo del TEESIN también plantea preguntas sobre la eficacia de las acusaciones de irregularidades electorales y la estrategia de los partidos que buscan impugnar resultados.
En este caso, tanto Morena como el PAN encontraron poco éxito en sus intentos, lo que podría reflejar una fortaleza subyacente en la campaña y el equipo legal de Vargas Landeros, o bien una falta de sustancia en las acusaciones presentadas.
La reelección de Vargas Landeros no solo refuerza su posición política en Ahome, sino que también envía un mensaje a sus oponentes sobre la importancia de la preparación legal y la solidez de los argumentos al momento de cuestionar los resultados electorales. Su capacidad para imponerse en las urnas y luego defender su victoria en los tribunales lo consolida como un actor político formidable en el municipio.
CONVENIO
El primer convenio firmado por Ana Francis Chiquete Elizalde como titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) marca un inicio significativo para su administración.
Este acuerdo, realizado en colaboración con el Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), subraya su compromiso con la juventud sinaloense y la promoción de la igualdad de género.
La alianza con el ISJU, liderado por Saúl Gerardo Meza López, busca implementar acciones de capacitación, prevención, y sensibilización, enfocadas en el empoderamiento de mujeres, niñas, y adolescentes.
Al ser su primer acuerdo, Chiquete Elizalde lo considera un buen comienzo, especialmente al enfocarse en un sector clave como la juventud.
Ambos funcionarios, representando una nueva generación de líderes, coinciden en la importancia de trabajar juntos para demostrar que los jóvenes pueden asumir responsabilidades y generar un impacto positivo en la sociedad.
Este convenio no solo fortalece los vínculos institucionales, sino que también refleja la voluntad de ambos de apostar por un futuro más equitativo y seguro para todos los jóvenes en Sinaloa.
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