Entre Veredas

“Las cuestiones políticas son demasiado serias para dejarlas en manos de los políticos”, Hannah Arendt (1906-1975) Filósofa y teórica política alemana DOS CARAS El altercado entre Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña en el pleno del Senado no es solo un episodio aislado de violencia parlamentaria. Es, más bien, un reflejo de la polarización que atraviesa la política mexicana y de la fragilidad de los espacios de diálogo en el Congreso. Las opiniones de Paola Gárate, diputada local del PRI, y de Merary Villegas, diputada federal de Morena, muestran con claridad los diferentes ángulos desde los cuales se interpreta este incidente. Para Gárate, la agresión de Moreno surge como consecuencia de un ambiente donde la cancelación del diálogo y la falta de respeto a los procesos parlamentarios se han normalizado, en particular bajo la administración federal actual. Desde esta perspectiva, la violencia no sería un acto planificado, sino una manifestación del hartazgo ante un sistema que, según ella, limita la diversidad de opiniones y pretende acallar voces incómodas. Por otro lado, la lectura de Villegas es diametralmente opuesta: considera que la agresión de Moreno fue deliberada, un acto premeditado que vulnera las reglas claras del Senado sobre el uso de la palabra. Además, enfatiza que Moreno carga con tensiones adicionales derivadas de denuncias de presunta corrupción y un expediente de desafuero en la Cámara de Diputados, lo que podría haber influido en su reacción. Desde este ángulo, la violencia se entiende como un acto estratégico, con implicaciones políticas que van más allá del choque personal entre legisladores. Analizar ambos puntos de vista permite comprender que la pelea no es únicamente física, sino simbólica. Representa un choque de culturas políticas: por un lado, la visión de que la confrontación y la imposición de autoridad son respuestas a la falta de respeto al debate; por el otro, la convicción de que la violencia en el recinto legislativo es inaceptable y debe tener consecuencias concretas. Esta dicotomía evidencia cómo la política mexicana enfrenta un dilema estructural: cómo garantizar espacios de diálogo respetuoso en un entorno donde la polarización y la presión mediática potencian los enfrentamientos personales. Las consecuencias de este episodio son tanto inmediatas como potencialmente duraderas. Inmediatamente, el Senado y la Cámara de Diputados deberán analizar responsabilidades y sanciones, un proceso que será observado de cerca por la ciudadanía y los medios. A mediano plazo, la agresión podría consolidar narrativas partidistas: para el PRI, un intento de mostrar fuerza y liderazgo frente a un gobierno que, según algunos de sus militantes, limita la pluralidad; para Morena, la necesidad de proyectar unidad frente a la agresión y reforzar la percepción de defensa de la institucionalidad. Más allá de las implicaciones partidistas, lo que subyace es un riesgo para la legitimidad del Congreso. La violencia entre legisladores erosiona la confianza ciudadana en la política y en los mecanismos democráticos de debate. La normalización de estos episodios, por mínima que sea, puede enviar un mensaje preocupante: que la confrontación física es un recurso válido para dirimir diferencias, reemplazando la deliberación racional. En última instancia, el caso Noroña-Alito es una advertencia sobre la fragilidad del debate parlamentario en México y la necesidad de fortalecer las reglas, la disciplina y la civilidad dentro del Congreso. Ambos partidos, PRI y Morena, tienen la responsabilidad de demostrar que el Parlamento puede ser un espacio de resolución de conflictos y no un escenario de espectáculo mediático. La política mexicana necesita institucionalidad y argumentos, no golpes, para recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar que la pluralidad de opiniones se traduzca en diálogo y no en confrontación. ENFOQUES Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) confirman que Sinaloa se mantiene como una de las entidades con mejores indicadores laborales en el país. La tasa de desempleo del 2.2% durante el segundo trimestre de 2025, por debajo del promedio nacional de 2.7%, no solo es un número, sino un reflejo de políticas locales, condiciones económicas y dinámicas productivas que permiten a la entidad destacarse en el panorama nacional. Más allá de la cifra de desocupación, es relevante analizar la composición del empleo en Sinaloa. La población económicamente activa supera el millón cuatrocientos ochenta mil personas, con un crecimiento sostenido en la población ocupada desde 2021 de más de 141 mil personas, lo que representa un aumento del 10.8%. Esta tendencia positiva indica que no se trata únicamente de un dato aislado, sino de una trayectoria de recuperación y generación de empleo consistente. Los ingresos también reflejan la posición favorable de la entidad. Con un ingreso semanal promedio de 3,498 pesos, Sinaloa se coloca entre los seis estados con mayores ingresos del país, superando ampliamente la media nacional de 2,767 pesos. Esto no solo mejora el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que impacta directamente en el consumo, la inversión local y la dinámica económica interna. Otro aspecto significativo es la incorporación creciente de mujeres al mercado laboral. El aumento de 88,555 trabajadoras desde 2021, equivalente a un 17.1%, ubica a Sinaloa en el quinto lugar nacional en generación de empleo femenino. Este dato no solo tiene relevancia social y de equidad, sino que fortalece la base económica del estado, ampliando la participación laboral y diversificando las oportunidades productivas. Si bien la informalidad laboral sigue siendo un desafío —46.6% de los trabajadores se encuentran en esta condición—, Sinaloa registra niveles inferiores al promedio nacional de 54.8%, lo que indica que la formalización del empleo avanza, aunque de manera gradual. Menor informalidad significa mayor acceso a seguridad social, beneficios laborales y estabilidad, elementos esenciales para consolidar un mercado laboral robusto y sostenible. En términos políticos y estratégicos, estos resultados son también un reflejo de la gestión estatal y del entorno económico de Sinaloa. Mantener estas cifras requiere continuidad en políticas de fomento al empleo, inversión productiva y capacitación, así como estrategias claras para integrar a sectores vulnerables y jóvenes al mercado formal. Sinaloa, por lo tanto, muestra que es posible conjugar

“No necesitamos que nos dejen tranquilos. De cuando en cuando, precisamos estar seriamente preocupados”, Ray Bradbury (1920-2012) Escritor estadounidense. DIMES Y DIRETES La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto un punto que parece final —al menos en el papel— a la disputa por la presidencia municipal de Ahome. En su reciente fallo sobre la Controversia Constitucional 152/2025, el máximo tribunal del país reconoció como presidente municipal sustituto a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, confirmando que el Congreso del Estado actuó conforme a derecho cuando destituyó a Gerardo Octavio Vargas Landeros el pasado 2 de mayo. Esta decisión, considerada ya cosa juzgada, despeja las dudas jurídicas sobre quién ostenta la representación legal del municipio y quién puede ejercer las funciones de alcalde. Menéndez de Llano presentó ante la Corte la documentación que respaldó su nombramiento: el acuerdo del Congreso local que decretó la destitución de Vargas, el Acuerdo 83 que formalizó su designación y el acta de cabildo del 5 de mayo que certificó su toma de protesta. La SCJN desechó la controversia constitucional promovida por Vargas Landeros al considerar que no existía agravio en la esfera de competencia municipal. Gerardo Octavio Vargas Landeros fue electo como alcalde en 2021 bajo las siglas de Morena, pero su administración se vio envuelta en señalamientos relacionados con