Entre Veredas

“Hay algo más importante que la lógica: es la imaginación”, Alfred Hitchcock EL HECHO El proceso de desafuero contra Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en un hecho consumado en el plano político. Los movimientos de los últimos días así lo confirman: su salida del escenario público ya estaría siendo organizada desde los más altos niveles de gobierno. La acusación en su contra —que debe entenderse como parte de un proceso legal donde prevalece la presunción de inocencia— gira en torno a la adquisición irregular de 120 patrullas municipales mediante un contrato de arrendamiento por 176 millones de pesos, con sobreprecios señalados de hasta el 200% y sin licitación pública. Esta operación fue observada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y escaló rápidamente a la Fiscalía General del Estado, que a su vez notificó al Congreso local. El pleno votó de forma unánime por proceder con el desafuero. Pero lo más revelador es el contexto: trascendió que el viernes pasado, mientras Vargas Landeros sostenía una reunión en la Ciudad de México con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ese mismo día se ingresó la solicitud formal de desafuero al Congreso de Sinaloa. Un hecho que sugiere que desde el más alto nivel federal habría existido el aval político para avanzar en el proceso. A estas alturas, el acuerdo político parece estar definido: la diputada federal Ana Elizabeth Ayala Leyva sería la alcaldesa sustituta una vez que concluyan los procedimientos legales. La estructura de poder en Sinaloa ya estaría preparando el relevo, lo que indica que el rumbo institucional ya está trazado. El Congreso del Estado ha notificado oficialmente al Ayuntamiento de Ahome sobre la decisión del desafuero, paso indispensable para iniciar el proceso de sustitución y asegurar la continuidad administrativa del municipio. Citando un lugar visible de la puerta de entrada de la Presidencia Municipal de Ahome, el Congreso del Estado, a través del Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, notificó este lunes 28 de abril, alrededor de las 16:45 horas, al Alcalde, Gerardo Octavio Vargas Landeros, que deberá estar presente el martes 29 de abril a las 8:00 horas, para llevar a cabo la notificación del oficio de fecha 28 de abril del presente, en donde se determinó iniciar el procedimiento de desafuero en su contra. Dicho documento, emitido por la presidenta del Congreso del Estado de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, se da en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39 y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, y 82, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Habría que señalar que el origen del procedimiento es resultado de la revisión hecha por la Auditoría Superior del Estado al arrendamiento de 126 patrullas, con una inversión de 171 millones 451 mil 932 pesos, por adjudicación directa a la empresa Grinleasing, SAPI de C. V., lo que constituyó una violación a la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa. La defensa “hasta las últimas consecuencias” que ha proclamado el alcalde debe entenderse como parte de su derecho a la legítima defensa. Gerardo Vargas Landeros mantiene su calidad de presunto responsable y, por tanto, goza del principio de presunción de inocencia hasta que no se emita una resolución judicial definitiva. Sin embargo, en el terreno político, sus declaraciones son vistas como una estrategia de resistencia que difícilmente cambiará la correlación de fuerzas. El desenlace, más allá del juicio legal, representa una fractura profunda en su proyecto político de largo plazo. El desafuero no solo pone fin a su mandato como alcalde, sino que sepulta sus aspiraciones de contender por la gubernatura de Sinaloa en 2027, un objetivo que venía construyendo desde hace más de una década. La crónica del final está escrita. Lo que sigue ahora es simplemente el cumplimiento de los tiempos legales y la definición judicial de su situación. Ya veremos en que para esto… EL DEDO EN LA LLAGA La política, dicen, es el arte de lo posible, pero también es el espejo más fiel de las tensiones internas. Este lunes, trascendió la renuncia de Merary Villegas Sánchez a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa, en un movimiento que, aunque esperado por algunos, revela grietas más profundas en la estructura del partido guinda. Villegas Sánchez, quien había dejado su curul en la Cámara de Diputados para dirigir los destinos de Morena en el estado en julio de 2022, vuelve ahora al Poder Legislativo. Esta decisión, que aún no se hace oficial pero que ha sido confirmada por fuentes de Morena a nivel nacional, no obedece a una estrategia electoral ni a un acuerdo pactado: es, a todas luces, consecuencia de diferencias irreconciliables con su suplente Danisa Magdalena Flores Ojeda. Este tipo de desencuentros no son menores ni deben tomarse a la ligera. Morena, un partido que ha presumido de unidad en la narrativa pública, enfrenta aquí un caso evidente de fractura interna en Sinaloa, justo en un momento en que se requiere cohesión para sostener y ampliar su poder político. El regreso de Merary a San Lázaro implica más que una decisión personal. Representa un deslinde frente a una dirigencia que, al menos en lo interno, parece no haber logrado consolidar consensos. Además, deja en el aire la interrogante de quién tomará las riendas del partido en Sinaloa, y si quien llegue podrá coser las diferencias existentes o si, por el contrario, estas heridas se profundizarán de cara a los nuevos retos políticos. Cabe recordar que Villegas no es una figura menor. Su elección como dirigente estatal fue vista como un espaldarazo de la dirigencia nacional, y su papel fue clave durante las elecciones de 2024 para mantener la presencia de Morena en el estado. Su salida, en cualquier circunstancia, es significativa; pero más aún cuando se da por conflictos internos. Así, mientras en lo público se predica unidad, en lo interno la historia es distinta. Morena Sinaloa tendrá que demostrar si tiene la madurez política para

“Pero las palabras arden: como un sonido más allá de todo sentido, con un fulgor y hasta con un peso especialísimo”, Gonzalo Rojas SIN MIEDO A NADA El proceso de desafuero iniciado contra Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, ha encendido un nuevo episodio de tensión en la política de Sinaloa. La solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) para retirarle el fuero y procesarlo por presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas —por un monto superior a 171 millones de pesos— no solo tiene consecuencias legales, sino profundas implicaciones políticas. La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó que el contrato de arrendamiento fue adjudicado directamente a la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V., sin licitación pública ni justificación legal, lo que dio pie a la denuncia penal. Cabe destacar que esta empresa ya había estado involucrada en una polémica similar en el municipio de Culiacán, lo que complica aún más la percepción del caso. En este contexto, Vargas Landeros ha defendido su actuación y ha llamado a que el proceso sea manejado con responsabilidad, asegurando: “Yo estoy muy tranquilo. Confío en que las autoridades actuarán conforme a derecho. No he