Entre Veredas

“Mucho más que los intereses es el orgullo quien nos divide”, Auguste Comte INCREMENTO Durante su Conferencia Semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya destacó que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) reporta un incremento del 12 por ciento en el pago del Impuesto Sobre Nómina, en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta cifra, desde la perspectiva gubernamental, es un indicio de que los empleos formales se mantienen, y que la actividad económica de las empresas sigue en marcha. El razonamiento es claro: si las empresas están cumpliendo con esta obligación fiscal, es porque tienen trabajadores registrados, lo que implicaría que no se están dando despidos masivos ni cierres generalizados. En ese marco, el mandatario estatal agradeció a los empresarios por su responsabilidad fiscal, señalando que esto no solo representa ingresos para el estado, sino también estabilidad para las familias sinaloenses que dependen de un ingreso formal. Sin embargo, junto con este dato alentador, Rocha Moya también abordó otro aspecto que plantea una lectura distinta: la necesidad de seguir apoyando a micro y pequeños negocios con recursos directos no reembolsables. Desde septiembre del año pasado, reconoció el gobernador, la situación económica se ha visto afectada en ciertas zonas del estado, particularmente en Culiacán, y por ello el Gobierno del Estado ha entregado apoyos de entre 5 mil y 20 mil pesos a microempresarios, como comerciantes y restauranteros con plantillas de entre cinco y diez empleados. Además, el programa “Equipa Sinaloa”, que contempla la entrega gratuita de mobiliario y equipo a negocios como estéticas, taquerías y carritos de hotdogs, ya ha beneficiado a cerca de 50 mil personas, según datos de la Secretaría de Economía. Ambos anuncios, aunque orientados a resaltar acciones positivas, proyectan un escenario dual. Por un lado, se insiste en que hay estabilidad en el sector formal y que las empresas siguen operando; por otro, se reconoce que miles de microempresarios requieren apoyo para sostener sus actividades diarias. Esta combinación refleja que la economía sinaloense, si bien muestra signos de dinamismo en algunos sectores, todavía enfrenta dificultades estructurales, especialmente en los niveles más bajos del tejido productivo. En este contexto, es válido reconocer que los esfuerzos gubernamentales apuntan a mitigar los efectos de una situación compleja, pero también es necesario observar con cautela las cifras optimistas. El aumento en la recaudación del Impuesto Sobre Nómina puede interpretarse como un signo de fortaleza, pero no debe ocultar las necesidades de miles de pequeñas unidades económicas que requieren apoyo estatal para sobrevivir. Los indicadores macroeconómicos deben dialogar con la realidad de los pequeños negocios. Solo así se podrá tener una imagen completa y honesta de cómo avanza la economía de Sinaloa en un entorno que sigue siendo, por momentos, incierto. LLAMADO La presidenta municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, lanzó un llamado claro: los municipios no pueden seguir siendo ignorados en la creación de leyes que los afectan directamente. Frente a diputados locales, exigió reformas construidas desde el territorio y no desde escritorios alejados de la realidad que viven los gobiernos locales. En un encuentro con diputados de la 65 Legislatura, encabezado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, la alcaldesa de Guasave planteó la necesidad de construir una agenda legislativa con visión municipalista. Su propuesta no es nueva en el discurso, pero sí cobra fuerza al surgir desde la experiencia directa de gobierno local, donde se enfrentan las limitaciones normativas y presupuestales que impiden una gestión pública eficiente. Ramírez Montoya señaló con claridad los vacíos, contradicciones y obstáculos que enfrenta el marco legal actual, muchos de los cuales, aseguró, ya no responden a la realidad del municipio. Puso como ejemplo la tardía desindexación del salario mínimo, aprobada a nivel nacional desde 2016, pero aplicada en Guasave apenas este año, lo que evidencia el rezago normativo en el ámbito local. La presidenta municipal propuso iniciar una serie de reformas desde el enfoque territorial. Entre ellas destacó la necesidad de modificar la Ley de Gobierno Municipal, particularmente en materia de fiscalización, así como la Ley de Obras Públicas para adecuarla a las necesidades de seguridad, servicios básicos e infraestructura local. Además, consideró urgente una reforma a la Ley de Hacienda Municipal que permita actualizar el catastro y fortalezca la recaudación propia de los municipios. En su mensaje, subrayó que los ayuntamientos no pueden seguir siendo considerados como el último eslabón del sistema institucional ni ser tratados como simples operadores de decisiones tomadas desde el nivel estatal o federal. “El municipio es el primer contacto del Estado con la ciudadanía y, por tanto, debe tener voz en la construcción de las reglas del juego”, sostuvo. Durante la reunión también se abordó la situación de la municipalización de Juan José Ríos, proceso que requiere resolverse no solo en el aspecto urbano, sino también en el fiscal, lo que exige una coordinación más efectiva entre los distintos niveles de gobierno. Por su parte, la diputada Guerra Ochoa propuso establecer un mecanismo de reuniones periódicas —cada dos meses— para mantener el diálogo con los municipios y canalizar las propuestas directamente al gobernador Rubén Rocha Moya, con el objetivo de darles seguimiento puntual. Con un enfoque institucional más que partidista, Ramírez Montoya cerró con una afirmación contundente: “La Cuarta Transformación no solo es federal, también es municipal”. Con ello, dejó en claro que los cambios de fondo en la vida pública no serán posibles si los municipios siguen sin fuerza legal ni capacidades reales. Su intervención no fue un reclamo aislado, sino una propuesta para iniciar una reforma de fondo que tome en cuenta a quienes están en el terreno, resolviendo problemas todos los días. ENCUENTRO La visita de la senadora Imelda Castro a Mazatlán no fue solo parte de su informe de actividades, sino un ejercicio de diálogo directo con los sectores productivos clave del estado. Más allá del protocolo, su presencia dejó claro que legislar también implica escuchar en el territorio y construir desde la realidad de quienes sostienen la economía local.

