Entre Veredas

“Frente a los peligros que enfrentan nuestras sociedades interdependientes, es tiempo de acción, de participación, de no resignarse”, Stéphane Hessel (1917-2013) Escritor y militante político francés. RESILIENCIA La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha atravesado en los últimos años un periodo complejo, marcado por tensiones políticas internas, restricciones financieras y un entorno social que demanda cada vez más de sus instituciones educativas. En este contexto, la figura de Jesús Madueña Molina se ha distinguido por un elemento central de su liderazgo: la resiliencia. La reciente reelección de Madueña Molina, con un respaldo mayoritario de la comunidad universitaria, no solo refleja la confianza depositada en su gestión, sino también el reconocimiento a un estilo de conducción que ha logrado mantener la estabilidad de la UAS frente a adversidades externas e internas. Los resultados obtenidos en su administración son palpables: la gestión presupuestal que asegura un incremento para 2025, la entrega de titularidades docentes, la obtención de acreditaciones institucionales y la modernización de infraestructura académica son ejemplos concretos de avances que fortalecen la calidad educativa y la seguridad laboral de los docentes. El rector ha consolidado su liderazgo también en la defensa de la autonomía universitaria, manteniendo una posición firme frente a reformas legales que generaron debate en el ámbito estatal. Su capacidad para convocar a la unidad de la comunidad universitaria ha sido un factor clave para mantener cohesión en torno a la misión de la UAS, incluso en momentos de tensión política. Este liderazgo ha permitido que la institución no solo resista los embates externos, sino que avance en su fortalecimiento institucional. Más allá de los desafíos administrativos y políticos, la rectoría de Madueña Molina ha trabajado de manera sostenida para garantizar la continuidad académica, ampliar la cobertura educativa y apoyar de manera integral a estudiantes y docentes. La promoción de la investigación, la innovación y el deporte, así como la entrega de estímulos a deportistas universitarios y la actualización de equipamiento académico, evidencian un compromiso con la diversificación de oportunidades que la UAS ofrece a su comunidad. La resiliencia que ha mostrado Madueña Molina no se limita a enfrentar dificultades, sino que se traduce en la capacidad de sostener la vida universitaria con proyectos concretos que refuerzan la identidad institucional. Su segundo periodo al frente de la rectoría representa una oportunidad para consolidar los logros alcanzados y proyectar a la UAS hacia un futuro más sólido, con mayor reconocimiento académico y social tanto a nivel estatal como nacional. En suma, Jesús Madueña Molina ha demostrado que la resiliencia puede convertirse en un factor determinante de liderazgo. La confianza que hoy le otorga la comunidad universitaria lo compromete no solo a mantener la fortaleza institucional, sino a transformarla en un motor de crecimiento y consolidación, asegurando que la UAS siga siendo una institución referente en la educación superior del país. Su liderazgo marca un camino de estabilidad, unidad y proyección académica que puede servir como modelo para otras universidades en circunstancias similares. CUERDA FLOJA La administración de la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya enfrenta un serio llamado de atención por parte de la Auditoría Superior del Estado quien ha establecido un plazo de 20 días naturales para que el Ayuntamiento solvente las observaciones sobre la compra de 10 patrullas sin licitación pública, un señalamiento que pone en evidencia la urgencia de reforzar la transparencia y el apego a la normatividad en el ejercicio del gasto público. El emplazamiento de la ASE no es menor: de no atenderse debidamente, el expediente será remitido al área jurídica para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas, con la posibilidad de llegar al Tribunal de Justicia Administrativa o al Órgano Interno de Control. Este escenario coloca a la administración municipal ante un riesgo real que trasciende la simple corrección administrativa y amenaza con afectar la credibilidad de su gestión ante los ciudadanos. Más allá del contexto legal, la observación refleja una problemática estructural: adquisiciones relevantes como la de patrullas, que por su monto debieron realizarse mediante licitación pública, se resolvieron a través de cotización de solo tres proveedores, generando cuestionamientos sobre la eficiencia, la equidad y la transparencia del gobierno local. La ASE, con su emplazamiento, está señalando la necesidad de que el municipio cumpla con los procedimientos que garantizan integridad en el manejo de los recursos públicos. La alcaldesa Ramírez Montoya enfrenta así un doble desafío: por un lado, atender de manera oportuna y convincente las observaciones de la ASE; por otro, demostrar que su gobierno puede operar con transparencia y responsabilidad, evitando que este tipo de señalamientos se conviertan en un patrón que debilite la confianza ciudadana. La oportunidad está sobre la mesa: el tiempo para actuar es limitado, y la respuesta marcará el tono de la administración para los meses y años por venir. En síntesis, el emplazamiento de la ASE no solo es un llamado a cumplir con la ley; es una advertencia sobre la necesidad de consolidar la gobernanza, reforzar los controles internos y garantizar que el ejercicio de los recursos públicos en Guasave se mantenga bajo los estándares de legalidad, eficiencia y transparencia que la ciudadanía espera y merece. OTRO REVÉS La resolución de un juez de Control que declaró improcedente la solicitud de suspensión definitiva de los procesos en contra del exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y ocho exfuncionarios, marca un nuevo capítulo en la judicialización de casos vinculados con la gestión municipal 2021-2024. La decisión reafirma la continuidad de las investigaciones por presunto desempeño irregular de la función pública, ejercicio indebido del servicio público y, en el caso específico de Vargas Landeros, abuso de autoridad. Durante la audiencia especial celebrada este jueves, la defensa de Vargas Landeros argumentó la existencia de fundamentos legales que permitirían la suspensión definitiva de los procesos, con la intención de que el exalcalde y su equipo pudieran retomar sus cargos en el Ayuntamiento. Sin embargo, el juzgador determinó que no existen bases legales que hagan procedente tal medida, considerando que las acciones legales correspondientes se ejecutan en Sinaloa y no

“Cada generación piensa que puede ser más inteligente que la anterior”, Aldous Huxley (1894-1963) Novelista, ensayista y poeta inglés. NÚMEROS ALEGRES El arribo de Omar García Harfuch, acompañado de los titulares de Sedena, Marina y Guardia Nacional, marcó una nueva revisión a la estrategia de seguridad en Sinaloa. El encuentro con el gobernador Rubén Rocha Moya y con representantes del sector empresarial buscó no solo exponer resultados, sino también escuchar de primera mano las inquietudes de quienes viven diariamente el impacto de la violencia y la inseguridad. Las cifras presentadas por el secretario de Seguridad no son menores: mil 710 detenciones y 3 mil 500 armas aseguradas, equivalentes al 20 por ciento de las incautaciones nacionales. También se destacó la entrega de 100 patrullas a la Policía Estatal para reforzar su capacidad operativa. Sin embargo, el contraste es inevitable: mientras las estadísticas muestran eficiencia, la percepción ciudadana continúa siendo de vulnerabilidad. En Culiacán y en el resto del estado, la violencia no ha dejado de marcar episodios de alto impacto. El valor de la reunión radica en el reconocimiento de que la seguridad no se mide solo en números, sino también en la confianza que los