cometido ningún delito y mi administración ha sido siempre apegada a la legalidad”, señaló en declaraciones públicas. El alcalde también ha apelado a la confianza de la ciudadanía “Que no se dejen llevar por especulaciones; todo estará claro a su tiempo”, enfatizó. La historia reciente en Sinaloa enseña que procesos de desafuero contra alcaldes han tenido un fuerte componente político. Casos como el de Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán, y Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán, son ejemplos claros. Ambos, tras ser retirados de sus cargos, señalaron que su desafuero no fue estrictamente jurídico, sino que obedeció a intereses políticos superiores. Benítez Torres denunció en su momento presiones por parte de grupos de poder tras enfrentamientos con instancias estatales, mientras que Estrada Ferreiro acusó directamente a altos mandos estatales de buscar su salida para controlar políticamente el municipio. La forma en que fueron procesados sus casos dejó una percepción de instrumentalización de la ley para fines políticos. En este sentido, el caso de Ahome podría seguir una ruta similar, más aún cuando se desarrolla en un año de alta sensibilidad política por los procesos electorales venideros. La ciudadanía, ya de por sí escéptica frente a las instituciones, observa con atención si realmente se está ante un acto de justicia o una maniobra de control político. Diversos sectores empresariales y ciudadanos han pedido que el caso de Vargas Landeros sea tratado con objetividad. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Los Mochis ha llamado a evitar que el proceso se politice, y agrupaciones como Vigilantes Ciudadanos han exigido imparcialidad en las investigaciones. El desafío para las instituciones es doble: actuar con firmeza ante posibles actos de corrupción, pero también garantizar que el proceso sea impecablemente legal y libre de tintes políticos. De no hacerlo, se corre el riesgo de repetir un patrón que solo debilita el estado de derecho y profundiza la desconfianza ciudadana. El caso de Gerardo Vargas Landeros no solo pondrá a prueba su administración, sino también a las instituciones que dicen defender la legalidad y la justicia en Sinaloa. MORDER LA MANO En Guasave se ha confirmado, una vez más, que las formas importan más que el fondo cuando de aparentar legalidad se trata. A pesar de las evidencias y el clamor ciudadano, el municipio dio carpetazo a la denuncia de nepotismo que señalaba a familiares directos de funcionarios ocupando cargos públicos en la administración de la alcaldesa Cecilia Ramírez. El dictamen oficial concluyó que no existe ninguna irregularidad, a pesar de que la percepción pública y los hechos documentados apuntaban en dirección contraria. El síndico procurador Fred Flores Rubio y el titular del Órgano Interno de Control, Marco Antonio Báez, afirmaron que, tras una “exhaustiva investigación”, no se encontró responsabilidad alguna en los funcionarios señalados. Sin embargo, lo que debería ser motivo de tranquilidad para la ciudadanía ha causado, en realidad, mayor indignación. El manejo político del caso fue evidente. Se habla de una comida previa con regidores, donde se les adelantaron las conclusiones y se les pidió, tácitamente, su aval. Esta práctica revela un viejo vicio de la política: la operación interna para validar decisiones ya tomadas, disfrazadas de procesos institucionales. Más allá de lo que digan los documentos oficiales, para la ciudadanía de Guasave el nepotismo es un hecho conocido y comentado en cada rincón. La presencia de hijos, compadres, yernos, hermanos e incluso otros parientes cercanos en posiciones clave de la administración municipal no es una percepción: es una realidad. Aunque jurídicamente pueda sostenerse que, bajo ciertas figuras, se permiten contrataciones de familiares si no existe subordinación directa, el debate ético y político sigue abierto: ¿es correcto que una administración pública, cuyo deber es servir a todos por igual, privilegie a los familiares de quienes detentan el poder? La resolución de este caso reafirma una preocupante constante en la vida pública de Sinaloa y México: la impunidad institucionalizada. Más allá de los tecnicismos legales, el verdadero daño es a la confianza ciudadana. Cuando la autoridad se absuelve a sí misma de prácticas cuestionables, envía un mensaje devastador: en el servicio público, lo importante no es actuar correctamente, sino saber protegerse políticamente. Y como si fuera poco, queda pendiente la investigación sobre la directora de Immujeres, también señalada por mal manejo de recursos. Si el caso del nepotismo terminó en exoneración, pocos dudan que este expediente seguirá el mismo camino, coronando un esquema de impunidad que parece blindado contra cualquier intento de rendición de cuentas. La administración municipal de Guasave podrá sostener que actuó conforme a derecho, pero la batalla por la credibilidad la tiene perdida. Hoy, más que nunca, la ciudadanía percibe que en Guasave, la ley se interpreta a conveniencia y que la protección de intereses familiares y políticos sigue estando por encima del servicio público. En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil,

“La vida es como una leyenda: no importa que sea larga, sino que esté bien narrada”, Séneca ASPIRACIONES En un país donde la justicia muchas veces parece inalcanzable para los más vulnerables, la figura de Delia Icela Quiroa Flores Valdez emerge como una esperanza real de transformación y cercanía en el Poder Judicial. Su candidatura al cargo de jueza de Distrito no solo representa una propuesta técnica y bien fundamentada, sino también una apuesta por el acceso a la justicia con sensibilidad, enfoque social y compromiso ético. Abogada y activista, con una sólida formación académica que incluye una licenciatura en Derecho y Juicios Orales, así como una maestría en Amparo y Derechos Humanos, Delia Icela ha hecho de la defensa de los derechos humanos una vocación de vida. No es casual que su trayectoria esté marcada por un activismo genuino y comprometido con las causas más delicadas, como la protección de víctimas y el acompañamiento legal de personas en situación de vulnerabilidad. Lo que distingue a Quiroa Flores Valdez de otras candidaturas es su visión profundamente humana de la impartición de justicia. Para ella, el juzgador no puede ser un actor frío ni lejano. Su convicción de que los juzgados deben ser espacios de puertas abiertas, donde cada ciudadano pueda encontrar amparo frente a la arbitrariedad y el abuso de poder, habla de una perspectiva progresista y centrada en el servicio público. No busca ser simplemente una operadora jurídica más, sino una interlocutora activa con la sociedad. Sus propuestas son claras, viables y necesarias: facilitar el acceso de los ciudadanos a los expedientes de amparo, dotar a los juzgados de tecnología y personal capacitado para atender a quienes no cuentan con recursos, y priorizar los casos urgentes donde estén en juego la vida, la libertad o la dignidad humana. Son medidas que, sin duda, dignificarían la justicia federal y la harían más eficiente, más humana y más justa. En tiempos donde los tribunales enfrentan cuestionamientos por su lejanía con la sociedad y por procesos engorrosos y opacos, una figura como la de Delia Icela Quiroa nos