“A perdonar sólo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho”, Jacinto Benavente REVISIÓN La resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitida el pasado 9 de julio, ordenó revisar el procedimiento mediante el cual se nombró a la persona que actualmente ocupa la presidencia provisional del municipio de Ahome. Este fallo responde a la controversia que surgió tras la solicitud de licencia del alcalde Gerardo Vargas Landeros, y a la designación hecha inicialmente por el Cabildo a favor de la regidora Margarita Velázquez. Lo que está en discusión no es únicamente una decisión administrativa, sino la legalidad del procedimiento seguido. La Sala Guadalajara consideró que la intervención del Congreso del estado, al desconocer la designación del Cabildo y nombrar a otro perfil, podría haber excedido sus atribuciones, lo que ahora será materia de revisión. Además, se instruyó analizar si en este proceso se vulneraron derechos político-electorales y si existió violencia política en razón de género. Desde el Congreso local, el legislador César Ismael Guerrero Alarcón afirmó que la resolución no implica un cambio inmediato en la administración municipal, sino únicamente una revisión del procedimiento. Subrayó que todo se encuentra dentro del marco legal y que corresponde al Tribunal Electoral del Estado valorar los elementos del caso antes de emitir un nuevo fallo. Más allá del resultado final, el proceso ha puesto sobre la mesa la importancia de los contrapesos entre poderes y del respeto a las competencias institucionales. También plantea interrogantes sobre la actuación del Tribunal Electoral del Estado, que en su momento se declaró incompetente para revisar el caso. Ahora, deberá atender el mandato de la autoridad federal y pronunciarse con base en los elementos presentados. El desenlace de esta revisión será clave para determinar si las decisiones tomadas en torno a la administración municipal de Ahome se ajustaron a derecho. Mientras tanto, el caso abre un espacio para la reflexión sobre el papel de las instituciones locales, la autonomía municipal y la importancia de garantizar procesos transparentes y respetuosos del marco jurídico. EVALUACIÓN Como parte de un ejercicio de seguimiento interno, la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, sostuvo una reunión con los titulares de diversas dependencias del Ayuntamiento con el objetivo de evaluar los resultados alcanzados hasta ahora y definir propuestas para fortalecer la gestión pública. Durante el encuentro, realizado este sábado, participaron las direcciones de Ecología, Bienestar, Atención Ciudadana, Servicios Públicos, Vivienda, Oficialía Mayor, Desarrollo Económico y Turismo, Obras Públicas, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano, Tecnologías de la Información, entre otras. Cada responsable presentó un informe de actividades, así como sugerencias para optimizar el funcionamiento de su respectiva área. La alcaldesa enfatizó la importancia de mantener un enfoque cercano a la ciudadanía y alineado con los principios establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, en particular en los cuatro ejes estratégicos definidos por su administración. En ese sentido, subrayó que uno de los objetivos centrales ha sido promover acciones con impacto social, como la entrega de escrituras de vivienda y regularización de propiedad. También estuvieron presentes en la reunión el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, y el tesorero municipal, Julio César Ramos Robledo, además de directoras y directores de las distintas dependencias convocadas. Este tipo de encuentros busca reforzar la coordinación interna y dar seguimiento puntual al cumplimiento de metas planteadas por el Gobierno Municipal. EN EL MAPA La noche del sábado en el Polideportivo Juan S. Millán no fue una más en la historia del deporte sinaloense. Con más de 2 mil personas presentes y una atmósfera vibrante, Marco Verde, medallista olímpico y orgullo de Mazatlán, debutó en suelo mexicano con una contundente victoria sobre el colombiano Cristian Camilo Montero. Pero más allá del resultado en el cuadrilátero, el verdadero triunfo fue para Sinaloa. Este tipo de eventos confirman que el turismo deportivo no es solo una estrategia válida: es una vía efectiva para mostrar al mundo lo mejor del estado. La imagen de Culiacán proyectada a través de las cámaras de Box Azteca, con comentaristas y personalidades nacionales como Vanessa Claudio recorriendo sus calles, probando su gastronomía y conociendo sus centros culturales, rompe estigmas y abre puertas. La capital sinaloense se mostró como lo que es: una ciudad viva, hospitalaria y con un potencial inmenso. La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, lo expresó con claridad: el turismo deportivo no solo deja beneficios económicos, también genera cohesión social. Ver a familias enteras, jóvenes y adultos reunidos para celebrar a un deportista sinaloense de talla internacional, es prueba del impacto positivo que tienen estos espacios. Además, este tipo de actividades mandan un mensaje claro: Sinaloa apuesta por la reconstrucción del tejido social a través de la cultura, el deporte y el orgullo local. El respaldo del gobernador Rubén Rocha Moya a esta agenda y la programación de eventos como L’Etape Mazatlán by Tour de France y el Gran Maratón Chevron Mazatlán 2025 refuerzan el compromiso del gobierno estatal con esta visión. El éxito de Marco Verde es también el éxito de un modelo de desarrollo que apuesta por la identidad, el esfuerzo y el talento local como sus mejores embajadores. Y si algo quedó claro el sábado, es que Sinaloa tiene mucho que mostrar, no solo en el ring, sino ante el mundo. Todas mis columnas en: https://altoparlante.com.mx/entre-veredas/.  

“La libertad es para soñarla”, Carmen Martín Gaite EL NORTE El mensaje del gobernador Rubén Rocha Moya durante la conmemoración del Día Internacional de Destrucción de Armas de Fuego fue claro, directo y con un fuerte contenido simbólico: la paz no es un discurso, es una construcción diaria que exige decisiones firmes, coherentes y persistentes. Desde la explanada de Palacio de Gobierno, Rocha Moya reafirmó el compromiso de su gobierno con la seguridad y, sobre todo, con el respeto a la vida. “Por cada arma destruida, evitamos potenciales actos de agresión y ponemos a salvo la integridad de la ciudadanía”, sentenció. Y es justo ahí donde está el centro de su mensaje: la seguridad como un derecho, no como una aspiración. El acto de destruir mil armas de fuego —entre rifles y pistolas aseguradas en operativos— no solo representa un avance tangible en materia de seguridad pública, sino que también envía un mensaje potente: en Sinaloa no hay espacio para la resignación ante la violencia. El gobierno está decidido a actuar, a recuperar espacios y a seguir caminando hacia una cultura de paz. La voluntad, como bien dijo el gobernador, no se va a quebrantar. Un aspecto que destacó especialmente en el mensaje de Rocha Moya fue la visión integral del problema. No se trata solo de quitar armas de circulación, sino de evitar que regresen a manos equivocadas y de promover una corresponsabilidad ciudadana. Por eso, puso sobre la mesa la campaña de canje voluntario de armas, una medida que rompe con el silencio de muchos hogares y transforma la prevención en acción directa. Se trata de una estrategia que apela a la conciencia social y al deber compartido de proteger lo más valioso: la vida. Al mismo tiempo, el gobernador reconoció lo que es justo reconocer: que estos logros no serían posibles sin el esfuerzo conjunto de las instituciones federales y locales. Mencionó al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Marina y a las corporaciones policiales estatales y municipales. En tiempos donde la desconfianza institucional se hace presente en algunos sectores, destacar el trabajo coordinado es también una forma de fortalecer la legitimidad del Estado. El mensaje de fondo es contundente: la paz se construye con hechos. Y uno de esos hechos es desarmar la violencia desde su raíz. Rocha Moya entiende que la seguridad no se alcanza solo con vigilancia, sino con justicia, prevención y decisiones valientes. Por eso, dijo con convicción que estas acciones, aunque aún insuficientes frente a la complejidad del problema, serán coronadas con éxito. En un estado que ha vivido momentos oscuros marcados por la violencia, este tipo de actos representan una bocanada de aliento. La destrucción de armas no elimina el delito por sí misma, pero sí reduce su probabilidad, y sobre todo, envía un mensaje poderoso: la vida importa, y todo lo que atente contra ella debe desaparecer. Rocha Moya no se aparta de la realidad; la reconoce. Sabe que aún hay retos enormes, pero también sabe que el camino está trazado: con determinación, con coordinación interinstitucional y con una ciudadanía consciente y participativa. En tiempos donde las soluciones fáciles y los discursos ruidosos abundan, es refrescante ver a un gobierno que apuesta por la estrategia, la perseverancia y la acción responsable. Como lo dijo el gobernador: no se va a aflojar el paso. Y eso, hoy por hoy, es una señal positiva para Sinaloa. EL SUR La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, puso el dedo en la llaga: la corrupción en México no ha desaparecido, simplemente ha mutado. En voz firme y respaldada por su dirigencia y legisladores, lanzó una crítica directa al gobierno de Morena por lo que considera un debilitamiento sistemático de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, México se mantiene estancado en la posición 126 de 180 países, con la misma calificación que tenía en 2018, año en que Morena asumió el poder. Barajas Cortés no se limitó a citar datos, fue más allá: cuestionó la ausencia de auditorías claras y la falta de información pública confiable como un signo de retroceso democrático. Uno de los puntos más sensibles de su posicionamiento es la desaparición o debilitamiento de organismos ciudadanos como el INAI, la Cofece y el Coneval. La dirigente panista sostuvo que su eliminación no responde a una necesidad de eficiencia, sino a una intención de ocultar información que compromete al poder. El caso SEGALMEX, dijo, es el ejemplo más claro de lo que se logra cuando existen instituciones que vigilan al gobierno. Sin ellas, sostuvo, estos actos quedarían en la sombra. Pero el mensaje más preocupante que deja la rueda de prensa es otro: el cambio de paradigma que, según el PAN, se ha instalado en el país. De vigilar a los corruptos, a vigilar a los ciudadanos. Lo ejemplificó con la herramienta de geolocalización que puede usar Hacienda para rastrear contribuyentes en tiempo real, mientras el propio gobierno no rinde cuentas del uso de los recursos públicos. En otras palabras, se acusa a Morena de construir un sistema de control más que de transparencia. Barajas Cortés no perdió oportunidad para contrastar con los gobiernos de su partido, subrayando que cuando el PAN gobernó se abrieron carpetas, se auditó y se enfrentaron consecuencias. Su mensaje final fue claro: “Solo con verdad se construye democracia”. OCCIDENTE La diputada Teresa Guerra Ochoa fue clara: los esfuerzos actuales no han sido suficientes para contener el repunte sostenido de violencia en Sinaloa. Sin rodeos, reconoció que se requiere ir más allá de operativos y detenciones, y apostó por reformas legales que castiguen con mayor severidad delitos como el homicidio doloso. En el Congreso del Estado ya se trabaja para subir las penas mínimas por este delito, y se busca además tipificar como homicidio calificado aquellos casos donde las víctimas sean menores de edad. Un paso que, más allá del símbolo, busca responder a una realidad dolorosa: los jóvenes están siendo

“Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia”, Sócrates DESEOS César Emiliano Gerardo Lugo, presidente estatal del PRI en Sinaloa, lanza una advertencia que huele más a reto que a simple declaración: “Morena tiene perdida la gubernatura del 2027”. Así, sin titubeos, acusa que el oficialismo ha comenzado a moverse en las calles porque, según él, ya se les acabó el bono democrático. Y es que en política, cuando te empieza a arder el piso, lo primero que haces es salir a apagar el fuego con discursos y eventos públicos. Justo eso —dice— están haciendo los de Morena. El dirigente priista no se guarda nada. Ve en los movimientos de figuras como la senadora Imelda Castro no una estrategia de avanzada, sino un acto reflejo ante lo que califica como el deterioro del partido en el poder. Y el argumento que lanza tiene carnita: la crisis de inseguridad, las desapariciones y la creciente desconfianza ciudadana son, para él, la señal más clara de que Morena va en picada. Es una lectura interesante. Porque mientras el oficialismo se recarga en los programas sociales como la Pensión del Bienestar, el PRI insiste en que ya no alcanza con eso. Gerardo Lugo asegura que ni regalando dinero están convenciendo al electorado. Y ahí hay un cambio de narrativa importante: el PRI, acostumbrado por décadas a ser señalado por clientelismo, ahora acusa al adversario de no poder sostenerse ni siquiera con eso. Pero también hay que poner la lupa sobre el propio PRI. Aunque Lugo habla con determinación y apunta a la victoria total —gubernatura, municipios, distritos locales y federales—, la realidad es que ese escenario aún está por construirse. Reconocer que saldrán a las calles hasta 2027 parece más una señal de estrategia contenida que de estructura aceitada. Porque, guste o no, Morena sigue teniendo la maquinaria del gobierno y el respaldo de una buena parte del electorado, sobre todo en las zonas rurales. Aun así, el líder tricolor plantea una apuesta clara: recuperar la calle, construir con cuadros propios y aprovechar el desgaste del partido gobernante. Lo ocurrido en Durango y Veracruz, donde se ganaron alcaldías importantes, le sirve de ejemplo para proyectar una alternancia también en Sinaloa. ¿Será suficiente el rechazo ciudadano a la inseguridad y la decepción con las promesas incumplidas para dar paso al regreso del PRI? ¿O estamos ante un canto anticipado de victoria que aún carece de eco popular? La moneda está en el aire, pero por lo pronto, el mensaje de Lugo es claro: el PRI no se da por vencido y ya huele sangre en el agua. LA CONTRAPARTE Mientras la oposición grita que Morena va en picada, los morenistas, en silencio, siguen haciendo lo que mejor saben: construir estructura. Y la reciente visita de Andrés Manuel López Beltrán a Sinaloa no fue turística ni simbólica. Vino a revisar números, saludar operadores y a recordar que la Cuarta Transformación no se sostiene solo con discursos: se necesita territorio. Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, diputado local de Morena, lo dijo claro: Sinaloa ya cumplió su meta de afiliaciones, con más de 210 mil registros validados. Y no es poca cosa. En medio del ruido electoral anticipado, el partido en el poder prefiere enfocarse en lo que sí puede controlar: su maquinaria interna. El programa “Súmate, somos Morena” apunta alto: 10 millones de afiliados en todo el país. Y aunque Guerrero Verdugo insiste en que no se habló de candidaturas ni se tocó el 2027, el mensaje entre líneas es evidente: Morena está en modo campaña, aunque lo maquillen de “fortalecimiento interno”. La operación territorial, dice el diputado, funciona al margen de las dirigencias estatales. Es decir, el control real de Morena viene desde el centro, desde el CEN, y los enlaces territoriales son el músculo que sostiene la estructura. En otras palabras, aunque cambie la cabeza local, el cuerpo sigue en movimiento. Y eso, en tiempos de incertidumbre política, vale oro. Ahora bien, mientras César Emiliano Gerardo Lugo líder del PRI grita que Morena ya perdió Sinaloa, Guerrero Verdugo responde con datos: afiliaciones validadas, estructura funcional y encuestas favorables. Es el clásico choque entre narrativa y realidad. ¿Quién