distintos sectores depositan en las instituciones. Los empresarios han insistido en que se requieren condiciones estables para garantizar inversión y crecimiento, mientras que la ciudadanía espera que los operativos conjuntos se reflejen en calles más seguras y no únicamente en comunicados oficiales. Los altos mandos militares y de seguridad coincidieron en que aún hay trabajo por hacer. Esa admisión resulta significativa: aceptar que los logros no son suficientes es el primer paso para no caer en el triunfalismo. La deuda pendiente sigue siendo clara: reducir la brecha entre los resultados que se presentan en las mesas de seguridad y la experiencia cotidiana de quienes habitan en Sinaloa. En ese punto radica el verdadero desafío. No basta con detenciones y decomisos, por más relevantes que sean. El éxito de la estrategia se medirá en la capacidad de transformar esas cifras en una percepción tangible de seguridad para la población. Hasta entonces, cada visita del gabinete federal será recordada más por los discursos que por los cambios en la vida diaria de los sinaloenses y no como paseos de funcionarios federales. RETO En Culiacán se acaba de anunciar una alianza entre el Ayuntamiento y la Universidad Autónoma de Occidente, esto plantea objetivos ambiciosos: aprovechar la infraestructura universitaria, fortalecer la vinculación académica y cultural, y sumar a los estudiantes en proyectos comunitarios. Sobre el papel, la propuesta luce prometedora. La pregunta es si logrará trascender la inercia de los convenios protocolarios. La integración de los universitarios en celebraciones como el aniversario de la ciudad, la Feria Internacional del Libro o festivales locales puede darles un nuevo aire a estos espacios. Además, el puente hacia instituciones federales como el Cenart o la Cineteca Nacional abre una oportunidad inédita para los jóvenes de Culiacán. El riesgo, como ocurre en muchos convenios de este tipo, es que las buenas intenciones queden atrapadas en la foto de la firma y no lleguen al terreno práctico. Por parte de la UAdeO, el modelo FLEX —clases híbridas que combinan lo presencial y lo virtual— muestra un esfuerzo por adaptarse a los nuevos tiempos. Ese mismo enfoque podría darle viabilidad a los acuerdos con el municipio: innovación y flexibilidad que deriven en beneficios concretos para la comunidad. Más allá de la retórica, lo esencial es medir resultados. ¿Habrá más espacios de formación y cultura accesibles para la población? ¿Se traducirá esta alianza en empleabilidad, movilidad académica y opciones reales para los estudiantes? La respuesta marcará la diferencia entre un convenio que se recuerde como un acto simbólico y otro que logre incidir en la vida de la ciudad. Y ese es el reto. SOBRE EL MUERTO El próximo 21 de septiembre, mil 400 militantes del Partido Acción Nacional en Mazatlán elegirán entre dos aspirantes: Laura Delia Gavica y Nadia Haydeé Vega. A simple vista, se trata de un proceso rutinario de relevo en la dirigencia municipal, pero en el fondo la elección se convierte en un termómetro del estado real en que se encuentra el blanquiazul en uno de los municipios más importantes de Sinaloa. Las dos candidatas representan perfiles y posturas distintas frente al futuro del PAN. Gavica apuesta por reposicionar al partido con miras al 2027, planteando la necesidad de construir una oposición sólida ante la fuerza que mantiene Morena desde el gobierno. Su discurso enfatiza organización y firmeza, aunque el reto mayor será transformar esa narrativa en estructura y presencia territorial, un déficit que Acción Nacional arrastra en Mazatlán desde hace varios años. En contraste, Nadia Vega centra su mensaje en las irregularidades internas, particularmente en el manejo del padrón electoral. Su denuncia sobre supuesta manipulación de militantes exhibe un problema recurrente en el panismo: la fractura entre grupos y el cuestionamiento de la legitimidad en sus propios procesos. Si esas prácticas se confirman o persisten, difícilmente podrá hablarse de una dirigencia fortalecida, sin importar quién resulte ganadora. El dirigente saliente, Evaristo Corrales, afirma dejar un comité sólido y en mejores condiciones, pero la elección de este domingo será la que revele si realmente hay cohesión interna o si el partido seguirá atrapado en disputas que lo debilitan de cara a la contienda del 2027. En Mazatlán, el PAN enfrenta una paradoja: mientras busca reposicionarse como alternativa electoral, sus propios procesos internos reflejan carencias de organización, credibilidad y unidad. El desenlace del 21 de septiembre no solo marcará quién encabezará el comité municipal, sino también si el panismo local logra dar señales de renovación o confirma que sus mayores adversarios siguen estando dentro de sus propias filas. NOMBRAMIENTO El nombramiento de Patrón Rosales, ratificado por la Procuraduría Agraria Nacional y respaldado desde la Presidencia de la República, coloca en un puesto clave a un personaje con trayectoria diversa: regidor, dos veces diputado local, empresario y fundador de Morena en Sinaloa. Su perfil, sin embargo, plantea preguntas inevitables: ¿se privilegió la

“La experiencia no se equivoca; sólo tus juicios se equivocan al esperar de ella lo que no está en su poder”, Leonardo Da Vinci (1452-1519) Pintor, escultor e inventor italiano. APERTURA La entrega de títulos de propiedad que encabeza el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, trasciende el acto administrativo para convertirse en un gesto profundo de justicia social. Cuando una familia recibe la certeza jurídica de su hogar, no solo obtiene un documento: adquiere tranquilidad, seguridad y la posibilidad de heredar a las siguientes generaciones un patrimonio legítimo. Lo visto en la colonia Nueva Galicia refleja la importancia de una política pública que coloca en el centro a la ciudadanía. No es menor que, después de años de espera, familias como la de doña Guadalupe Pérez o la señora Eladia Espinoza Barraza, quien llegó desde Cosalá en busca de un futuro mejor, hoy puedan sostener en sus manos los papeles que acreditan que su esfuerzo tiene un respaldo legal. Sus testimonios no son anécdotas aisladas, sino ejemplos de cómo la acción gubernamental cambia vidas. Más allá del acto de entrega, resalta la manera en que el presidente municipal se acercó a los domicilios, dialogó con los vecinos y escuchó sus necesidades. Esa cercanía, que se traduce en atender peticiones de obras y servicios básicos como el alumbrado y las calles, habla de una visión de gobierno que no se limita al escritorio, sino que camina junto a la gente. El acceso a la propiedad, formal y garantizada, es un derecho que históricamente ha estado marcado por la desigualdad. Familias enteras han vivido décadas en la incertidumbre, sin documentos que acrediten su esfuerzo. Por ello, cada título entregado es una victoria frente a la informalidad y un paso firme hacia la dignidad. En un municipio con los retos de crecimiento urbano que enfrenta Culiacán, dar certeza patrimonial no es solo un acto de justicia, sino también un factor clave para el desarrollo ordenado de la ciudad. La regularización permite planear mejor servicios, infraestructura y programas sociales, porque el terreno ya tiene dueño y ese dueño tiene derechos que el Estado reconoce. La decisión de Juan de Dios Gámez Mendívil de llevar personalmente los títulos hasta la puerta de los beneficiarios envía un mensaje claro: gobernar es acompañar, escuchar y responder. No se trata de cifras, sino de historias de vida transformadas con un documento que abre puertas al crédito, a la tranquilidad y al futuro. En tiempos donde la desconfianza en las instituciones es un obstáculo frecuente, acciones como estas fortalecen el vínculo entre sociedad y gobierno. Porque cuando la gente siente que el gobierno le responde, no solo en el discurso sino en