recuerda que la función jurisdiccional también puede ejercerse con empatía, con convicción democrática y con verdadera vocación de servicio. Su candidatura, respaldada por el Poder Ejecutivo Federal, representa un perfil que entiende el derecho no solo como norma, sino como instrumento de equidad, como escudo frente al abuso, y como camino hacia la paz social. En ella encontramos no solo preparación técnica, sino el ingrediente más importante para impartir justicia: humanidad. RESPALDO Cuando la naturaleza impone sus condiciones y la crisis por la sequía amenaza al campo y a las comunidades de Sinaloa, es en los momentos de emergencia donde se revela quién está dispuesto a actuar con sentido de responsabilidad. Ricardo Madrid, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, ha demostrado que entiende perfectamente la dimensión del reto y la necesidad de trabajar sin cortapisas políticas. Su postura ha sido clara: la situación del agua en Sinaloa exige unidad, gestión eficaz y una voz firme que impulse la declaratoria de emergencia desde todas las trincheras posibles. Por eso, ha salido a respaldar de manera decidida al gobernador Rubén Rocha Moya, no por conveniencia política, sino por convicción, porque hoy más que nunca, Sinaloa necesita soluciones, no confrontaciones. Lejos de sumarse a discursos partidistas o a posturas que polarizan, Ricardo Madrid ha optado por tender puentes. Ha entablado comunicación directa con dependencias federales clave, como la Secretaría de Gobernación, para reforzar el llamado del gobierno estatal y lograr que la federación atienda con urgencia la crisis de sequía que golpea a la entidad. Este tipo de gestiones, muchas veces invisibles al ojo público, son las que hacen la diferencia entre la parálisis y el avance. Su mensaje es contundente: “dejemos de lado los temas políticos y partidarios; hoy, el tema más importante es Sinaloa”. Esta visión lo alinea con una forma de hacer política que prioriza el bien común, que responde a las necesidades de la gente y que entiende que la colaboración entre órdenes de gobierno es vital para enfrentar los desafíos más complejos. Ricardo Madrid también reafirma con hechos el compromiso del Partido Verde con la agenda ambiental. En un contexto donde la crisis climática ya no es un tema del futuro, sino una urgencia del presente, su presencia activa en este tema lo posiciona como un actor relevante para construir soluciones sustentables y permanentes. TRABAS La reciente declaración del gobernador Rubén Rocha Moya sobre el retraso en el pago de los 750 pesos por tonelada de maíz a productores de Sinaloa, refleja una problemática recurrente en el sector agropecuario: la burocracia como obstáculo para la justicia económica. Que los procesos entre Segalmex y SADER sigan entorpeciendo la liberación de recursos, es un golpe directo al sustento de miles de familias sinaloenses que viven del campo. El compromiso inicial era claro: los pagos debían llegar entre el 15 y 16 de abril. Hoy, más de mil 500 productores siguen esperando, mientras los gastos del ciclo agrícola no se detienen. Se requieren 400 millones de pesos para saldar lo pendiente, pero más allá de las cifras, está la urgencia humana y productiva de quienes ya cumplieron con su parte y ahora enfrentan la incertidumbre. Es positivo que el secretario estatal de Agricultura, Ismael Bello Esquivel, se encuentre gestionando personalmente en la Ciudad de México, pero esta situación debería servir como llamada de atención para reformar los mecanismos administrativos que, en lugar de agilizar, ralentizan apoyos cruciales. Sinaloa es líder nacional en producción de maíz; por tanto, sus productores merecen no solo respeto, sino eficiencia en los compromisos institucionales. El campo no puede seguir siendo rehén de trámites mal diseñados. A CONCIENCIA La recomendación de la titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, de evitar la comida chatarra este Día del Niño en las escuelas de Sinaloa, refleja una visión preventiva y responsable. En lugar de normalizar el consumo excesivo de azúcares y productos ultraprocesados, se hace un llamado a

“Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo”, Oscar Wilde OPACIDAD Los recientes resultados de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) revelan un síntoma preocupante del estado de nuestra democracia local: el incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de varios municipios de Sinaloa. En pleno 2025, no hay justificación válida para que Escuinapa con 63.83%, Rosario 47.17%, Sinaloa 32.17% y Concordia 31.65% siendo el alcalde Óscar Zamudio Pérez quien esté peor calificado. Estas cifras no son solo datos fríos en una tabla; son la evidencia tangible de un problema estructural: la falta de voluntad política, la indiferencia hacia la rendición de cuentas y, en algunos casos, la negligencia deliberada. Cuando un municipio apenas publica una tercera parte de la información que por ley debe estar disponible para sus ciudadanos, el mensaje es claro: no le interesa ser vigilado, y mucho menos cuestionado. Es cierto, como lo menciona la comisionada Margarita Campusano, que algunos ayuntamientos han comenzado a corregir el rumbo. Pero también es cierto que esas correcciones suelen llegar solo después de ser exhibidos públicamente. ¿No debería ser al revés? ¿No debería la transparencia ser la norma, y no una reacción ante la presión ciudadana o mediática? En contraste, es digno de reconocimiento que municipios como Mazatlán, Elota, Culiacán y Ahome hayan alcanzado un cumplimiento del 100%. Demuestran que sí es posible cumplir con la ley, y que cuando hay interés y liderazgo, la transparencia puede integrarse como parte de la cultura institucional. Estos ejemplos deben servir como estándar, no como excepción. Pero más allá de los números, hay una pregunta de fondo que no podemos ignorar: ¿a quién sirve la opacidad? La falta de transparencia permite el desvío de recursos, la corrupción discreta, el uso arbitrario del poder. En pocas palabras, es el caldo de cultivo ideal para que florezcan los peores vicios de la política. Un municipio que no informa, que no publica su nómina, sus contratos, sus presupuestos, es un municipio que renuncia a su ciudadanía y le cierra la puerta a la participación. Y si el ciudadano no tiene acceso a la información, tampoco tiene las herramientas para fiscalizar, decidir ni exigir. Por ello, el llamado debe ser claro y firme: los alcaldes y sus equipos están obligados a respetar y fortalecer los principios democráticos, y la transparencia no es un gesto de cortesía, es una obligación legal y moral. No se trata solo de subir documentos a un portal, sino de construir confianza, de abrir caminos al diálogo y de recuperar el valor de la palabra pública. En democracia, lo que no se ve, se sospecha. Y la sospecha, cuando se convierte en certeza, tiene un alto costo político y social. Que no se diga después que no fueron advertidos. EN ACCIÓN En Sinaloa, vivir no solo implica resistir la inseguridad o lidiar con la corrupción institucional; también significa cosechar con dignidad. Y cuando se habla de dignidad, el maíz, se convierte en el símbolo perfecto de resistencia frente a las fuerzas del mercado que buscan despojarnos, no solo de nuestros productos, sino también de nuestra voluntad. El llamado de Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, a los productores para que no se dejen engañar por los coyotes, es un grito de alerta que rebasa lo económico. Es un recordatorio de que, incluso en un año donde la producción se desploma a apenas un 30% de lo habitual, la unidad, la información y la organización pueden ser las herramientas más poderosas frente al oportunismo de quienes quieren comprar barato y vender caro, lucrando con la necesidad del campo. Porque no se trata solo de pesos por tonelada. Se trata de justicia. Se trata de saber que el esfuerzo de todo un ciclo agrícola no puede ser rebajado por el cinismo de intermediarios que han hecho carrera explotando la desinformación de los productores. El maíz, decía Octavio Paz, no es solo una planta: es un símbolo de nuestra civilización. Y mientras existan productores que sigan creyendo en su trabajo, que sigan cuidando la tierra y sembrando a pesar de todo, hay esperanza para este país. Pero esa esperanza necesita políticas públicas firmes, precios justos, y sobre todo, una comunidad campesina empoderada que sepa negociar y defender su producto como lo que es: un bien estratégico para la nación. ¿Queremos que los productores vivan o que solo sobrevivan? Hoy, con un mercado internacional que favorece mejores precios, los productores de Sinaloa tienen una oportunidad única para resistir el abuso, para levantar la voz, y para que el maíz vuelva a ser, no solo una fuente de ingreso, sino también una bandera de conciencia. Vivamos, pues, no sólo sembrando maíz, sino también sembrando organización, justicia y dignidad. Y que esa cosecha, la de la conciencia colectiva, sea la más fértil de todas. ESFUERZO En medio de los desafíos más severos —como lo es la sequía que golpea a numerosas comunidades de Sinaloa— también florecen las decisiones que inspiran. El encuentro entre el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, y el secretario de Obras Públicas del estado, Raúl Montero, no solo refleja una gestión responsable; representa un acto de voluntad institucional que recuerda que, incluso en tiempos difíciles, hay liderazgos que no se detienen. Cuando se habla de pozos, plantas potabilizadoras y abasto de agua, no se habla solo de infraestructura: se habla de vida. En cada litro de agua asegurado para una comunidad, hay niños que podrán estudiar sin sed, familias que podrán cocinar con dignidad, ancianos que enfrentarán menos riesgos de salud, y agricultores que mantendrán viva la tierra. El hecho de que estas reuniones sucedan incluso en días de asueto es revelador: hay conciencia de urgencia, pero también de responsabilidad. El bienestar social no entiende de calendarios, y quienes gobiernan con visión saben que las soluciones no pueden esperar al lunes. El proyecto de la planta potabilizadora de Jahuara II, por ejemplo, es

“El mundo es la suma total de nuestras posibilidades vitales”, José Ortega y Gasset ACUERDOS En un país donde muchas decisiones gubernamentales suelen tomarse desde el escritorio, el Ayuntamiento de Culiacán ha dado muestra de una política distinta: una que prioriza el diálogo, la escucha activa y el respeto a la voluntad ciudadana. La reciente reunión sostenida entre funcionarios municipales y vecinos de fraccionamientos donde se proyectan obras del programa “Viviendas para el Bienestar” confirma este compromiso. El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil ha dejado en claro que su administración no busca imponer, sino construir con la gente. Y eso, en estos tiempos, es una postura valiente y necesaria. En lugar de evadir el conflicto o acelerar procesos por encima del consenso, el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa su disposición a no realizar ninguna obra si no hay un acuerdo con las comunidades involucradas. Eso es gobernar con responsabilidad. En la reunión, encabezada por el secretario de Desarrollo Urbano Ricardo Sainz y la directora del IMPLAN Simei Cebreros, también participaron los regidores Cinthya Valenzuela y Luis García, quienes dieron muestra del compromiso del Cabildo por atender de manera cercana y directa las preocupaciones ciudadanas. Esta presencia no es menor: habla de un cuerpo edilicio involucrado, que no se limita a lo administrativo, sino que entiende la importancia del acompañamiento político en cada paso del gobierno municipal. Se asumieron compromisos concretos: revisar el tema legal del uso de suelo y mejorar espacios públicos, todo en un marco de comunicación directa y permanente. Y lo más importante: se reafirmó que no habrá construcción sin consenso. Hay que decirlo con claridad: el programa de “Viviendas para el Bienestar” es una iniciativa noble que busca atender el déficit habitacional en la capital sinaloense. Pero el verdadero mérito de este gobierno no está solo en impulsar proyectos sociales, sino en hacerlo con sensibilidad política, sin atropellar a nadie. Escuchar a los vecinos, darles espacio, explicar, convencer, ceder si es necesario. Eso es democracia. En un contexto nacional donde las tensiones sociales a menudo se resuelven con desplantes o indiferencia, lo que ocurre en Culiacán es digno de reconocimiento. Juan de Dios Gámez Mendívil no está gobernando solo con programas; está gobernando con principios. Y en esa ruta, el Ayuntamiento marca un camino que otros deberían seguir: el de una política que no olvida que, al final, el poder público tiene sentido solo cuando se ejerce para y con la ciudadanía. RECONOCIMIENTO El municipio de Ahome vuelve a destacar a nivel estatal y nacional, y esta vez lo hace con un reconocimiento que trasciende lo simbólico: es resultado de una gestión pública eficiente, comprometida y alineada con principios de transparencia, innovación y, sobre todo, cercanía con la ciudadanía. Bajo el liderazgo del alcalde Gerardo Vargas Landeros, el Ayuntamiento obtuvo el primer lugar en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2024, una herramienta del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) que evalúa con rigurosidad el desempeño institucional de los gobiernos locales. Este logro no es fruto del azar. Es consecuencia de un trabajo articulado, de una planeación estratégica que ha involucrado a todas las áreas del gobierno municipal y de una convicción clara: gobernar con eficiencia, pero también con sensibilidad. La Directora de Planeación Municipal, Iveth Félix Castro, lo dijo con claridad al recibir el reconocimiento en representación del presidente municipal: el éxito de Ahome es resultado de un trabajo en equipo guiado por un liderazgo firme y comprometido. Destaca también que Ahome fue distinguido por implementar la mejor práctica municipal del estado a través del proyecto “Por Humanismo, JAPAMA de tu lado”. Esta iniciativa, reconocida por su carácter innovador y replicable, refleja el nuevo rostro de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome: una institución que pasó de estar en crisis a ser ejemplo de transformación y mejora continua. Lo que antes fue una debilidad estructural, hoy es una fortaleza que brinda servicios de calidad, con eficiencia operativa y atención ciudadana oportuna. El reconocimiento cobra aún mayor relevancia si se toma en cuenta que la evaluación fue aplicada por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) y coordinada por el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social (ISDESOL), lo que garantiza imparcialidad y sustento técnico. Y más allá de los porcentajes —que, en el caso de Ahome, rozan el 95% de cumplimiento en los reactivos evaluados— lo que debe destacarse es el enfoque humanista con el que se ha gobernado: poniendo a las personas en el centro, con acciones concretas que mejoran su calidad de vida. Este tipo de reconocimientos dignifican el servicio público. Reflejan que cuando se combina visión, liderazgo y capacidad de ejecución, es posible cambiar la realidad desde lo local. Ahome es hoy una referencia positiva en Sinaloa y en el país, y eso debe celebrarse, pero también asumirse como una responsabilidad: la de seguir consolidando un gobierno que escuche, resuelva y construya confianza desde el territorio. POR BUEN CAMINO Cuando se habla de progreso tangible, pocas acciones lo reflejan tan claramente como la ejecución eficiente de obra pública. En Mazatlán, el inicio del 2025 ha sido ejemplo de cómo una visión ordenada, con prioridades bien establecidas y recursos bien aplicados, puede marcar la diferencia en la vida cotidiana de las personas. Bajo la administración de Estrella Palacios Domínguez, se han concluido ya 12 obras y hay 39 más en distintas etapas de avance, lo que representa un dinamismo notable en materia de infraestructura social. El enfoque de esta administración no solo está en construir por construir, sino en generar bienestar real. Más de 100 millones de pesos ya han sido aplicados de los 336 millones contemplados en el Plan de Obras 2025, priorizando la pavimentación de calles y la rehabilitación de redes hidrosanitarias, tanto en zonas urbanas como rurales. Esta decisión responde a una necesidad urgente: dignificar las condiciones de vida de familias que por años han vivido entre calles polvorientas, inundaciones o drenajes colapsados. La transformación es visible y se puede palpar en

“Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar”, Mark Twain PRESENCIA Por donde se le mire, Guillermo “Memo” Romero Rodríguez está viviendo un nuevo momento político. Lejos de aquellos tiempos donde el ímpetu pudo más que la estrategia, hoy se muestra como un actor maduro, consciente del valor del tiempo, de la presencia y, sobre todo, del acercamiento genuino con la gente. Su aparición reciente en Villa Unión, durante los festejos carnestolendos, no fue casual ni improvisada. Fue la confirmación de que Memo está de regreso, con fuerza, y con una renovada lectura del escenario político. Mientras algunos se ausentaron de ese evento crucial para el ánimo del pueblo, Romero aprovechó el vacío para ocupar el centro de atención. No con discursos grandilocuentes ni promesas huecas, sino simplemente estando ahí, escuchando, saludando, siendo parte del pueblo. La gente lo buscó, le pidió favores, le gritó que volverían a votar por él. No fue necesario más. La conexión estaba intacta. Este resurgimiento no es un golpe de suerte ni una jugada improvisada. Es fruto de una estrategia calculada, de un entendimiento claro de que en política los espacios se ganan con presencia, no con ausencias. Memo aprendió de sus aciertos y de sus errores, y hoy administra con inteligencia su capital político, que lejos de desgastarse, se ha fortalecido con el paso del tiempo. La cercanía que mostró con figuras como Estrella Palacios, a quien saludó cordialmente en un acto anterior, habla también de su capacidad de tender puentes, de entender que el futuro de Mazatlán no se construye con rivalidades eternas, sino con acuerdos y civilidad política. Memo Romero ha demostrado que sigue teniendo lo suyo, que conserva el carisma, la empatía y, sobre todo, la voluntad de seguir en la jugada política. No sorprende que desde el CEN de Morena exista interés en atraerlo. Su presencia es garantía de arraigo, de trabajo cercano y de resultados. En un escenario político donde la gente valora más que nunca la cercanía y la coherencia, Memo Romero ha encontrado el momento oportuno para volver al centro del reflector. Y todo indica que llegó para quedarse. ARRIEROS SOMOS En medio de la discreta pero ya activa contienda por la Secretaría General del SNTE Sección 27, donde seis aspirantes del círculo interno se preparan como alumnos aplicados para el “examen sindical”, hay uno que destaca no sólo por su experiencia, sino por su conexión real con las bases: Francisco Everardo Meléndrez Hernández. Mientras algunos se refugian en cargos administrativos o comisiones fuera del estado, Everardo mantiene los pies en el territorio que más importa: las primarias. Como Secretario de Trabajo y Conflictos de ese nivel, ha sido testigo cercano de los problemas que enfrentan miles de docentes en Sinaloa, desde la falta de recursos hasta las deficiencias en infraestructura y la lentitud en los procesos de asignación. Y no sólo ha sido testigo, sino interlocutor activo, consiguiendo soluciones concretas que, si bien no siempre son espectaculares, sí son funcionales. Su presencia constante en las escuelas —sin reflectores ni discursos grandilocuentes— le ha permitido construir una red de confianza con docentes que hoy exigen menos promesas y más realismo. Es precisamente ahí donde Everardo encuentra su ventaja: en la coherencia entre lo que dice y lo que hace. A diferencia de otros aspirantes que apuestan por discursos ensayados y un activismo de ocasión, él ha sostenido un trabajo silencioso pero firme. No es el más mediático ni el más ruidoso, pero es de los pocos que entienden que liderar un sindicato no es posar para la foto, sino tener la capacidad de leer la nómina, negociar con dignidad y dar la cara cuando los maestros están en la incertidumbre. Por eso, si bien todos los aspirantes juegan con cartas similares —experiencia interna, respaldo de algún grupo, conocimiento del sistema—, Everardo lleva un as bajo la manga: el respeto de los docentes de a pie, esos que ya no se impresionan con retórica ni estructuras, pero sí con resultados. La Sección 27 se enfrenta a un momento clave. Elegir al próximo Secretario General no es sólo decidir quién se sienta en la oficina principal, sino quién será capaz de encabezar la defensa real del magisterio en tiempos de cambios estructurales, presión política y desgaste institucional. Y en esa carrera, Francisco Everardo Meléndrez Hernández no sólo va bien preparado: va con ventaja. ACCIONES Los números de esta Semana Santa en Sinaloa no solo reflejan un buen momento para el turismo, sino también una estrategia bien ejecutada desde el gobierno estatal. Con más de 3 mil 200 millones de pesos en derrama económica y casi 2.4 millones de visitantes, el periodo vacacional confirma que la vocación turística de Sinaloa sigue siendo motor clave para su economía. Más allá del sol y la playa, la coordinación entre dependencias y la reactivación del comercio local en lugares como Mazatlán, Altata e Imala revelan una intención clara de no dejar a nadie fuera. Lo turístico dejó de ser exclusivo de los destinos “ancla” para alcanzar a comunidades más pequeñas. La apuesta ahora es sostener esa dinámica durante la Semana de Pascua y eventos como la Semana de la Moto. Si se mantiene el enfoque de inclusión económica, no solo serán vacaciones exitosas, sino una política pública que deja huella. Todas mis columnas en: https://altoparlante.com.mx/entre-veredas/.  