la Auditoría Superior del Estado y procesos penales que terminaron abriendo la puerta a su destitución. El Congreso del Estado argumentó que la decisión obedecía a la necesidad de garantizar la gobernabilidad y el cumplimiento de la ley, lo que derivó en la designación de un sustituto que concluirá el periodo constitucional hasta octubre de 2027. Desde entonces, Vargas Landeros y un sector de regidores de Morena han sostenido que su salida responde más a intereses políticos que a causas estrictamente legales. Incluso promovieron recursos de impugnación para revertir el acto legislativo, sin éxito, y ahora la Corte ha cerrado la puerta a esa posibilidad al afirmar que el mecanismo utilizado —la acción de inconstitucionalidad— no era la vía idónea. Tras el fallo, la diputada Teresa Guerra Ochoa, acompañada de legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que la resolución ratifica la autonomía del Congreso del Estado y la legitimidad de sus actos. Destacó que el pronunciamiento de la Corte no solo valida el nombramiento de Menéndez, sino que también establece que Vargas Landeros carece de facultades para promover acciones legales en nombre del municipio. Los regidores que apoyan a Vargas Landeros, en cambio, han señalado que la decisión no refleja la voluntad de los votantes de Ahome y que, aunque respetarán la resolución, continuarán explorando vías jurídicas que permitan la restitución del exalcalde, quien únicamente podría regresar al cargo si obtiene sentencias absolutorias en los procesos penales que enfrenta. Con esta resolución, la SCJN asegura certeza política y jurídica para Ahome, al menos en el terreno formal. Sin embargo, el episodio deja a la vista una serie de interrogantes que trascienden lo legal. ¿Qué tan transparente fue el proceso que llevó a la destitución de Vargas Landeros? ¿En qué medida el Congreso actuó por interés institucional y no por cálculo político? ¿Podrá Antonio Menéndez ejercer su mandato sin la sombra de esta disputa, o quedará atado a un contexto de confrontación permanente? El fallo despeja la vía jurídica, pero no borra la huella de meses de incertidumbre ni las tensiones que persisten en el cabildo y entre los grupos políticos locales. De hecho, el tema de la guerra política interna en la comuna ahomense parece no terminar. Y a como vemos las cosas, estamos a punto de presenciar un asunto que en la memoria política de Sinaloa no se ha contado. Si bien se han desaforado alcaldes, hay un riesgo más que latente de que todos los regidores de Morena, salvo las dos ediles que ya tomaron protesta, sean desaforados de sus cargos por el Congreso y se llame a los suplentes. El tema se pone más candente en lugar de apaciguarse y si no pregúntenle al alcalde sustituto si su gobierno es pura miel sobre hojuelas. No es por ser drásticos pero en Ahome, está por abrirse apenas, la “caja de Pandora”, políticamente hablando… ¡digan que se los dijo un loco! ¿PRINCIPIO DEL FIN? La declaración de culpabilidad de Ismael “Mayo” Zambada García, histórico cofundador del Cártel de Sinaloa, no solo cierra una etapa judicial en Estados Unidos, sino que abre un capítulo incómodo para la política mexicana. En la audiencia realizada el 25 de agosto de 2025 en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, el narcotraficante de 77 años reconoció su participación en delitos de empresa criminal continua y crimen organizado, aceptando también haber promovido la corrupción de policías, militares y políticos en México a lo largo de su trayectoria. Este elemento no es menor. Durante décadas, el poder criminal que representó Zambada se sostuvo no únicamente por la fuerza de las armas o el control territorial, sino por una red de complicidades institucionales que él mismo admitió haber tejido. Su declaración abre interrogantes sobre hasta qué nivel de las estructuras de poder llegaron esos sobornos y si existirá algún mecanismo real para investigar lo que ahora es un reconocimiento público en una corte internacional. El juez Brian Cogan dictará sentencia el próximo 13 de enero de 2026. Hasta entonces, Zambada permanece bajo custodia mientras Estados Unidos valora en 15 mil millones de dólares los activos acumulados en su carrera criminal. La admisión de culpabilidad evitó un juicio público que probablemente habría revelado nombres, fechas y acuerdos incómodos tanto para autoridades mexicanas como estadounidenses. Sin embargo, la dimensión política de este caso no puede obviarse. ¿Cómo repercutirá en la narrativa de la lucha contra el narcotráfico en México el hecho de que uno de los capos más longevos admita haber financiado la corrupción a distintos niveles? ¿Habrá voluntad real de las instituciones mexicanas para esclarecer qué funcionarios, de ayer y de hoy, se beneficiaron de estos sobornos? ¿O el caso quedará reducido a

“La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad”, Sir Francis Bacon CON DIRECCIÓN En la política municipal, pocas virtudes son tan determinantes como la capacidad de gestión y eso es determinante a la hora de gobernar y mostrar resultados, más en la capital del estado. No basta con administrar lo que hay: los líderes que trascienden son aquellos que consiguen más de lo que reciben, que convierten sus relaciones en obras, programas y beneficios tangibles para la ciudadanía. Ese es el perfil que hoy proyecta Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, quien en las últimas semanas ha dejado claro que su campo de acción no termina en las fronteras del municipio, sino que se extiende hasta las oficinas más influyentes de la Ciudad de México. Los hechos hablan por sí solos. La reciente inauguración de una cancha de futbol con pasto sintético, en compañía del director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, no es únicamente una obra deportiva. Es el resultado de tocar la puerta correcta, obtener respaldo federal y demostrar que el deporte, además de ser un motor de salud y convivencia, es una herramienta de cohesión social. La imagen del alcalde junto a niños y jóvenes disfrutando del nuevo espacio es también un mensaje político: en Culiacán se invierte en infraestructura que impacta directamente en la vida diaria y más en los tiempos que se está viviendo, además de que se le apuesta directamente al futuro de ellos. A esto se suma un hecho de mayor calado: la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para inaugurar nuevas salas de quirófanos y un área de atención para niños quemados en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, así como el anuncio de la construcción de un nuevo hospital del IMSS. Estos proyectos no son trámites simples. Implican una gestión prolongada, negociación política y capacidad para alinear voluntades. Lograr que la presidenta destine su tiempo y recursos para Culiacán es, en sí mismo, un indicador de la relevancia que Gámez Mendívil ha ganado en el plano nacional. En el terreno de la seguridad, la reunión con José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal y Protección Civil, refleja otra faceta clave: la de un alcalde que entiende que la seguridad no se resuelve solo con patrullas, sino con estrategias integrales que incluyen educación, cultura, deporte y prevención. Este acercamiento muestra que su gestión no se limita a reaccionar ante los problemas, sino que busca atender las causas profundas, lo que a mediano plazo genera una percepción de estabilidad y gobernabilidad. La importancia de estas alianzas es evidente. Los municipios enfrentan un contexto de recursos limitados, donde la única manera de ejecutar proyectos de alto impacto es mediante la suma de esfuerzos con el gobierno federal y otras instancias. Gámez Mendívil ha sabido leer ese escenario y actuar en consecuencia, posicionando a Culiacán como un destino prioritario para inversión y programas sociales. Cada viaje a la capital del país, cada encuentro con un funcionario clave, se traduce en acciones concretas en la ciudad. Más