tiene razón? Depende de quién convenza mejor, pero lo que queda claro es que en Morena ya tomaron nota de que el 2027 no se gana en la cúpula, se gana en la calle. El “segundo piso” de la Cuarta Transformación, como le llama Guerrero Verdugo, no se construye con varita mágica. Necesita cimientos, operadores, lealtad y mucha base social. Y por ahora, parece que eso es lo que están afinando. Pero también, en política, el exceso de confianza puede ser traicionero. Morena presume números y estructura. Falta ver si la gente, al final del día, también le presta el corazón… y el voto. LABOR SOCIAL Una vez más, el beisbol en Sinaloa se viste de solidaridad. El gobernador Rubén Rocha Moya y la presidenta del DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz, anunciaron la cuarta edición del Cuadrangular del Bienestar, que se celebrará el 11 y 12 de octubre con una causa profundamente humana: apoyar los trasplantes de riñón en niñas y niños con insuficiencia renal crónica. Tomateros, Venados, Cañeros y Algodoneros —los cuatro grandes del beisbol profesional en el estado— se suman nuevamente a este esfuerzo con juegos de exhibición, reafirmando que el deporte también puede ser vehículo de esperanza. Lo recaudado permitirá realizar estos costosos procedimientos sin que representen un gasto para las familias, marcando además un paso histórico: el primer trasplante renal infantil en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Una acción que complementa lo logrado desde 2022, cuando gracias a este evento se concretaron más de 100 cirugías a corazón abierto. Este tipo de iniciativas demuestran que cuando hay voluntad y coordinación, la política, la salud y el deporte pueden unirse por una causa superior: salvar vidas. LA MISMA Se repitió la historia. Gerardo Octavio Vargas Landeros, presidente municipal desaforado, junto con ocho exfuncionarios de su administración 2021-2024, fue vinculado a

“Lo único capaz de consolar a un hombre por las estupideces que hace, es el orgullo que le proporciona hacerlas”, Oscar Wilde RECONOCIMIENTO Sinaloa vuelve a destacar por lo que realmente importa: el buen manejo del dinero público. En la primera revisión de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no hizo una sola observación al estado. Ni una. El gobernador Rubén Rocha Moya lo anunció este lunes con la contundencia que permiten los hechos: los recursos federales auditados —las participaciones, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)— fueron aplicados correctamente, sin irregularidades, sin pendientes por aclarar. Todo en regla. “No tenemos observación alguna en nuestro manejo de recursos”, dijo el mandatario en su Conferencia Semanera. Y esa frase, aunque parezca breve, representa mucho más de lo que aparenta: orden, transparencia, eficacia y, sobre todo, responsabilidad institucional. Este resultado coloca a Sinaloa entre las 11 entidades federativas del país que salieron bien libradas en esta primera entrega del Informe de Fiscalización. Pero hay algo más relevante: en 2023, Sinaloa fue uno de los cinco estados sin observaciones. Lo que se está viendo no es un logro aislado, sino una práctica sostenida de buen gobierno. Lo que certifica la ASF no es un favor ni un elogio gratuito. Es la conclusión de una revisión técnica, autónoma y rigurosa sobre el destino de los recursos federales. Es decir, no se trata de un reconocimiento político: es una validación institucional sobre cómo se está gastando el dinero del pueblo. Y en un entorno donde las fallas, las observaciones millonarias y los subejercicios son comunes en muchas entidades, destacar por el cumplimiento se vuelve algo extraordinario. No es poca cosa. El manejo limpio de los recursos públicos significa estabilidad, confianza y la posibilidad real de que el dinero llegue a donde tiene que llegar: escuelas, hospitales, caminos, programas sociales. Además, la transparencia genera un efecto de doble vía. Por un lado, respalda al gobierno estatal ante las autoridades federales y la ciudadanía. Y por otro, manda un mensaje interno a las estructuras administrativas de la entidad: aquí se hace bien, y no hay margen para desvíos. Rocha Moya recordó que los más de 60 mil millones de pesos ejercidos en 2023 también pasaron esta prueba con resultados favorables. Ahora, el ejercicio 2024 arranca por el mismo camino, con dos entregas más de la Cuenta Pública aún por revisar, pero con el precedente de que se está haciendo lo correcto desde el principio. Este tipo de resultados no son los que suelen hacer ruido político ni llenar titulares escandalosos, pero sí son los que deberían importar más. Porque mientras algunos estados pelean con montones de observaciones sin solventar, Sinaloa consolida una práctica administrativa basada en la legalidad, la claridad y la eficacia. Y en política, como en la vida pública, los hechos cuentan más que los discursos. Aquí hay hechos, cifras y documentos oficiales que respaldan lo que se dice. Hoy por hoy, Sinaloa no solo cumple: da ejemplo. PROYECTO Culiacán se prepara para una transformación urbana sin precedentes. Antes de que concluya el año, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) arrancarán con la construcción de 9 mil viviendas en la capital sinaloense, como parte de la primera etapa del Programa de Viviendas para el Bienestar. El anuncio lo hizo el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quien dejó en claro que el proyecto ya no enfrenta obstáculos: los terrenos están definidos, validados y, algo importante, son propiedad de desarrolladores privados que ya los tenían reservados para este fin. Esto garantiza que la iniciativa no tropiece con trámites burocráticos ni conflictos de tenencia de la tierra, como suele ocurrir en otros programas similares. La magnitud del plan es contundente: 5 mil 500 millones de pesos de inversión en una primera fase que abarca más de 51 hectáreas. Estamos hablando de un modelo intensivo, que proyecta hasta 180 viviendas por hectárea, lo cual significa un aprovechamiento eficiente del suelo urbano, ideal para una ciudad que necesita crecer ordenadamente. Y si bien es cierto que el tema de la vivienda social ha sido promesa constante en distintos niveles de gobierno, pocas veces se había concretado con la solidez con la que este proyecto se presenta. Aquí hay dinero asegurado, terrenos con certeza jurídica y un esquema claro: el Infonavit firma directamente con los desarrolladores para agilizar los procesos. No se trata de simulaciones ni de planes a largo plazo, sino de una estrategia concreta que comienza este mismo año. Además, el alcalde fue puntual en su llamado: quienes estén interesados en acceder a una vivienda deben acercarse al Ayuntamiento de Culiacán, donde ya está operando una mesa del Instituto Municipal de Vivienda. Este detalle no es menor: muchas veces, los grandes proyectos quedan lejos del ciudadano común por falta de información o por trámites complicados. Aquí, al menos en el papel, se está facilitando el acceso desde el inicio. Lo que se está gestando en Culiacán no solo es una inversión millonaria; es la posibilidad real de que miles de familias accedan a una vivienda digna en espacios planeados, con servicios, en zonas seguras y con vocación urbana. Es también un ejemplo de cómo se puede combinar el esfuerzo público con la participación privada para resolver uno de los problemas más sensibles del país: la falta de vivienda accesible. Claro, falta ver la ejecución. Pero si el proyecto avanza como se ha anunciado, Culiacán podría colocarse como un referente nacional en políticas de vivienda social. Y eso, en tiempos donde las ciudades crecen muchas veces al margen de la planeación, sería una muy buena noticia. TRABAJO Mazatlán no solo es uno de los destinos turísticos más importantes del país: también quiere consolidarse como ejemplo nacional en el cuidado y certificación de sus playas. Y en esa ruta, el gobierno municipal que encabeza Estrella Palacios Domínguez avanza con paso firme.