hechos concretos, se construye un círculo virtuoso de confianza y corresponsabilidad. Culiacán necesita precisamente eso: cercanía, certeza y visión. Y la entrega de títulos de propiedad, más que un trámite, representa la convicción de que gobernar también es dar paz y seguridad a las familias. ENFOQUES La diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, puso sobre la mesa un tema que no admite demora ni titubeos: la seguridad de los sinaloenses. A un año del recrudecimiento de la violencia que cimbró a Sinaloa, el Legislativo abre la puerta a lo que debe ser una política constante y progresiva: garantizar que las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía cuenten con los recursos necesarios. En su declaración, Guerra Ochoa recordó un antecedente que ilustra de manera clara cómo las decisiones presupuestales impactan en la capacidad de respuesta del Estado: en 2017, el mayor recorte en materia de seguridad dejó una huella difícil de borrar. Por el contrario, en los últimos tres años, la inversión en este rubro ha crecido más de un 16 por ciento, una cifra que, si bien resulta alentadora, sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del reto que representa la seguridad en nuestra entidad. El planteamiento es claro: no se trata únicamente de destinar más dinero, sino de hacerlo con visión estratégica. Equipamiento moderno, capacitación permanente, mejores salarios y condiciones laborales dignas para los cuerpos de seguridad, así como la consolidación de instituciones sólidas y confiables, son los pilares sobre los cuales puede construirse una política pública que recupere la tranquilidad en Sinaloa. El compromiso expresado por la presidenta de la Jucopo es relevante porque reconoce que no hay un punto de suficiencia en materia de seguridad. Siempre habrá necesidades, siempre habrá áreas por fortalecer, y más aún cuando otros estados como Chihuahua o Sonora destinan presupuestos más robustos en comparación con lo que se asigna en Sinaloa. La visión de incrementar los recursos de manera progresiva no es solo un acto de responsabilidad, sino una apuesta por saldar una deuda histórica con la sociedad. No se puede entender la seguridad como un gasto, sino como una inversión. Una inversión en paz social, en confianza ciudadana, en oportunidades de desarrollo. Si la gente vive con miedo, difícilmente florecerán las actividades económicas, el turismo o la convivencia social. Si, en cambio, las instituciones muestran eficacia, proximidad y compromiso, el ciudadano recuperará la fe en el Estado. Este aniversario no debe quedar únicamente en un minuto de silencio por las víctimas de la violencia, sino en un punto de partida para que el Congreso honre a la sociedad con acciones concretas. Apostar a un presupuesto fuerte y bien orientado es una decisión política que, más allá de ideologías, responde a la obligación de velar por el bien común. Hoy, más que nunca, la ciudadanía espera resultados. Y el anuncio de un aumento presupuestal para la seguridad en Sinaloa es, sin duda, un paso en la dirección correcta. ACUERDOS El encuentro entre la secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, y el titular de la Conapesca, Rigoberto Salgado Vázquez, representa más que una reunión institucional: es un reflejo de la ruta clara que se ha trazado para consolidar al estado como referente nacional en el sector pesquero y acuícola. No

“He comprendido que mi bienestar sólo es posible cuando reconozco mi unidad con todas las personas del mundo, sin excepción”, Leon Tolstoi (1828-1910) Escritor ruso. MUJERES ARRIBA En Sinaloa, la política rara vez se mueve por casualidad. Las giras “de trabajo”, las asambleas “informativas” y las reuniones “ciudadanas” son, casi siempre, preludio de algo más grande. Hoy, mientras la mirada de muchos sigue fija en los problemas cotidianos y en los movimientos del actual gobierno, en Morena ya se empiezan a acomodar las fichas para el 2027. Y lo que se asoma en ese tablero no es cualquier cosa: por primera vez, la candidatura a la gubernatura podría tener rostro femenino. ¿Quiénes son las que están moviendo el ajedrez? Tres nombres suenan y se mueven, aunque ninguna lo diga abiertamente. La senadora Imelda Castro Castro, por ejemplo, no pierde oportunidad de estar en la foto en plazas estratégicas. Hace unos días estuvo en Guasave, un municipio que, como buen punto medio, funciona como termómetro electoral del norte y centro del estado. No fue casualidad ni mucho menos turismo político: fue una visita medida, con olor a posicionamiento. En esa misma cancha apareció Tere Guerra, diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. También en Guasave, también con asamblea informativa. La casualidad empieza a parecer coreografía. Ambas, con distintos discursos, pero con un mismo objetivo: hacerse presentes donde el ruido político empieza a subir de tono. Y ahí está también Graciela Domínguez Nava, diputada federal por el distrito 1, en la zona sur. Ella carga con una paradoja: poco se le ve en su propio distrito, pero ya se mueve en tierras que no son las suyas, como Sinaloa de Leyva, en el norte. Esa travesía no fue improvisada; responde a la lógica de quien quiere marcar territorio más allá de las fronteras naturales de su representación. Si algo enseñan los tiempos preelectorales, es que quien se queda quieto, se queda fuera. Las tres se mueven. Las tres se muestran. Las tres quieren —aunque ninguna lo diga con todas sus letras— ser la mujer que Morena coloque como candidata a la gubernatura. Y aquí es donde la política sinaloense se pone interesante. Porque durante décadas, los hilos del poder se tejieron en voz grave, entre varones que se pasaban la estafeta. Hoy, la paridad ya no es discurso: es ley, es bandera, y es también una carta que el partido en el poder puede jugar para enviar un mensaje de cambio sin ceder el control. Pero ojo: que se muevan no significa que el pueblo se mueva con ellas. En sus distritos, las críticas existen: que si no regresan, que si su trabajo legislativo es más fotografía que resultado, que si sus recorridos huelen más a campaña que a gestión. Y esa es la línea fina donde se juega la confianza ciudadana: la diferencia entre caminar por el estado para escuchar a la gente o caminarlo para que la gente los escuche… y los recuerde en la boleta. ¿Está Sinaloa preparado para tener una mujer gobernadora? Sí. ¿Está Morena listo para postular a una mujer? Todo parece indicar que sí. Pero la pregunta que nadie quiere responder todavía es: ¿estas mujeres están listas para gobernar o solo para competir? Porque la política no se gana solo con discursos de inclusión ni con asambleas estratégicamente ubicadas; se gana con resultados, con cercanía real y con compromisos que trasciendan la coyuntura. Mientras tanto, el reloj avanza y los movimientos se intensifican. Imelda Castro fortalece sus amarres en el norte; Tere Guerra pone el pie firme en el Congreso y en la calle; Graciela Domínguez juega en doble tablero, entre el sur que la eligió y el norte que la seduce. Todas, sin decirlo, ya juegan el partido. ¿Será 2027 el año en que Morena rompa la vieja regla del “club de Toby” en Sinaloa? Posiblemente. Pero como en toda buena partida de ajedrez, no basta con mover la reina: hay que saber coronarla sin perder el rey. RESPALDO El homicidio de Sergio Francisco “N”, un joven de 16 años que perdió la vida por una herida de bala a bordo de un camión del transporte público, ha encendido nuevamente la alerta sobre la seguridad en Mazatlán. La alcaldesa Estrella Palacios Domínguez reaccionó con un llamado a la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y con instrucciones inmediatas a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para reforzar la vigilancia y crear un segurichat destinado a los operadores del transporte. La respuesta municipal fue rápida en términos de atención a la