“La Naturaleza nos es hostil porque no la conocemos: sus crueldades representan la venganza contra nuestra indiferencia”, Santiago Ramón y Cajal CUENTAS CLARAS Sinaloa ha dado una lección de civilidad, coordinación institucional y responsabilidad ciudadana durante la Semana Santa 2025. En un contexto donde los retos de seguridad y organización suelen ser complejos, el estado logró salir adelante con saldo blanco en la mayoría de sus municipios, destacando lo que se puede lograr cuando sociedad y gobierno trabajan de la mano. El caso de El Fuerte es emblemático. Con una afluencia cercana a las 80 mil personas entre el Pueblo Mágico, balnearios y centros ceremoniales mayos-yoremes, no solo se garantizó la seguridad de los visitantes, sino que también se promovió con éxito el patrimonio cultural de la región. Este esfuerzo de promoción local, impulsado por la dirección de Turismo, permitió que más sinaloenses redescubrieran la riqueza de su tierra. La región del Évora, integrada por Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura, también reportó una Semana Santa sin incidentes mayores. Destinos como Costa Azul, Playa Colorada y La Reforma atrajeron a miles de visitantes que disfrutaron sin contratiempos, gracias a la vigilancia y operativos preventivos desplegados por sus respectivos cuerpos de seguridad. En Guasave, la gran concentración de personas en balnearios y playas no fue motivo de preocupación. Bellavista y Las Glorias recibieron a más de 200 mil personas entre ambas, y aunque se presentaron algunas atenciones médicas y accidentes viales, se evitó lo más importante: la pérdida de vidas humanas. Culiacán, como capital del estado, también cumplió. El operativo desplegado permitió que más de 22 mil personas disfrutaran de los espacios recreativos sin incidentes graves. La rápida localización de un menor extraviado y el auxilio mecánico brindado a varios vehículos hablan de un trabajo atento, humano y eficaz por parte de las autoridades municipales En el norte del estado, Ahome vivió una Semana Santa ordenada, alegre y familiar. El alcalde Gerardo Octavio Vargas Landeros confirmó saldo blanco y destacó el ambiente sano en playas, ríos y centros ceremoniales. Tan solo en la playa de El Maviri se registraron 16 mil visitantes durante el Domingo de Resurrección, y el sábado se duplicó el ingreso de vehículos. La excelente respuesta ciudadana y la labor conjunta de los tres órdenes de gobierno hicieron posible una jornada memorable para los ahomenses y visitantes. Por su parte, el municipio de Sinaloa también concluyó este periodo vacacional con tranquilidad y sin incidentes. Según informó el secretario del Ayuntamiento, Radamés Véliz Quiñónez, lugares como el Malecón de Sinaloa de Leyva, la presa Bacurato, y los arroyos de Ocoroni y Estación Naranjo registraron gran afluencia, sumando más de 40 mil visitantes. La coordinación entre cuerpos de seguridad y auxilio fue clave para que todo transcurriera en paz, mostrando una vez más la hospitalidad y organización del municipio serrano. Y Mazatlán, como el gran motor turístico del estado, no fue la excepción. Con una ocupación hotelera del 85 por ciento, más de 500 mil visitantes estimados entre Semana Santa y Semana de la Moto, y una derrama económica calculada entre 1,400 y 1,600 millones de pesos, el puerto reafirmó su liderazgo como destino preferido. La presidenta municipal Estrella Palacios Domínguez subrayó la reactivación intensa de zonas como El Faro, el Gran Acuario, playas, restaurantes y comercios. El malecón albergó hasta 20 mil personas en una sola noche, y en todo momento prevaleció el orden gracias al trabajo conjunto de autoridades y cuerpos de auxilio. Esta Semana Santa no solo dejó playas llenas y hoteles con buena ocupación; dejó algo más valioso: el ejemplo de que sí se puede tener un periodo vacacional seguro y disfrutable. ENFOQUES Los lamentos de armadores y pescadores que aseguran que la pesca ya no es redituable son comprensibles, pero también deben analizarse con una visión más amplia y de futuro. En Sinaloa, el corazón pesquero de México, el reto no es si la pesca va a terminar, sino cómo adaptarla a una nueva era: más eficiente, más sostenible y, sobre todo, más organizada. Flor Emilia Guerra Mena, secretaria de Pesca en el estado, lo resume con claridad: la pesca no se va a acabar. Y tiene razón. El mar sigue ahí, la biodiversidad sigue siendo fuente de riqueza, y los productos como el camarón, la jaiba y ahora incluso la ostra, continúan siendo demandados. El problema no es la escasez absoluta, sino la falta de adaptación de una industria que lleva décadas operando con prácticas que ya no se sostienen ni en lo económico ni en lo ambiental. La solución no está en la nostalgia, sino en la transformación. Modernizar las embarcaciones, utilizar motores ecológicos, promover nuevas tecnologías y, sobre todo, entender que el futuro de la pesca está en la sustentabilidad. La sobreexplotación, los altos costos del combustible y la competencia desleal solo se contrarrestan con innovación, organización y cooperación. Aquí entra el papel fundamental del cooperativismo. El surgimiento de nuevas federaciones pesqueras en los últimos tres años demuestra que los trabajadores del mar están entendiendo que unidos pueden acceder a apoyos, gestionar mejor sus recursos y, por supuesto, tener mayor representación ante los gobiernos. Esta es una ruta que debe fortalecerse: la organización comunitaria como pilar del nuevo modelo pesquero. Y no hay que perder de vista la diversificación. La acuicultura y la ostricultura son alternativas viables que están tomando fuerza. La idea de que solo el camarón sostiene al sector debe romperse. Sinaloa tiene un amplio litoral y muchas posibilidades de aprovechamiento responsable. Apostar solo a una especie o a un modelo tradicional es condenar a la actividad a la obsolescencia. La pesca, como cualquier otra industria, debe reinventarse o morir. Pero en este caso, no hablamos de una muerte inminente, sino de una necesaria evolución. La pesca no está en crisis; está en un momento de definición. Si el sector —tanto en sus líderes como en sus bases— abraza el cambio, la pesca sinaloense no solo sobrevivirá: será un modelo nacional de cómo se puede producir sin destruir. PATEAR EL

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”, Mario Vargas Llosa RESPONSABILIDAD La sequía que azota a Sinaloa desde mayo de 2024 no es un fenómeno menor. A lo largo de casi un año, ha golpeado de forma silenciosa pero persistente a los 20 municipios del estado, comprometiendo no solo la producción agrícola, sino también el acceso básico al agua potable para miles de familias. En este contexto, el gobernador Rubén Rocha Moya ha tomado una decisión valiente y necesaria: solicitar de manera formal la Declaratoria de Desastre Natural ante el Gobierno Federal. La solicitud, firmada públicamente durante su Conferencia Semanera, no es un acto de desesperación, sino de responsabilidad. Rocha reconoce que la capacidad del Estado ha sido rebasada para hacer frente, por sí solo, a los efectos de una sequía prolongada y severa. Con 60 pipas estatales repartiendo agua a comunidades vulnerables, el esfuerzo local ha sido real, pero ya no basta. Se necesita más, y se necesita ahora. Es significativo que el gobernador haya realizado este trámite de cara a la ciudadanía, atendiendo el reclamo social expresado por muchos medios y ciudadanos que viven la carencia del agua en carne propia. Además, su postura encuentra eco en la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya reconoció públicamente que estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Coahuila están entre los más afectados del país. La Declaratoria no es solo una formalidad: es la llave que permitiría acceder a recursos federales para instalar plantas potabilizadoras portátiles, llenar cisternas y garantizar agua segura para el consumo humano. Esta medida es urgente, pues actualmente muchas familias solo tienen acceso a agua para uso doméstico, sin garantías sanitarias para beber. El liderazgo de Rocha Moya en este tema debe reconocerse. Lejos de ocultar la gravedad del problema, la ha enfrentado con claridad, transparencia y disposición para trabajar en conjunto con la Federación. En tiempos donde la indiferencia o la dilación pueden costar vidas o salud, la acción inmediata y la coordinación institucional son el camino correcto. Hoy más que