Entre Veredas

“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas”, John Fitzgerald Kennedy REALIDAD ALTERNA La imagen del alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, posando sonriente frente a la Torre Eiffel no sería problema alguno… si su municipio no estuviera sumido en una crisis de seguridad, abandono institucional y descontento ciudadano. Pero lo está. Y ese contraste es justamente el reflejo más claro de una administración que ha perdido el rumbo. Millán viajó a París para asistir al Foro Mundial de Alcaldes, donde, según dijo, buscaba atraer inversiones y “llevar a Elota al mundo”. Sin embargo, no informó previamente al Cabildo ni explicó a los ciudadanos el objetivo concreto del viaje, ni quién lo financió. La regidora Rocío Guzmán confirmó que el alcalde se ausentó sin notificación formal, lo que ya de por sí implica una falta grave de transparencia. A la par de su viaje, en Elota ocurrían cosas mucho más urgentes. Policías municipales se manifestaron por la cancelación de su seguro de vida —que desconocían no tener desde marzo del año pasado—, la falta de uniformes y la suspensión de apoyos básicos como las despensas. En un contexto donde varios policías han sido asesinados en Sinaloa, estos trabajadores temen quedar desamparados si algo les ocurre. Mientras tanto, el alcalde se traslada en una camioneta blindada, en patrullas sí hay carencias, pero no en su comodidad. La dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas, lo expresó con claridad: “Estamos en un grito de auxilio”, subrayando que Elota es uno de los municipios más golpeados por la violencia, después de Culiacán. Aunque reconoció que buscar inversiones es válido, señaló que “la prioridad hoy es la seguridad”. El diputado Rodolfo Valenzuela, del PVEM, fue más duro al calificar el viaje como “una burla”. Criticó el uso de “pretextos banales” para justificar una salida internacional, mientras los habitantes enfrentan abandono. “Primero hizo escándalo con una silla que compró, ahora se va a París. ¿Eso es gobernar?”, cuestionó. La falta de seriedad del alcalde Richard Millán no está solo en el destino de su viaje, sino en la forma en que lo condujo: sin rendición de cuentas, sin atender el contexto local, sin priorizar lo urgente. Puede ser que la participación en foros internacionales sea útil, pero no cuando se hace desde la frivolidad y el descuido institucional. Elota necesita un alcalde que esté al frente, no al fondo de una postal turística. Que escuche el reclamo de su policía y su gente. Que no le dé la espalda a su realidad. Y, sobre todo, que entienda que gobernar no es viajar, sino responder, pero sobre todo con la seriedad que requiere un municipio en problemas y que le da atole con el dedo con tanta farándula. El alcalde a su regreso tiene mucho que explicar. Si es que quiere, por que al final el vive una realidad alterna. CERTEZAS La seguridad pública requiere de herramientas jurídicas eficaces que permitan actuar con celeridad y contundencia ante los delitos que más afectan a la ciudadanía. En este contexto, la iniciativa presentada por la diputada local Teresa Guerra Ochoa para reformar la legislación estatal en materia de robo de vehículos representa un paso importante y necesario. Actualmente, los casos en que una persona circula o posee un vehículo robado requieren de una querella formal para que la Fiscalía pueda proceder. Este requisito, aunque comprensible desde una óptica garantista, ha demostrado ser una barrera que muchas veces impide la acción inmediata de las autoridades, ralentizando la investigación y dejando a las víctimas en el abandono. La propuesta de que estos casos sean perseguidos de oficio —sin necesidad de denuncia— significa un cambio de paradigma que permitirá a la Fiscalía General del Estado actuar de manera más eficiente y oportuna. Lejos de implicar un aumento en las penas, la iniciativa se centra en destrabar los procesos legales para que la justicia llegue más rápido. Y esto es clave: no se trata de castigar más, sino de castigar mejor. La reforma propuesta no endurece la ley, sino que la hace más funcional, más alineada con la realidad cotidiana de quienes sufren el robo de su patrimonio. El robo de vehículos es uno de los delitos más comunes y, al mismo tiempo, uno de los que más frustración generan en la ciudadanía, precisamente porque los trámites y tiempos para recuperar una unidad robada suelen ser engorrosos. Permitir que la Fiscalía actúe de oficio es una forma directa de devolverle al Estado su capacidad de respuesta. Además, esta medida fortalece el principio de legalidad y refuerza la percepción de que las leyes sí se aplican. Y esto, en un contexto donde la impunidad sigue siendo un problema estructural, es un mensaje poderoso. La iniciativa impulsada por Teresa Guerra Ochoa es técnica, razonable y enfocada en resultados, lo mejor, es que se tiene la certeza de que el Congreso del Estado le dé el respaldo que merece y que pronto se convierta en ley. Sinaloa necesita este tipo de reformas que, sin caer en el punitivismo excesivo, fortalecen el Estado de derecho y dan mayor certeza a la ciudadanía. Todas mis columnas en: https://altoparlante.com.mx/entre-veredas/.  

“La libertad pertenece a quien la conquista”, André Malraux OBJETIVOS En medio de los constantes señalamientos sobre la falta de autonomía en los órganos de fiscalización municipal, la diputada Martha Yolanda Dagnino Camacho, representante de Guasave, ha presentado una propuesta que apunta a cerrar una puerta poco discutida pero estratégicamente importante: la de los vínculos políticos inmediatos en la designación del titular del Órgano Interno de Control de los Ayuntamientos. La iniciativa busca incorporar como requisito para aspirar a dicho cargo el no haber sido electo popularmente ni haber ejercido funciones clave como tesorero, secretario o director jurídico dentro del mismo Ayuntamiento en los últimos cuatro años. La lógica detrás de esta medida es clara: evitar que quienes han estado directamente involucrados en la administración municipal pasen a ocupar un puesto cuya misión principal es auditar, vigilar y, en su caso, sancionar actos de esa misma administración. El planteamiento tiene sentido dentro del marco de la transparencia y la rendición de cuentas. En la práctica, muchas veces los Órganos Internos de Control han sido ocupados por perfiles cercanos a las autoridades municipales en turno, lo que genera suspicacias —cuando no conflictos de interés abiertos— al momento de ejercer sus funciones. La dependencia jerárquica, sumada a los vínculos personales o políticos, puede convertir a estos órganos en entes meramente decorativos, incapaces de ejercer contrapesos reales. Con esta propuesta, se establece una especie de “periodo de enfriamiento” que permitiría garantizar un mínimo de independencia operativa. No se trata de descalificar la experiencia previa en la administración pública, sino de asegurar que esa experiencia no comprometa la imparcialidad con la que debe conducirse una función tan delicada como la de control interno. Es cierto que los requisitos legales no bastan por sí solos para garantizar la integridad institucional. Sin voluntad política y sin una cultura administrativa sólida, cualquier candado puede ser burlado. Sin embargo, propuestas como la de la diputada Dagnino Camacho avanzan en la dirección correcta: reconocer que los nombramientos no deben ser vistos como cuotas de poder, sino como piezas clave para el buen funcionamiento del aparato público. Blindar al Órgano Interno de Control es blindar la confianza ciudadana en el gobierno municipal. No se trata de obstaculizar carreras políticas ni de imponer vetos