familia y de comunicación pública. Sin embargo, este tipo de acciones suelen abrir una pregunta que la ciudadanía no deja de hacerse: ¿estamos ante una estrategia integral de prevención o ante medidas reactivas que solo se activan cuando ocurre una tragedia? La presencia de programas de comunicación directa, como el propuesto segurichat, pueden ser útiles, pero resultan insuficientes si no van acompañados de patrullaje constante, inteligencia policial y coordinación efectiva con las rutas del transporte público. La alcaldesa destacó la detención de cinco personas tras los hechos violentos del fin de semana como una muestra de que se mantiene la atención en la ciudad. No obstante, la realidad es que los hechos ocurridos, sumados a otros episodios recientes, evidencian que la violencia no se detiene con operativos puntuales, sino con políticas sostenidas y resultados tangibles que devuelvan la confianza a los ciudadanos. Mazatlán es un polo turístico y económico de relevancia para Sinaloa, pero su movilidad urbana, especialmente en el transporte público, se ha convertido en un punto vulnerable. La exigencia no solo es esclarecer este caso, sino garantizar que hechos como este no se repitan, que los operadores y los usuarios cuenten con una red de protección real y que las instituciones trabajen más allá de la coyuntura mediática. ENFOQUES Culiacán está cerca de consolidarse como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO, tras obtener 99 de 100 puntos en la evaluación. Como destacó el

“Alumbra el día de mañana con el de hoy”, Elizabeth Barrett Browing (1806-1861) Poetisa inglesa. MUCHA RESTA La Gran Marcha Ciudadana por la Paz que recorrió las calles de Culiacán este 7 de septiembre de 2025 nació como un grito colectivo de cansancio, de hartazgo frente a la violencia que ha marcado a Sinaloa. Familias enteras, médicos, maestros, jóvenes y niños se unieron para exigir justicia, seguridad y paz. Vestidos de blanco, con pancartas y consignas, su propósito era claro: mostrar que los buenos somos más. Sin embargo, lo que debió ser una expresión genuina de la sociedad civil se vio empañado por la presencia y las acciones de partidos políticos que buscaron apropiarse del movimiento. Pintas partidistas, consignas a favor y en contra de fuerzas políticas, e incluso la utilización de menores para pronunciar mensajes que los exponían frente a la multitud, transformaron un acto de ciudadanía en un escenario de politiquería. ¿Con que fin? ¿Aprovechar un espacio ciudadano para lograr un objetivo político y verse como opción para los próximos comicios del 2027? ¿Realmente es el escenario para que políticos por su afán de lograr adeptos denigren una marcha convocada por la ciudadanía. Las fotos son evidentes de que políticos estuvieron ahí, y las redes sociales de los políticos bombardearon con videos, selfies y consignas. Inclusive fue un resucitar de algunos “muertos” políticos que ya habían quedado en el pasado. A esto se le suma que es particularmente grave el irrespeto mostrado hacia el señor obispo, quien inició la marcha con una bendición y palabras de esperanza. Mientras don Jonás Guerrero daba su mensaje, algunos políticos aprovecharon para posar y mostrarse, desviando la atención de lo que realmente importaba: la demanda de paz de miles de ciudadanos. Exponer a un niño para que hable del gobernador, bajo la mirada de cientos de personas, no es un acto de neutralidad ni de apoyo a la sociedad, sino un acto deliberado de manipulación política y exponer a la criatura a decir cosas que parecían “dictadas” por alguien. Si la marcha no es política, entonces ¿por qué algunos actores buscan utilizarla para sus propios fines? La presencia de figuras partidistas y consignas ajenas a la causa demuestra que la ciudadanía está siendo instrumentalizada, y que la causa social, la de justicia y seguridad, queda relegada frente a intereses de partidos. La indignación de los asistentes, muchos de ellos directamente afectados por la violencia, evidencia que el dolor y la exigencia de paz no deben ser convertidos en herramienta electoral. Culiacán necesita paz, no propaganda. Necesita que su gente se escuche y sea respetada, y que la política deje de manosear las causas ciudadanas. Cada pancarta, cada lágrima y cada paso en esta marcha debió ser únicamente para recordarle a los gobernantes que los ciudadanos exigen seguridad, no para exhibir a un niño o para servir de escaparate a los partidos. La lección es clara: cuando la política irrumpe en lo que debería ser un clamor ciudadano, pierde el respeto, degrada el simbolismo y desvirtúa la lucha de quienes buscan un futuro seguro para Sinaloa. La marcha debía ser de todos, pero terminó siendo de algunos, y eso debería preocuparnos más que cualquier consignas partidista, no es la primera vez, y los políticos lo hacen para buscar escaparate, que mal están. ¿LA MISMA SUERTE? La adquisición de 10 patrullas por parte del Ayuntamiento de Guasave, encabezado por la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya, es otro ejemplo de cómo la opacidad y las irregularidades administrativas terminan erosionando la confianza ciudadana. Invertir 11.6 millones de pesos en unidades de seguridad sin un proceso de licitación pública no es un detalle menor: es un síntoma de que las normas se interpretan a conveniencia y que los límites legales se vuelven flexibles cuando la política lo exige. El hecho de que cada camioneta haya costado más de un millón de pesos y que la compra se haya realizado a un solo proveedor, aunque según la alcaldesa y el director Jurídico “no hubo irregularidades”, evidencia que la legalidad no siempre coincide con la ética. La ASE ha señalado que fraccionar compras para evadir procesos de licitación constituye una irregularidad, y en este caso, el Ayuntamiento claramente cruzó esa línea. La defensa de los funcionarios, argumentando que el Comité de Adquisiciones autorizó la compra, no exime la responsabilidad administrativa que ahora se investiga. Lo más preocupante es que este tipo de acciones no son aisladas. Guasave se suma a otros municipios de Sinaloa con antecedentes donde los procesos de adquisición de patrullas o bienes públicos han derivado en procesos penales. El caso del desaforado alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, que enfrentó acusaciones por la renta de 126 patrullas por 171 millones de pesos, es un recordatorio reciente de que los funcionarios no están exentos de responder ante la ley. La ciudadanía merece transparencia y procedimientos claros, especialmente en temas de seguridad, donde cada peso invertido tiene un impacto directo en la protección de la población. Cuando las compras se realizan a puerta cerrada, a un proveedor único, y sin licitación pública, se envía un mensaje de irresponsabilidad y tolerancia a la discrecionalidad. Es hora de que las autoridades de Guasave, y de todo Sinaloa, comprendan que la legitimidad de su gestión no se mide por la rapidez con la que adquieren patrullas o equipos, sino por la clara rendición de cuentas y el respeto a la ley. Cada omisión, cada fraccionamiento injustificado y cada defensa basada en tecnicismos legales, desgasta la confianza de la ciudadanía y pone en riesgo la credibilidad de quienes están al frente del gobierno. LUCHA La renovación de la Secretaría General del SNTE 27 en Sinaloa, prevista para noviembre, no es un proceso cualquiera. Tras años de gestión de Genaro Torrecillas, cuyo liderazgo ha generado descontento en buena parte del magisterio, la comunidad docente espera con ansias un cambio que represente transparencia, cercanía y defensa real de sus derechos laborales. La expectativa es tan marcada que, para muchos, cada día que pasa se