allá de los beneficios inmediatos, lo que está construyendo el alcalde es capital político. La narrativa que lo rodea deja de ser la de un administrador local para convertirse en la de un operador con alcance y resultados. Y eso, en un estado como Sinaloa, es la base para aspirar a posiciones de mayor responsabilidad. Si mantiene el ritmo y los resultados, Gámez Mendívil se perfila como un actor que podría tener un papel protagónico en la sucesión estatal, respaldado no solo por el electorado culiacanense, sino por una red de alianzas federales que hoy ya están dando frutos. En política, las obras se olvidan si no se acompañan de visión. Y en Culiacán, la gestión de Juan de Dios Gámez Mendívil está demostrando que una visión clara, respaldada por alianzas estratégicas, puede transformar no solo una ciudad, sino también el futuro político de quien la dirige. Si algo está quedando claro, es que las puertas abiertas en la Ciudad de México pueden ser, para Culiacán, la llave de un desarrollo sostenido… y para su alcalde, la antesala de una carrera que podría escalar a lo más alto de Sinaloa. RETOS Cuando Ricardo “Pity” Velarde asumió la Secretaría de Economía de Sinaloa, lo hizo en un contexto complicado: un entorno nacional de desaceleración, retos postpandemia y una creciente competencia digital que amenazaba con rezagar a muchas micro, pequeñas y medianas empresas del estado. Sin embargo, lejos de instalarse en la administración de lo existente, Velarde apostó por una ruta clara: innovación, vinculación y resultados medibles. El relanzamiento del programa “Ruta Digital”, ahora fortalecido con la incorporación de Coppel Marketplace y Waldo’s, no es solo una noticia de agenda. Es un movimiento estratégico que amplía el escaparate de las MiPyMEs sinaloenses, llevándolas de la competencia local a la vitrina nacional y, potencialmente, internacional. A las plataformas ya integradas —Amazon, Mercado Libre y Walmart Marketplace— se suman ahora dos aliados con una fuerte presencia en el mercado mexicano, multiplicando las oportunidades de venta y diversificación para los emprendedores del estado. Las cifras respaldan la gestión: 821 emprendedores y empresarios ya participan en el programa, con más de 470 mujeres al frente de negocios, y ventas acumuladas superiores a 220 millones de pesos en los últimos años. Estas no son estadísticas frías, sino un reflejo de cómo una política pública bien diseñada puede transformar realidades económicas, incluso en contextos adversos como en el que se vive en Sinaloa. El secretario no se limita a inaugurar programas: impulsa una narrativa de éxito empresarial con nombres y rostros concretos. Ejemplos como Globo 21, que pasó de vender 100 bolsas al mes a 3,500 gracias al e-commerce; Playeras Beloma, posicionada como “top seller”; o Chillititlán, que hoy comercializa frutas deshidratadas en tres plataformas digitales, muestran que la apuesta digital no es retórica, sino una estrategia que genera ingresos, empleo y proyección de marca. Velarde ha entendido que la transformación digital

“La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido”, Rabindranath Tagore EVALUACIÓN En medio de un panorama nacional marcado por desafíos sociales, económicos y de seguridad, Sinaloa ha logrado mantenerse en el radar positivo gracias a un elemento clave: el ejercicio de un gobierno que ha sabido responder con eficacia ante la adversidad. Así lo refleja la más reciente encuesta de la casa C&E Campaigns and Elections México, que coloca al gobernador Rubén Rocha Moya como el tercer mandatario estatal más capaz del país para enfrentar los problemas de su entidad. El estudio, realizado entre el 23 y el 30 de julio de 2025, toma como base la percepción ciudadana sobre la habilidad de los gobernadores para resolver los conflictos que afectan a sus estados. Y no es menor que Rocha Moya figure en el podio nacional, sólo por debajo de Mauricio Kuri (Querétaro) y Alejandro Armenta (Puebla), en un listado que también incluye a entidades de fuerte dinamismo económico y alta exigencia social como Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México. Este reconocimiento no es gratuito. La administración de Rocha Moya ha enfrentado un año complejo, donde temas como la educación, la seguridad pública, la relación con organismos autónomos y los retos presupuestales han exigido capacidad de diálogo, firmeza institucional y, sobre todo, responsabilidad política. La gestión del conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, el reordenamiento del gasto público, el impulso a las obras sociales, así como una narrativa cercana a la ciudadanía, han sido elementos que definen su estilo de gobierno. A diferencia de otros liderazgos marcados por la confrontación o la parálisis, Rocha Moya ha optado por un equilibrio entre autoridad y gestión, donde la atención directa a las necesidades sociales ha sido prioritaria. Su relación con el Gobierno Federal también ha sido clave: ha sabido alinearse con los proyectos de transformación nacional sin perder el enfoque local, lo que le ha permitido acceder a recursos, mantener el ritmo de inversión y avanzar en proyectos estratégicos como el desarrollo del sur del estado y el fortalecimiento del puerto de Mazatlán. La encuesta de C&E también es un termómetro político rumbo al futuro inmediato. Con el inicio del nuevo sexenio federal y la configuración de nuevas correlaciones en el Congreso y en los gobiernos estatales, los gobernadores con mejores niveles de aprobación y percepción de eficacia jugarán un papel importante en el reacomodo de liderazgos regionales. En ese escenario, el posicionamiento de Rocha Moya lo convierte en un actor relevante no solo en Sinaloa, sino también en el tablero nacional. Sin embargo, los buenos números no deben traducirse en triunfalismo. La ciudadanía reconoce avances, pero también mantiene expectativas altas. Seguridad, empleo, agua potable, salud, infraestructura educativa y transparencia seguirán siendo temas donde el gobierno estatal deberá mostrar capacidad de respuesta constante. La credibilidad no se decreta: se sostiene todos los días con acciones. Por ahora, el lugar que ocupa Rubén Rocha Moya en el ranking nacional de gobernadores más capaces es un reflejo de su compromiso, su experiencia y su forma de hacer política. Un estilo que privilegia la palabra dada, el contacto directo con el pueblo y la voluntad de resolver, aún en escenarios difíciles. La política útil, la que se traduce en beneficios concretos para la gente, se mide en momentos como estos. Y en esa lógica, el gobernador de Sinaloa ha sabido colocarse, una vez más, como un liderazgo con rumbo firme. RECONOCIMIENTO En un ejercicio de continuidad institucional poco común en la política mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó esta semana a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España. La decisión, anunciada durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, estuvo basada en el desempeño del sinaloense al frente de esta representación diplomática: “Han estado haciendo un buen papel”, expresó la mandataria en referencia a su labor. Con esta ratificación, la nueva administración federal envía un mensaje claro: el profesionalismo y los resultados pueden pesar más que el origen partidista. Ordaz Coppel, quien fue gobernador de Sinaloa entre 2017 y 2021, asumió el cargo en la Embajada en medio de un contexto político delicado, marcado por tensiones bilaterales y una agenda internacional exigente. Desde entonces, ha contribuido a estabilizar y fortalecer los vínculos diplomáticos entre México y España, sobre todo en áreas como el comercio, el turismo, la inversión y la cooperación educativa. Más allá del terreno político, su permanencia en la misión diplomática representa un acto de pragmatismo institucional. Con más de 30 años en el servicio público, Quirino Ordaz cuenta con una formación sólida en Derecho y Administración