Entre Veredas

“Es necesario aquí dejar todo recelo; toda cobardía es necesario que aquí muera”, Dante Alighieri SE CAE Por más explicaciones técnicas que se den, hay decisiones que no resisten el juicio público. Ayer, el Cabildo de Guasave aprobó solicitar un anticipo extraordinario de participaciones federales, bajo el argumento de una crisis financiera provocada por pasivos heredados, la caída de ingresos y la sequía. Lo preocupante no es solo la solicitud en sí, sino lo que implica: la administración municipal reconoce, aunque no lo diga abiertamente, que ya no tiene margen para operar con recursos propios. Pero esta situación no es un accidente ni un infortunio natural. Tiene antecedentes claros. Durante meses, medios de comunicación locales señalaron sobregastos en viáticos y comidas, gastos poco transparentes que, aunque se intentaron minimizar, ahora pesan con fuerza en el escenario financiero. El gobierno de Cecilia Ramirez lo minimizó en su tiempo y quiso tapar el sol con un dedo. Ahora, se piden más de cinco millones de pesos por adelantado, divididos entre una sentencia judicial y un adeudo urgente con la empresa encargada del relleno sanitario. Esta última incluso amagó con cerrar el acceso, lo que habría generado una crisis de basura con consecuencias inmediatas para la población. Mientras tanto, en la misma sesión de Cabildo se aprueban cambios en regidurías, se turnan propuestas interesantes como el Cabildo Abierto y Universitario, y se hace un llamado al Síndico Procurador para esclarecer presuntas irregularidades en el Instituto Municipal de las Mujeres. Todo importante, sí, pero insuficiente cuando la urgencia más evidente es la fragilidad financiera del gobierno local. El caos es total. Aquí no se trata solo de tapar agujeros con préstamos. Se necesita memoria y responsabilidad política. Porque cuando los recursos públicos se gastan sin estrategia y sin rendición de cuentas, llega el momento —como hoy— en que la factura se presenta. Y no la paga el funcionario en turno, la paga el ciudadano. La administración que encabeza Cecilia Ramírez Montoya todavía está a tiempo de corregir el rumbo, pero para hacerlo necesita, primero, aceptar que la austeridad no es discurso, es práctica. Y que gobernar implica más que administrar carencias: implica preverlas. Pero dirían por ahí, si no cambia su actitud de reina de Guasave, el municipio entero se irá al desfiladero. Entonces si, se acabó el reino. ENCUENTRO En medio de un entorno donde los derechos humanos son constantemente puestos a prueba por condiciones de inseguridad, desigualdad y rezago institucional, resulta pertinente que los partidos políticos reconozcan su papel como actores clave en la construcción de una agenda más justa y equitativa. En ese contexto se inscribe la reciente reunión entre el Partido Sinaloense (PAS) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), encabezada por el dirigente Robespierre Lizárraga Otero y la diputada Angélica Díaz Quiñones. Lejos de ser un simple acto protocolario, este encuentro representa una oportunidad para colocar los derechos humanos en el centro del debate político. El PAS presentó un cuadernillo que resume las iniciativas legislativas que ha promovido en el Congreso local en defensa de las garantías fundamentales, así como las acciones de capacitación y atención ciudadana que ha implementado a nivel municipal. Este tipo de ejercicios no solo visibilizan el trabajo de un partido político, sino que también abren la puerta a la rendición de cuentas sobre el impacto real de dichas iniciativas. Por su parte, la disposición de la CEDH a sostener un diálogo permanente con fuerzas políticas debe entenderse como un paso positivo en la búsqueda de consensos y estrategias comunes. Si bien el organismo mantiene su carácter autónomo, su capacidad de incidencia depende, en buena medida, de su interlocución con el poder legislativo y los actores municipales. No obstante, es necesario que este tipo de encuentros no se queden en la formalidad. Para que el diálogo sea realmente útil, debe traducirse en políticas públicas eficaces, reformas con enfoque de derechos humanos y prácticas institucionales que coloquen al ciudadano en el centro de la acción pública. Más aún, deben acompañarse de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir su efectividad. En una entidad como Sinaloa, donde persisten desafíos estructurales en materia de justicia, seguridad y acceso a servicios, el compromiso político con los derechos humanos no puede limitarse al discurso. Debe expresarse en resultados tangibles. El acercamiento entre el PAS y la CEDH es un buen inicio, pero el verdadero reto está en convertir este tipo de encuentros en soluciones concretas para la ciudadanía. DESARROLLO La inclusión de Topolobampo dentro del grupo de los 13 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar anunciados por el Gobierno de México representa un paso relevante en la estrategia nacional para equilibrar el desarrollo regional y atraer inversión productiva. Para Sinaloa, y particularmente para la zona norte del estado, es una señal de confianza y una oportunidad histórica que no debe desaprovecharse. El reconocimiento del potencial logístico e industrial de Topolobampo no es nuevo. Desde hace años se han venido gestando proyectos ambiciosos que ahora encuentran un marco institucional que puede potenciar su impacto económico. El respaldo del Gobierno Federal y la coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Rubén Rocha Moya, ha permitido que esta visión empiece a tomar forma con resultados concretos. La relevancia de esta designación radica en su potencial multiplicador. Topolobampo no solo es un puerto estratégico con salida al Pacífico, también es una zona con capacidad de atraer industrias de alto valor como la petroquímica, la electromovilidad, la agroindustria y las energías limpias. La combinación de proyectos como la planta de metanol verde de Pacífico Mexinol, la planta de amoniaco de GPO, o el proyecto de hidrógeno verde de DH2 Energy, apuntan hacia un modelo económico sustentado en innovación y sostenibilidad. Sin embargo, el reto es tan grande como la oportunidad. El nombramiento como polo de desarrollo debe ir acompañado de medidas concretas para garantizar transparencia en los procesos de inversión, respeto al medio ambiente, inclusión de las comunidades locales y una planeación urbana y territorial que evite repetir los