“Es más acertado contener a los niños por honor y ternura, que por el temor y el castigo”, Terencio (195 AC-159 AC) Autor cómico latino OBJETIVOS La inauguración del primer parque “Sendero de Paz” en la colonia Santa Fe de Mazatlán representa más que la apertura de un área recreativa: es un mensaje político y social sobre la importancia de recuperar espacios olvidados para transformarlos en centros de convivencia y desarrollo comunitario. Con una inversión de 2 millones 542 mil pesos, esta obra integra canchas deportivas, juegos infantiles, áreas iluminadas, un mural comunitario y vigilancia permanente, lo que plantea un modelo integral de intervención urbana. El gobernador Rubén Rocha Moya destacó que este tipo de proyectos surgen a partir de escuchar directamente las demandas ciudadanas, una dinámica que, aunque necesaria, evidencia al mismo tiempo la deuda histórica que muchas colonias arrastran por años de abandono gubernamental. En sus palabras, la visita a estas zonas no solo permite inaugurar obras, sino también recoger nuevas peticiones, lo que abre el debate sobre si la política de recuperación de espacios será una estrategia sistemática o quedará sujeta a gestiones aisladas. La presidenta municipal, Estrella Palacios, subrayó la relevancia de contar con lugares seguros para las familias de Mazatlán y reconoció el respaldo estatal y federal, con la participación del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en la construcción y rehabilitación del parque. Esta colaboración interinstitucional refleja una tendencia creciente: convertir la infraestructura pública en una herramienta complementaria para la estrategia de seguridad. El concepto “Sendero de Paz” apunta a algo más profundo que la simple recreación. Busca generar un sentido de pertenencia y cohesión social en comunidades que requieren alternativas para la niñez y juventud. La participación de 40 niñas y niños en la creación del mural “El Jardín de los Valores” es una señal de que este espacio no solo fue construido para ellos, sino con ellos, algo poco frecuente en los proyectos urbanos tradicionales. No obstante, la verdadera prueba será su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Los parques rehabilitados suelen enfrentar retos comunes: falta de mantenimiento, insuficiente programación de actividades y, en ocasiones, desinterés comunitario cuando la euforia de la inauguración se desvanece. La presencia de una caseta de policía rehabilitada puede disuadir conductas delictivas, pero la seguridad real dependerá de la integración de la comunidad en el uso cotidiano del espacio. Si este modelo logra replicarse en otras colonias con necesidades similares y se acompaña de políticas sociales y educativas, podría convertirse en un referente de cómo la infraestructura urbana influye en la percepción de seguridad y bienestar. De lo contrario, corre el riesgo de quedar como una obra aislada en el paisaje urbano. COMO TROMPO El caso de Gerardo Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, no solo evidencia presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos, sino también cómo los procesos legales pueden prolongarse y convertirse en un laberinto que mantiene a los señalados en constante incertidumbre. Este jueves, la audiencia inicial en su contra y de nueve exfuncionarios de su administración fue diferida porque las defensas alegaron no contar con la carpeta de investigación, que incluye más de 3 mil fojas y evidencia digital. La justicia respondió dando un plazo hasta el 3 de octubre, en lugar de avanzar de manera inmediata. En los hechos, Vargas Landeros sigue “en el centro de la tormenta”, pero sin que la resolución avance, atrapado entre documentos, protocolos y procedimientos que, aunque legales, resultan dilatorios. Lo que llama la atención no es solo la complejidad del caso —relacionado con la contratación de una empresa consultora para la devolución del ISR por casi 97 millones de pesos—, sino la forma en que la burocracia judicial prolonga la atención de la sociedad a temas que son de interés público. Cada diferimiento, cada revisión de carpetas, mantiene al exalcalde en el foco mediático, generando un desgaste constante y dando la sensación de que las audiencias se vuelven vueltas interminables que retrasan la rendición de cuentas. Este tipo de situaciones abre un debate necesario: ¿cuánto de la lentitud de los procesos judiciales es inevitable y cuánto contribuye a que los funcionarios señalados “se mantengan en el aire” sin resolución firme? Mientras la carpeta crece en fojas y CDs, la ciudadanía observa, espera y cuestiona la efectividad del sistema. En el fondo, diferir audiencias puede ser una garantía de derecho para los imputados, pero también evidencia cómo los procesos legales, en lugar de acercar la justicia, muchas veces la dilatan. Vargas Landeros y los exfuncionarios permanecen en espera, en un proceso que parece darles tantas vueltas como años de administración cuestionada. Y mientras eso sucede, la sociedad sigue preguntándose: ¿cuándo se conocerá la verdad completa sobre estas presuntas irregularidades? POR LOS CAMARONES Y regresa… El anuncio de la próxima visita de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a Sinaloa el próximo 23 de septiembre, se presenta en un momento en que el partido busca consolidar su estructura interna rumbo a los próximos procesos políticos. La gira, que tendrá como sede Culiacán, contempla reuniones con la militancia y la dirigencia estatal, así como encuentros con medios de comunicación, en lo que parece ser una estrategia de alineación entre el Comité Ejecutivo Nacional y la base morenista en la entidad. Si bien el presidente estatal de Morena, Edgar Barraza, señaló que los temas a tratar serán principalmente institucionales, el contexto político ofrece otra lectura: la visita ocurre en una etapa de ajustes internos tras los cambios recientes en la administración estatal y la necesidad de mantener cohesión en la estructura partidista. La asistencia estimada de unas 800 personas refleja el interés de la dirigencia por mantener activa y organizada a su militancia, elemento clave para enfrentar los retos electorales y legislativos que se avecinan. La falta de confirmación sobre la sede del evento revela que, más allá de la logística, se busca generar expectativa y medir el pulso político interno antes de definir los detalles finales. Este tipo de giras suelen servir también como termómetro

“Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia”, Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e intelectual francesa. EN PUNTA ¿Los días como alcaldesa para Cecilia Ramírez están contados? La polémica adquisición de 13 patrullas por más de 17 millones de pesos en el Ayuntamiento de Guasave abre una discusión que trasciende lo meramente administrativo. Lo advertido por la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, no es un simple comentario de trámite: es una llamada de atención que pone en evidencia el riesgo de que este caso termine en el mismo desenlace que han enfrentado otros alcaldes en Sinaloa, sometidos a procesos de desafuero por decisiones similares. El argumento de la “urgencia” en materia de seguridad, esgrimido por la alcaldesa Cecilia Ramírez, puede ser políticamente rentable, pero jurídicamente débil. La Ley de Adquisiciones no contempla la discrecionalidad como sustituto de los procesos legales. Si bien la necesidad de patrullas puede ser incuestionable en un municipio golpeado por la violencia, la manera en que se realizan las compras es lo que determina si se trata de un acto legítimo o de un posible abuso del poder. El antecedente de Ahome debería servir como advertencia suficiente. Ahí, la compra millonaria de unidades con conversión a patrullas terminó bajo investigación, no solo mediática, sino judicial. Exfuncionarios enfrentan procesos y la administración municipal quedó marcada por un halo de opacidad. El Congreso de Sinaloa ya ha demostrado que puede actuar en estos escenarios, y lo ha hecho con consecuencias políticas graves: tres alcaldes