“El presente es la viviente suma total del pasado”, Thomas Carlyle DISYUNTIVA A dos años de la elección de 2027, las fuerzas políticas tradicionales en Sinaloa —el PRI y el PAN— enfrentan una crisis de representación que los coloca en una posición de clara desventaja frente a Morena. Con César Emiliano Gerardo Lugo al frente del PRI y Wendy Barajas Cortés encabezando al PAN, ambos partidos arrastran una realidad incómoda: no cuentan con una figura fuerte, reconocida ni aglutinadora que pueda erigirse como una candidatura competitiva, ya sea común o propia. Esta falta de liderazgos no es un fenómeno nuevo, pero sí se ha agudizado tras la consolidación de Morena como fuerza dominante en la entidad, capitalizando el desgaste de los partidos de siempre. Mientras Morena, con la figura del gobernador Rubén Rocha Moya como referente de poder territorial y con una estructura política activa, mantiene la iniciativa, PRI y PAN se ven atrapados entre la necesidad de reinventarse y la imposibilidad de hacerlo sin rostros que encarnen ese cambio. César Emiliano Gerardo Lugo ha tenido el reto de intentar mantener la estructura del PRI a flote en un escenario de abandono progresivo. Los cuadros priistas se han dispersado, muchos se han acercado a Morena buscando oportunidades otros al Partido Verde que dirige Ricardo Madrid Pérez, y la militancia muestra desconfianza hacia una dirigencia que no ha logrado ofrecer una visión renovada. El reto de César Gerardo es buscando reanimar a las bases, que siempre fueron desfasadas, más en la anterior dirigencia que no salió nunca de Culiacán una vez que pasó la elección pasada. Y esto provocó que el PRI se enfrenta a una de sus etapas más grises en la historia reciente. En el caso del PAN, Wendy Barajas Cortés tampoco ha logrado consolidar un proyecto con proyección, durante un tiempo uso como bandera al excandidato a presidente municipal Guillermo Romero, hasta que este le “paró los tacos”. Su partido permanece con una estructura debilitada, pues apenas la está construyendo lo que marca la falta de interlocutores visibles que conecten con el electorado. El PAN en Sinaloa ha sido un actor secundario en los últimos procesos y, aunque ha intentado alianzas, su presencia política es difusa y poco contundente. La ausencia de una figura común o una posible candidatura compartida entre ambos partidos para 2027 refleja no solo la falta de unidad, sino también la pérdida de influencia en la toma de decisiones políticas locales. Esta fragmentación los pone en una encrucijada estratégica: ¿apostarán por una alianza sin liderazgo o competirán cada quien por su cuenta sabiendo que eso significaría una derrota asegurada? Morena, por su parte, podría repetir la fórmula que lo ha hecho ganar: mantener la cohesión, definir pronto sus candidaturas y aprovechar el vacío opositor. Si el PRI y el PAN no logran construir, desde ahora, una narrativa convincente, con vocerías sólidas y propuestas claras, el 2027 será una contienda de trámite para Morena. El tiempo corre y las definiciones no pueden esperar mucho más. PRI y PAN deben decidir si serán actores incidentales o si, pese a todo, pueden encontrar una figura que represente no solo una candidatura, sino un nuevo proyecto político que recupere la confianza ciudadana. Hasta hoy, esa figura no existe. El asunto es que todavía en estos momentos, ya el PRI y el PAN están buscando más que recuperar el poder en estar buscando las plurinominales para llegar aún más debilitados a un Congreso o a una regiduría en algún municipio. Las anteriores dirigentes del PRI y del PAN están en el Congreso local como diputados plurinominales, y esto ha venido realizándose desde el 2018, siendo gritos en el desierto sus participaciones estériles en tribuna. Sino ahí de muestra que, en ambos casos, los dos líderes de partido son regidores en Ahome y Mazatlán respectivamente, y desde ese sitio están buscando construir un camino que se antoja difícil. El tiempo se agota, y si no hay una fortaleza real de sus bases, que consoliden proyectos, estos partidos no tendrán oportunidad de hacer algo en las próximas elecciones. Tiempo al tiempo. PASO A PASO La Universidad Autónoma de Sinaloa ha dado una muestra clara de apertura, diálogo y responsabilidad institucional al convocar al Consejo Intercamaral de Culiacán como parte del Foro Universitario para la Construcción del Plan de Desarrollo Institucional Con Visión de Futuro 2029 y el ambicioso Proyecto UAS Visión 2050. Esta iniciativa representa un ejercicio ejemplar de planeación estratégica incluyente, en el que la academia deja de estar aislada y se vincula de manera proactiva con las necesidades reales del entorno económico y social. Este encuentro, encabezado por el secretario académico de la UAS, Sergio Mario Arredondo Salas, tiene un profundo significado: la universidad no solo está construyendo un plan interno, sino que está abriendo las puertas para que los actores clave de la economía sinaloense participen activamente en la definición de su rumbo. El gesto de escuchar, analizar e integrar propuestas del sector empresarial fortalece la pertinencia de la educación superior y subraya el papel central que juega la Casa Rosalina en la formación de profesionistas útiles, éticos y preparados para los retos del futuro. Entre los temas abordados por los líderes empresariales destacan las prácticas profesionales, la vinculación real y constante con las cámaras y organismos productivos, así como el fomento al emprendimiento joven y la inserción en sectores clave como la agricultura. Estas propuestas no son menores: son, de hecho, catalizadores de una nueva etapa para la universidad, donde el aula se encuentra con el mercado laboral, y donde los estudiantes reciben una formación integral con base en la experiencia práctica. Las palabras del rector Jesús Madueña, transmitidas por Arredondo Salas, sintetizan el espíritu de esta estrategia: “ir al encuentro con los sectores económicos y sociales”, no desde la imposición, sino desde la escucha, la colaboración y la búsqueda de soluciones compartidas. Esta visión rompe con paradigmas obsoletos y coloca a la UAS como una institución moderna, sensible y comprometida con el desarrollo sustentable de

“Si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que entenderla como recompensa y no como fin”, Antoine de Saint-Exupéry ¿RETROCESO? La aprobación en la Cámara de Diputados de la minuta de Ley en Materia de Telecomunicaciones representa, sin exagerar, uno de los mayores retrocesos en materia de libertades y derechos civiles en la historia reciente de México. Bajo el pretexto de “mejorar la regulación” y “modernizar” el aparato estatal, el gobierno federal y su mayoría parlamentaria avanzan con una propuesta que legaliza la geolocalización en tiempo real de cualquier ciudadano… sin necesidad de una orden judicial. No es un detalle menor. Se trata de una herramienta poderosa en manos del Estado, que le permitiría vigilar la ubicación de millones de personas, no solo de presuntos criminales o sospechosos, sino de cualquier ciudadano. Esto, sumado a la posibilidad de suspender transmisiones de radio y televisión por supuestas “violaciones a los derechos de las audiencias”, abre una peligrosa puerta a la censura previa, a la represión del disenso y a un nuevo modelo de control informativo en el país. Aún más preocupante es que la reforma incluye la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano autónomo que ha fungido como contrapeso técnico en un sector clave para la vida democrática y económica del país. Su