personales, sino de construir una institucionalidad más robusta. Esa es la importancia real de esta propuesta. IMPULSO En tiempos donde la migración debería abordarse con humanidad, razón y cooperación internacional, volvemos a presenciar medidas de corte punitivo que recuerdan a las peores etapas de exclusión y xenofobia. Las recientes redadas migratorias emprendidas por el gobierno de Estados Unidos, lejos de atender las causas estructurales del fenómeno migratorio, lo criminalizan y politizan. Desde el Congreso del Estado de Sinaloa, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, alzó la voz con firmeza. Condenó estas acciones, las calificó de racistas, discriminatorias y violatorias de derechos humanos. No es una postura menor, y no debería pasar desapercibida. Guerra Ochoa recordó con razón que Estados Unidos es una nación construida por migrantes. La historia lo confirma: desde los europeos que llegaron en el Mayflower hasta los millones de latinoamericanos que, con su trabajo, han sostenido sectores enteros de la economía estadounidense. Negar esa raíz es negar la esencia misma del país del norte. La diputada fue más allá: hizo un vínculo económico al señalar cómo estas redadas afectan también a Estados Unidos, citando, por ejemplo, la caída del dólar frente al peso mexicano. Es un dato que puede interpretarse de muchas maneras, pero que revela una tensión innegable entre ambos países, justo cuando se requiere mayor coopeación bilateral. En esa misma sintonía, el diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, también de Morena, se sumó al posicionamiento. Desde tribuna calificó estas acciones como “actos de intimidación y terror”. Su discurso apuntó a una exigencia legítima: que la política exterior mexicana defienda con dignidad los derechos de sus ciudadanos fuera del país. Ambos legisladores muestran que, en Sinaloa, el tema migratorio no se toma a la ligera. No es solo una bandera política: es una causa que toca fibras profundas en un estado donde muchas familias tienen a hijos, hermanos o padres que cruzaron la frontera en busca de mejores condiciones de vida. Frente a este contexto, vale preguntarse: ¿qué tanto puede incidir un Congreso local en la política internacional? Quizá poco en términos formales, pero mucho en términos simbólicos y políticos. Cada voz que se levanta desde las entidades federativas suma presión y visibilidad, sobre todo cuando el Ejecutivo federal, en este caso Claudia Sheinbaum, ya ha fijado una postura clara en defensa de los derechos humanos de los migrantes. Y es ahí donde reside el valor de estos posicionamientos: en no quedarse callados. En un mundo donde la migración no se detendrá, criminalizar al migrante es una respuesta fácil, pero errónea. Lo difícil —pero justo— es defender su dignidad, su historia y su derecho humano a buscar una vida mejor. La historia juzgará a quienes, desde cualquier trinchera, eligieron la empatía en lugar del silencio. INVERSIÓN En medio de una realidad nacional marcada por desafíos económicos, inflación y cautela en las inversiones, Sinaloa se presenta como un caso que merece ser observado con atención. Los números no mienten: durante el primer trimestre de 2025, el estado captó 9 mil 377 millones de pesos en inversión privada, lo que representa un crecimiento del 41% respecto al mismo periodo de 2024. Aún más relevante, el acumulado de la administración estatal alcanza ya los 108 mil 112 millones de pesos, un 13% más que en el periodo equivalente del sexenio anterior. Detrás de esta dinámica hay sectores clave que han sostenido el impulso. La construcción encabeza la lista con 45 mil 699 millones de pesos, seguida del turismo (32 mil 432 millones) y el comercio (13 mil 790 millones). No es casualidad: estos rubros están directamente vinculados a la infraestructura, el consumo y la proyección del estado como destino atractivo para capitales tanto nacionales como extranjeros. El secretario

“Nunca cierres los labios a quienes has abierto el corazón”, Charles Dickens LOS TIEMPOS En política, los gestos hablan tanto como los discursos. Y cuando el gobernador Rubén Rocha Moya, entre bromas y complicidades, dijo en público que no veía muchas ganas en Imelda Castro de terminar su periodo como senadora, no fue una frase al aire. Fue, en realidad, una afirmación velada: el futuro político de la legisladora morenista sigue tan vivo como su presencia en el escenario nacional. Imelda Castro ha construido una trayectoria que no solo se sostiene en lo institucional, sino que trasciende hacia lo simbólico. Su papel en el Senado ha sido destacado por la solidez de sus intervenciones, su capacidad de articulación y su fidelidad a los principios de la Cuarta Transformación. Es una figura que ha demostrado que se puede tener firmeza ideológica sin caer en dogmatismos, y que se puede ejercer el poder con vocación de servicio. Y hoy, más que nunca, el contexto nacional abre una puerta poderosa: la del “tiempo de mujeres”. No es una consigna vacía, sino una declaración de realidades. Claudia Sheinbaum lo ha dicho con claridad: México está listo para que las mujeres no solo ocupen cargos, sino que dirijan y transformen desde el poder. Esa idea, que retumba en Palacio Nacional y en las calles, también resuena con fuerza en los estados, donde liderazgos femeninos se preparan para dar el siguiente paso. En Sinaloa, Imelda Castro encarna esa posibilidad con legitimidad. Tiene experiencia, trayectoria y oficio político. Pero, además, tiene algo que no se fabrica: conexión real con las causas sociales, con las luchas por la justicia y con las aspiraciones de un sector amplio de la población que busca nuevos referentes en el poder. Su paso por el Congreso de la Unión no ha sido de bajo perfil. Ha encabezado iniciativas, ha participado en debates clave y ha sido una voz constante en temas de derechos, igualdad y transformación. Ha sabido ser institucional cuando el momento lo ha requerido, pero también crítica cuando ha sido necesario. Ese equilibrio, tan difícil de mantener, es una de sus fortalezas. Las palabras del gobernador Rocha no solo revelan una anécdota, sino que anticipan lo que muchos ya comentan en privado: Imelda Castro tiene condiciones para buscar la gubernatura de Sinaloa en 2027. Y si bien aún no hay definiciones oficiales, su nombre aparece de forma natural cada vez que se habla del relevo en el Poder Ejecutivo estatal. En un entorno político donde los liderazgos femeninos ganan fuerza, visibilidad y respeto, no es coincidencia que el presidente de la República y la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, hablen de romper techos de cristal. Lo que antes parecía excepción, ahora se perfila como norma: mujeres al frente, mujeres decidiendo, mujeres gobernando. Imelda Castro, como muchas otras morenistas, escucha ese eco y se identifica con él. No se trata de oportunismo, sino de convicción. El “tiempo de mujeres” también es el tiempo de liderazgos como el suyo, formados en la lucha, moldeados por la experiencia y fortalecidos por la congruencia. Por ello, pensar que su ciclo termina en el Senado es desconocer la dinámica actual. Lo suyo no es la pausa, sino la evolución. Y si algo ha demostrado en los últimos años, es que sabe esperar los tiempos, pero también sabe cómo y cuándo actuar. Sinaloa necesita más que nunca liderazgos capaces de mirar hacia adelante con firmeza, con sensibilidad y con visión de Estado. Imelda Castro ha dado señales de que está lista. Y eso, sin duda, es una buena noticia para la política sinaloense y para la representación de las mujeres en el poder. Porque sí: el tiempo de mujeres llegó, y algunas —como ella— llevan años preparándose para