desaforados en los últimos años por situaciones vinculadas a adquisiciones irregulares. En ese contexto, lo que ocurre en Guasave no puede minimizarse como un simple diferendo político entre un regidor opositor y la alcaldesa en funciones. Se trata de un asunto de legalidad, de respeto a los procesos, y sobre todo, de responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Cuando un gobierno municipal decide saltarse la licitación bajo el pretexto de la premura, envía un mensaje preocupante: la ley se cumple solo cuando no estorba. El llamado de Guerra Ochoa es contundente. Los municipios deben entender que no están por encima de la ley y que los atajos administrativos pueden convertirse en delitos. La diputada, al traer a colación los casos anteriores, coloca sobre la mesa un escenario posible y nada deseable: que Guasave se convierta en el cuarto municipio en donde un alcalde se enfrente a un proceso de desafuero por no respetar las reglas básicas de transparencia. En la raíz de este problema está una práctica recurrente en la política mexicana: justificar lo injustificable con el argumento de la necesidad. Nadie discute la urgencia de patrullas para fortalecer la seguridad en Guasave, pero sí es cuestionable que se adquiera equipo con recursos públicos sin apego estricto a la normatividad. El fin no puede justificar los medios, menos cuando se trata de dinero de los contribuyentes. La lección es clara: la legalidad no admite atajos. Si la alcaldesa Cecilia Ramírez y su administración insisten en sostener que todo se hizo conforme a derecho, la única manera de demostrarlo es a través de la máxima transparencia. De lo contrario, el riesgo de repetir los errores de Ahome y de otros municipios no solo es latente, sino inevitable. Y las consecuencias, como ya se ha visto, pueden marcar un destino político del que pocos logran recuperarse. El asunto ahora tendrá que pasar a la Auditoría Superior del Estado, de encontrar algo que sugiera corrupción o no cumplimiento de los procesos especificados en la Ley de Adquisiciones, habría una seria acusación contra la doctora Cecy. Ya veremos que sucede. Pero si le podemos decir que ‘vio la tempestad, y no se hincó’. TRABAJO La reunión entre el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, y el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, marca un paso importante en la búsqueda de soluciones a los retos que enfrenta la máxima casa de estudios. Lejos de la confrontación y con una perspectiva de cooperación, el encuentro reflejó la voluntad de fortalecer la institución a través de la transparencia, la rendición de cuentas y una agenda de trabajo compartida. El rector Madueña presentó un informe detallado de las acciones emprendidas, subrayando la importancia de mantener el rumbo académico y administrativo de la UAS con apego a la legalidad. En un contexto donde las universidades públicas atraviesan dificultades financieras y de gobernabilidad, el mensaje de certidumbre enviado a la comunidad universitaria resulta fundamental para garantizar la estabilidad institucional. El reconocimiento por parte del subsecretario Villanueva al esfuerzo de la UAS no es menor. Destacó la necesidad de impulsar una reingeniería académica, administrativa, financiera y normativa que permita no solo resolver coyunturas inmediatas, sino sentar bases sólidas para el futuro. La disposición al diálogo y la coordinación interinstitucional se convierten así en una herramienta indispensable para avanzar hacia soluciones que beneficien directamente a estudiantes, docentes y trabajadores. La agenda colaborativa acordada con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda refleja un compromiso con la viabilidad financiera y la gobernabilidad universitaria. Este enfoque integral no solo busca atender compromisos inmediatos, sino también consolidar a la UAS como un referente de gestión responsable y visión estratégica en el ámbito educativo. La universidad, como institución pública, debe responder a la confianza de la sociedad con resultados claros en formación, investigación y extensión. En ese sentido, los esfuerzos encabezados por el rector Madueña y respaldados por la autoridad federal representan un avance hacia una etapa de mayor certidumbre y consolidación institucional. Más allá de las coyunturas, el mensaje de Jesús Madueña es claro: la UAS trabaja para garantizar estabilidad y desarrollo, en un camino donde la coordinación y el diálogo son la clave para afrontar los retos presentes y futuros. DESIGNACIÓN La designación de Jorge Rubén Ibarra Escobar como secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública en Mazatlán representa un movimiento institucional que

“Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana”, Eduardo Galeano (1940-2015) Escritor y periodista uruguayo. CUENTAS CLARAS El reciente ranking de aprobación de alcaldes en Sinaloa, correspondiente a agosto de 2025 y elaborado por Demoscopia Digital, ofrece más que una simple fotografía numérica. Refleja el pulso social hacia los gobiernos municipales y, sobre todo, hacia quienes cargan con la responsabilidad de conducir los destinos de sus comunidades en medio de circunstancias diversas. El caso que más llama la atención es el de Culiacán. El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil aparece en el primer lugar con un 57.3 por ciento de aprobación, una cifra que, si bien no es aplastante, sí adquiere un significado especial por el contexto en que se da. Gobernar la capital de Sinaloa es administrar la ciudad más grande, con la mayor densidad poblacional, con los retos más complejos en seguridad, movilidad, servicios básicos y desarrollo urbano. Y lo más importante: es gobernar en un clima marcado por la violencia, que condiciona cualquier gestión pública. El reconocimiento ciudadano no se puede entender como una complacencia absoluta. En realidad, lo que reflejan los números es que, pese al ambiente adverso, la población percibe un esfuerzo institucional que ha logrado contener parte del descontento social. En Culiacán, la vara de medir es distinta: la ciudadanía suele evaluar a su autoridad no sólo por las obras o los programas, sino por la capacidad de sostener un mínimo de gobernabilidad en un escenario donde la inseguridad es el mayor factor de desgaste. Ahora bien, si se observa el ranking completo, la diferencia entre el primer y el sexto lugar es de apenas 4.8 puntos porcentuales. Esto significa que el respaldo ciudadano hacia los alcaldes en Sinaloa es relativamente homogéneo. Antonio Menéndez en Ahome (56.1%) y José Paz López en Badiraguato (55.4%) aparecen como competidores cercanos, lo que revela que también han sabido mantener un nivel aceptable de confianza en regiones con problemáticas muy distintas. En Mazatlán, la presidenta municipal Estrella Palacios sostiene un 52.6 por ciento de aprobación, prácticamente empatada con Cecilia Ramírez en Guasave (52.5%). Ambas muestran que, en municipios clave por su dinamismo económico y social, hay un respaldo que, si bien es suficiente, no ofrece márgenes de comodidad. Lo mismo ocurre con Jorge Bojórquez en Navolato (54.2%), que se ubica en un punto intermedio, reflejando que su administración mantiene estabilidad en la percepción ciudadana. Lo que este ejercicio deja en claro es que, en Sinaloa, ningún alcalde se encuentra en niveles críticos de desaprobación. Por el contrario, el piso de aceptación se mantiene arriba del 50 por ciento, lo que significa que la ciudadanía, en mayor o menor medida, respalda a sus gobiernos locales. Sin embargo, también subraya que ninguno puede bajar la guardia: los márgenes son tan cortos que cualquier error de gestión puede mover las piezas en cuestión de semanas. En el caso de Culiacán, la aprobación a Gámez Mendívil implica más que un buen número. Representa un voto de confianza en medio de una ciudad que carga con los reflectores