sustitución por la llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), cuyo titular será designado directamente por el Ejecutivo Federal, revela el objetivo político detrás de la medida: el control absoluto del ecosistema de telecomunicaciones. El argumento de eficiencia o centralización del poder regulador no se sostiene cuando la solución es eliminar la autonomía y concentrar facultades en una dependencia controlada por el gobierno en turno. El nuevo organismo no tendrá independencia ni contrapesos efectivos, y eso compromete la neutralidad de las decisiones en un sector estratégico que debe ser vigilado por entes técnicos, no por intereses políticos. Los señalamientos de los partidos de oposición no son menores ni deben desestimarse como retórica electoral. El PAN ha acusado que se legaliza el espionaje sin control judicial; el PRI advierte que se institucionaliza la vigilancia masiva y la censura de contenidos. Rubén Moreira, líder de la bancada priista, lo sintetiza con una frase escalofriante: “El Gobierno sabrá todo de ti”. No se trata de paranoia, sino de un escenario factible y peligrosamente cercano si esta ley se implementa sin límites claros ni vigilancia ciudadana. Las consecuencias de una legislación como esta no se limitan al ámbito legal: afectan la confianza social, la relación entre ciudadanos y gobierno, y erosionan derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la información. En lugar de fortalecer el Estado de derecho, se robustece un modelo de vigilancia y censura que se asemeja más a regímenes autoritarios que a una democracia funcional. El Congreso tiene ahora una enorme responsabilidad: no solo revisar esta ley con “responsabilidad”, como lo expresó Sergio Gutiérrez Luna, sino asumir una postura ética frente a lo que está en juego. Porque más allá de ideologías o colores partidistas, la pregunta que debe guiar el debate es: ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras libertades a cambio de una promesa de seguridad y eficiencia que, además, no está garantizada? México no necesita más control estatal sobre los ciudadanos. Necesita más Estado de derecho, más transparencia, más contrapesos, y más respeto a los derechos humanos. Aprobar esta ley sería caminar en la dirección contraria. Pero bueno, parece que la determinación, decisión y “línea” ya está establecida. APOYO Desde el comienzo de la ola de violencia a la fecha, más de 3 mil personas han quedado oficialmente registradas como desplazadas —según datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides)—, resulta evidente que la violencia ha fracturado comunidades enteras y modificado el mapa social del estado. Uno de los casos más reveladores es el del municipio de San Ignacio, donde muchas de las familias que han huido de comunidades serranas ya no consideran regresar. Lo que comenzó como una medida temporal, se ha convertido en un éxodo permanente. La vida que conocían se perdió, no por desastres naturales, sino por la ausencia efectiva del Estado en zonas donde el crimen organizado impone sus propias reglas. El gobierno estatal ha reaccionado, es cierto. Se ha ampliado el presupuesto, se trabaja en proyectos de vivienda y se llevan a cabo mesas intersecretariales. Pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿qué tanto de esto es un plan integral de reintegración y justicia, y qué tanto es contención humanitaria sin solución de fondo? Destinar recursos para servicios básicos como agua, luz o drenaje en nuevas zonas de residencia es necesario, pero no suficiente. Mientras no se garantice el retorno seguro o la integración plena en nuevas comunidades, se estará administrando una tragedia en lugar de resolverla. El desplazamiento forzado debe ser abordado como lo que es: una violación grave a los derechos humanos. No se trata solo de brindar apoyo material, sino de reconocer el daño, restituir derechos y, sobre todo, evitar que más familias tengan que huir para salvar la vida. También urge reconocer el papel de la seguridad pública y de las políticas de prevención. No se puede combatir el desplazamiento sin enfrentar con seriedad las causas estructurales de la violencia: la impunidad, la corrupción institucional y el abandono de las zonas rurales. San Ignacio puede ser el espejo del futuro de otras regiones de Sinaloa si no se actúa con decisión. Es momento de que las políticas públicas dejen de ser paliativas y apunten a la restitución real de los derechos perdidos. ENCUENTRO La industria turística en Sinaloa continúa consolidándose como uno de los pilares económicos del estado. Así lo reconocen autoridades, empresarios y organismos como el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin), que estima que uno de cada diez empleos en el estado depende de esta actividad. Sin embargo, ese crecimiento no puede sostenerse sin un marco legal actualizado, eficiente y alineado a las nuevas demandas del sector. En ese contexto, es positivo que

“No encontró respuesta, las respuestas no llegan siempre cuando uno las necesita, muchas veces ocurre que quedarse esperando es la única respuesta posible”, José Saramago VA DE NUEVO En tiempos donde la transparencia debe ser el eje de toda administración pública, el alcalde de Elota, Richard Millán, ha decidido tomar un camino contrario: el del dispendio sin explicación y el desprecio por los mecanismos institucionales. Su reciente viaje a París para asistir al llamado “9º Foro Global de Ciudades Sostenibles”, organizado por el Instituto Mejores Gobernantes A.C., ha encendido las alarmas no sólo por el fondo del evento, sino por las formas en que se ejecutó. El foro, lejos de ser una cumbre respaldada por organismos oficiales como la ONU, se trató de un evento privado con escasa asistencia —apenas medio centenar de personas en un salón habilitado para conferencias— y sin evidencia alguna de tener impacto real en las políticas públicas locales. Pese a ello, el alcalde emprendió el viaje sin solicitar permiso alguno al Cabildo, el órgano al que debe rendir cuentas y del que forma parte. Esta omisión no es menor: es una violación directa a las reglas básicas de la administración pública. Para justificar su presencia en París, Richard Millán prometió que buscaría inversiones y proyectos que detonaran la economía de Elota. Sin embargo, hasta ahora no ha informado ningún resultado concreto. En los boletines oficiales que su administración difunde diariamente, no hay un solo dato, acuerdo, o avance que respalde esa supuesta gestión internacional. Sólo aparece una agenda común, de actos públicos y actividades de rutina, mientras el viaje a Europa sigue envuelto en sombras. El costo del viaje tampoco ha sido transparente. Se sabe, por fuentes cercanas, que el hospedaje fue en el hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, con tarifas que rondan los 5 mil pesos por noche. A ello se suman los vuelos internacionales, viáticos, traslados y otros gastos relacionados, lo que podría elevar la cifra a más de 150 mil pesos, pagados —se presume— con recursos públicos. Hasta el momento, el alcalde no ha informado a la ciudadanía cuánto se gastó, qué resultados se obtuvieron o qué beneficios traerá su participación a Elota. Más preocupante aún es el silencio del Cabildo. Sus integrantes, quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar al presidente municipal y garantizar el uso correcto de los recursos, han guardado un silencio cómplice. Nadie ha solicitado cuentas, nadie ha exigido claridad, nadie ha pedido que se rinda un informe detallado del viaje. Este tipo de acciones sólo abonan