“Las personas felices no tienen historia”, Simone de Beauvoir LO QUE VIENE La carrera por la gubernatura de Sinaloa en 2027 ya comenzó, y aunque las urnas aún están lejanas, la más reciente encuesta de Demoscopia Digital, levantada entre el 15 y 17 de mayo de 2025, ofrece un panorama temprano pero revelador de las tendencias políticas que se perfilan. Según el estudio, MORENA lidera con el 42.7% de las preferencias electorales cuando se pregunta por partido, una ventaja sólida sobre sus rivales. El PRI y el PAN apenas alcanzan el 7.8% y el 8.1%, respectivamente, y el resto de los partidos —Movimiento Ciudadano, PVEM y PT— se mantienen en un dígito. Aún sumando las simpatías de la alianza opositora PAN–PRI, que junta un 20.6%, la ventaja de MORENA–PT–PVEM, con 51.4%, parece abrumadora. Esta distribución confirma una inercia política nacional: Morena no solo conserva el poder, sino que lo amplía cuando va en coalición. El único contrapeso real por ahora es el segmento de los indecisos (15–21%), que podría inclinar la balanza en caso de fractura morenista o un fenómeno opositor inesperado. Más allá de los números brutos, el corazón de la elección late en la disputa interna de Morena. Entre sus figuras más conocidas destacan Enrique Inzunza Cázarez (45.8%) y Juan de Dios Gámez Mendívil (42.4%), senador y alcalde de Culiacán, respectivamente. Les siguen la senadora Imelda Castro (35.7%) y la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios (27.9%). Cuando se pregunta exclusivamente a simpatizantes de Morena a quién prefieren como su candidato o candidata a gobernador(a), el resultado es disperso: Enrique Inzunza: 20.1% Estrella Palacios: 19.8% Juan de Dios Gámez: 17.9% Imelda Castro: 14.6% La suma de los tres primeros coloca la decisión en una zona de alta competitividad interna. No hay una figura claramente dominante, pero sí hay una estructura clara: el grupo cercano al gobernador Rubén Rocha Moya —donde figuran Inzunza y Gámez— tiene peso específico. Mientras tanto, Estrella Palacios emerge con fuerza propia desde el sur del estado, quizás capitalizando su gestión municipal y una narrativa de género que podría influir en la definición. A pesar del dominio estadístico, Morena no puede caer en la tentación del triunfalismo. La historia reciente muestra que las divisiones internas pueden ser más dañinas que una oposición débil. Si el proceso de selección del candidato o candidata no se lleva con transparencia y unidad, los más de 20 puntos de ventaja podrían volverse endebles frente a una narrativa de ruptura o traición. Además, aunque el bloque opositor está fragmentado, Movimiento Ciudadano aparece como una fuerza bisagra. Con alrededor del 6%, si postula una figura joven, disruptiva o con arrastre regional, podría polarizar el voto inconforme, sobre todo en las ciudades donde el abstencionismo y el voto volátil tienen mayor peso. Faltan más de dos años para la elección, pero el reloj político ya está corriendo. La encuesta revela un partido dominante, pero no hegemónico; una oposición débil, pero con posibilidades si hay errores del adversario; y una ciudadanía en parte decidida, pero aún expectante. En este momento, Morena tiene la gubernatura en sus manos, pero no necesariamente el consenso interno para decidir sin costos. La definición de su candidatura será una prueba de cohesión. La alianza opositora, por su parte, necesita más que sumas: requiere un relato, una figura competitiva y una estrategia territorial que aún no aparecen. Sinaloa, como ha sido costumbre, no promete una elección cerrada… pero sí una interna caliente. MUJERES ARRIBA En un momento donde la gestión pública demanda respuestas eficaces y cercanas a la gente, el anuncio del alcalde sustituto de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, sobre la próxima incorporación de mujeres al frente de la Secretaría de Economía y la Dirección de Salud Municipal es una señal alentadora que merece destacarse. Ambas posiciones —estratégicas en cualquier administración municipal— recaerán en perfiles femeninos con experiencia y sensibilidad social, dos cualidades esenciales para hacer frente a los desafíos del municipio. En el caso de Economía, se ha adelantado que la designada proviene del mismo sector, lo cual garantiza un conocimiento profundo del entorno, las dinámicas comerciales y las necesidades de los actores económicos locales. Esta decisión, más allá del género, habla de un compromiso por apostar por quien conoce el terreno y puede generar resultados reales. Por su parte, en la Dirección de Salud Municipal, tras la reciente renuncia de Rubí Amayrany Medina, también se contempla a una mujer con probada experiencia y un enfoque humano. El alcalde ha destacado que este perfil no solo cuenta con preparación profesional, sino con un genuino interés por el bienestar de las personas. El criterio de selección que ha dejado entrever el alcalde Menéndez de Llano —personas con capacidad, visión de territorio y cercanía con los sectores sociales— es positivo y necesario. Las instituciones se fortalecen cuando quienes las dirigen tienen el respaldo de su trayectoria y la legitimidad que da el compromiso con su comunidad. Ahome, como muchos municipios, requiere administraciones que escuchen, resuelvan y actúen con empatía. La decisión de colocar a mujeres con experiencia en estas áreas no solo contribuye a la paridad, sino que amplía la perspectiva con la que se abordan los problemas públicos. Este tipo de nombramientos nos recuerdan que avanzar en la igualdad también significa confiar en el talento y en la capacidad profesional de las mujeres para liderar desde lo público. Si las decisiones anunciadas se concretan, y si quienes lleguen cumplen con los altos estándares que la ciudadanía espera, Ahome puede estar dando un paso firme hacia un gobierno más abierto, eficaz y sensible. SOBRE EL MUERTO En medio de un entorno político altamente polarizado, el voto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a favor del desafuero de Gerardo Vargas Landeros y Genaro García destaca como un ejercicio de independencia legislativa. Así lo afirmó el coordinador priista en el Congreso de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, al recalcar que esta postura no fue motivada por consigna política ni por alineamiento con Morena, sino por un análisis técnico y jurídico del caso.

“Leer lo es todo. La lectura me hace sentir que he logrado algo, he aprendido algo, que soy mejor persona”, Nora Ephron ROSTRO SOCIAL La transformación que vive Culiacán comienza a tomar forma en el terreno más tangible: las calles y los hogares de la gente. Con la entrega de cinco nuevas vialidades en la colonia Buenos Aires, y el anuncio de la construcción de 7 mil viviendas dignas para trabajadores de bajos ingresos, el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil consolidan una agenda de gobierno con enfoque social, pero también con visión de futuro. El mensaje es claro: no se trata solo de obras, sino de justicia social. En un país donde millones de personas viven al margen de los servicios más básicos, garantizar vivienda con todos los servicios para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos es, sin duda, una decisión que trasciende el asistencialismo y apuesta por la dignidad. Acompañado de vecinos, funcionarios y regidores, el mandatario estatal destacó que estas viviendas no solo serán habitables, sino equipadas con los servicios fundamentales, y lo más importante, accesibles para quienes más lo necesitan. Además, su construcción, en colaboración con Infonavit, se traducirá también en empleos directos, impulsando así una cadena virtuosa de desarrollo económico. El Plan Sinaloa de Reactivación Económica no es un eslogan: ya arrancó el malecón del margen izquierdo y pronto seguirá el Bulevar Agricultores para conectar con La Costera. Son obras que conectan, integran y reactivan, pero que también elevan la calidad de vida. Del lado del municipio, Gámez Mendívil no se queda atrás. Con estas cinco calles recién entregadas, suman ya 72 vialidades pavimentadas en su administración. Más allá del número, el alcalde apuesta por una narrativa distinta: transformar el olvido y el abandono en bienestar común. Y lo dice desde los hechos, no desde el discurso. Testimonios como el del señor Juan Ríos Astorga, vecino beneficiado, dan cuenta del impacto real que tienen estas acciones: “más de 50 años esperando las calles pavimentadas”, dijo. Esos 50 años pesan en la historia de muchas colonias populares, pero también marcan el antes y el después de una administración que promete y cumple. Las