estatales y nacionales, donde cualquier evento negativo se magnifica. Encabezar el ranking en estas condiciones es un mérito que no debe minimizarse, pero tampoco garantiza un cheque en blanco. El verdadero reto será sostener ese nivel de respaldo y, sobre todo, transformarlo en resultados palpables para la ciudadanía. Al final, la encuesta de Demoscopia Digital es un termómetro de la percepción ciudadana, no una sentencia definitiva. Los números pueden cambiar, y lo harán, conforme la realidad en las calles ponga a prueba a las administraciones municipales. Lo que queda claro es que, por ahora, Culiacán reconoce en su alcalde una gestión que, con todas las limitaciones y adversidades, ha sabido ganarse el primer lugar en confianza ciudadana. LOS MISMOS ERRORES Oooooooooootra vez, la burra al trigo. La administración de Cecilia Ramírez Montoya en Guasave vuelve a estar en el centro de la polémica tras la adquisición de 13 patrullas para la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable. El edil Gregorio Hernández Romero, de Movimiento Ciudadano, denunció que la compra se realizó sin licitación y con un monto superior a 17 millones de pesos, incumpliendo los procedimientos legales que rigen la contratación pública. Hernández Romero alertó que la falta de planeación y transparencia podría repercutir en servicios públicos esenciales, como el alumbrado, la recolección de basura y el mantenimiento de drenajes, especialmente en un municipio con crisis financiera, adelantos de participaciones y un crédito bancario de hasta 60 millones de pesos. Por su parte, la presidenta municipal defendió la operación, asegurando que 10 patrullas se adquirieron por 13 millones de pesos con recursos del FORTAMUN y que las tres unidades restantes fueron compradas directamente para la Célula de Reacción Inmediata con perspectiva de género, a un costo aproximado de 600 mil pesos cada una. Ramírez Montoya señaló que la decisión se tomó como medida de emergencia ante la advertencia del Gobierno del Estado sobre la posible extensión de la violencia registrada en Culiacán hacia la zona norte. (Pareciera estar leyendo declaraciones de algún exalcalde) Según la alcaldesa, la compra fue avalada por el Comité de Compras, integrado por representantes de todas las fuerzas políticas, y cumplió con los procedimientos legales contemplados en el artículo 21 del Reglamento de Adquisiciones, que permite la adjudicación directa en casos de riesgo para la seguridad. El director jurídico del Ayuntamiento, Daniel Hibraim López Armenta, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan de Dios López Rubio, y el director de Egresos, Ricardo Javier Báez Zazueta, respaldaron la versión oficial, señalando que la operación fue transparente, sin intermediarios, y que cada patrulla Silverado 4×4 tuvo un costo de 1 millón 349 mil 400 pesos, con posibilidad de ser verificado por la ciudadanía. López Rubio agregó que hacia finales de 2024 algunas sindicaturas carecían de patrullas, y que era urgente reforzar la seguridad para garantizar cobertura suficiente. Sin embargo, la defensa del gobierno municipal no disipa las

“Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento”, Viktor Frankl (1905-1997) Psiquiatra y psicoterapeuta austriaco EN LA MIRA La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha judicializado la carpeta CAIL 1166/2025, que involucra a Vargas Landeros y a varios de sus exfuncionarios por la contratación de Consultoría Humana Acsora S.A. de C.V., mediante la cual se logró la devolución de 96 millones 899 mil pesos de ISR, a cambio de pagar 33 millones 720 mil pesos en comisión a la empresa. Este esquema, que en el papel luce como una operación financiera, abre serias dudas sobre la proporcionalidad, la transparencia y la ética en el manejo de recursos públicos. El actual presidente municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, aclaró que esta denuncia no fue promovida directamente por el Ayuntamiento, sino que deriva de observaciones realizadas por la ASE al ejercicio fiscal 2021, cuando Vargas Landeros estaba al frente de la administración. En febrero de 2025 se solicitó información sobre estas observaciones, y en mayo, ya con la nueva administración en funciones, se inició el protocolo que hoy tiene repercusiones judiciales. “No es una querella propia, sino el resultado de una auditoría que se hizo en el pasado… hay que actuar en consecuencia y que las autoridades determinen y deslinden las responsabilidades”, afirmó Menéndez de Llano, dejando claro que este proceso forma parte de los mecanismos de revisión y transparencia que, según dijo, se aplican en todos los municipios. Pero el caso no se limita a lo jurídico; tiene un alcance político que Morena no puede ignorar. Vargas Landeros fue uno de sus cuadros más visibles en Ahome, y hoy enfrenta ya al menos tres procesos judiciales por presuntas irregularidades, incluyendo la adquisición irregular de patrullas y abuso de autoridad. Cada carpeta abierta erosiona la narrativa de un partido que hizo de la lucha anticorrupción su estandarte. La audiencia de formulación de imputación programada para el 4 de septiembre será clave no solo para definir responsabilidades, sino también para medir el impacto que este proceso tendrá en la confianza ciudadana. ¿Responderán las instituciones con sanciones efectivas o volveremos a ser testigos de un desfile de audiencias que terminan en nada? En Sinaloa, la memoria política ha demostrado que muchos personajes sobreviven a los procesos mediáticos y resurgen incluso fortalecidos. En el terreno político, Morena enfrenta un dilema: respaldar a Vargas y cargar con el desgaste, o deslindarse y abrir la disputa por el control de Ahome. El primer escenario lo haría vulnerable frente a una oposición que, aunque debilitada, encuentra en estos casos un argumento sencillo para exhibir contradicciones; el segundo podría desatar fracturas internas y reacomodos abruptos de cara a la próxima elección. La ciudadanía, mientras tanto, observa con escepticismo. Cada peso comprometido sin rendición de cuentas, cada comisión excesiva disfrazada de gestión eficiente, cada promesa de combate a la corrupción que termina en carpetas archivadas, suma a una desconfianza que se convierte en abstencionismo o voto de castigo. Gerardo Vargas Landeros se ha vuelto el rostro de un conflicto más amplio: la distancia entre el discurso transformador y la realidad administrativa en los municipios. Si su caso concluye en sanción ejemplar, sentará precedente; si termina como tantos otros, confirmará que la corrupción en Sinaloa no distingue partidos, solo se recicla con nuevos protagonistas. El verdadero reto no está solo en los tribunales, sino en la capacidad política de Morena para demostrar que la lealtad no puede estar por encima de la rendición de cuentas. Porque en Ahome no solo se juzga a un exalcalde: se mide la coherencia de un proyecto político que prometió ser diferente. CALMANTES El diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo hizo un llamado a la mesura y a respetar los tiempos electorales, destacando la importancia de concentrarse en la gestión actual y mantener la estabilidad política en el estado. Guerrero Verdugo se refirió a los adelantos en las candidaturas de cara a la próxima elección y subrayó la necesidad de respetar los tiempos políticos establecidos por las instancias correspondientes. “En política hay formas, hay tiempos, no hay que llegar antes ni hay que llegar después. Entonces hay que tomar las cosas con tranquilidad, ser mesurados, ser prudentes… y mucho le ayudaremos siendo prudentes, siendo cautos y esperar los tiempos”, señaló. El diputado enfatizó que los actores políticos deben concentrarse en sus responsabilidades actuales y en el trabajo en beneficio de la ciudadanía, evitando que la contienda electoral distraiga de la gestión pública. Su mensaje, alineado