a la desconfianza ciudadana y al descrédito de los gobiernos locales. Si no hay consecuencias, si no hay una exigencia clara del Cabildo y de la ciudadanía para que Richard Millán rinda cuentas y justifique cada peso gastado, estaremos legitimando que los recursos públicos se utilicen a capricho, para alimentar egos y obtener reconocimientos vacíos en escenarios lejanos, mientras las necesidades reales del pueblo siguen esperando. La transparencia no se presume con medallas ni diplomas en París. La transparencia se ejerce aquí, en Elota, frente a su gente. NOMBRAMIENTO   En política, los relevos son necesarios. El dinamismo en el servicio público implica ajustes, rotaciones, renuncias y nombramientos. Pero cuando estos movimientos se acompañan solo de elogios y discursos motivacionales, sin un balance autocrítico ni una explicación clara del porqué del cambio, se corre el riesgo de que los nombramientos se perciban como decisiones inerciales más que como oportunidades de transformación. El caso de Ahome no es la excepción. Tras la renuncia de Juan Antonio Garibaldi Hernández, el alcalde Antonio Menéndez propuso a Cutberto Ríos Beltrán como nuevo titular de la Secretaría del Ayuntamiento, y el Cabildo aprobó sin objeción. En los discursos no faltaron las loas: Garibaldi, “hombre de resultados”, “clave en seis administraciones”; Cutberto, “formal, serio, con mucha capacidad”. Ambas cosas pueden ser ciertas. Pero la ciudadanía, más allá de las palabras, exige resultados, cambios palpables, soluciones a los problemas cotidianos que aún aquejan al municipio. El nombramiento de Ríos Beltrán se da en un contexto donde las decisiones públicas están bajo mayor escrutinio. El compromiso del nuevo secretario con la transparencia, el orden y el trabajo en equipo es, sin duda, un buen inicio. No obstante, este tipo de declaraciones han sido pronunciadas muchas veces antes, con distintos rostros y apellidos, sin traducirse necesariamente en una mejora sustantiva en la atención ciudadana o en la rendición de cuentas del Ayuntamiento. En la misma sesión donde se dio este nombramiento, se aprobaron puntos relevantes como la renovación del convenio con la Profeco, modificaciones en el reglamento de Tránsito y otorgamiento de poderes administrativos, decisiones que, aunque importantes, pasan muchas veces desapercibidas por una ciudadanía desinformada o desilusionada. En este sentido, el papel del nuevo secretario debe ser también el de acercar el Ayuntamiento a la gente, volver a tejer el vínculo entre gobierno y gobernados. El relevo debió servir también como una oportunidad para revisar el desempeño de la Secretaría en meses anteriores: ¿qué se hizo bien?, ¿qué se dejó de hacer?, ¿qué errores se deben corregir? En lugar de eso, se optó por el discurso cómodo del reconocimiento y la bienvenida, sin una revisión crítica que justifique con claridad el cambio. Así, la transición corre el riesgo de parecer un simple relevo de silla, y no una reconfiguración que responda a las exigencias de una administración eficaz y cercana a la población. El reto de Cutberto Ríos es enorme. Ahome necesita más que buenos propósitos: requiere eficiencia, legalidad, orden, atención y diálogo permanente con una sociedad cada vez más exigente. Si logra encabezar una Secretaría que escuche, que informe y que actúe con firmeza y transparencia, su nombramiento habrá valido la pena. De lo contrario, será recordado como un cambio más en la rutina del poder municipal, sin mayor trascendencia que los aplausos del día de su toma de protesta.   La propuesta del diputado Ambrocio Chávez Chávez de firmar un convenio de colaboración entre el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) marca

“¿Cambiar? Cuando lo hagan las colinas”, Emily Dickson LAS LOCURAS DEL EMPERADOR En Elota, el poder ya no se ejerce, se impone. El presidente municipal Richard Millán ha cruzado una línea delicada que ningún servidor público debería pisar: usar el cargo para satisfacer intereses personales, desafiando los procedimientos legales más elementales y pasando la ley por el arco del triunfo. Así, tal cual. La adquisición de una camioneta blindada, se hizo al estilo de Richard, sin tomar en cuenta a nadie, así como su viaje a París, Francia a una reunión “patito” que promovió un “organismo internacional”. (Mañana les contaremos más de este dichoso evento) La unidad que se compró, supuestamente para la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, pero este vehículo —con un valor estimado en 1.7 millones de pesos— no solo no fue licitado ni autorizado por el Cabildo, sino que es utilizado por el propio alcalde como transporte personal. No hay comité de compras de por medio, no hay acta de Cabildo que sustente su compra, no hay transparencia. Lo que sí hay es abuso de poder y un desprecio evidente por los procesos democráticos. Como si el Ayuntamiento fuera su empresa privada, Millán intenta ahora modificar actas extemporáneamente para simular que la compra fue discutida y aprobada en sesión de Cabildo. Pretende que los regidores firmen documentos que nunca pasaron por debate, como si su firma fuera un cheque en blanco para encubrir decisiones tomadas al margen de la ley. Este episodio retrata de cuerpo entero a un presidente municipal descontrolado, que se ha acostumbrado a gobernar por capricho, ignorando los contrapesos institucionales y creyéndose intocable. No es la primera vez que lo hace: las señales de autoritarismo y soberbia han sido constantes en su administración. Pero esta compra, tan descaradamente irregular, exhibe un patrón preocupante: el de un político que se siente por encima de la ley. Y lo más grave: Richard Millán tiene aspiraciones mayores. Se habla de que quiere ser candidato a gobernador. ¿Aspirar a gobernar Sinaloa cuando ni siquiera respeta los procesos en un municipio pequeño como Elota? ¿Pretende exportar ese estilo de “yo decido y ustedes obedecen” al resto del estado? Sería un desastre para la institucionalidad. En una democracia funcional, un servidor público debe rendir cuentas, respetar los procesos, y tomar decisiones con base en el interés colectivo, no en su seguridad personal ni en su conveniencia política. Lo ocurrido en Elota no es un error menor. Es una violación flagrante de las normas, y si no se denuncia ni se sanciona, se corre el riesgo de normalizar el autoritarismo municipal. Los regidores tienen hoy una responsabilidad histórica: no prestarse a validar este atropello. Si firman esas actas alteradas, no solo se hacen cómplices, también cargan con la vergüenza de haberle fallado a los ciudadanos. Y si los órganos de control no actúan, estarán confirmando que en Elota manda un hombre, no la ley. Richard Millán podrá tener una camioneta blindada, pero el blindaje más preocupante es el político: el que le permite hacer y deshacer sin consecuencias. Sinaloa no necesita más caciques modernos, necesita gobernantes con vocación democrática, no con ínfulas de virrey. SALIDA La salida de Juan Antonio Garibaldi de la Secretaría del Ayuntamiento de Ahome no sorprende, pero sí confirma lo que muchos ya sospechaban: el alcalde Antonio Menéndez ha comenzado a mover sus piezas con absoluta libertad, dejando claro que su administración no será una simple prolongación del proyecto de Gerardo Vargas Landeros. Garibaldi, hombre cercano al exalcalde desaforado, fue sostenido por unas semanas como símbolo de “continuidad”, pero su permanencia ya era insostenible en el nuevo ajedrez político que se está configurando en Palacio Municipal. La llegada de Cutberto Ríos a la