Pública, así como experiencia en áreas clave de la gestión gubernamental, como finanzas y administración. Su trayectoria incluye cargos como diputado federal, secretario de Finanzas y gobernador, lo que le ha brindado las herramientas para asumir una representación internacional con conocimiento técnico y madurez política. Durante su gestión como embajador, la relación con el gobierno español se ha mantenido estable, a pesar de momentos de tensión coyuntural. Su estilo ha sido mesurado, institucional y enfocado en los resultados, lo que ha permitido mantener un canal abierto de comunicación y entendimiento con las autoridades ibéricas. Esta labor, si bien alejada del reflector mediático, ha sido valorada positivamente por la Cancillería mexicana. La decisión de mantenerlo en el cargo se inscribe también en un contexto donde la política exterior mexicana ha optado por figuras con experiencia comprobada, y no necesariamente por alineación ideológica. En ese sentido, la ratificación de Quirino Ordaz adquiere relevancia como un reconocimiento a su desempeño, y como un ejemplo de que la eficacia y la responsabilidad pueden tener continuidad, incluso en gobiernos de distinto signo político. En suma, esta ratificación confirma que la diplomacia requiere estabilidad, y que quienes logran construir puentes deben tener la oportunidad de mantenerlos. Quirino Ordaz seguirá representando a México en uno de los destinos diplomáticos más importantes para el país, y lo hará con la experiencia que da haber caminado todos los niveles del servicio público. DIMES Y DIRETES

“La belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad”, Simone de Beauvoir APUESTA Con la aprobación de la reforma a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Congreso del Estado de Sinaloa, se abre un nuevo frente de apoyo a las mujeres emprendedoras, particularmente a aquellas que viven en zonas rurales. Más allá del discurso político, lo que está sobre la mesa es una apuesta concreta por reducir la brecha de desigualdad económica en uno de los sectores con mayor potencial de impacto social: las mipymes. La propuesta, impulsada por el Grupo Parlamentario del PRI y respaldada por legisladores como Bernardino Antelo, Paola Gárate e Irma Moreno, contempla una serie de acciones que, bien implementadas, pueden traducirse en oportunidades reales para las mujeres sinaloenses. Entre estas medidas se incluyen programas de asesoría, subsidios específicos, acompañamiento para emprender y una plataforma digital que facilite la comercialización de productos y servicios. Uno de los elementos más relevantes de esta reforma es su enfoque estructural. No se trata sólo de brindar apoyos aislados, sino de generar condiciones para que las mujeres se incorporen de manera sostenida al sistema productivo. Es una visión que, además de reconocer la capacidad emprendedora de las mujeres, intenta derribar barreras históricas como el acceso limitado a financiamiento, capacitación o redes de comercialización. Sin embargo, como en toda política pública, la clave no está sólo en la letra de la ley, sino en su implementación. Las reformas legislativas deben ir acompañadas de voluntad institucional, presupuesto suficiente y mecanismos de evaluación. De poco sirve una plataforma digital si no llega a las comunidades rurales; de nada valen los subsidios si no se garantiza transparencia y acceso equitativo. El reto también pasa por la difusión. Uno de los objetivos, según explicó el diputado Antelo, es que desde la Secretaría de Economía se amplifique el conocimiento de estos beneficios. Eso implica una estrategia clara de comunicación, no solo desde las oficinas gubernamentales, sino en coordinación con organizaciones sociales, cámaras empresariales y autoridades municipales. En tiempos donde la polarización política suele opacar las buenas noticias, este tipo de iniciativas marca una diferencia: no se discute la ideología, sino el impacto. Y si se logra traducir en más mujeres con negocios propios, generando ingresos, creando empleos y fortaleciendo sus comunidades, entonces valdrá la pena el esfuerzo legislativo. Por ahora, el voto está dado y el marco legal actualizado. La siguiente fase —la más difícil— será demostrar que esta reforma no es solo un buen propósito, sino una herramienta efectiva para cambiar vidas. RELEVOS El Ayuntamiento de Ahome recibió la notificación oficial para hacer efectiva la suspensión temporal de funciones de las regidoras Judith Luna Castro, Marysol Morales Valenzuela y de la síndica procuradora Cecilia Hernández Flores, luego de que un juez resolviera separarlas del cargo de manera provisional mientras enfrentan un proceso legal relacionado con la contratación de patrullas durante el ejercicio fiscal 2021. El secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán, informó que la comuna fue notificada formalmente este martes y que, una vez concluido el periodo vacacional administrativo —programado para finalizar el próximo 10 de agosto—, se convocará a sesión de cabildo para tomar protesta a las suplentes correspondientes. Ríos Beltrán aclaró que la suspensión no se debe a una decisión del gobierno municipal, sino a una resolución judicial que deberá cumplirse conforme a derecho. Explicó también que, durante la próxima sesión de cabildo, se notificará a las funcionarias suplentes para que acudan y asuman formalmente sus responsabilidades. Cabe recordar que las funcionarias suspendidas integraban el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento en 2021, mismo que participó en el arrendamiento de 135 patrullas. La separación temporal tiene como objetivo permitir el desarrollo del proceso legal sin interferencias desde los cargos públicos. En cuanto a las comisiones del cabildo que presidían las regidoras, se informó que ya se presentó un informe de las mismas durante la última sesión, por lo que sus funciones continúan sin afectaciones mayores, al menos por el momento. La toma de protesta de las suplentes se llevará a cabo en una sesión ordinaria, cuya fecha será definida y comunicada en los próximos días. Mientras tanto, el gobierno municipal continuará con sus actividades administrativas y operativas de manera regular. Este proceso se enmarca dentro de un procedimiento judicial en curso, por lo que aún no se ha emitido resolución definitiva sobre las responsabilidades legales de las funcionarias involucradas. PROYECTO El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, encabezó un recorrido de supervisión en la construcción de la nueva planta potabilizadora ubicada en la zona norte de la ciudad. La obra, que contempla una inversión de 86.9 millones de pesos, busca atender una necesidad básica: garantizar el acceso al agua potable para más de 75 mil habitantes en al menos 35 colonias. En un contexto donde la infraestructura hídrica ha quedado rezagada frente al crecimiento urbano, esta planta representa un avance sustancial. Colonias como Las Cucas, Los Mezcales, Loma de Rodriguera y San Isidro, entre otras, se verán beneficiadas directamente. Se trata de zonas que históricamente han enfrentado dificultades en el abasto y calidad del agua, por lo que esta inversión pública adquiere un sentido eminentemente social. Durante el recorrido, el alcalde enfatizó que este tipo de obras se alinean con una visión de gobierno enfocada en reducir desigualdades. El enfoque no es únicamente técnico, sino estratégico: atender primero a quienes más lo necesitan, y sentar las bases para el desarrollo urbano con criterios de sustentabilidad. Además del beneficio inmediato en el servicio de agua potable, la planta también tendrá un efecto multiplicador. Al garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, se abren nuevas posibilidades para avanzar en proyectos como el Programa de Vivienda del Bienestar, impulsado a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, el impacto va más allá del presente: se proyecta hacia un crecimiento urbano ordenado y con mayor inclusión. La supervisión de esta obra marca un momento relevante para la capital sinaloense, donde