encabezarlo. Tiempo al tiempo. CAMBIO DE RIELES En una jornada cargada de simbolismo y sentido institucional, el gobernador Rubén Rocha Moya acudió al corazón de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) para atestiguar el Cuarto Informe de Labores y la toma de protesta del rector Jesús Madueña Molina. No fue una visita más: fue la reafirmación pública de un compromiso profundo con una de las instituciones educativas más emblemáticas de la entidad. Lejos de protagonismos o discursos políticos vacíos, el gobernador envió un mensaje de unidad y futuro: “Juntos debemos hacer que prevalezca la grandeza de la Universidad y cada vez acrecentar esa grandeza”, dijo ante una comunidad que, más allá de coyunturas, ha demostrado estar dispuesta a defender su autonomía y vocación educativa. Rocha Moya reconoció el liderazgo de Jesús Madueña, quien fue reelecto por la propia comunidad universitaria, hecho que —más allá de lo administrativo— representa un respaldo sólido a su gestión. Este reconocimiento no es menor en un contexto donde las instituciones públicas requieren estabilidad y conducción firme. Pero lo más relevante del mensaje del mandatario fue su promesa clara: la UAS contará con el respaldo del Gobierno del Estado, especialmente en el aspecto económico. “Siempre van a tener el apoyo para que la universidad no se estanque. Va a haber buenos tiempos, y esos buenos tiempos los vamos a compartir”, expresó Rocha, con tono cercano y comprometido. Este tipo de posicionamientos son importantes porque devuelven la esperanza a la comunidad universitaria. El compromiso de gestionar recursos para enfrentar el cierre de año, así como la coordinación próxima con el secretario de Educación, Mario Delgado, apuntan a una agenda de responsabilidad compartida y previsión institucional. La Universidad Autónoma de Sinaloa es más que aulas y trámites administrativos. Es una entidad viva, con más de 150 años de historia, que ha formado generaciones enteras de sinaloenses. Que hoy cuente con el respaldo del gobernador es una buena noticia no solo para quienes forman parte de la Casa Rosalina, sino para todo el estado. En tiempos de incertidumbre, la educación pública necesita más aliados que detractores. Y en ese sentido, Rocha Moya ha dejado claro de qué lado está. La universidad no solo se respeta: se apoya, se fortalece y se celebra. Ese es el camino correcto.

“El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído”, Concepción Arenal ENFOQUES En la política, la aprobación ciudadana es más que una cifra: es el termómetro que mide la legitimidad del liderazgo, la eficacia de la gestión y, sobre todo, el vínculo emocional entre el gobernante y su gente. En el caso de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, ese termómetro indica un dato contundente: es el presidente municipal mejor evaluado de Sinaloa, con un 55.9% de aprobación ciudadana, según la encuesta de mayo de Demoscopia Digital. Este dato, que podría parecer una simple estadística, encierra múltiples lecturas que vale la pena desmenuzar. En primer lugar, habla de estabilidad política. En un entorno donde muchos alcaldes enfrentan el desgaste natural del ejercicio del poder, el que Gámez mantenga una mayoría clara de respaldo popular demuestra que su administración no solo ha sabido sortear los retos, sino que ha logrado construir un gobierno con dirección y resultados visibles. Segundo, hay que subrayar el contexto geográfico y social de Culiacán. La capital sinaloense no es una ciudad cualquiera. Es el corazón económico, político y cultural del estado, pero también un municipio que arrastra históricas problemáticas en materia de seguridad pública, movilidad urbana, servicios básicos e infraestructura social. Gobernar Culiacán implica enfrentar una presión constante y una demanda ciudadana intensa. En ese entorno, no se gobierna solo con discursos, sino con acciones concretas y resultados medibles. Y es justamente ahí donde el liderazgo de Juan de Dios ha marcado la diferencia. Su estilo de gobierno —basado en el contacto directo con la ciudadanía, la atención a colonias populares y el fortalecimiento institucional— ha sido una apuesta por la cercanía y la eficacia. No es raro verlo en los barrios, en recorridos a pie, escuchando de primera mano las necesidades de la población, rompiendo con la vieja tradición del escritorio cerrado y el funcionario ausente. A eso se suma una buena capacidad de gestión con los gobiernos estatal y federal, lo que ha permitido destrabar recursos, iniciar obras estratégicas y generar una dinámica de colaboración institucional que se traduce en mejoras para la ciudad. El modelo de coordinación que ha promovido Gámez Mendívil es funcional y pragmático: no se trata de protagonismos, sino de generar resultados. Otro factor relevante es el momento político. En pleno año electoral, los alcaldes son observados con lupa. La ciudadanía está más crítica, más exigente, y los errores se magnifican. En ese escenario, que el alcalde de Culiacán no solo conserve, sino incremente su aprobación, habla también de una madurez política que le ha permitido mantenerse alejado de escándalos, conflictos innecesarios o divisiones internas. Desde luego, el reto ahora es doble: consolidar lo logrado y proyectarse hacia el futuro. Porque una alta aprobación no solo valida lo hecho, también coloca a Juan de Dios Gámez como un actor relevante en el tablero político de Sinaloa. Su desempeño en Culiacán podría convertirse en plataforma para aspiraciones mayores, si así lo decide, ya que el capital político que ha acumulado lo posiciona como un perfil confiable, experimentado y con legitimidad ciudadana. En suma, el dato de la encuesta no es una anécdota, sino una señal clara de que sí es posible gobernar con eficiencia, cercanía y visión estratégica. Juan de Dios Gámez lo está haciendo, y la ciudadanía lo está reconociendo. Porque al final del día, más allá de colores o coyunturas, lo que la gente quiere es algo muy simple: un gobierno que funcione. Y, por ahora, Culiacán parece tenerlo. PROYECTO Hay obras que trascienden el cemento y el ladrillo. Hay proyectos que, más que infraestructura, representan un acto de justicia social, una respuesta sensible a necesidades históricamente postergadas. Tal es el caso del Centro Regional de Autismo que comenzará a construirse en el municipio de Elota el próximo lunes 16 de junio, con la colocación de la primera piedra anunciada por el alcalde Richard Millán Vázquez. Este centro no es solo una obra pública más. Es la cristalización de una demanda legítima de cientos de familias que, por años, han tenido que enfrentar la falta de atención especializada para sus hijos e hijas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Es, también, un testimonio del compromiso que puede alcanzar un gobierno municipal cuando hay sensibilidad, voluntad política y visión social. El impacto del centro no se limitará a Elota. Será un espacio regional que beneficiará a habitantes de San Ignacio, Cosalá y el sur de Culiacán, lo que amplifica su relevancia y consolida su vocación incluyente. No se trata solo de atender, sino de integrar, acompañar y transformar vidas. Contar con personal altamente capacitado en terapias de lenguaje, desarrollo cognitivo, habilidades sociales, psicomotricidad, así como talleres de cómputo y espacios de entretenimiento terapéutico, marca una diferencia profunda con respecto a la atención tradicional. Aquí se habla de una intervención integral, de calidad y centrada en la dignidad de las personas. El reconocimiento al gobernador Rubén Rocha Moya es justo y necesario. Su respaldo financiero y político ha sido clave para hacer realidad este sueño. Pero también hay que destacar la labor de gestión del presidente municipal Richard Millán, quien ha puesto sobre la mesa una agenda social auténtica, priorizando a los sectores más vulnerables. Cuando los gobiernos se coordinan con sensibilidad, las cosas buenas suceden. La colocación de la primera piedra de este centro no es un acto simbólico cualquiera. Es el inicio de una nueva etapa para muchas familias, que ahora contarán con un espacio donde la esperanza dejará de ser abstracta y tomará forma concreta en cada sesión de terapia, en cada diagnóstico oportuno, en cada sonrisa recuperada. Este tipo de acciones deberían marcar el estándar de lo que se espera de una administración pública: proyectos que cambien vidas, que abran puertas, que acerquen derechos. Hoy, Elota envía un mensaje claro al estado: que sí se puede gobernar con empatía, que sí se pueden hacer políticas públicas con el corazón. Y sobre todo, que la inclusión no es un