nunca, los sinaloenses necesitan un gobierno que escuche, actúe y defienda su bienestar. Y en esta lucha contra la sequía, Rocha ha demostrado estar a la altura. ACLARANDO AMANECE En tiempos donde la desconfianza hacia el poder público parece ser la norma, el alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, se presenta como una excepción que vale la pena reconocer. Su reciente posicionamiento respecto a las acciones de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE) no sólo demuestra compromiso con la transparencia y la legalidad, sino que se alinea con los principios más genuinos de la Cuarta Transformación: la rendición de cuentas, el ejercicio ético del poder y el respeto por las instituciones. Lejos de escudarse o evadir la revisión del manejo de los recursos públicos, Vargas Landeros ha respaldado abiertamente la supervisión, tal como lo ha hecho el gobernador Rubén Rocha Moya y como lo impulsa la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, no solo lo dice: lo aplica. Prueba de ello son los reconocimientos nacionales y estatales que ha recibido Ahome en materia de transparencia, algo que no se logra con discursos, sino con trabajo real y constante. El municipio no solo ha destacado en la rendición de cuentas, sino también en seguridad pública, posicionándose, según cifras del INEGI, como uno de los municipios más seguros del país durante cuatro años consecutivos. Esto no es casualidad. Es el reflejo de una administración ordenada, abierta a la fiscalización y firme en su responsabilidad con la ciudadanía. Vargas Landeros ha construido su liderazgo sobre la base de más de 40 años de servicio público, experiencia que hoy respalda cada decisión que toma como presidente municipal. Ahome es un municipio que avanza, y lo hace porque cuenta con un gobierno que no teme al escrutinio público, sino que lo respeta y lo promueve. En un contexto donde muchos optan por la opacidad o el enfrentamiento institucional, Gerardo Vargas Landeros apuesta por el diálogo, la legalidad y el respeto a las reglas del juego democrático. El municipio de Ahome es reconocido a nivel nacional por los números en materia de Seguridad, es el quinto lugar nacional de los municipios más seguros de país, y eso de destacar en las condiciones que se encuentra la entidad y el la Nación. El tema de lo que se realizó no fue menor, pero los resultados están comprobados de que se tuvo un objetivo, darle prioridad a la seguridad al municipio de Ahome. Tiempo al tiempo. LLAMARADA DE PETATE La administración municipal de Escuinapa vive días de sacudidas silenciosas. Este lunes, Isabel Ávila Olivas presentó su renuncia al cargo de tesorera municipal por motivos de salud, según confirmó el alcalde Víctor Díaz Simental. Con esta, ya son tres las salidas en menos de tres semanas dentro del equipo cercano al presidente municipal, lo que inevitablemente genera más preguntas que certezas. Primero fue Jorge Alberto Caldera, director de Obras Públicas, quien presentó su renuncia el 28 de marzo —también por razones médicas— aunque en su caso, el alcalde no la aceptó y optó por transformarla en una licencia médica. Luego, el 1 de abril, renunció Tania Valdez como Oficial Mayor. Y ahora, la salida de Ávila Olivas como responsable de las finanzas municipales. ¿Coincidencias? Tal vez. ¿Señales de algo más profundo? Muy probablemente. Las razones de salud pueden ser legítimas, pero cuando se acumulan en cadena y en cargos clave, difícilmente pueden tomarse como simples casos aislados. Más aún cuando, según el propio alcalde, se encuentra fuera del municipio “atendiendo asuntos jurídicos”, mientras en casa se va desmoronando el gabinete. Llama la atención también la falta de claridad sobre el rumbo inmediato. La renuncia de Ávila Olivas aún no tiene sustituto definido, y será hasta la próxima sesión de cabildo cuando se aborde el tema. La falta de previsión en un área tan delicada como Tesorería municipal no es menor: se trata de las finanzas públicas, del uso y destino de los

“No todo error debe calificarse de necedad”, Cicerón MODERNIDAD La política, como ejercicio de poder y transformación social, encuentra en las obras públicas un poderoso instrumento de legitimación. El reciente acto de apertura del puente elevado sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio en Mazatlán no solo representa una respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía, sino también un momento simbólico en el relato político del gobernador Rubén Rocha Moya. La obra, con una inversión de 233.8 millones de pesos, no es menor ni en términos financieros ni estratégicos. El puente tiene una función práctica, claro está: reducir embotellamientos, mejorar la conectividad urbana y elevar la calidad de vida de los habitantes del sur de Mazatlán. Sin embargo, más allá del concreto y el acero, se construye algo más: un capital político que busca trascender hacia la narrativa del cumplimiento, la transformación y el compromiso con la Cuarta Transformación. Rocha Moya, acompañado de su equipo cercano y de figuras clave del gabinete y el Congreso local, no dejó pasar la oportunidad de vincular esta inauguración con su palabra empeñada en campaña. En tiempos donde la confianza en la clase política se tambalea, el acto de cumplir promesas cobra un valor sustancial. No es casual que la apertura se diera justo antes de Semana Santa, un momento de alta movilidad y visibilidad mediática; ni que se subrayara el impacto directo en los sectores populares, cuya movilidad ha estado históricamente marginada de la planeación urbana. Es importante destacar la labor del Secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, quien pese a las adversidades técnicas, logísticas y de coordinación, logró encabezar con eficacia la culminación de esta obra prioritaria. Bajo su dirección, y con el respaldo del gobernador Rocha, se garantizó que el puente Colosio quedara operativamente funcional en tiempo clave, permitiendo su apertura al tránsito vehicular antes del inicio del periodo vacacional, beneficiando a miles de ciudadanos. Su gestión técnica ha sido un factor determinante para convertir este proyecto en una realidad tangible. El puente no es una obra aislada, sino parte de una estrategia más amplia de infraestructura que se inserta, además, en el discurso federal: se le vincula al “Plan México” impulsado por Claudia Sheinbaum, lo cual sugiere una alineación programática y política de los gobiernos estatal y federal. Así, Rocha se coloca no solo como ejecutor local, sino como parte activa de un proyecto nacional. Y ese matiz no es menor, en un contexto donde las lealtades políticas se están redefiniendo de cara a los próximos años. Otro elemento interesante del acto es la presencia de figuras como Teresa Guerra presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y Feliciano Castro secretario general de Gobierno, operadores políticos con peso específico en la estructura de poder en Sinaloa. Su inclusión en el evento subraya la intención de mostrar cohesión en el equipo de gobierno, en momentos donde la unidad interna del proyecto es tan importante como su ejecución externa. Mazatlán, como polo turístico y económico, demanda soluciones integrales de movilidad. Pero también, como ciudad simbólica en la geografía política del estado, requiere actos que refuercen la imagen del gobierno en turno. El puente Colosio es ambos: respuesta a una necesidad real y mensaje político con destinatarios múltiples. En resumen, la inauguración de esta obra vial debe leerse no solo como la entrega de una infraestructura clave, sino como un episodio dentro de una narrativa más amplia: la del gobernador que cumple, que ejecuta, y que se proyecta como constructor de un Sinaloa moderno y alineado con el proyecto nacional de transformación. Y también, la del secretario Montero Zamudio, quien demuestra que, con dirección técnica y voluntad política, hasta los retos más complejos pueden ser superados. NUEVOS AIRES La llegada de César Emiliano Gerardo Lugo y Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela a la dirigencia estatal del PRI en Sinaloa marca el inicio de una etapa que, aunque desafiante, podría convertirse en la bocanada de aire fresco que el priismo necesitaba con urgencia. Después de años de tropiezos internos, fugas de militantes y una notoria desconexión con la base, el partido parece encontrar una ruta de reconciliación con su historia, sus ideales