inversiones por más de 40 millones de pesos en estas nueve obras son una señal de que el presupuesto puede usarse con sentido humano, y no solo para engordar cifras. Se invierte en la periferia, en donde históricamente se había marginado, y eso en sí mismo es un acto de justicia. Hoy, el gobierno de Rocha Moya refuerza su narrativa de cercanía, escucha y acción. El reto será sostener este ritmo, ampliar los beneficios y garantizar que el progreso llegue a todos los rincones de Culiacán y Sinaloa. Pero por ahora, ahí están los hechos, las calles, las casas y los rostros de quienes, por fin, comienzan a vivir mejor. SALIDA Las recientes renuncias en el gabinete municipal de Ahome han generado revuelo, pero también señales claras de una administración que busca reconfigurar su estructura de cara a la segunda mitad del trienio. Antonio Menéndez del Llano, alcalde sustituto, asegura que se trata de una estrategia previamente establecida, y no de una crisis interna o improvisación. Áreas clave como IPAMA, Salud Municipal, el Instituto de la Juventud y Ecología han quedado sin sus titulares. La respuesta oficial es directa: era parte del plan. Sin embargo, en política pocas cosas son casuales y muchas se disfrazan de programación. El edil ha sido enfático en que hay continuidad, que los encargados de despacho ya están al frente y que el servicio a la ciudadanía no se verá afectado. En el discurso, hay mesura, hay control, hay institucionalidad. Pero en los pasillos del Ayuntamiento, el movimiento no deja de generar especulaciones: ¿vienen ajustes de fondo? ¿Se trata de una depuración? ¿O de una reacomodación con miras a las definiciones del 2027? El propio Menéndez ha hablado de “sorpresas positivas”, lo que sugiere que en los próximos días podríamos ver nombramientos que no solo cubran vacantes, sino que envíen mensajes políticos. En ese sentido, la expectativa es alta. Lo cierto es que la administración municipal no puede permitirse vacíos prolongados. Ahome enfrenta desafíos importantes en materia de servicios públicos, desarrollo social y atención ciudadana. Los relevos, por muy estratégicos que sean, deben traducirse en resultados concretos y no solo en movimientos de escritorio. El alcalde sustituto ha insistido en que hay comunicación constante con los equipos de trabajo y que la administración mantiene su rumbo. Veremos si en los hechos esa estabilidad se sostiene, o si las renuncias marcan el inicio de una nueva etapa con otras prioridades y otros rostros. Por lo pronto, en Ahome la política se mueve, y lo hace con la narrativa de la planificación. Pero no hay que perder de vista que en todo reacomodo también se juega el poder. ACUERDOS En Culiacán, el derecho a la vivienda parece estar dejando de ser una promesa de campaña para convertirse en una política pública concreta. El anuncio del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil sobre el próximo convenio entre el Infonavit y desarrolladores inmobiliarios privados para poner en marcha la construcción de miles de hogares para trabajadores de bajos ingresos es, sin duda, una señal positiva de coordinación entre niveles de gobierno, sector privado y voluntad política. El proyecto —respaldado directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y operado a través del Infonavit— contempla utilizar una reserva de 80 hectáreas para desarrollar entre 6 mil y 7 mil viviendas dignas, con todos los servicios, pensadas especialmente para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos. No se trata de casas de cartón ni promesas al aire: serán hogares con valor comercial accesible, entre los 550 mil y 600 mil pesos, ajustados a las posibilidades reales de más de 100 mil derechohabientes en el municipio. La clave aquí es el modelo de colaboración. El gobierno no impone, coordina. El Infonavit no improvisa, planea. Y los empresarios no solo invierten, también se comprometen con una visión social

“La acción es la única facultad humana de hacer milagros”, Hannah Arendt SINALOA TIENE SED De acuerdo al último reporte, el nivel de almacenamiento promedio de las presas en Sinaloa se sitúa en 6.6%, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las cifras son especialmente bajas en embalses clave como Sanalona (4.9%), Miguel Hidalgo y Costilla (6.4%) y José López Portillo, conocido como “El Comedero” (5.9%). Las aportaciones registradas ascienden a 2.2 m³ por segundo, mientras que las extracciones superan los 22.5 m³/seg. Ante este panorama, el gobernador Rubén Rocha Moya solicitó el pasado 14 de abril al Gobierno Federal la declaratoria de desastre natural por sequía severa para los 20 municipios del estado, con el objetivo de obtener recursos para instalar plantas potabilizadoras portátiles y garantizar el abasto de agua potable en las comunidades más afectadas. El Congreso del Estado respaldó la solicitud por unanimidad. La diputada Irma Guadalupe Moreno (PRI) afirmó que cerca de tres millones de sinaloenses enfrentan dificultades para acceder al agua. En tanto, el diputado Jorge Antonio González (PAN) destacó que “hay coincidencia de todas las diputadas y diputados en respaldar la solicitud de emergencia”. A pesar de ello, la respuesta por parte del Gobierno Federal ha sido lenta. Según el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, esta demora obedece a una falta de recursos económicos en el gobierno central, que —afirma— se escuda señalando que la solicitud del gobernador no se presentó en tiempo y forma. El también representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Sinaloa sostuvo que desde la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), no existe una reserva económica clara para atender este tipo de emergencias. “El país está colapsado en el tema económico, hay un déficit muy marcado, hay una predicción de crecimiento deficitario, y no vemos de dónde se puedan sacar las reservas necesarias para atender este tipo de contingencias como la sequía”, declaró. López Miranda agregó que en su momento tanto la diputada local Irma Moreno como la senadora Paloma Sánchez, ambas del PRI, también presentaron solicitudes de atención a la sequía, pero fueron desestimadas por autoridades federales como la Secretaría de Gobernación y la Conagua. Subrayó que las peticiones no fueron hechas con fines políticos, sino en atención a una realidad grave que enfrenta el campo sinaloense. Mientras se espera una resolución desde la Federación, el Gobierno del Estado ha implementado medidas de carácter emergente, como la operación de 60 pipas para distribuir agua potable y la organización del Aquatón 2025, que logró reunir más de un millón de litros de agua embotellada, distribuidos entre más de 170 mil personas en 440 comunidades rurales. Aunque estas acciones permiten atender temporalmente a las comunidades, expertos y productores coinciden en que la gravedad de la sequía demanda una estrategia nacional integral que contemple infraestructura, gestión sustentable del agua y financiamiento a largo plazo. RECLAMO El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdés, advirtió que la violencia en México se encuentra “fuera de control” y representa una amenaza creciente para la paz social y el desarrollo económico del país. A través de su programa “Con peras, manzanas y naranjas”, presentó datos oficiales que muestran aumentos significativos en desapariciones forzadas, agresiones políticas y homicidios en los últimos años. Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el INEGI y la Secretaría de Gobernación, el número de desapariciones diarias pasó de 15 en el sexenio de Enrique Peña Nieto a 26 en el de Andrés Manuel López Obrador, y actualmente se estima en 40 por día. Esto representa un incremento del 170% respecto al periodo anterior, afirmó Moreira. El legislador también expuso el costo económico de la inseguridad, que en 2024 se estimó en 4.5 billones de pesos, equivalente al 18% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz. Las entidades con mayores niveles de violencia, según el análisis, son Colima, Guanajuato, Morelos, Baja California y Quintana Roo, mientras que Tabasco registró el mayor deterioro en paz social durante el último año, particularmente por ataques violentos y represión a estudiantes. En cuanto a la violencia política, el dirigente priista citó un informe de Integralia Consultores que documenta 104 hechos violentos relacionados con el proceso electoral y 50 asesinatos de candidatos y funcionarios, con mayor incidencia en Veracruz, Oaxaca y Jalisco. Llamó la atención sobre Morelos, entidad que, a pesar de no tener elecciones este año, ha acumulado el mayor número de agresiones políticas en 2025. Moreira urgió al Gobierno Federal a retomar el diálogo democrático y a frenar la polarización política, pues considera que estos factores han debilitado las condiciones para la paz. “La falta de diálogo democrático y la polarización social han debilitado la paz”, sostuvo. Por su parte, el abogado Miguel Ángel Sulub contrastó la narrativa oficial con los hechos: “El gobierno de Morena asegura una disminución comparada con 2024, pero omite que aquel año hubo más cargos en disputa”, lo cual podría distorsionar la percepción de avance en seguridad electoral. Finalmente, el economista Mario Di Costanzo subrayó el impacto financiero: “En 2024, el costo por inseguridad aumentó en 155 mil millones de pesos respecto a 2023. No solo hay un daño humano invaluable, sino un fuerte costo económico y político”, advirtió. Este panorama plantea una serie de desafíos urgentes en materia de seguridad pública, gobernabilidad democrática y recuperación económica, en un contexto nacional cada vez más tenso de cara al segundo semestre del año. POSTURA Bajo el lema “La transformación continúa en Ahome”, el alcalde desaforado Gerardo Vargas Landeros difundió un boletín de prensa en el que fijó su posicionamiento político frente al proceso penal que enfrenta por la adjudicación directa del contrato de arrendamiento de 126 patrullas, con un costo superior a 171 millones de pesos, el cual, según la Auditoría Superior del Estado (ASE), presentó irregularidades que ya fueron turnadas a la Fiscalía General del Estado. En el comunicado, Vargas Landeros aseguró

“El talento, en buena medida, es una cuestión de insistencia”, Francisco Umbral VIVIENDA La reciente reunión entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, marca un avance significativo en la política de vivienda en Sinaloa.  Bajo la visión nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Programa Vivienda para el Bienestar crece en metas y en compromiso social, al pasar de 14 mil a 17 mil 500 viviendas proyectadas para el estado.  Esta decisión no solo amplía el alcance de cobertura, sino que refuerza un principio fundamental: el derecho a una vivienda digna no es un privilegio, sino una obligación del Estado. Sinaloa se coloca como ejemplo de coordinación entre instancias federales y estatales, y el anuncio de que la meta total será de 32 mil 500 viviendas, de las cuales 15 mil estarán a cargo de la Conavi, es una muestra de que el esfuerzo colectivo sí puede dar resultados reales.  En medio de discursos que a menudo se quedan en promesas, este tipo de acciones son las que transforman vidas y devuelven la esperanza a miles de familias. No menos relevante es el impacto del congelamiento de casi 140 mil créditos impagables. Que más de 20 mil sinaloenses ya hayan accedido a beneficios tangibles como reducción de tasas, mensualidades y descuentos en sus saldos, habla de una administración que no está dispuesta a dejar atrás a quienes enfrentaron una situación económica adversa.  Esta es una señal de empatía institucional y de justicia financiera. Además, la modificación al crédito Mejoravit, Solo para Ti, es una decisión acertada y valiente. Eliminar el coyotaje y empoderar al trabajador para que administre directamente sus recursos no solo representa transparencia y eficiencia, sino también un acto de confianza hacia los derechohabientes.  Este cambio permitirá mejorar miles de hogares sin costos adicionales, con libertad de elección y sin las malas prácticas que históricamente han vulnerado a los más necesitados.   Hoy Sinaloa se fortalece con acciones que van más allá del discurso. Las decisiones que se están tomando en materia de vivienda son un recordatorio de que sí es posible avanzar hacia un estado más equitativo, justo y con mejores oportunidades para todos.  Que este modelo sirva como ejemplo de lo que puede lograrse cuando las prioridades están bien definidas: poner a las personas en el centro de las políticas públicas. MANEJO La aprobación unánime del Cabildo de Mazatlán a las reformas al Reglamento de Construcción es una señal clara de que en el municipio se está trazando un camino hacia un desarrollo urbano con mayor orden, claridad normativa y corresponsabilidad.  En tiempos donde la expansión inmobiliaria suele ir a un ritmo más veloz que las regulaciones, contar con un marco actualizado y armónico resulta no solo oportuno, sino necesario. La presidenta municipal Estrella Palacios Domínguez ha sido clara al expresar que estos cambios buscan, por un lado, aclarar conceptos técnicos como las licencias de uso de suelo, la factibilidad técnica y las constancias de zonificación; y por otro, abrir la puerta a una colaboración más justa entre el gobierno y el sector desarrollador.  Este equilibrio entre facilitar la inversión y proteger el orden urbano es el tipo de gobernanza que debe reconocerse. El municipio está dejando de lado la improvisación para fortalecer la planificación. El hecho de enviar al Congreso del Estado una iniciativa para actualizar el cobro proporcional de contribuciones, con base en las utilidades generadas por los desarrollos, plantea un esquema más equitativo.  Que quien gana más, contribuya más, es una premisa elemental en las ciudades que buscan evolucionar sin perder el control del crecimiento. Además, el respaldo total del cuerpo edilicio a las reformas y correcciones publicadas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mazatlán habla de un Cabildo que está haciendo política desde el consenso, algo cada vez más valioso en la administración pública.  No se trata solo de corregir lo publicado, sino de reconocer que la precisión normativa también es un acto de responsabilidad. En suma, Mazatlán se perfila como un municipio que no teme a las reformas, que dialoga con el sector privado sin someterse a sus intereses, y que avanza con visión hacia un modelo de desarrollo que privilegia la legalidad, la transparencia y el bien común.  