“La fuerza es confiada por naturaleza. No existe un signo más patente de debilidad que desconfiar instintivamente de todo y de todos”, Arturo Graf AVANCE El Gobierno del Estado ha desembolsado ya alrededor de 650 millones de pesos para ejecutar 46 obras incluidas en el llamado Plan Sinaloa para la reactivación económica, una estrategia que busca dinamizar la economía local a través de la obra pública. Hasta aquí, el balance es positivo: se trata de una derrama importante que permea en sectores clave como la construcción, insumos industriales y empleo. De acuerdo con el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, ya hay 10 obras terminadas y otras 10 a punto de concluirse, lo que implica que cerca de la mitad del paquete muestra avances considerables. Además, se subraya que ninguna obra fue asignada por adjudicación directa, un punto relevante en un contexto nacional donde la opacidad ha sido moneda corriente en otros niveles de gobierno. En este caso, se afirma que todas fueron licitadas y que se priorizó a empresarios locales, algo que, de cumplirse cabalmente, es digno de reconocerse. Sin embargo, no todo está concluido. Aún faltan por licitar 21 obras adicionales que representarían una inversión cercana a los 673 millones de pesos, lo que duplicaría prácticamente el recurso ya ejercido. Es decir, el Plan Sinaloa va a mitad del camino, y será importante mantener el mismo ritmo y, sobre todo, los mismos estándares de transparencia y prioridad regional. Hay obras de gran envergadura, como el malecón de la margen izquierda del río y el enlace Agricultores en Culiacán, que por su complejidad ralentizan los indicadores generales de avance. Pero el propio titular de Obras Públicas aclara que están dentro del calendario previsto. En una administración pública donde los discursos suelen anticiparse a los resultados, este tipo de informes ayuda a poner en perspectiva las acciones del gobierno estatal. Falta ver si la ejecución sigue el curso adecuado y si la derrama económica realmente se traduce en empleos y desarrollo sostenido para las regiones donde se construye. En suma, el Plan Sinaloa camina, y lo hace con algunos aciertos en la forma en que se adjudican y pagan las obras. Pero queda por ver si el segundo tramo del plan mantiene el mismo nivel de ejecución, y sobre todo, si el beneficio económico es más que una estadística contable en un boletín oficial. Como siempre, el tiempo y la supervisión ciudadana tendrán la última palabra. ALARMA El gobernador Rubén Rocha Moya anunció que se analiza la implementación de un sistema de alertas en tiempo real para informar a la ciudadanía sobre hechos de alto impacto en Sinaloa. La propuesta, surgida en una reunión entre el Gabinete de Seguridad Federal y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), apunta a que la población pueda tomar precauciones inmediatas cuando surjan situaciones de riesgo. En un estado como Sinaloa, donde la seguridad ha sido históricamente una preocupación constante, el anuncio no es menor. La idea es que, mediante un sistema similar a los avisos de Protección Civil, las autoridades puedan advertir a tiempo sobre bloqueos, operativos, balaceras o eventos que alteren la vida pública. Y es aquí donde el enfoque preventivo cobra relevancia. La instrucción ya fue girada por el general Ricardo Trevilla Trejo al comandante de la Tercera Región Militar, Guillermo Briseño Lobera, y al secretario de Seguridad estatal, Óscar Rentería Schazarino. Esto indica que hay voluntad institucional para echar a andar el mecanismo. Pero más allá del anuncio, las preguntas comienzan a surgir: ¿cómo se definirá qué hechos ameritan una alerta?, ¿qué canales se usarán?, ¿quién validará la información?, ¿habrá riesgo de alarmismo o mal uso político? Aún no se dan detalles, y según el propio gobernador, será la Vocería del Estado la que explique en los próximos días el funcionamiento del sistema. La ciudadanía, por su parte, ha aprendido a sobrevivir en medio de la desinformación y los rumores. Un sistema de alertas en tiempo real podría convertirse en una herramienta útil, pero también en un arma de doble filo si no se maneja con responsabilidad, oportunidad y criterios bien definidos. Lo cierto es que el regreso del Gabinete de Seguridad Federal a Sinaloa, el pasado 3 de agosto, deja ver que hay temas pendientes. Se han comprometido a reforzar la videovigilancia, a mejorar el equipamiento policiaco y ahora a alertar de manera oportuna a la población. El compromiso está sobre la mesa. Queda por ver si esta nueva iniciativa trasciende el discurso y se convierte en una política pública eficaz, con resultados medibles y, sobre todo, con el respaldo de la ciudadanía. Porque una alerta a destiempo no salva vidas; sólo perpetúa el ruido. RETOMAR CAMINO El Centro Comunitario “Marco Antonio Verde”, en la colonia Benito Juárez de Mazatlán, es una de esas obras que prometen transformar un entorno, pero que terminan atrapadas en el pantano de la irresponsabilidad empresarial. Iniciada en 2023 con una inversión federal cercana a los 96 millones de pesos, hoy se encuentra inconclusa y con apenas el 52 por ciento de avance físico. El delegado de Sedatu en Sinaloa, Casimiro Zamora Valdez, fue claro: la obra quedó tirada no por falta de recursos, sino por falta de seriedad de la empresa responsable, cuyo nombre —aunque no fue revelado— ha quedado boletinado a nivel nacional, lo que la inhabilita para obtener contratos públicos en el futuro. Este tipo de casos exhibe una de las fallas estructurales del sistema de obra pública: la debilidad en los filtros para seleccionar a las empresas constructoras. No es el primer proyecto que queda a medias en el país por incumplimientos, y no será el último mientras no haya criterios más rigurosos y supervisión efectiva desde el arranque. La Sedatu ya se encuentra en busca de una nueva compañía para retomar los trabajos y se estima que se necesitarán entre 40 y 50 millones de pesos adicionales para concluir lo pendiente. Si los nuevos tiempos se cumplen, la obra estaría

“Para todo problema humano hay siempre una solución fácil, clara, plausible y equivocada”, Henry-Louis Mencken OBJETIVOS El anuncio de la construcción del Tren “El Sinaloense”, una obra ferroviaria que conectará Mazatlán con Los Mochis, ha despertado expectativas importantes en Sinaloa. De acuerdo con declaraciones del secretario de Economía del estado, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, este proyecto no solo impulsará el turismo, sino que servirá como catalizador de inversiones a lo largo de los 20 municipios de la entidad. La iniciativa, respaldada por el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, se presenta como una apuesta por la conectividad territorial y la integración regional. Desde una perspectiva objetiva, el proyecto contiene elementos que justifican tanto el entusiasmo de sus promotores como las reservas que pueden surgir ante obras de esta envergadura. Por un lado, el enfoque turístico del tren representa una oportunidad clara de diversificación económica. Mazatlán, los cinco pueblos mágicos de Sinaloa, sus pueblos señoriales y la posibilidad de conectar con el Tren Chepe que va hacia la Sierra Tarahumara, ofrecen un potencial atractivo para viajeros nacionales e internacionales. La experiencia de otros trenes turísticos en el país, como el propio Chepe o el recién inaugurado Tren Maya, sugiere que los proyectos ferroviarios con orientación turística pueden contribuir al desarrollo económico local, siempre y cuando vayan acompañados de estrategias complementarias de infraestructura y servicios. Además, la visión de que el tren servirá como medio de transporte interno cobra relevancia en un estado con una geografía alargada y municipios intermedios que suelen quedar al margen de los grandes