y, sobre todo, con la gente. La etapa anterior fue tensa, cargada de decisiones que lastimaron a sectores importantes de la militancia. Hubo reclamos legítimos, inconformidades que no encontraron eco y un evidente distanciamiento entre la dirigencia y la estructura territorial. Pero eso, precisamente, da mayor valor al momento actual: es una oportunidad para reconstruir desde la humildad y el compromiso genuino. César Emiliano y Liliana no llegan con varita mágica ni con promesas vacías. Llegan con una tarea clara: reorganizar el partido, fortalecer la identidad priista y devolverle a las bases el protagonismo que les fue negado. Es un reto mayúsculo, pero también una ocasión única para cambiar la narrativa. Este relevo en la dirigencia no puede ser visto como un simple cambio de nombres. Es un llamado a la unidad, a la renovación con raíces, al diálogo entre generaciones. Si la nueva dirigencia logra abrir espacios reales para los jóvenes, para las mujeres, para los liderazgos regionales y para los militantes que nunca se fueron a pesar de todo, entonces el PRI en Sinaloa podrá volver a ser competitivo. Las elecciones que vienen serán el primer gran termómetro, pero la verdadera prueba estará en el trabajo de tierra, en la construcción diaria, en la cercanía con los problemas reales de los sinaloenses. Si el PRI logra escucharlos, representarlos y hablar su lenguaje, entonces el priismo puede resurgir no como una fuerza nostálgica del pasado, sino como una alternativa con visión y propósito. Es temprano para cantar victoria, pero ya es tiempo de tener esperanza. Y hoy, esa esperanza lleva los nombres de César y Liliana. RESPALDO La jornada electoral para elegir al nuevo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no solo fue un acto administrativo, sino una poderosa lección de participación y madurez democrática. En tiempos donde las instituciones enfrentan cuestionamientos, la

“Podemos ayudarlo mejor a evitar la guerra no repitiendo sus palabras y siguiendo sus métodos, sino encontrando palabras nuevas y creando nuevos métodos”, Virginia Woolf NI VERGÜENZA HAY La reciente postura de la alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, frente a la denuncia anónima por nepotismo y contratación indebida en su gobierno, revela más de lo que aparenta. Si bien se pronuncia “abierta” a cualquier investigación y celebra que la ciudadanía se involucre, lo cierto es que sus declaraciones están cargadas de evasivas, insinuaciones políticas y una peligrosa normalización de lo irregular. Decir que “está bien que la ciudadanía esté atenta” es lo mínimo esperable de cualquier funcionaria pública. No es un favor, es una obligación constitucional. Pero deslizar, como lo hizo, que estas denuncias probablemente son parte de una campaña política es una estrategia gastada: desviar la atención de los hechos concretos culpando a “la grilla”. La denuncia anónima que reveló la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, no es poca cosa. Involucra señalamientos de nepotismo, una de las prácticas más nocivas dentro del servicio público. ¿Qué confianza puede tener la población en un gobierno municipal que privilegia vínculos familiares por encima del mérito y la legalidad? La alcaldesa asegura que el Órgano Interno de Control y la Sindicatura de Procuración ya realizaron investigaciones, y que una ya concluyó. Sin embargo, no hay detalles, no hay resultados públicos, y se remite a que los ciudadanos “le pregunten al síndico procurador”. Este tipo de respuestas no sólo son insuficientes, sino insultantes. La transparencia no se concede, se ejerce. Respecto al gasto en flores por el Día de la Mujer —otro caso bajo investigación—, simplemente se limita a decir que el proceso sigue. Es decir, nada concluyente, y mientras tanto, los recursos públicos siguen siendo usados sin una explicación clara. Finalmente, minimizar la auditoría del 2025 como un simple trámite obligatorio revela otra capa de despreocupación. No se trata de que “no les asuste” ser auditados, sino de garantizar que, cuando lo sean, no se encuentren irregularidades. Esa es la verdadera rendición de cuentas. En un municipio como Guasave, con tantas carencias reales y urgencias ciudadanas, es inaceptable que se tolere el uso político del aparato gubernamental para fines personales o de grupo. La ciudadanía no sólo debe estar atenta, como dice la alcaldesa, sino exigir con firmeza que se aclaren estas denuncias y que no se escondan detrás del discurso cómodo de la “apertura” sin consecuencias. El combate al nepotismo no se resuelve con declaraciones tibias. Se enfrenta con hechos, con transparencia y con sanciones ejemplares. Todo lo demás es cinismo disfrazado de institucionalidad, aunque la alcaldesa opte por llamarlo “apertura”. ENCUENTRO En un contexto de alta demanda social por mayor seguridad y justicia, el Congreso del Estado de Sinaloa, a través del grupo parlamentario de Morena, sostuvo una reunión de trabajo con la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo, en la que refrendaron el compromiso de avanzar en reformas legales que fortalezcan el sistema de procuración de justicia. La reunión fue encabezada por la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien destacó que la 65 Legislatura ha trabajado activamente para actualizar y perfeccionar el marco jurídico estatal en áreas clave como seguridad pública, justicia penal y derechos humanos. Subrayó que las reformas impulsadas por el Congreso tienen como base las facultades constitucionales y buscan responder a las necesidades reales de la sociedad sinaloense. Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la propuesta para tipificar como delito el uso de “ponchallantas” en la vía pública, el endurecimiento de penas por el delito de “halconeo”, la creación de la Unidad de Policía Cibernética e Inteligencia, y la reforma al Código Penal para aumentar las penas por homicidios agravados cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes. Estos cambios no solo reflejan un diagnóstico preciso de los retos en materia de seguridad, sino que buscan tener un impacto real en la reducción de la impunidad y la mejora de las capacidades institucionales para enfrentar la criminalidad. Durante el encuentro, las legisladoras hicieron énfasis en la importancia de mantener una colaboración constante entre el Poder Legislativo y las instituciones encargadas de impartir justicia. Coincidieron en que la coordinación entre ambos poderes es indispensable para asegurar que las leyes no solo se aprueben, sino que también se apliquen de manera efectiva. La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo reconoció el papel fundamental del Congreso en el fortalecimiento institucional mediante reformas legales. Afirmó que estos cambios son necesarios para dotar de herramientas más eficaces a las corporaciones y organismos que enfrentan todos los días la exigencia ciudadana de vivir en un entorno seguro. El diálogo entre ambas instancias refleja un ejercicio democrático que prioriza la construcción de acuerdos en beneficio de la sociedad sinaloense. En tiempos donde la desconfianza hacia las instituciones es un reto permanente, esta apertura para el trabajo conjunto envía un mensaje claro: los poderes públicos pueden y deben caminar en la misma dirección para garantizar justicia, seguridad y paz. Así, la 65 Legislatura reafirma su responsabilidad institucional y su compromiso con los sinaloenses de continuar legislando con visión, sensibilidad social y eficacia. REELECCIÓN La Universidad Autónoma de Sinaloa concluyó este 9 de abril un ejercicio clave de su vida institucional: la jornada electoral para renovar la Rectoría para el periodo 2025-2029. Con una participación estimada de 150 mil universitarios, el proceso representa un acto fundamental dentro del marco democrático universitario. Según cifras preliminares, Jesús Madueña Molina encabeza la contienda con 68 mil 787 votos, seguido por Denise Díaz, con 8 mil 446 sufragios. Aunque el conteo aún no finaliza, la tendencia apunta a una eventual reelección de Madueña. Sin embargo, el resultado oficial se dará a conocer este viernes 11 de abril en sesión del Consejo Universitario, cumpliendo con los tiempos y protocolos establecidos. Este ejercicio electoral reafirma el compromiso de la comunidad universitaria con la participación activa y la institucionalidad. La transparencia del proceso, conducido por el Comité