“Si escondes tu ignorancia, nadie te herirá y nunca aprenderás”, Ray Bradbury DE PIE El proceso judicial que ahora enfrenta Gerardo Octavio Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, abre una ventana incómoda para el debate público: ¿estamos ante un ejercicio legítimo del Estado de derecho o ante una estrategia política con ropaje legal? La respuesta, como casi siempre en estos casos, no es sencilla. El juez de control determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso a Vargas Landeros por los delitos de abuso de autoridad y actos cometidos por servidores públicos. Este paso, hay que subrayarlo, no significa una condena, pero sí formaliza que la investigación penal sigue su curso. El acusado, por su parte, se mostró contenido, institucional en sus palabras, evitando confrontaciones y afirmando confiar en que la ley prevalecerá. Sin embargo, el propio Gerardo Vargas —en un comunicado posterior y más elaborado— dejó entrever que detrás de este proceso judicial hay motivaciones políticas. Aunque en su declaración pública al salir del Centro de Justicia Penal se reservó opinión sobre una posible persecución, en el mensaje escrito fue más directo: acusa que lo quieren apartar del escenario político por la vía de los tribunales, lo que en términos prácticos es un eufemismo para describir una embestida con fines electorales o de control territorial. Aquí el análisis debe detenerse y considerar dos dimensiones. La primera es jurídica: las instituciones están actuando bajo los procedimientos establecidos, y el juez encontró elementos que ameritan la continuación de la investigación. La Fiscalía ha tenido, por tanto, el peso suficiente para sostener los cargos, al menos de forma inicial. La segunda es política: Gerardo Vargas no es un actor menor en el tablero sinaloense. Su trayectoria, su cercanía con figuras de poder y su propia aspiración de mantenerse vigente lo convierten en una figura incómoda para algunos y estratégica para otros. A poco más de un año de las elecciones de 2027, cualquier movimiento que afecte a un perfil con peso territorial como el suyo no puede ser visto sólo como un hecho judicial. Siempre hay cálculo. Este proceso también pone en tensión un viejo dilema: ¿cuándo se cruzan los límites entre justicia y revancha? En México, la línea suele ser delgada, y en muchos casos el combate a la corrupción ha sido utilizado para descarrilar proyectos políticos rivales. Gerardo Vargas, por ahora, mantiene la narrativa de respeto institucional, asegura que no se va a doblegar y apela al respaldo ciudadano. Es una estrategia prudente, sobre todo si busca mantenerse en la conversación pública mientras se resuelve su situación legal. La pregunta que queda en el aire es si este caso terminará como una muestra de que nadie está por encima de la ley, o si con el tiempo se confirmará que la justicia fue usada como ariete político. De ese desenlace dependerá no sólo la suerte de Vargas Landeros, sino también la credibilidad de las instituciones sinaloenses. Mientras tanto, el mensaje es claro: la política en Sinaloa está lejos de la calma. Y los juicios, aunque se desarrollen en tribunales, también se libran en la arena pública. La política no se toma vacaciones. Aunque el Congreso entra en receso, los hilos del poder siguen tejiéndose en la Comisión Permanente. Y en esa antesala del debate nacional, Enrique Inzunza Cázarez acaba de ser nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, una responsabilidad que trasciende lo simbólico. Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa y actual senador por Morena, es un operador político con disciplina, verbo medido y habilidad institucional. Su nombramiento como presidente de esta comisión es un reconocimiento a su perfil, pero también una muestra de confianza de su bancada para mantener la estabilidad y lectura política en tiempos donde la temperatura nacional sube por los reacomodos post-electorales y los debates sobre reformas clave, como la del Poder Judicial. La Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales no es menor. Durante el receso legislativo, este órgano tiene la tarea de dar seguimiento a temas de coyuntura nacional e internacional, y de preparar el terreno para lo que vendrá en el próximo periodo ordinario. Es ahí donde se procesan muchos de los posicionamientos que más tarde marcarán agenda. Y estar al frente significa tener un termómetro político en la mano… y también un altavoz. Este nombramiento coloca a Inzunza en un punto de observación privilegiado. Conoce el poder desde dentro —como magistrado, como secretario general, como legislador— y su ascenso paulatino lo perfila como uno de los cuadros más consistentes de Morena en Sinaloa, con proyección nacional. No es alguien que se imponga por estridencia, sino por constancia, y eso, en política, suele rendir frutos. ¿Y qué implica esto para Sinaloa? Tener a un sinaloense al frente de una comisión de este tipo es tener una silla más cercana a los temas donde se deciden los rumbos del país. Implica también capacidad de interlocución con actores fuera del estado, y una oportunidad para posicionar temas regionales en la agenda nacional si se sabe utilizar con inteligencia. En un momento donde Morena redibuja su estructura nacional y prepara la transición del poder presidencial, quienes ocupan cargos estratégicos dentro del Congreso son piezas que pueden ser consideradas para responsabilidades mayores. La presidencia de esta comisión, aunque no brilla en los reflectores como otras, tiene peso en la toma de decisiones. Y ahí está Inzunza. Por supuesto, el reto será no perder el vínculo con la base, ni con el territorio. El riesgo de quienes ascienden en la política nacional es olvidar el suelo que los sostuvo. Pero si algo ha demostrado Inzunza es capacidad para navegar en distintas aguas sin naufragar. Por lo pronto, Enrique Inzunza suma una responsabilidad más a su carrera política. Y lo hace en un espacio donde se gestan muchas de las discusiones que terminarán marcando el sexenio de Claudia Sheinbaum. No es un cargo de trámite. Es una señal de rumbo. RECURSOS La senadora Paloma Sánchez Ramos reiteró algo urgente: que le pongan el nombre que