flujos económicos. La posibilidad de articular al norte, centro y sur de Sinaloa en un solo corredor ferroviario podría beneficiar a comunidades que hasta ahora han permanecido desconectadas o relegadas, facilitando el intercambio comercial y cultural entre regiones. Sin embargo, también es necesario tomar en cuenta los retos. Los proyectos de trenes turísticos en México no han estado exentos de cuestionamientos, especialmente en lo relativo a su rentabilidad, sostenibilidad ambiental y viabilidad social. La implementación de una ruta de este tipo implica no solo construir vías férreas, sino garantizar su operación continua, su mantenimiento, y la coordinación con otros sectores productivos y sociales. El riesgo de que se convierta en una obra de alto costo con bajo uso, si no se logra articular una demanda real de transporte o una atracción turística sostenida, es un factor que debe considerarse con seriedad. Otro punto crítico es la equidad territorial. Si bien se afirma que todos los municipios se verán beneficiados, la experiencia demuestra que los efectos positivos de este tipo de obras tienden a concentrarse en los nodos principales: en este caso, Mazatlán y Los Mochis. Los municipios intermedios necesitarán políticas complementarias para aprovechar el tren como herramienta de desarrollo, más allá del simple paso de las vías. En conclusión, el Tren “El Sinaloense” representa una iniciativa ambiciosa que combina objetivos de desarrollo turístico, económico y de conectividad. Sus potenciales beneficios son evidentes, pero también lo son los desafíos que conlleva su materialización. El éxito del proyecto dependerá de una planeación integral, de la participación de los distintos niveles de gobierno, y de la inclusión efectiva de las comunidades locales en la cadena de valor que pueda generarse. A fin de cuentas, la construcción del tren será apenas el inicio; lo importante será que realmente se convierta en motor de transformación regional para Sinaloa. A LAS PRUEBAS La decisión de un juez federal que ordena la reinstalación de Gerardo Vargas Landeros como alcalde de Ahome ha colocado en una posición delicada al Congreso del Estado de Sinaloa y a otras autoridades involucradas, al exigirles que actúen conforme a derecho, independientemente de sus posturas políticas. En palabras del abogado Juan Guillermo Gaza Esperón, defensor del edil con licencia, la resolución es clara y de obligatorio cumplimiento, en tanto no sea revocada o modificada por una instancia superior. Este caso abre una discusión jurídica y política que debe observarse con objetividad. Por un lado, es evidente que un mandato de un juez federal debe cumplirse. El Estado de derecho se sostiene precisamente en que las instituciones y sus integrantes se sometan a las decisiones judiciales, sin condicionar su cumplimiento a interpretaciones personales o a afinidades políticas. Lo contrario pondría en riesgo la legalidad misma del sistema democrático. El abogado sostiene que el Congreso de Sinaloa ha sido debidamente notificado, y que incluso ha demostrado tener conocimiento del fallo mediante sus propios pronunciamientos públicos. Argumenta además que la negativa a acatar la orden podría deberse más a motivos personales o intereses políticos, lo cual, de comprobarse, agravaría la responsabilidad de quienes se nieguen a obedecer un mandato judicial. Sin embargo, es importante señalar que este asunto no se puede reducir únicamente al cumplimiento de una orden. Si bien la ley establece la presunción de inocencia y permite a un funcionario electo continuar en funciones mientras no haya una sentencia condenatoria, también es cierto que existe una tensión legítima entre la legalidad y la legitimidad política. La percepción pública, el contexto penal que rodea a Vargas Landeros y el papel del Congreso como contrapeso, hacen que la decisión no sea políticamente neutra. Desde el punto de vista jurídico, el regreso del alcalde tiene sustento legal. Pero en el plano político, su retorno podría polarizar aún más a la sociedad ahomense y al entorno institucional en el estado. Esa es la encrucijada que enfrentan los actores públicos: cumplir con la ley, sin que ello suponga ignorar los posibles efectos sociales y políticos de su cumplimiento. Por último, el caso también revela los límites de la coordinación entre poderes. Si el Congreso actuó más allá de sus competencias al promover acciones contra Vargas Landeros, como sugiere el abogado, esto deberá ventilarse en otras instancias. Lo cierto es que ninguna autoridad puede invocar razones políticas para omitir el cumplimiento de una resolución judicial firme. Hacerlo sería incurrir en desacato y socavar los principios constitucionales. En resumen, el caso de Gerardo Vargas Landeros es una prueba para el Estado de

“En su lucha contra el individuo, la sociedad tiene tres armas: ley, opinión publica y conciencia”, William Somerset Maugham REFLECTORES El regidor Felipe Alberto Parada Valdivia, del Ayuntamiento de Mazatlán, ha lanzado una severa crítica sobre el mal estado en que se encuentran los mercados municipales, señalando que seis de siete presentan daños estructurales graves, incluso algunos en estado de abandono. Sus advertencias sobre riesgos para locatarios y usuarios no son menores, y su exigencia de mayor presupuesto parece razonable. Sin embargo, hay un matiz que no debe pasar inadvertido: este deterioro no es exclusivo este gobierno, el deterioro que mostró en fotografías a los medios de comunicación es un problema que se viene arrastrando desde otras administraciones donde el también formó parte. Es cierto que los problemas en los mercados, como los del Pino Suárez, López Mateos, Juan Carrasco y Cuauhtémoc, no surgieron de un día para otro. Llevan años acumulando fallas estructurales, filtraciones, instalaciones eléctricas obsoletas y hasta materiales peligrosos como asbesto y está más que claro que un presupuesto de cuatro millones de pesos no alcanza ni para uno. Por citar un ejemplo, el gobierno estatal pasado le metió 62.5 millones de pesos de inversión al Mercado Pino Suárez, uno de los que menciona el edil y ¿donde está esa rehabilitación?, En el periodo de Quirino Ordaz Coppel, se rehabilitaron 19 mercados de todo el estado, cifra histórica, donde se invirtieron cerca de 153 millones de pesos, donde algunos de ellos se volvieron a hacer. Pero también es cierto que, desde que se integró la Comisión de Rastros y Mercados en noviembre pasado, y con Parada como integrante, ha habido tiempo para hacer más que recorridos y boletines informativos. El riesgo ha estado ahí y sigue ahí, sin intervención estructural de fondo. El discurso de señalar al gobierno municipal actual como responsable directo queda incompleto si no se reconoce que las “manitas de gato” de pasados gobiernos han sido invisibles pese a los anuncios con bombo y platillo. Además, el énfasis en el uso de la palabra “riesgo” puede interpretarse como una búsqueda de visibilidad más que como una ruta efectiva para generar soluciones. En lugar de posicionamientos de oportunidad mediática, lo que urge es una estrategia de rehabilitación con metas claras, presupuesto definido y ejecución puntual. El ajuste presupuestal de agosto es una oportunidad para pasar del discurso a la acción. Pero esa acción debe ser integral, no fragmentaria ni reactiva. Porque si los mercados están en ruina, no es solo por abandono de antes, sino también por la indiferencia de hoy. Pero siendo estrictamente objetivos, ¿cuánto más se le puede etiquetar? Lo que se le suba, simplemente no será suficiente. El regidor en lugar de dar una conferencia de prensa referente a esto, nos hubiera sorprendido que hubiera dado a conocer que presentó como ciudadano una iniciativa en el Congreso del Estado, con base en unos estudios pagados por el para que para el presupuesto del 2026 se le asignara más recurso a Mazatlán para estos mercados algunos de ellos históricos. Pero no, el