En un estado como Sinaloa, donde el dinamismo turístico y urbano no se detiene, contar con reglas claras es la mejor inversión para el futuro. ALGO HAY  Escuinapa se ha convertido en un caso atípico dentro del escenario político de Sinaloa. Mientras otros municipios avanzan con sus proyectos de desarrollo, enfrentan sus problemas con equipos consolidados o al menos estables, en Escuinapa pareciera que el gobierno municipal opera sobre arenas movedizas. En menos de cinco meses, han renunciado —por motivos diversos— al menos cinco funcionarios clave: dos tesoreros, dos directores de Obras Públicas y la Oficial Mayor. A esto se suman otros movimientos en áreas sensibles que mantienen en constante zozobra el funcionamiento del Ayuntamiento. La pregunta es inevitable: ¿por qué Escuinapa es el único municipio con esta descomposición administrativa? ¿Qué está ocurriendo al interior del gobierno que hace imposible la permanencia de funcionarios que, en teoría, fueron seleccionados por su experiencia y capacidad? El caso más reciente, el de Francisco Javier Martínez Carrillo, quien apenas duró tres semanas como tesorero, es revelador. Se le aprobó su nombramiento luego de una resistencia inicial del Cabildo. Renunció diciendo que no se adaptó a Escuinapa, pero el propio alcalde admitió que “está medio complicadito gobernar” por las condiciones financieras. ¿Qué clase de diagnóstico interno se hace al nombrar a un funcionario que no soporta un mes en el cargo? ¿Qué tipo de liderazgo permite que en menos de una semana se acumulen dos renuncias en áreas tan neurálgicas? Escuinapa merece algo más que un gobierno que se desgasta en reemplazos y reacomodos. Las excusas de siempre —problemas personales, salud, falta de adaptación— ya no convencen ni a los más benevolentes. El problema es estructural y político, y recae directamente en la

“Lo que llamamos destino no nos llega del exterior, sino que emerge de nosotros”, Rainer María Rilke ASPIRACIONES La candidatura de Yasmín Esquivel Mossa a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pasa desapercibida, no solo por su trayectoria de más de cuatro décadas en el servicio público y 25 años en la impartición de justicia, sino por el contexto inédito en que se desarrolla: una elección ciudadana para definir el rumbo del Poder Judicial. Frente a este escenario, Esquivel Mossa plantea una propuesta que apela tanto a la experiencia como a la transformación. Durante su visita a Mazatlán, en un ejercicio poco común para una figura del Poder Judicial, la candidata sostuvo un diálogo abierto en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí insistió en una visión que busca desmarcarse de la élite judicial tradicional: justicia cercana, accesible y libre de corrupción. Sin embargo, esta narrativa se enfrenta a un reto mayúsculo: convencer a un electorado escéptico de que el cambio real puede venir desde dentro de un sistema que por años ha sido percibido como opaco y alejado de la ciudadanía. Esquivel Mossa habla con claridad sobre la necesidad de una “justicia de puertas abiertas”, una frase potente pero que aún requiere traducirse en mecanismos tangibles. ¿Cómo se abrirán esas puertas? ¿Con qué herramientas enfrentará la corrupción estructural? ¿Cuál será el equilibrio entre independencia judicial y voluntad de transformación? Son preguntas que, hasta ahora, se responden más con trayectoria que con propuestas concretas. Lo cierto es que su candidatura se presenta en un momento clave. Las reformas al Poder Judicial han dejado de ser un asunto técnico y se han convertido en parte central del debate político nacional. La ciudadanía, por primera vez en la historia, podrá votar para elegir a quienes integren la Suprema Corte, un hecho que transforma por completo la relación entre el pueblo y la justicia. En este nuevo tablero, la transparencia y la pedagogía pública serán fundamentales. Esquivel Mossa parece entenderlo al promover el uso del código QR de la credencial del INE como vía para conocer propuestas y ubicar casillas. Es un gesto que reconoce que, en una democracia, el acceso a la información es el primer peldaño hacia la participación consciente. Pero el pasado también pesa. La trayectoria es una credencial valiosa, sí, pero no basta por sí sola. El reto para Esquivel Mossa —y para todos los aspirantes a ministros electos por voto popular— es demostrar que no se trata solo de administrar justicia, sino de reformarla sin destruirla, de abrirla sin politizarla, y de modernizarla sin perder su esencia constitucional. A pocas semanas de la jornada electoral del 1 de junio, la figura de Yasmín Esquivel Mossa se perfila como una de las más visibles. Lo que está en juego no es únicamente un cargo en la Suprema Corte, sino el futuro de la relación entre el Poder Judicial y los ciudadanos. Y esa sí que es una elección histórica. URGENCIA La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) enfrenta el arranque de 2025 con una realidad presupuestal que no puede pasarse por alto: un déficit de 800 millones de pesos, producto de préstamos solicitados para cerrar el ejercicio anterior y mantener su operación básica. Según explicó el rector Jesús Madueña Molina, tan solo en diciembre de 2024 se solicitaron 480 millones de pesos para cubrir nóminas, y al iniciar este año se requirió otro financiamiento para atender pendientes con instituciones como el SAT, Infonavit y el IMSS. Más allá de los números, lo preocupante es que este panorama limita de forma directa la capacidad de crecimiento y mantenimiento de la institución. Aunque existen planes en materia de infraestructura, el propio rector reconoció que “lo que no hay son recursos”, una afirmación que revela el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentra una universidad pública de este tamaño y relevancia. Este tipo de endeudamiento para solventar obligaciones básicas no es nuevo, pero sí evidencia un modelo insostenible a largo plazo. Una institución educativa no puede depender cada año de créditos para pagar sueldos ni cubrir sus servicios operativos. El riesgo es que, de seguir por esta ruta, se comprometa la calidad académica, la oferta de servicios y el prestigio institucional. Si bien las universidades públicas han enfrentado históricamente restricciones presupuestales, la magnitud del adeudo en la UAS obliga a revisar con seriedad tanto la política de financiamiento estatal como la administración interna. La autonomía universitaria, pilar fundamental de estas instituciones, debe ir de la mano con una rendición de cuentas clara y con estrategias sostenibles para asegurar su viabilidad. Iniciar el año con un boquete financiero de esta dimensión no es una cuestión menor. La Universidad Autónoma de Sinaloa necesita, más que parches temporales, una estrategia de fondo que le permita planificar con certidumbre y cumplir su función educativa sin estar sujeta, año con año, a la urgencia de la deuda. EN LA LUCHA Durante su gira por Estados Unidos, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, adoptó una postura firme y necesaria frente a las amenazas arancelarias al jitomate mexicano y la suspensión de exportaciones de ganado. Es alentador ver a un funcionario del gabinete federal hablar con claridad: México tiene lista su respuesta si se imponen barreras comerciales injustificadas. Lo preocupante, sin embargo, es que Estados Unidos insiste en condicionar la reapertura de sus fronteras al ganado mexicano a cambio de colaboración en el combate del gusano barrenador. México ha cooperado históricamente en materia sanitaria, pero no puede permitir que se use una emergencia zoosanitaria como ficha de negociación comercial. La relación con el principal socio comercial debe basarse en el respeto mutuo y en acuerdos que beneficien a productores de ambos países, como bien lo señaló el propio Berdegué Sacristán. Pero para eso, se necesita firmeza, transparencia y reciprocidad. Todas mis columnas en: https://altoparlante.com.mx/entre-veredas/.  

“Amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas”, André Breton AL MEJOR COCINERO… Apenas hace unos meses se anunciaba con solemnidad que ‘ningún aspirante ligado al crimen organizado tendría cabida en la elección judicial del 1 de junio’. Hoy, esa promesa se desmorona. La realidad es otra: a menos de 30 días de que más de 99 millones de mexicanos sean convocados a las urnas para elegir jueces y magistrados, el Congreso de la Unión ha solicitado la cancelación de 18 candidaturas por presuntos vínculos con delitos graves y relaciones directas con el narcotráfico. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La respuesta es tan incómoda como reveladora: el sistema de filtros falló. O peor aún, nunca existió con el rigor necesario. La intervención de los presidentes de ambas Cámaras, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, confirma lo que parecía impensable: personas bajo investigación penal, con órdenes de aprehensión, y otras que han defendido a criminales de alto perfil, lograron colarse a un proceso que, en teoría, debía blindarse de toda sospecha. La pregunta ya no es si el crimen se infiltra en la política o en las instituciones; ahora, la preocupación legítima es que se postule directamente desde las boletas. Este episodio expone con crudeza la fragilidad de las estructuras que debían garantizar la limpieza y legitimidad de una elección que busca dar un vuelco histórico al Poder Judicial. La intención de democratizar la justicia —por más loable que sea en el papel— no puede ejecutarse a costa de abrirle la puerta al descrédito, al clientelismo y a la simulación. El problema, sin embargo, no se limita a las ligas con el crimen organizado. Ocho de las candidaturas impugnadas ni siquiera cumplen con el requisito mínimo de tener un promedio de 8 en la licenciatura. ¿Cómo se pretende construir un Poder Judicial más cercano al pueblo si quienes lo integren no han demostrado ni solvencia ética ni capacidad académica? La idoneidad no es un adorno. Es el cimiento ético sobre el que se construye la legitimidad de los jueces. No basta con que sean electos por voto popular; deben ser personas con trayectoria limpia, con principios firmes y con conocimientos sólidos. De lo contrario, corremos el riesgo de poner en manos equivocadas la responsabilidad de impartir justicia. El reclamo ciudadano de un sistema judicial más transparente y menos corrupto es legítimo, pero la vía para alcanzarlo no puede ser la improvisación ni la negligencia. El voto no es garantía de justicia si no está respaldado por filtros reales y por una voluntad institucional de defender los principios constitucionales. No se puede hablar de democratización cuando lo que se ofrece es una farsa populista con consecuencias estructurales. La solicitud de cancelación de estas candidaturas debe ser atendida con seriedad y sin titubeos por parte del Instituto Nacional Electoral. No se trata sólo de aplicar la ley, sino de proteger algo mucho más frágil: la confianza pública. Porque si la justicia comienza con una boleta contaminada, termina siendo justicia para unos cuantos… o para nadie. EXPECTATIVAS Con la llegada de Antonio Menéndez de Llano a la presidencia municipal de Ahome, se abre una etapa que podría significar estabilidad y atención a las necesidades más apremiantes del municipio. Su designación, tras el desafuero de Gerardo Vargas Landeros, no solo implica un relevo en el cargo, sino también una oportunidad para replantear prioridades en el gobierno local. El respaldo expresado por el diputado Rodolfo Valenzuela, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa, refleja confianza en el perfil de Menéndez. Lo ha calificado como un hombre honesto, con experiencia y convicciones firmes. Si bien esas cualidades no garantizan resultados por sí mismas, sí representan un punto de partida alentador frente a los retos actuales. Uno de los principales desafíos en Ahome ha sido la falta de atención a los servicios básicos como el drenaje y el abasto de agua potable. En ese sentido, la nueva administración deberá demostrar con hechos que tiene la capacidad de implementar soluciones efectivas y sostenibles. En el Congreso del Estado, la salida de Menéndez será cubierta por Diego Aranzubia Iturrios, quien dará continuidad a la agenda del Partido Verde en coordinación con los principios de la Cuarta Transformación. Esta transición legislativa será clave para que la agenda municipal y la estatal puedan avanzar de forma paralela, sin perder impulso. Más allá de simpatías partidistas, lo importante será que esta nueva etapa en Ahome se traduzca en resultados concretos para la ciudadanía. Las condiciones están dadas para que así sea, pero el verdadero juicio vendrá con el tiempo, en función del trabajo que se realice desde la presidencia municipal. SACUDIDA Este lunes inicia una etapa clave para el municipio de Ahome. A las 8:45 de la mañana está pactada la sesión extraordinaria de Cabildo donde se someterán a votación los nombramientos de los funcionarios que encabezarán el nuevo gobierno municipal, tras la llegada de Antonio Menéndez de Llano como alcalde sustituto. En esta sesión se definirá quiénes ocuparán los cargos de Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor, posiciones fundamentales para la operatividad y el control administrativo del gobierno local. Así como los relevos, pues el alcalde sustituto lo dijo ante los medios a su arribo al palacio… de subdirectores para arriba se van, se espera que se vayan desarrollando esta semana. La expectativa es alta, no solo por los perfiles que podrían integrarse, sino por el mensaje político que se envíe con estas designaciones: si se opta por la continuidad, la renovación o una combinación estratégica de ambas. Menéndez ha mantenido durante el fin de semana reuniones y recorridos por las dependencias del Ayuntamiento, buscando escuchar a los empleados y garantizar la continuidad de los servicios públicos. Aunque no ha revelado aún la lista completa de su equipo, ha señalado que se tomarán decisiones “objetivas y consensuadas”, con personas comprometidas y capaces de responder a las necesidades de la ciudadanía. Hasta el momento, el único funcionario que ha presentado formalmente su

“Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda”, Martin Luther King ENCARGO CUMPLIDO En sesión secreta que se extendió desde las 20:00 horas del jueves hasta las 2:30 de la madrugada del viernes, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó con 39 votos a favor el retiro del fuero al alcalde con licencia de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y al diputado local Genaro García Castro, derivado de presuntas irregularidades en un contrato por 171 millones de pesos para el arrendamiento de patrullas. La solicitud de desafuero fue presentada por la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Claudia Zulema Sánchez Kondo, expuso personalmente ante los legisladores los elementos que sustentan la probable responsabilidad de ambos funcionarios. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, confirmó que se declaró procedente el juicio político y que, con ello, se abre paso a la investigación penal correspondiente. Según el dictamen aprobado, el contrato con la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V. para el arrendamiento de 126 patrullas fue adjudicado de manera directa, sin licitación pública como lo exige la ley, lo que provocó un presunto daño al erario de al menos 14.5 millones de pesos. Dicho proceso se celebró durante el primer mandato de Vargas Landeros como presidente municipal y cuando García Castro se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento. En el contrato DA-ARRENDAMIENTO-018-2021, también figuran como presuntos corresponsables: Antonio Vega Arellano, entonces tesorero municipal; Julio César Romanillo Montoya, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Dalvingh Iturrios Corrales, director de Asuntos Jurídicos; y Gerardo Iván Hervas Quindos, hoy tesorero municipal, quien fungía como director de Egresos en ese momento. También están señalados la síndica procuradora Cecilia Hernández, el ex titular del Órgano Interno de Control Fausto Ibarra Celis, los regidores Marisol Morales y Judith Luna, entre otros integrantes del Comité de Adquisiciones. Horas antes de la votación en el Congreso, Vargas Landeros solicitó y obtuvo licencia al cargo durante una sesión privada del Cabildo de Ahome, argumentando que deseaba atender sin restricciones los procesos legales en