“La perseverancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan su fruto”, Arturo Graf AVANCE La aprobación del dictamen para adicionar el artículo 264 Bis al Código Penal del Estado de Sinaloa, por parte de la Comisión de Justicia del Congreso local, representa un paso firme en el fortalecimiento del marco jurídico para la seguridad vial y ciudadana. Con esta nueva disposición se busca castigar con severidad a quienes coloquen objetos punzocortantes, como ponchallantas, en las vías de comunicación, así como a quienes los fabriquen, distribuyan o comercialicen con fines delictivos. La propuesta contempla sanciones que van de tres a diez años de prisión, multas económicas, y un aumento de la pena cuando se involucre a menores de edad o se trate de servidores públicos. Este enfoque no solo persigue el acto violento o doloso, sino también la cadena de suministro y complicidad que hace posible su uso, cerrando el paso a quienes lucran con herramientas destinadas a causar daño. La realidad en Sinaloa, como en otras regiones del país, ha mostrado episodios en los que estos artefactos han sido empleados por grupos criminales para obstaculizar operativos de seguridad, perpetrar asaltos o evitar detenciones. El uso de ponchallantas pone en riesgo no solo a las fuerzas del orden, sino a civiles que transitan por las carreteras y calles del estado, y cuya integridad se ve comprometida sin previo aviso. Lo que destaca de este dictamen es que no se limita al castigo del acto consumado, sino que actúa de manera preventiva, penalizando la fabricación y comercialización de estos objetos con fines ilícitos. Además, se incorpora una visión de mayor sensibilidad al establecer agravantes cuando se utilizan menores de edad, una práctica lamentablemente común en actividades delictivas. El respaldo que recibió esta reforma en la Comisión de Justicia, con el voto favorable de las diputadas y diputados Yeraldine Bonilla, Ambrocio Chávez y Erika Rubí Martínez, da cuenta de un consenso político en torno a un tema urgente: proteger el tránsito seguro y libre en las vías de comunicación del estado. En un entorno donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales, la legislación debe evolucionar para cerrar espacios de impunidad y responder con contundencia a prácticas que, como el uso de ponchallantas, tienen impactos directos en la vida cotidiana, en la economía regional y en la percepción general de orden y justicia. Aún está pendiente su aprobación en el Pleno del Congreso, pero de concretarse, esta medida no solo enviará un mensaje de legalidad, sino que dotará a las autoridades de una herramienta legal específica para actuar de forma más eficaz ante un fenómeno que ha crecido al margen de las sanciones tradicionales. Su implementación adecuada será clave para que este nuevo artículo no quede en letra muerta. CUENTAS CLARAS A un mes de haber asumido el cargo como presidente municipal de Ahome, designado por el Congreso del Estado, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez ofrece un balance positivo de su gestión inicial, centrado en la continuidad administrativa, la eficiencia operativa y el respeto al recurso público. Lejos de enfrentar turbulencias o resistencias internas, el alcalde asegura que el gobierno municipal marcha mejor de lo esperado. Su primer mes ha estado marcado por una estrategia de diálogo directo con la base trabajadora, tanto sindicalizada como de confianza, así como con el cuerpo de seguridad pública. Estos primeros pasos han sido clave para consolidar un ambiente institucional estable y propicio para avanzar en las metas municipales. Uno de los aspectos destacados por Menéndez De Llano es el enfoque en la responsabilidad financiera. El hecho de que la quincena se haya pagado dos días antes, como ejemplo de buena planeación presupuestal, envía una señal importante: la prioridad está en el orden interno y en cumplir en tiempo y forma con las obligaciones del municipio. La administración también ha puesto énfasis en una revisión estructural de programas y servicios, para dirigir el gasto público a las áreas con mayor necesidad. Esto implica evitar el dispendio sin frenar la operación básica ni la ejecución de obras, lo cual resulta fundamental en una etapa en la que la ciudadanía exige resultados sin excusas. Además, el alcalde ha ratificado su compromiso con el trabajo en equipo, el respeto y la colaboración como ejes de su gestión. Este discurso conciliador y operativo parece bien recibido por los empleados municipales y por la población en general, al menos en esta primera etapa. El reto, sin embargo, estará en mantener este ritmo conforme pasen los meses, especialmente cuando surjan demandas más complejas o se acerque el contexto electoral. Gobernar sin conflictos iniciales es un buen arranque, pero lo verdaderamente relevante será traducir la estabilidad administrativa en resultados tangibles para la población. En resumen, la gestión de Antonio Menéndez De Llano comienza sin sobresaltos y con señales de disciplina institucional. La expectativa ciudadana, no obstante, va más allá del orden interno: se espera que esta etapa se convierta en una oportunidad para fortalecer los servicios públicos, generar obra social útil y mantener la gobernabilidad en uno de los municipios más importantes del norte de Sinaloa. INVITACIÓN Tras los recientes resultados electorales en Veracruz y Durango, donde Movimiento Ciudadano (MC) logró un crecimiento notable en votación, el partido comienza a perfilar su estrategia rumbo a los comicios de 2027 con un mensaje claro: consolidar su expansión y abrirse a nuevos perfiles ciudadanos. El diputado local Torres, al evaluar los avances de MC en dichas entidades, expresó confianza en el posicionamiento del partido como una fuerza política cada vez más atractiva. En este contexto, lanzó un exhorto público y directo a dos figuras sinaloenses: Sergio “Pio” Esquer y Bosco de la Vega, a quienes invitó a considerar una eventual participación como candidatos de MC. Más allá de los nombres, el mensaje refleja un enfoque estratégico: abrirse a perfiles ciudadanos con capital social y trayectoria, no necesariamente provenientes de estructuras partidistas tradicionales. La declaración del diputado Torres sobre mantener abiertas las puertas del partido para “gente buena, de

“El talento es algo bastante corriente. No escasea la inteligencia, sino la constancia”. Doris Lessing QUE SIEMPRE NO La reciente resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoca la expulsión de Victoria Sánchez Peña de Morena abre una importante reflexión sobre los límites del castigo partidista y la vigencia del debido proceso incluso dentro de los institutos políticos. No se trata solo del caso de una política que decidió abanderar otra causa –el Partido del Trabajo– cuando no fue elegida como candidata de su partido de origen. Se trata del derecho de cualquier militante a que su caso sea revisado con imparcialidad, atendiendo a las circunstancias específicas y no con castigos ejemplares que parecen más propios del autoritarismo que de una democracia interna saludable. El fallo del Tribunal Electoral de Sinaloa (Teesin), ratificando la expulsión de Sánchez Peña por su participación como candidata del PT en las elecciones municipales de Culiacán, ha sido considerado insuficientemente fundamentado por la autoridad federal. La Sala Regional no defiende la conducta de la excandidata, pero sí señala algo fundamental: no se individualizó la sanción. No se analizaron, como lo exige la ley, los elementos de contexto, la proporcionalidad del castigo, ni las condiciones personales de la militante. La presidenta de la Sala, Carolina Chávez Rangel, fue clara: Morena cuenta con un catálogo de sanciones flexible, que permite ir más allá del castigo sumario. La decisión ahora está en manos del Teesin, que tendrá que revalorar los hechos en un plazo de 10 días hábiles, considerar el daño real, la intención, la reincidencia –si la hay– y el contexto en que Victoria Sánchez tomó la decisión de competir por otro partido. La pregunta de fondo es si los partidos están realmente preparados para ejercer justicia interna o si recurren con demasiada facilidad a la sanción máxima cuando un militante se