edil cree que descubrió el hilo negro. Y además citó a la prensa para dar a conocer lo que todos ya saben… que a los mercados les falta meterles lana. DISCRECIONALIDAD La renuncia de la regidora y presidenta estatal del Partido Acción Nacional Wendy Liliana Barajas Cortés al Comité Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Mazatlán ha sido presentada como un acto de protesta ética, una especie de “golpe sobre la mesa” frente a la inacción institucional. Pero si se observa con más detalle, el gesto parece menos una denuncia valiente y más una estrategia mediática que evade la responsabilidad política real. Desde su instalación en marzo, el comité no ha sesionado ni una sola vez. Eso es grave, sin duda, pero insistimos no son los mecanismos para hacerlo. Pero más grave aún es que una regidora que coordina la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables se conforme con renunciar, en lugar de usar su posición para activar los mecanismos necesarios, presionar en las instancias adecuadas y generar rutas institucionales de acción. Porque si de verdad la regidora estuviera comprometida con las familias de personas desaparecidas, no bastaría con alzar la voz en una sesión de Cabildo o redactar una carta de renuncia cargada de frases para el encabezado noticioso. Lo que haría falta —y no ocurrió— es construir desde adentro: acudir a otras instancias, elevar el tema a nivel estatal, buscar alianzas con colectivos, ejercer presión política legítima e incluso llevar el tema a tribuna o a comisiones interinstitucionales. Pero no. En lugar de eso, se optó por la salida fácil y ruidosa: deslindarse públicamente de un órgano que no opera, pero del cual formaba parte, y al que, hasta ahora, no había logrado —ni intentado seriamente— sacudir de su letargo. La renuncia, lejos de ser un acto de valentía, parece una forma de sacudirse la responsabilidad mientras se gana espacio en los reflectores. ¿Qué sentido tiene denunciar que el comité “no existe en la práctica” si quien hace esa denuncia es parte del mismo y tenía voz, plataforma y autoridad moral para intentar moverlo? ¿O es que el compromiso con los derechos humanos termina justo donde empiezan los desafíos políticos? Hay que decirlo claro: la regidora Barajas no construyó, no propuso, no empujó con firmeza. Prefirió el camino corto del discurso público, confiando en que el efecto mediático bastaría para legitimarla. Pero los familiares de desaparecidos no necesitan gestos mediáticos. Necesitan resultados, coordinación, políticas claras, voluntad real. Y eso no se consigue con renuncias vistosas, sino con trabajo institucional, constante y silencioso si es necesario. En tiempos en que la simulación abunda, también hay que desconfiar de quienes se dicen críticos del sistema pero eligen quedarse en la superficie. Porque hay quienes protestan para cambiar las cosas… y quienes lo hacen solo para quedar bien. Mazatlán, como todo el país, necesita menos espectáculo político y más responsabilidad pública. Quienes ocupan un cargo no pueden elegir cuándo

“Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican”, Concepción Arenal SOBRE LA MESA En el Congreso del Estado de Sinaloa se dio un paso relevante hacia la modificación del marco constitucional local, al avanzar en el análisis de tres iniciativas que proponen prohibir la reelección inmediata en cargos de elección popular y establecer medidas concretas para prevenir el llamado nepotismo electoral. Las propuestas, que ya recibieron su primera lectura de ley y fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, coinciden en limitar la posibilidad de que una persona se perpetúe en el poder de manera continua y en evitar que familiares cercanos de funcionarios en funciones puedan contender por los mismos cargos, situación que podría prestarse al uso indebido de influencias y estructuras de gobierno. De acuerdo con lo expuesto por el diputado César Ismael Guerrero Alarcón, las reformas pretenden armonizar la Constitución estatal con principios que fortalezcan la democracia local. La propuesta abarcaría cargos como la gubernatura, diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y procuradurías. En todos estos casos se buscaría evitar tanto la reelección inmediata como la postulación de personas con lazos familiares cercanos a quienes ejercen actualmente esos cargos. La restricción se extendería a vínculos por matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco consanguíneo y civil, en línea recta sin límite de grado, línea colateral hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado, tanto en el ámbito legislativo como municipal. Esta medida busca impedir que cargos públicos sean transferidos de facto dentro de círculos familiares, lo que en la práctica puede desvirtuar los principios de equidad y representación democrática. Otro punto relevante es que se contempla la posibilidad de que diputaciones suplentes puedan postularse como propietarias en el siguiente periodo únicamente si no ejercieron funciones, mientras que las diputaciones propietarias no podrán postularse como suplentes. Estas especificaciones reflejan un intento por evitar ambigüedades o atajos que puedan desvirtuar el espíritu de la prohibición de reelección. La coincidencia de diferentes actores políticos —Morena, PRI, PAS y ciudadanos promoventes— sugiere que hay un amplio consenso sobre la necesidad de revisar y actualizar las reglas del juego democrático en la entidad, aunque el proceso legislativo aún debe continuar su curso con el análisis y dictamen correspondiente. En términos objetivos, estas reformas apuntan a fortalecer la competitividad electoral, limitar la acumulación de poder y promover la igualdad de condiciones entre aspirantes. Su impacto final dependerá, sin embargo, de su implementación efectiva, del compromiso de los partidos políticos y de la vigilancia ciudadana frente a eventuales intentos de simulación o evasión. Por ahora, el debate queda abierto en el Congreso, donde se definirá si estas propuestas logran traducirse en una reforma constitucional de fondo. PROPUESTA En el Congreso del Estado de Sinaloa se ha presentado una iniciativa que apunta a transformar la manera en que se conciben y ejecutan las obras públicas en la entidad. Impulsada por el diputado Carlos de Jesús Escobar Sánchez, de Morena, la propuesta plantea reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para establecer, como una obligación legal, la integración de áreas verdes o elementos de arborización en toda infraestructura pública. El contenido de la iniciativa fue leído en tribuna por el diputado Hólincer Castro Marañón, quien detalló que el proyecto contempla la incorporación de vegetación en banquetas, camellones, parques, plazas y planteles educativos, así como una definición precisa de lo que constituye un área verde urbanizada. Esta claridad conceptual permitiría una implementación más sistemática y verificable por parte de autoridades estatales y municipales. Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que las aceras y banquetas pavimentadas destinadas al tránsito peatonal deberán incluir zonas verdes o árboles que proporcionen sombra, mejoren la imagen urbana y aporten beneficios ambientales. Con ello, se busca dejar atrás la percepción de que las áreas verdes son un complemento estético o una “buena práctica”, para convertirlas en parte integral del equipamiento urbano. La propuesta también reconoce el valor funcional de la vegetación en la ciudad, considerando desde parques y jardines hasta camellones, jardineras y canchas deportivas con vegetación natural como parte del inventario verde urbano. La intención es que estas zonas no solo estén presentes en el diseño, sino que cuenten con respaldo normativo, seguimiento técnico y posibilidad de evaluación. En términos de política pública, el enfoque de la iniciativa se alinea con los objetivos de sostenibilidad y resiliencia urbana promovidos a nivel internacional. El déficit actual de áreas verdes en municipios como Culiacán —donde ambientalistas advierten que el promedio por habitante está por debajo de los 9 metros cuadrados recomendados— subraya la urgencia de atender el rezago mediante una legislación que obligue, no solo sugiera, la presencia de vegetación en el espacio urbano. La propuesta aún deberá pasar por su segunda lectura y el análisis correspondiente en comisiones. No obstante, su planteamiento deja abierta la discusión sobre cómo las leyes pueden contribuir a ciudades más habitables, inclusivas y en sintonía con el entorno natural. La clave estará en el compromiso político para su aprobación, y en la capacidad institucional para hacerla cumplir, pero ahí la pelota ya estará en otra cancha. RECONOCIMIENTO Algo para destacar, en esta época donde lo cotidiano suele ensombrecerse por prisas, indiferencia o falta de sensibilidad, la historia de Felipe Humberto Beltrán Ojeda brilla con fuerza. ¿Quién es Felipe Humberto? Es el conductor del camión número 23 de la ruta Huizaches no solo cumplió con su deber, sino que lo hizo con humanidad, con una nobleza que rara vez se reconoce, pero que sin duda transforma. El director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado de Sinaloa Marco Antonio Osuna Moreno, acertó al otorgarle un reconocimiento por su calidez humana. Lo que Beltrán hizo —bajarse de su unidad, ayudar a una joven con discapacidad a subir y luego asegurarse de que bajara con seguridad frente a su casa— puede parecer un pequeño gesto, pero es enorme en significado. En sus propias palabras, lo hizo porque vio que “iban tres o cuatro

“Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero”, Voltaire CAMBIO DE RIELES El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa ha decidido apostar por una bandera menos polarizante: el emprendimiento. De la mano del diputado Bernardino Antelo Esper y las diputadas Irma Moreno Ovalles y Paola Gárate Valenzuela, se presentó una iniciativa para crear el Instituto Sinaloense del Emprendedor. La propuesta, que retoma la estructura del extinto INADEM del sexenio peñista, busca articular una política pública que impulse a las micro, pequeñas y medianas empresas. La idea no es menor: en un estado donde el aparato económico sigue concentrado en pocas actividades, y donde la informalidad y la dependencia de programas sociales son fenómenos persistentes, hablar de diversificación productiva puede resultar más que oportuno. En el discurso del diputado Antelo, hay un doble mensaje: por un lado, se plantea la necesidad de rescatar una visión institucionalista y técnica del desarrollo económico; por otro, se lanza un guiño político al comparar la propuesta con una acción emblemática de un gobierno priista federal. Es un intento de recordar que hay legado que aún puede aprovecharse. Uno de los puntos que más destacan es que la propuesta no contempla la creación de plazas ni incremento presupuestal, algo poco común en iniciativas de este tipo. Según lo expuesto, el instituto operaría como un mecanismo de coordinación y optimización, evitando duplicidades con la Secretaría de Economía estatal. En papel, suena sensato; en la práctica, dependerá de su diseño operativo y de la voluntad política para convertirlo en una herramienta efectiva y no en un órgano decorativo. No es casual que se cite a otros estados como Jalisco, Querétaro o Yucatán, donde estructuras similares han dado buenos resultados. El mensaje es claro: si en otras entidades funciona, ¿por qué no replicarlo en Sinaloa? Pero también implica una comparación inevitable con la actual política federal, donde el fomento al emprendimiento ha sido desplazado por programas asistenciales directos, dejando en segundo plano la construcción de ecosistemas productivos sostenibles. En ese contraste, el PRI en Sinaloa busca reposicionarse como una fuerza propositiva, que más allá de la crítica, pone sobre la mesa soluciones con enfoque económico. La iniciativa todavía debe pasar el filtro de comisiones y del pleno, pero abre un espacio interesante para discutir, con menos estridencia y más visión técnica, el rumbo del desarrollo económico estatal. Al final, como suele ocurrir con estas propuestas, lo fundamental será su implementación. Las ideas pueden ser buenas, pero sin acompañamiento técnico, voluntad ejecutiva y un marco normativo claro, corren el riesgo de quedarse en buenos deseos. Por ahora, el movimiento del PRI marca una diferencia en el tono y enfoque dentro del Congreso local. Veremos si se convierte en una política de Estado o en una anécdota más. LLAMADO El Congreso del Estado de Sinaloa vivió esta semana un llamado de urgencia desde la tribuna. El diputado Ambrocio Chávez Chávez, de Morena, puso sobre la mesa un tema que trasciende colores partidistas: la inminente salida de operación del Hospital General de Guamúchil, un centro que atiende a más de 95 mil personas en la región de Évora, y que, de acuerdo con Protección Civil, presenta condiciones estructurales que comprometen su seguridad. Más allá del tono enérgico, lo que planteó el legislador es un reflejo de la fragilidad con la que muchas instituciones de salud pública operan en Sinaloa. El problema no es menor. El cierre de este hospital dejaría sin atención médica esencial a miles de personas que no cuentan con seguridad social. No se trata de un tema administrativo ni de un ajuste presupuestal: se trata, como lo señaló el propio Chávez, del derecho a la salud. El anuncio del nuevo Hospital General de Bienestar para Guamúchil, hecho recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla una inversión de 450 millones de pesos y una fecha tentativa de conclusión para 2026. Es una promesa importante, pero el margen de espera puede ser demasiado largo frente a una necesidad inmediata. El legislador no se limitó a señalar el problema. Planteó una ruta transitoria: aprovechar la capacidad de centros de salud en Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado, e incluso derivar casos a Guasave o Culiacán, si fuera necesario. Esto implica una coordinación interinstitucional que rara vez se da con rapidez, pero que será indispensable si se quiere evitar un colapso en los servicios sanitarios de toda la región. También subrayó una exigencia clave: que el Congreso del Estado acompañe y supervise tanto la construcción como el cumplimiento del compromiso federal. Esto no es nuevo. En más de una ocasión, obras hospitalarias han sido objeto de señalamientos por deficiencias, retrasos o sobrecostos. La vigilancia legislativa, en este caso, no debería ser vista como una presión innecesaria, sino como una medida de responsabilidad institucional. El posicionamiento de Chávez Chávez marca un precedente. Pone sobre la agenda un problema que ya no admite dilación y exige respuestas concretas desde los tres niveles de gobierno. En un contexto político donde el discurso suele acaparar los reflectores, el legislador apostó por los hechos, por los números y, sobre todo, por la urgencia de garantizar la atención médica en condiciones dignas. REFORMA El debate sobre los derechos en el ámbito escolar ha dado un paso adelante en el Congreso del Estado de Sinaloa. Esta vez, la iniciativa llegó desde la bancada de Morena, en voz del diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, quien propuso reformar la Ley de Educación y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para permitir el uso del uniforme neutro en todas las escuelas, públicas y privadas. La propuesta no se limita al aspecto visual o disciplinario. El trasfondo es más profundo: erradicar estereotipos de género desde las aulas y garantizar que cada estudiante pueda desarrollar su identidad sin barreras impuestas por normas escolares que, muchas veces, responden más a tradiciones que a criterios pedagógicos o de derechos humanos. En palabras del legislador, esta medida no es simbólica, sino estructural. Al permitir que