su contra. En su lugar se nombró de forma provisional a la regidora Rosa Margarita Velázquez Valdez, quien sin embargo será reemplazada por el nuevo alcalde sustituto designado por el Congreso este mismo viernes a las 11:00 de la mañana, en sesión ordinaria. En tanto, el legislador desaforado Genaro García Castro será sustituido por su suplente, Hólincer Castro Marañón. Con este fallo, Ahome se convierte en el tercer municipio de Sinaloa donde un alcalde es desaforado por el Congreso del Estado, luego de Culiacán y Mazatlán. Las autoridades aseguraron que se mantendrá el proceso legal conforme al marco jurídico y con respeto al debido proceso. CONTRAPARTE La defensa legal de Gerardo Vargas Landeros, alcalde con licencia de Ahome, afirmó que el Congreso del Estado de Sinaloa incurrió en posibles violaciones al debido proceso parlamentario al filtrar anticipadamente el acuerdo de separación del cargo antes de que se le garantizara plenamente el derecho de audiencia. Esta situación, aseguran, podría ser impugnada por diversas vías legales, entre ellas el juicio de amparo indirecto. Según el análisis presentado por sus representantes legales, la difusión de ese documento, presuntamente preparado para dar a conocer la resolución del Congreso, representa una irregularidad que contamina el procedimiento legislativo. La defensa sostiene que se anticipó el sentido de la resolución sin haber escuchado al señalado ni permitirle presentar pruebas, lo cual sería contrario al principio de imparcialidad y al derecho de defensa efectiva. El documento cita como fundamento el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho a un juicio conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. Entre estas formalidades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reiterado la importancia del derecho de audiencia previa, el derecho a presentar pruebas y la exigencia de un proceso imparcial. La defensa también señala que la filtración podría configurar responsabilidades administrativas o incluso penales, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal local, al considerar que se trata de documentos reservados en un procedimiento aún en curso. Entre los argumentos jurídicos, se señala que la SCJN ha determinado que el debido proceso no solo es exigible en sede judicial, sino también en procedimientos administrativos o legislativos que puedan derivar en sanciones o afectación de derechos. Asimismo, se argumenta que este tipo de actuaciones pueden viciar de nulidad las resoluciones adoptadas. Como parte del respaldo legal, la defensa de Vargas Landeros incluye también un criterio emitido por la SCJN respecto a auditorías estatales, donde se establece que no pueden auditar recursos federales, lo que según su interpretación, podría tener implicaciones adicionales en este caso. Finalmente, se plantea que el procedimiento puede ser impugnado a través de un juicio de amparo, queja administrativa ante órganos de control legislativo o incluso denuncia penal, con base en las posibles irregularidades detectadas en el desarrollo del proceso de desafuero. Ya ahora todo esto se verá en los tribunales. El acto de desafuero fue consumado. ACUERDOS El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, representó para la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) una oportunidad para reiterar su reconocimiento a la labor del personal docente, administrativo y de intendencia que conforma su comunidad. Durante un encuentro con los comités del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS (SUNTUAS), el rector Jesús Madueña Molina destacó la disposición de su administración para mantener el diálogo abierto con los representantes sindicales, bajo una lógica de respeto y trabajo conjunto que ha permitido avanzar en temas clave para la base trabajadora. En su mensaje, el rector valoró el compromiso de los trabajadores universitarios y subrayó que la estabilidad institucional se ha sostenido en gran parte gracias a esta relación de colaboración. Aseguró que la administración central mantendrá su política de escucha activa y coordinación con el sindicato, con el fin de seguir fortaleciendo las condiciones laborales. Por parte del SUNTUAS, tanto el secretario general de la sección Académicos, Samuel Jesús Castro Camacho, como la secretaria general de Administrativos e Intendencia,

“Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de globalización”, Ernesto Sábato DE FRENTE En tiempos en los que la confianza ciudadana hacia los gobiernos se gana con hechos y no con discursos, la presentación del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 por parte de la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez representa una bocanada de aire fresco y una señal clara de que Mazatlán no camina al azar, sino con rumbo definido. Este documento rector, construido con base en la participación ciudadana y el trabajo técnico de las propias dependencias municipales —sin costo adicional para el erario—, es más que una formalidad legal: es el reflejo de una visión compartida, de un Mazatlán que se sueña moderno, justo, seguro y con un futuro sostenible. La presidenta municipal ha dejado en claro que el desarrollo no se impone desde el escritorio, sino que se construye escuchando, recorriendo las calles, dialogando en colonias, escuelas y mercados, y haciendo valer cada voz. La presentación del plan se llevó a cabo en la sesión extraordinaria número 16 de Cabildo, con una amplia representación de distintos sectores del municipio. En el evento destacó la presencia de la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, quien acudió en representación del gobernador Rubén Rocha Moya, refrendando así el respaldo del Gobierno del Estado. También asistieron diputadas y diputados locales, funcionarios municipales, integrantes del Comité de Planeación Municipal (COPLAM), dirigentes camarales y ciudadanos en general. La diversidad de actores presentes dio muestra de que este proyecto tiene cimientos sólidos en la pluralidad y en el consenso. Dividido en cuatro ejes estratégicos —Mazatlán Seguro y en Transformación; Mazatlán Moderno y Sostenible; Mazatlán Ordenado y Eficiente; y Mazatlán Cultural y Humanista—, este plan articula una ruta clara hacia el bienestar. Lo más relevante es que está alineado con la visión de la Cuarta Transformación que encabezan la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Rubén Rocha Moya, lo que da coherencia, dirección y fortaleza institucional a cada acción. En un escenario donde muchos municipios aún improvisan, Mazatlán se convierte en ejemplo de planeación con sentido social, donde el desarrollo no es privilegio de unos cuantos, sino un derecho colectivo. La alcaldesa ha cumplido su palabra de gobernar por consenso, con un estilo de liderazgo cercano, firme y comprometido. Hoy Mazatlán no solo tiene un plan: tiene esperanza, tiene brújula y, sobre todo, tiene ciudadanía dispuesta a participar en su construcción. La semilla está plantada. Ahora, como bien dijo la presidenta Palacios, toca hacerla florecer. ¿Y qué mejor tierra que la del sur de Sinaloa, fértil en talento, historia y determinación? TÉRMINO El Congreso del Estado de Sinaloa ha dado un paso firme en el cumplimiento de su función constitucional al convocar a una sesión secreta, programada para este jueves 1 de mayo a las 20:00 horas, con el propósito de abordar el dictamen de la Comisión Instructora en torno al caso del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Lejos de interpretarse como una maniobra política o un acto de opacidad, esta sesión reservada responde al marco legal vigente, que establece la posibilidad de sesiones privadas cuando así lo exige la naturaleza del proceso. El respeto al debido proceso, como lo ha señalado el diputado Rodolfo Valenzuela, es el fundamento de esta medida. No se trata de encubrir, sino de garantizar que las decisiones se tomen con base en el derecho y no en el espectáculo. La secrecía, en este contexto, protege tanto al implicado como al procedimiento mismo de influencias externas y juicios anticipados. El caso no es menor: la Fiscalía General del Estado ha solicitado el desafuero del presidente municipal de Ahome, y la Comisión Instructora, tras realizar el análisis correspondiente, ha emitido un dictamen que será votado por los 40 legisladores. Esta votación no implica una declaración de culpabilidad, sino una determinación estrictamente legal sobre si el alcalde puede o no enfrentar un proceso penal sin la protección del fuero. Lo