atreve a tomar una ruta distinta. No se debe olvidar que Morena ha justificado muchas de sus decisiones en la lógica de una transformación democrática. Ese mismo estándar debería aplicarse hacia dentro. El caso Victoria Sánchez también representa un espejo para los partidos en general. ¿Expulsar a quien disiente o abreva en otra fuerza es un acto legítimo, o una forma de blindar la cúpula del poder interno? ¿Castigar sin medir contextos y sin aplicar el principio de proporcionalidad abona a la construcción de partidos más sólidos o simplemente reproduce viejas prácticas? En tiempos donde la confianza ciudadana en los partidos políticos es frágil, actuar con justicia, prudencia y legalidad no es sólo una obligación jurídica, sino una necesidad política. DETALLES A un mes de haber asumido el mando en la presidencia municipal de Ahome, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez ha mostrado una forma de gobernar que contrasta con los arranques improvisados y las decisiones aceleradas que suelen verse en los relevos de poder. Su mensaje es claro: los cambios en el Ayuntamiento continuarán, pero se harán con responsabilidad, análisis y sin confrontaciones innecesarias. En su declaración más reciente, Menéndez deja ver que su administración no busca remover por remover, sino transformar para eficientar. La revisión a fondo de cada área y la decisión de hacer ajustes donde realmente se requieran, revela una intención de fondo: mejorar el servicio público sin sacrificar la estabilidad administrativa. Uno de los puntos más relevantes es el enfoque hacia el ahorro. Aunque aún no se han presentado cifras concretas, el alcalde sostiene que ya se registran importantes reducciones en el gasto, lo cual permitiría destinar recursos a problemáticas urgentes como el sistema de drenaje en Los Mochis, una demanda ciudadana constante. El hecho de que se haya cubierto el pago a trabajadores dos días antes de la quincena es una señal simbólica, pero potente, de que algo está cambiando en el uso del dinero público. No se trata sólo de mover piezas, sino de moverlas bien. En un escenario donde muchos alcaldes interinos actúan como simples figuras de transición, Menéndez está dejando claro que su periodo no será un mero trámite. Su estilo de gobierno, basado en acuerdos, revisión técnica y responsabilidad presupuestaria, podría sentar un precedente para futuras gestiones. En tiempos donde la política se mide más por los escándalos que por los resultados, el alcalde sustituto de Ahome parece apostar por el trabajo silencioso, el ahorro efectivo y una administración que escucha antes de actuar. Si logra sostener esta línea, no sólo podrá cerrar bien su ciclo, sino que dejará un modelo de gestión más sensato y funcional. PROYECCIÓN La apuesta por el desarrollo no puede construirse sin visión, y en Sinaloa, particularmente en Culiacán, esa visión empieza a materializarse. Lo dicho por el secretario de Economía, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, al destacar los proyectos estratégicos que ya están en marcha, confirma que se están sentando las bases para una transformación de fondo en la capital sinaloense. El nuevo Centro de Convenciones de Culiacán, junto con el malecón margen izquierda del río y la remodelación del aeropuerto internacional, no son simples obras de infraestructura: son pilares de una nueva etapa económica para la ciudad. Proyectos que durante años estuvieron en el escritorio hoy forman parte de una estrategia integral aprobada por el Congreso del Estado, con presupuesto asignado y objetivos claros. Culiacán está posicionándose como un nuevo polo para la industria de reuniones, un sector con enorme potencial de crecimiento. La confirmación de la Convención Nacional de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia en esta ciudad lo demuestra: hay confianza, hay capacidad y hay condiciones para recibir eventos de alto nivel. Esta industria no sólo genera derrama económica directa, sino que impulsa el turismo, los servicios, la gastronomía y el comercio local. La clave está en la articulación. Velarde Cárdenas lo ha dejado claro: el diálogo con las cámaras empresariales, los comerciantes y todos los sectores productivos es permanente. No se trata de imponer decisiones, sino de construir consensos para una reactivación económica sólida, sostenible y que beneficie a todas y todos los sinaloenses. En medio de un

“El conocimiento viene, la sabiduría se queda”, Alfred Tennyson MISIÓN INCUMPLIDA Se gastaron miles de millones de pesos. Se habló de un “hito democrático”. Se prometió que el pueblo por fin tendría voz en la integración del Poder Judicial. ¿Y qué obtuvimos a cambio? Una elección deslucida, desinformada y, para no variar, desangelada. La llamada “elección judicial” del 1 de junio será recordada, si acaso, por su monumental falta de impacto. Según datos oficiales del INE, la participación ciudadana apenas rozó el 13%. Es decir, nueve de cada diez mexicanos decidieron no ir a votar. ¿Por apatía? No. Por desconocimiento. Porque nadie supo qué demonios se estaba votando. Y no es culpa del ciudadano. Es culpa de un aparato electoral rebasado, de una estrategia de difusión inexistente y de un gobierno que quiso maquillar de “democrático” lo que en realidad fue una ocurrencia costosa. El INE pidió más de 13 mil millones de pesos para organizar la elección. Solo le dieron poco más de 6 mil. ¿El resultado? Boletas incomprensibles, escasa capacitación y una jornada que en muchas zonas del país pasó completamente desapercibida. ¿Dónde quedaron los mítines, los debates, la deliberación pública? En su lugar, tuvimos “acordeones” autorizados en casillas —una lista de candidatos que los votantes podían llevar— porque nadie recordaba los nombres de los aspirantes. Una simulación que dejó ver la improvisación más absurda: ministros con sobrenombres como “La Dama de Hierro” o “El Ángel de la Justicia” buscando captar el voto popular como si esto fuera una campaña de TikTok. Este proceso no fue una elección. Fue una lotería. Y lo más preocupante: se trataba de elegir a quienes impartirán justicia, a quienes interpretarán la ley, no a edecanes ni influencers. El Poder Judicial no se juega en una urna a ciegas. Se construye con conocimiento, experiencia y criterio jurídico, no con propaganda. La elección judicial no fortaleció la democracia, la debilitó. Minó la confianza ciudadana, ridiculizó al sistema y nos dejó con la amarga sensación de haber gastado una fortuna en una elección que nadie entendió y que muy pocos validan. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que esta elección fue “todo un éxito” y que “México es el país más democrático del mundo”. Lo dijo con orgullo, señalando que al menos 13 millones de personas votaron y que las campañas fueron austeras. Pero la cifra de participación, entre 12.57% y 13.32%, no es motivo de celebración, sino de autocrítica. Es el reflejo de una desconexión brutal entre el gobierno y la ciudadanía. Si 87 de cada 100 mexicanos decidieron no participar en una supuesta fiesta democrática, no es porque no les importe el país, sino porque el país no les explicó de qué iba esta fiesta. Y si eso es lo que ahora se presume como éxito, entonces quizá deberíamos revisar qué entiende este gobierno por democracia. Porque una cosa es la narrativa oficial… y otra muy distinta, la realidad que votó —o que, en su mayoría, no votó. APARECIDO Después de nueve meses fuera del reflector, Andrés Manuel López Obrador reapareció en un escenario que, sin ser político en forma, fue profundamente simbólico en fondo: la elección del Poder Judicial. Su presencia en las urnas no fue casual ni discreta. El expresidente volvió justo en el momento en que el país celebraba la primera votación popular para elegir jueces, magistrados y ministros. Y lo hizo con un mensaje que resume no solo su visión de país, sino también el legado que intenta cimentar: “Es la primera vez en la historia que el pueblo tiene derecho a elegir a quienes imparten justicia”. El gesto fue político, sí, pero también personal. López Obrador acudió no como líder partidista ni como presidente en funciones, sino como el impulsor original de esta reforma constitucional. La elección judicial fue su propuesta, su bandera, su iniciativa más disruptiva en el terreno institucional, y ahora la veía materializarse. Durante su breve aparición, no perdió oportunidad para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor presidenta del mundo”. En su estilo característico, el mensaje fue claro: continuidad, confianza y unidad dentro del movimiento que fundó. Más allá de la narrativa, su presencia buscó enviar una señal: aunque fuera del poder, sigue siendo una figura central en la vida pública del país. Su asistencia buscó reforzar la legitimidad de un ejercicio democrático inédito, cuya efectividad aún está en debate, pero que representa uno de los pilares discursivos del lopezobradorismo: acercar el poder al pueblo. La reaparición de López Obrador no fue un regreso cualquiera. Fue, en muchos sentidos, un cierre de ciclo. Regresó justo donde quiso dejar su marca: en las urnas, junto al pueblo, eligiendo el futuro de una justicia que, por primera vez, dice responder a la voluntad popular. PROPUESTA El robo de vehículos en Sinaloa no es un delito menor ni aislado. Se ha convertido en una actividad estructurada, muchas veces ligada al crimen organizado, que abarca desde el despojo a la víctima hasta la alteración de datos del automóvil, su desmantelamiento y uso para otros fines delictivos. En este contexto, la iniciativa presentada por la diputada morenista Arely Berenice Ruiz López representa un paso importante hacia una respuesta más firme y eficaz. La propuesta legislativa busca que las autoridades persigan de oficio ciertos actos relacionados con vehículos robados, sin que medie denuncia previa. Es decir, si alguien altera el número de serie de un vehículo robado o simplemente lo detenta, transita o lo utiliza, podrá ser investigado y sancionado directamente por el Ministerio Público. Esto es relevante por una razón sencilla pero poderosa: muchas víctimas no denuncian. Ya sea por miedo, desconocimiento o simple desconfianza en el sistema de justicia, los delitos quedan impunes y los delincuentes operan con libertad. Esta reforma apunta a romper ese círculo vicioso. El objetivo es claro: cerrar los espacios de impunidad. Cuando una persona es sorprendida en posesión de un automóvil con reporte de robo o alterado, las autoridades no deberían esperar a que aparezca el

“Las personas que tienen poco que hacer son por lo común muy habladoras: cuanto más se piensa y obra, menos se habla”, Montesquieu COSTAL DE ALACRANES La gestión del alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, va de mal en peor, y el nombramiento de Trinidad Ibarra Martínez como nuevo tesorero municipal no hace más que confirmarlo. Que alguien sin experiencia en finanzas públicas y con una carrera ligada exclusivamente al ámbito deportivo sea puesto al frente de las finanzas del Ayuntamiento, no es solo una burla al servicio público: es un claro mensaje de que aquí no importa la capacidad, sino la conveniencia política. Ibarra Martínez, quien durante años se ha desempeñado en cargos relacionados con el deporte, hoy carga con un costal de alacranes sin siquiera tener idea del tipo de víboras que ahí se manejan. El Ayuntamiento de Escuinapa atraviesa por una crisis de credibilidad, de transparencia y de manejo de recursos, y en lugar de apostar por un perfil técnico con experiencia en contabilidad gubernamental o administración pública, el alcalde prefiere improvisar con sus incondicionales. A esto se suma la comparecencia pendiente del ex tesorero Francisco Javier Martínez Carrillo, quien asegura estar listo para explicar el manejo financiero durante su gestión, en respuesta a las acusaciones del regidor Eleazar Pacheco. Martínez Carrillo dice contar con documentación oficial, estados de cuenta, nóminas y pruebas que acreditan que los recursos se usaron conforme a la ley. Es decir, está dispuesto a dar la cara, algo que muchos dentro del actual gabinete municipal no pueden decir. Más allá de si el ex tesorero cometió o no irregularidades —eso lo determinarán las instancias correspondientes—, lo que resulta preocupante es el caos administrativo que impera en el gobierno municipal. Mientras se discuten posibles “aviadores”, desvíos o desorden presupuestal, el alcalde da manotazos de ahogado y designa a un tesorero sin preparación para enfrentar una crisis técnica. Este tipo de decisiones solo profundizan la desconfianza ciudadana. ¿Qué sigue? ¿Un entrenador físico como director de Obras Públicas? ¿Un cronista deportivo al frente de Planeación? Lo cierto es que Escuinapa no necesita ocurrencias ni compadrazgos, necesita profesionalismo, rendición de cuentas y un gobierno que respete el dinero del pueblo. Pero a Díaz Simental parece que nada de eso le importa. Lo suyo es gobernar con ligereza, como si el municipio fuera un juego de equipo entre amigos, y no una administración que requiere técnica, legalidad y responsabilidad. Con este nombramiento, el alcalde deja claro que su prioridad no es el bienestar de Escuinapa, sino mantener el control a cualquier costo. Aunque eso implique dejar las finanzas del municipio en manos de alguien que no tiene ni la más mínima preparación para manejarlas. Hoy Escuinapa tiene un nuevo tesorero, sí. Pero lo que no tiene —ni parece tener pronto— es un rumbo claro. DE MAL EN PEOR La situación financiera del Ayuntamiento de Guasave es crítica, pero más preocupante aún es la forma en que se pretende enfrentarla. En su reciente comparecencia ante el Cabildo, el tesorero municipal Édgar Adair Espinoza Robles presentó la Estrategia Financiera 2025 como si se tratara de un logro técnico digno de aplauso, cuando en realidad lo que reveló fue un diagnóstico desesperado con parches improvisados y promesas que podrían no sostenerse. Es verdad: la caída en las participaciones federales ha golpeado a todos los municipios. Pero también es cierto que en Guasave los efectos son más graves debido al lastre de una deuda heredada de 288 millones de pesos con el IMSS, a la que el propio tesorero califica de impagable. El litigio continúa, pero la bola de nieve sigue creciendo, mientras se arrastra una crisis estructural que ningún gobierno anterior ha tenido la voluntad —ni la capacidad— de resolver. Espinoza Robles asegura que, por instrucciones de la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya, se están priorizando los pagos de nómina, impuestos, servicios públicos y gasto social. Pero al mismo tiempo, admite que tan solo la quincena cuesta 18.7 millones de pesos y que, con lo que se recauda, difícilmente se cubren los compromisos básicos del mes. ¿Entonces cuál es la estrategia real? ¿Cruzar los dedos y esperar un milagro? Se presume que se han eliminado despachos de cobranza y que se logró un ahorro de 2 millones de pesos mensuales, se finiquitaron viejas liquidaciones y se atendieron trámites con la CFE de Juan José Ríos. Sin embargo, también se dice —con tono triunfalista— que se está por pagar un aumento salarial del 7% a los sindicalizados y que ya se incrementó el salario mínimo a 600 trabajadores. ¿No hay una contradicción entre el discurso de austeridad y estas decisiones? ¿Dónde está el equilibrio financiero? Lo más