Secretaría del Ayuntamiento marca una línea divisoria. No es solo un relevo burocrático, es una señal de que el nuevo alcalde está construyendo su propia estructura de confianza. Ríos, hasta ahora director de Recaudación de Rentas en Ahome, es una figura más alineada a Menéndez y a su visión de control administrativo. Su nombramiento tiene el respaldo anticipado de las bancadas del Cabildo, lo que revela que las negociaciones políticas han sido eficientes, discretas y muy claras. Garibaldi se va, sí, pero no por la puerta de atrás. Su renuncia, pactada con todas las fracciones edilicias, demuestra que hubo un acuerdo político maduro, aunque también evidencia que su ciclo había terminado. Permanecer más tiempo en el cargo habría sido una provocación para las nuevas condiciones de poder en el municipio. Su presencia simbolizaba un pasado incómodo que Menéndez está decidido a dejar atrás. Lo que resulta inquietante es la facilidad con la que los ediles han cedido ante los nuevos nombramientos. No hubo debate, no hubo objeción pública, ni siquiera un matiz de resistencia. Todo se encamina, según fuentes, a ser un “mero trámite”. ¿Dónde quedaron los contrapesos? ¿Dónde la sana distancia entre poderes? Que las bancadas cedan sin cuestionar solo confirma la fragilidad de la institucionalidad política en Ahome. El nuevo gobierno de Menéndez toma forma, y lo hace con rapidez. Pero la velocidad no siempre es buena consejera. El reto no es solo llenar espacios con leales, sino dar resultados, gobernar con transparencia y demostrar que los cambios no son meras vendettas políticas disfrazadas de renovación administrativa. A Garibaldi lo quitan, sí, pero lo importante no es quién se va, sino qué se hace con el poder que deja vacante. Y sobre todo, que los nuevos rostros no repitan los vicios del pasado. DEL DICHO AL HECHO Escuchar a la diputada federal Graciela Domínguez Nava hablar sobre la “transformación” del servicio público mediante la eliminación de trámites burocráticos suena bien, demasiado bien. Tan bien, que raya en el terreno de la utopía. Domínguez, quien integra la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, ha señalado como “clave” la aprobación de una nueva ley que busca unificar plataformas y facilitarle la vida al ciudadano. En papel, se escucha como un avance. En la práctica, parece otro discurso reciclado más desde el Congreso. La

“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas”, John Fitzgerald Kennedy REALIDAD ALTERNA La imagen del alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, posando sonriente frente a la Torre Eiffel no sería problema alguno… si su municipio no estuviera sumido en una crisis de seguridad, abandono institucional y descontento ciudadano. Pero lo está. Y ese contraste es justamente el reflejo más claro de una administración que ha perdido el rumbo. Millán viajó a París para asistir al Foro Mundial de Alcaldes, donde, según dijo, buscaba atraer inversiones y “llevar a Elota al mundo”. Sin embargo, no informó previamente al Cabildo ni explicó a los ciudadanos el objetivo concreto del viaje, ni quién lo financió. La regidora Rocío Guzmán confirmó que el alcalde se ausentó sin notificación formal, lo que ya de por sí implica una falta grave de transparencia. A la par de su viaje, en Elota ocurrían cosas mucho más urgentes. Policías municipales se manifestaron por la cancelación de su seguro de vida —que desconocían no tener desde marzo del año pasado—, la falta de uniformes y la suspensión de apoyos básicos como las despensas. En un contexto donde varios policías han sido asesinados en Sinaloa, estos trabajadores temen quedar desamparados si algo les ocurre. Mientras tanto, el alcalde se traslada en una camioneta blindada, en patrullas sí hay carencias, pero no en su comodidad. La dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas, lo expresó con claridad: “Estamos en un grito de auxilio”, subrayando que Elota es uno de los municipios más golpeados por la violencia, después de Culiacán. Aunque reconoció que buscar inversiones es válido, señaló que “la prioridad hoy es la seguridad”. El diputado Rodolfo Valenzuela, del PVEM, fue más duro al calificar el viaje como “una burla”. Criticó el uso de “pretextos banales” para justificar una salida internacional, mientras los habitantes enfrentan abandono. “Primero hizo escándalo con una silla que compró, ahora se va a París. ¿Eso es gobernar?”, cuestionó. La falta de seriedad del alcalde Richard Millán no está solo en el destino de su viaje, sino en la forma en que lo condujo: sin rendición de cuentas, sin atender el contexto local, sin priorizar lo urgente. Puede ser que la participación en foros internacionales sea útil, pero no cuando se hace desde la frivolidad y el descuido institucional. Elota necesita un alcalde que esté al frente, no al fondo de una postal turística. Que escuche el reclamo de su policía y su gente. Que no le dé la espalda a su realidad. Y, sobre todo, que entienda que gobernar no es viajar, sino responder, pero sobre todo con la seriedad que requiere un municipio en problemas y que le da atole con el dedo con tanta farándula. El alcalde a su regreso tiene mucho que explicar. Si es que quiere, por que al final el vive una realidad alterna. CERTEZAS La seguridad pública requiere de herramientas jurídicas eficaces que permitan actuar con celeridad y contundencia ante los delitos que más afectan a la ciudadanía. En este contexto, la iniciativa presentada por la diputada local Teresa Guerra Ochoa para reformar la legislación estatal en materia de robo de vehículos representa un paso importante y necesario. Actualmente, los casos en que una persona circula o posee un vehículo robado requieren de una querella formal para que la Fiscalía pueda proceder. Este requisito, aunque comprensible desde una óptica garantista, ha demostrado ser una barrera que muchas veces impide la acción inmediata de las autoridades, ralentizando la investigación y dejando a las víctimas en el abandono. La propuesta de que estos casos sean perseguidos de oficio —sin necesidad de denuncia— significa un cambio de paradigma que permitirá a la Fiscalía General del Estado actuar de manera más eficiente y oportuna. Lejos de implicar un aumento en las penas, la iniciativa se centra en destrabar los procesos legales para que la justicia llegue más rápido. Y esto es clave: no se trata de castigar más, sino de castigar mejor. La reforma propuesta no endurece la ley, sino que la hace más funcional, más alineada con la realidad cotidiana de quienes sufren el robo de su patrimonio. El robo de vehículos es uno de los delitos más comunes y, al mismo tiempo, uno de los que más frustración generan en la ciudadanía, precisamente porque los trámites y tiempos para recuperar una unidad robada suelen ser engorrosos. Permitir que la Fiscalía actúe de oficio es una forma directa de devolverle al Estado su capacidad de respuesta. Además, esta medida fortalece el principio de legalidad y refuerza la percepción de que las leyes sí se aplican. Y esto, en un contexto donde la impunidad sigue siendo un problema estructural, es un mensaje poderoso. La iniciativa impulsada por Teresa Guerra Ochoa es técnica, razonable y enfocada en resultados, lo mejor, es que se tiene la certeza de que el Congreso del Estado le dé el respaldo que merece y que pronto se convierta en ley. Sinaloa necesita este tipo de reformas que, sin caer en el punitivismo excesivo, fortalecen el Estado de derecho y dan mayor certeza a la ciudadanía. Todas mis columnas en: https://altoparlante.com.mx/entre-veredas/.