destacable aquí es el cumplimiento puntual de cada etapa. El alcalde Vargas Landeros, así como el diputado Genaro García, fueron notificados en tiempo y forma, y se les ha garantizado el derecho a comparecer o a ser representados legalmente. Incluso la fiscal general, Claudia Zulema, acudirá para sustentar la solicitud, lo que habla de un proceso abierto al contraste de argumentos, a pesar del carácter reservado de la sesión. Los principales partidos representados en el Congreso —PRI, PAN, Morena y PVEM— han mostrado disposición a respaldar el dictamen, lo que anticipa una posible mayoría calificada, aunque cada legislador ejercerá su voto con autonomía. Que el diputado Rodolfo Valenzuela se haya reservado su opinión es muestra de seriedad y compromiso con el rol institucional que desempeña. Además, la mención de que podría convocarse a una sesión posterior para designar a un alcalde sustituto, si se aprueba el desafuero, deja ver que el Congreso está preparado para actuar con rapidez y responsabilidad ante cualquier escenario, siempre apegado a la ley. En una coyuntura donde los ánimos pueden polarizarse fácilmente, el Poder Legislativo de Sinaloa ha optado por un camino institucional y legal. No se cede a presiones, ni se abusa de la discrecionalidad; se respeta el debido proceso y se garantiza el derecho a la defensa. Es una señal clara de que la democracia también se defiende con procedimientos, y que el Congreso está cumpliendo su deber. RESULTADOS La participación de Sinaloa en el Tianguis Turístico 2025, celebrado en Baja California, ha sido un éxito rotundo. No sólo se trata de presencia, sino de resultados concretos. Bajo el liderazgo de la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, el estado firmó importantes convenios de colaboración con dos gigantes del turismo digital: Despegar y Price Travel, empresas con amplio alcance en América Latina y una sólida trayectoria como comercializadoras de destinos. Estas alianzas estratégicas no son solo anuncios simbólicos, sino herramientas clave para catapultar a Sinaloa a nuevas alturas en el mapa del turismo nacional e internacional. En especial, resulta

“No se alcanza la fama reclinado en blanda pluma, ni al abrigo de colchas”, Dante Alighieri EXTRAORDINARIO La posible remoción del fuero constitucional al presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y al diputado local Genaro García Castro, marca un punto crítico en la relación entre el poder político y la rendición de cuentas en Sinaloa. El anuncio de una sesión privada del Congreso del Estado, programada para este jueves 1 de mayo, subraya la seriedad con la que se está tratando el caso y las implicaciones que puede tener no solo para los involucrados, sino para el sistema político estatal en su conjunto. Ambos actores políticos, con carreras amplias y de gran visibilidad pública, enfrentan acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la adquisición de patrullas en 2021 durante la gestión municipal en Ahome. En particular, el argumento de una excepción por razones de seguridad pública, sostenido por Vargas Landeros para justificar la omisión del proceso de licitación, será puesto a prueba frente a una Fiscalía que ha mostrado interés en esclarecer el manejo de los recursos públicos. Lo que está en juego no es menor: de concretarse el desafuero y avanzar el proceso penal, podría derivarse en sanciones severas, incluida la pérdida de derechos políticos, que significaría el retiro de ambos del escenario electoral hacia 2027. Sin embargo, en un Estado de Derecho, los acusados conservan la presunción de inocencia y el derecho a una defensa plena, elementos fundamentales que deberán garantizarse a lo largo del proceso. La sesión del Congreso se anuncia con medidas de confidencialidad estrictas: sin público, sin celulares, sin acceso a prensa hasta la conclusión del debate. Este hermetismo puede entenderse como un intento de proteger la integridad del procedimiento, pero también abre espacio a la especulación y a la percepción de opacidad, lo que podría minar la confianza ciudadana si no se maneja con responsabilidad y transparencia posterior. En lo inmediato, tanto Gerardo Vargas como Genaro García seguirán en sus cargos hasta que se defina su situación legal. El Congreso, por su parte, se enfrenta a una prueba de institucionalidad que sentará precedente. Si el procedimiento es apegado a derecho, y si se permite que la justicia actúe sin interferencias políticas, se estará dando un paso importante hacia la consolidación de un sistema más responsable y transparente. El caso, más allá de los nombres, representa una oportunidad para el fortalecimiento de la legalidad. Será fundamental que la opinión pública, los medios de comunicación y los actores institucionales observen con atención el desarrollo de este proceso, sin adelantar juicios pero sin dejar de exigir claridad. Habrá que ver si este es apenas el inicio de una serie de ajustes que la política sinaloense estaba postergando. DIVISIONES El inicio del proceso de desafuero contra el alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, ha provocado un inmediato pronunciamiento por parte de los integrantes del Cabildo, tanto de la bancada de Morena como de la oposición. El hecho no solo genera atención por sus implicaciones jurídicas, sino también por el contexto político en el que se presenta. La postura de la fracción de Morena, encabezada por Judith Luna Castro, ha sido clara: respaldan al alcalde y piden que el proceso se lleve con estricto apego a derecho. Esta línea de defensa parte de un principio institucional del partido que subraya la honestidad, la legalidad y el compromiso con el pueblo. Reconocen que las investigaciones deben realizarse, pero expresan extrañamiento por el momento en que surgen los señalamientos, respecto a un procedimiento que data del año 2021. En contraste, los regidores de oposición han llamado a que se transparente el uso de recursos públicos y se evite politizar las instituciones. Lidia Adela Reyes, del PAN, Jesús Adrián Baldenebro, del PAS, y Héctor Álvarez, de Movimiento Ciudadano, coinciden en que todo debe conducirse dentro del marco legal, pero advierten sobre la necesidad de evitar que el desafuero se convierta en un instrumento de revancha política. Este equilibrio entre legalidad y percepción política es fundamental. Cuando las instituciones encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción se ven envueltas en disputas partidistas o aparecen activas solo en momentos específicos, se debilita la confianza ciudadana. Las investigaciones deben ser claras, públicas y bien sustentadas; de lo contrario, se corre el riesgo de que cualquier proceso legítimo quede bajo sospecha. En este contexto, el Congreso del Estado y las autoridades judiciales deben conducirse con total transparencia, garantizando el debido proceso y evitando cualquier señal de parcialidad. De igual manera, el Cabildo de Ahome tiene la responsabilidad de vigilar que el municipio continúe operando con normalidad institucional, independientemente del desenlace político de este caso. El debate no debería centrarse en si se trata de una persecución o de una defensa partidaria, sino en exigir que las reglas se respeten, que los procedimientos se cumplan y que, si existen responsabilidades, estas se finquen con pruebas, no con discursos. En una democracia madura, rendición de cuentas y respeto a la ley no deberían estar a discusión, sino ser el mínimo indispensable. POR MIENTRAS La reciente renuncia de Merary Villegas a la dirigencia estatal de Morena en Sinaloa marca un movimiento significativo en el ajedrez político del partido guinda, especialmente cuando se avecinan definiciones cruciales rumbo a las elecciones de 2027. El anuncio, hecho por Juana Minerva Vázquez González, presidenta del Consejo Estatal y diputada local, no solo confirma la salida de Villegas, sino que pone bajo los reflectores a Édgar Barraza, actual secretario general, quien asume de facto las funciones de presidente estatal. En Morena, los relevos no son menores ni casuales. Aunque oficialmente se alega que la salida de Villegas responde a una decisión personal para reincorporarse a la Cámara de Diputados, el momento es políticamente estratégico. Morena se encuentra en plena revisión de sus estructuras nacionales y estatales, y el próximo Consejo Nacional del 4 de mayo podría marcar el inicio de una nueva etapa en la vida interna del partido. No sería la primera vez que un cambio formal en los estatutos