revelador es el reconocimiento de que el déficit estimado inicialmente era de 100 millones de pesos, y que ahora —gracias a una serie de medidas de recaudación— podría cerrarse en 55 millones. Esto no es un mérito: es una señal de que el municipio no está preparado para resistir nuevas caídas en ingresos y que sigue dependiendo de la buena voluntad del Gobierno del Estado, que incluso ya tiene en trámite un adelanto de participaciones por 6 millones de pesos. Más endeudamiento a corto plazo para tapar baches que se vuelven cráteres. Las declaraciones del tesorero se presentaron como una rendición de cuentas técnica y transparente, pero en el fondo muestran a un Ayuntamiento atrapado entre deudas heredadas, una nómina insostenible y una administración que —aunque intenta— no logra articular una política financiera sólida a mediano plazo. Guasave necesita más que contención. Requiere decisiones difíciles, revisión estructural del gasto, una reforma administrativa interna y un rediseño completo del modelo de recaudación. Pero mientras se sigan tomando decisiones para el aplauso fácil o para calmar momentáneamente a los sindicatos y a los regidores, la ciudad seguirá caminando en la cuerda floja… y sin red abajo. EL CURITA La entrega de apoyos económicos a 83 productores temporaleros en Elota, como parte del Programa de Siniestros Agropecuarios, podría parecer una buena noticia en medio de la

“Es inútil volver sobre lo que ha sido y ya no es”, Frédéric Chopin DIRECTO En un momento en que Sinaloa enfrenta complejos retos en materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado un mensaje contundente que trasciende los titulares y los índices de violencia: Sinaloa es mucho más que los hechos aislados que intentan empañar su imagen. Con claridad y determinación, Sheinbaum pidió no estigmatizar a este estado, reconociendo su invaluable contribución a la producción agrícola del país y destacando la fortaleza de su gente. “Sinaloa es el granero de México”, dijo Sheinbaum, recordando que esta entidad es uno de los principales productores de maíz, alimento esencial para la economía y la cultura nacional. Al afirmar que “sin Sinaloa no hay país”, la presidenta subrayó la relevancia de esta tierra que, con esfuerzo y trabajo diario, impulsa a México hacia adelante. Este reconocimiento es un acto de justicia para quienes, día a día, sostienen no solo la economía local sino también el abastecimiento del país entero. El reciente abatimiento de un objetivo prioritario como “El Perris”, presunto jefe de seguridad de “Los Chapitos”, no solo refleja la capacidad de las fuerzas federales, sino también la voluntad política de garantizar la seguridad de los sinaloenses. Las palabras de Sheinbaum no son solo respaldo; son la reafirmación de que la federación no dará un paso atrás en el combate a la violencia, mientras reconoce el esfuerzo de la población y su derecho a vivir en paz. Además, la mandataria aprovechó para reiterar que su gobierno está comprometido con un modelo de justicia participativa, convocando a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones del próximo 1 de junio. Al enfatizar que ahora será el pueblo quien elija a jueces, magistrados y ministros, Sheinbaum marca un precedente histórico en el fortalecimiento de la democracia en México. Este mensaje no es solo político, sino profundamente humano. Es un reconocimiento a la gente de Sinaloa, a sus productores, comerciantes, maestras, estudiantes y a todas las personas que cada día construyen el futuro del estado. Es una llamada a mirar más allá de la violencia y a apostar por el potencial, el esfuerzo y la resiliencia de una tierra que merece ser reconocida y apoyada. ESPALDARAZO En medio de la compleja situación de violencia que enfrenta Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado un mensaje claro y contundente: el gobernador Rubén Rocha Moya está haciendo su trabajo y cuenta con el respaldo total del gobierno federal. Durante su visita al estado para dar inicio al programa Salud Casa por Casa, la mandataria reafirmó que la coordinación entre ambos niveles de gobierno está más fuerte que nunca, y que no se escatimarán esfuerzos para devolver la paz a los sinaloenses. Este compromiso no es menor. Sinaloa, tierra de trabajo y cultura, enfrenta desafíos derivados de pugnas entre grupos criminales que buscan imponer su ley. Pero también es cierto que detrás de cada operativo, cada patrullaje y cada acción de inteligencia, hay una determinación firme del Estado para proteger a su gente. El respaldo que Sheinbaum ofrece a Rocha no es solo institucional: es un mensaje de esperanza para quienes cada día salen adelante, trabajando y construyendo un mejor futuro para sus familias. La respuesta del gobierno federal es clara: todo el apoyo, sin reservas. Esto implica no solo la presencia de fuerzas federales, sino también una colaboración interinstitucional que suma a la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales y municipales. Porque enfrentar al crimen organizado requiere unidad, estrategia y una convicción absoluta de que la paz es posible. La historia reciente nos ha enseñado que Sinaloa sabe levantarse. Su gente es trabajadora, resiliente y comprometida con su tierra. Por eso, el respaldo federal y las acciones del gobierno estatal son una oportunidad para reconstruir la confianza en las instituciones y demostrar que, cuando se trabaja de la mano, se pueden superar los retos más complejos. LLAMADO En un momento de posibles confusiones sobre programas sociales en Ahome, el alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez ha optado por una postura clara y prudente. Al referirse al supuesto programa “Economía para tu Bienestar”, el presidente municipal ha reiterado que su administración se rige por los lineamientos oficiales de la Secretaría de Bienestar, descartando cualquier intención de desestabilización por parte de exfuncionarios y haciendo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por información no confirmada. Menéndez de Llano ha enfatizado que nada se vende ni se gestiona desde el Ayuntamiento fuera de los programas oficiales, aclarando que cualquier actividad similar debe estar debidamente autorizada y coordinada con las instancias correspondientes. Esta postura refleja responsabilidad y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, elementos fundamentales para mantener la confianza ciudadana. Además, su llamado a evitar que se utilice el nombre del municipio en actividades no oficiales es oportuno y necesario. En tiempos donde la desinformación puede sembrar dudas y generar confusión, este mensaje destaca la importancia de que los habitantes de Ahome cuenten con información precisa y verificada, evitando malentendidos que podrían perjudicar tanto a la administración municipal como a la ciudadanía. Si bien el alcalde reconoció que no tiene elementos para afirmar si exfuncionarios están detrás de estos supuestos programas, su disposición para investigar y esclarecer los hechos en los próximos días es una muestra de apertura y responsabilidad. En lugar de caer en especulaciones o señalamientos prematuros, su administración busca garantizar que todos los programas y apoyos lleguen de manera clara y honesta a quienes realmente los necesitan. La ciudadanía de Ahome es un reflejo de trabajo y esfuerzo, y merece claridad y unidad. En este sentido, las declaraciones del alcalde no solo buscan evitar confusiones, sino también fortalecer la confianza y la colaboración entre gobierno y sociedad. La responsabilidad no está en buscar culpables, sino en construir soluciones que beneficien a todos. Todas mis columnas en: https://altoparlante.com.mx/entre-veredas/.