con las declaraciones de la líder nacional de Morena, busca promover unidad y disciplina partidista dentro del partido. Guerrero Verdugo concluyó destacando que la prudencia no es solo una recomendación ética, sino un elemento clave para el buen desarrollo de los procesos políticos y la estabilidad de la entidad. La intención, agregó, es garantizar que las decisiones sobre candidaturas se tomen en su momento, evitando tensiones innecesarias y fortaleciendo la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno y los propios militantes. Aunque sabemos para donde apunta la flecha, el diputado pide mesura y paciencia. PROYECTO La administración que encabeza Estrella Palacios Domínguez reporta ocho obras de infraestructura escolar desde noviembre de 2024, de las cuales cinco ya fueron concluidas y entregadas, mientras que tres se encuentran en proceso. Entre las acciones destacan la construcción de bardas perimetrales, subestaciones eléctricas, techumbres y una cancha de usos múltiples, además de apoyos complementarios a más de 90 escuelas con mobiliario, material eléctrico, pintura y minisplits. La inversión total asciende a 11.5 millones de pesos en obra y 1.8 millones en apoyos complementarios, una cifra que, si bien representa un esfuerzo importante, debe ponerse en perspectiva frente a las necesidades reales del municipio. Mazatlán cuenta con una amplia red de planteles, muchos de ellos con infraestructura obsoleta o carente de servicios básicos, por lo que esta inversión, aunque positiva, parece más un primer paso que una solución integral. Desde una perspectiva objetiva, el anuncio muestra voluntad

“Los hombres de Estado son como los cirujanos: sus errores son mortales”, François Mauriac (1905-1970) Escritor francés. INFORME DE GOBIERNO Claudia Sheinbaum Pardo llega a rendir su primer informe con números favorables. La primer mandataria arribará a dar su informe con una colección de indicadores que, a primera vista, dibujan un panorama económico sólido: la inversión extranjera se encuentra en niveles sin precedentes, las exportaciones mexicanas crecen a pesar de los embates comerciales de Donald Trump, el empleo formal alcanza cifras récord, la inflación se aproxima al 3 %, las tasas de interés se sitúan en 7.50 % —por primera vez en la historia contemporánea, menos de tres veces la tasa estadounidense— y el peso mexicano no solo ha resistido los pronósticos de devaluación, sino que se mantiene en 18.65 por dólar, un peso menos que cuando Sheinbaum asumió el cargo. Si uno se quedara en la superficie, podría afirmar que la economía mexicana “camina por el rumbo correcto”, como ya repiten en Palacio Nacional. Y ojo con este dato: Las reservas internacionales suman 243 mil 353 millones de dólares, con un incremento histórico de más de 17 mil millones en menos de un año, superando los registros de Calderón y Peña Nieto en periodos comparables. A simple vista, este es un gobierno que presume estabilidad, resiliencia y orden macroeconómico. Sin embargo, la economía de un país no es una planilla contable ni una lámina de PowerPoint que se presenta en la mañanera. Es un organismo vivo donde las cifras macro son apenas la piel que cubre tejidos más complejos: la productividad real, la redistribución de la riqueza, la solidez del mercado interno y la confianza que genera el propio modelo económico. Y aquí es donde comienzan las preguntas incómodas: ¿de qué sirve acumular reservas récord si el crédito al ciudadano y a la pequeña empresa sigue sin fluir con la fuerza necesaria? ¿Es sostenible esta bonanza si depende en gran medida de la inversión extranjera, mientras la inversión privada nacional permanece a la expectativa? ¿Puede un país apostar al nearshoring como motor principal mientras posterga la diversificación de su base industrial y su transición tecnológica? El reciente anuncio de proteger industrias sensibles —calzado, textil, azúcar— mediante la prohibición de importaciones temporales es una señal de que el gobierno empieza a reconocer la fragilidad estructural de ciertos sectores. Pero esta política, que llega tras décadas de desprotección y contrabando técnico, corre el riesgo de quedarse en un parche defensivo más que en una estrategia de reindustrialización de largo aliento. ¿Se está gestando un modelo que fomente la competitividad interna, o simplemente se levantan muros arancelarios para ganar tiempo? Sheinbaum ha heredado, y en parte continúa, un modelo que combina la ortodoxia macroeconómica —disciplina fiscal, control inflacionario, respeto a la deuda— con una narrativa social que busca no repetir los excesos del neoliberalismo clásico. Sin embargo, el país sigue atrapado en una tensión histórica: crecer hacia afuera mientras adentro se administran carencias. México ha sido, por décadas, un exportador eficiente y un consumidor débil. Este gobierno parece decidido a no abandonar a “los de abajo”, pero la pregunta es si bastan los programas sociales y las transferencias directas para reconstruir el poder adquisitivo de la clase media y la capacidad de innovación de la industria nacional. El verdadero examen no se mide solo en reservas o en el tipo de cambio, sino en la capacidad de generar cadenas de valor sólidas, empleo de calidad y un mercado interno vigoroso. Porque si las cifras macro son luminosas pero la estructura productiva sigue dependiendo de factores externos —la política comercial de Washington, el vaivén de las remesas, la volatilidad de las materias primas—, entonces la aparente fortaleza es apenas un castillo de arena que la próxima marea puede arrastrar. La oposición, carente de un proyecto serio, recurre a la estridencia y a la violencia discursiva. Pero esa debilidad no debe ser excusa para el triunfalismo. Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de ir más allá de la continuidad y demostrar que México puede transitar hacia un modelo económico que deje de ser dependiente y frágil. Proteger la industria es un paso, pero no es suficiente sin innovación, financiamiento interno y una verdadera estrategia de competitividad nacional. El tiempo corre. Las cifras hoy aplaudidas pueden ser mañana el espejo que revele las deudas del presente. Porque la economía, como la historia, rara vez perdona la complacencia. SIN ACUERDO La Cámara de Diputados vuelve a ser escenario de la política del aplazamiento. Este domingo, las bancadas no lograron un acuerdo para integrar la nueva Mesa Directiva, y optaron por extender la permanencia de Sergio Gutiérrez Luna —de Morena— por cinco días más, en lo que llaman “periodo de diálogo”. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, lo dijo con optimismo: “No hay crisis política… la crisis empieza después del quinto día”. Es decir, el reloj ya comenzó a correr. Este episodio no es menor. El segundo año legislativo corresponde, por reglamento, a la oposición, en este caso al Partido Acción Nacional (PAN), que ya puso sobre la mesa nombres de peso: Margarita Zavala, Kenia López, Germán Martínez y Federico Döring. Pero más allá de la lista, la pregunta es si Morena y sus aliados están dispuestos a ceder un espacio que, aunque protocolario, representa un contrapeso simbólico y político en la Cámara. El problema de fondo es que la negociación parlamentaria se ha convertido en una simulación recurrente: se estira la cuerda, se administran los tiempos y se juega a la resistencia, para que al final, el acuerdo llegue desgastado y con costo político. Este mecanismo erosiona la confianza pública en el Congreso y exhibe una vez más la dependencia de la gobernabilidad a los cálculos de coyuntura. Monreal habla de estabilidad y gobernabilidad, pero la verdadera estabilidad no se construye con prórrogas, sino con la voluntad de respetar los equilibrios institucionales. Cada día que pasa sin un acuerdo real es un día que profundiza la percepción de que el Legislativo es rehén de las mayorías