“Probamos el oro en el fuego, distinguimos a nuestros amigos en la adversidad”, Isócrates
HAZ EL BIEN
En medio de la intensa contienda electoral que se vive en México, especialmente en el estado de Sinaloa, la candidata a la presidencia de la República por la Alianza ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez Ruíz, ha puesto sobre la mesa un tema crucial: la seguridad pública y el apoyo gubernamental a los estados.
En sus recientes declaraciones en Mazatlán, Gálvez Ruíz ha señalado que el actual gobierno federal ha dejado en abandono a los estados en materia de seguridad, argumentando que la destinación de recursos públicos para fortalecer las corporaciones policiales ha sido insuficiente. Esta postura no solo refleja una preocupación legítima por el bienestar de los ciudadanos, sino que también plantea interrogantes importantes sobre la eficacia de las políticas de seguridad implementadas hasta ahora
El compromiso de la candidata de revertir esta situación y proporcionar un mayor apoyo a los gobernadores y alcaldes, tanto de Morena como de otras fuerzas políticas, en materia de seguridad es un punto relevante en su plataforma. La promesa de devolver los programas de apoyo a los policías y destinar más recursos y estrategias para combatir la delincuencia es una propuesta que merece ser considerada y discutida en profundidad.
Sin embargo, es importante recordar que la seguridad pública es un tema complejo y multifacético, que va más allá de la simple asignación de recursos financieros. Requiere de políticas integrales que aborden las causas profundas de la violencia y la criminalidad, así como de una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil.
Asimismo, es necesario cuestionar cómo estas propuestas se traducirán en acciones concretas y cómo se garantizará su implementación eficaz y transparente. La ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de exigir a sus representantes políticos que cumplan con sus compromisos y que trabajen en beneficio del bienestar común.
En última instancia, la seguridad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y su garantía debe ser una prioridad para cualquier gobierno. Es necesario un enfoque proactivo y colaborativo que involucre a todos los actores relevantes en la búsqueda de soluciones efectivas y sostenibles para enfrentar los desafíos de la seguridad pública en Sinaloa y en todo México.
POSICIONAMIENTO
Cero y van dos. Morena soltó una nueva encuesta para la alcaldía de Mazatlán con números similares a los que publicamos anteriormente.
Recientemente, los resultados de una encuesta realizada por la empresa Pulsometría han sacudido el escenario político local, revelando las preferencias ciudadanas respecto a los candidatos a la presidencia municipal.
Según estos resultados, Estrella Palacios, respaldada por Morena y el Partido Verde, lidera la contienda con un sólido 55.5% de las preferencias ciudadanas.
Este dato refleja un respaldo significativo por parte de los votantes hacia su propuesta y su visión para el futuro de Mazatlán.
En segundo lugar, de acuerdo con este estudio, se encuentra Guillermo Romero, representante de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, con un respetable 35.6% de apoyo.
Aunque se encuentra detrás de Palacios en las encuestas, su porcentaje de respaldo muestra que es un contendiente serio que está ganando terreno en la competencia electoral.
Por otro lado, My Lai Quintero, del Movimiento Ciudadano, obtuvo un 6.6% de respaldo en la encuesta.
Aunque su cifra es menor en comparación con los dos principales contendientes, su participación en la contienda agrega diversidad y enriquece el debate político en Mazatlán.
Es importante señalar que las encuestas son una herramienta útil para comprender las preferencias y tendencias de los votantes en un momento dado.
Sin embargo, también es fundamental recordar que son solo una instantánea en el tiempo y que pueden estar sujetas a cambios a medida que avanza la campaña electoral.
Por tanto, es esencial que los candidatos y los ciudadanos no se dejen llevar únicamente por los resultados de las encuestas, sino que continúen participando activamente en el proceso democrático, discutiendo ideas, analizando propuestas y tomando decisiones informadas sobre el futuro de Mazatlán.
En última instancia, lo más importante es que estas elecciones reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo mazatleco y que el próximo gobierno municipal esté comprometido con servir y representar los intereses de todos los ciudadanos de manera transparente y responsable.
TIRAR LODO
En el árido campo político de Sinaloa, las acusaciones vuelan como pájaros migratorios en plena temporada. La reciente disputa entre Enrique Inzunza Cázares, candidato al Senado por Morena, y el Senador Mario Zamora ha dejado al descubierto las tensiones y rivalidades que marcan el panorama electoral en el estado.
El detonante de esta controversia ha sido la toma de casetas por parte de algunos productores agrícolas, una acción que ha desencadenado una cadena de señalamientos y recriminaciones entre las diferentes facciones políticas. Inzunza no tardó en señalar con dedo acusador a Zamora y sus aliados del PRIAN, atribuyéndoles la organización de estas protestas como parte de una maniobra política para desestabilizar al gobierno estatal y ganar réditos electorales.
Las acusaciones de Inzunza no cayeron en oídos sordos, y Zamora respondió con firmeza, rechazando tajantemente cualquier implicación en la toma de casetas y desacreditando las palabras de su oponente como simples estrategias de campaña. Sin embargo, las aguas turbulentas de la política sinaloense no se calmaron con estas declaraciones, y la confrontación entre ambos contendientes continuó escalando en intensidad y hostilidad.
Lo preocupante de esta situación es que, más allá de las acusaciones mutuas y los señalamientos cruzados, la toma de casetas en Sinaloa revela un problema más profundo y preocupante: la creciente polarización y división en la sociedad sinaloense. En lugar de buscar soluciones consensuadas y constructivas a los desafíos que enfrenta el estado, los líderes políticos prefieren enzarzarse en una guerra de palabras y descalificaciones, alimentando así el clima de confrontación y desconfianza que tanto daño hace a la democracia.
Es hora de que los actores políticos en Sinaloa dejen de lado sus diferencias y trabajen juntos en pos del bienestar de la población. La toma de casetas es solo un síntoma de un problema más amplio que requiere de una respuesta colectiva y solidaria. Es necesario que las partes involucradas se sienten a dialogar y buscar soluciones pragmáticas que atiendan las demandas legítimas de los productores agrícolas sin comprometer la seguridad y el orden público.
En última instancia, la verdadera prueba de liderazgo político no radica en la capacidad para lanzar acusaciones y descalificaciones, sino en la habilidad para encontrar puntos de encuentro y construir consensos en beneficio de todos. Es hora de dejar atrás las confrontaciones estériles y trabajar juntos por un futuro mejor para Sinaloa y sus habitantes.
LUCHA JURÍDICA
La reciente sentencia emitida por el Juez Tercero de Distrito a favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en el juicio de amparo 594/2023 marca un nuevo capítulo en la larga batalla legal entre la institución educativa y la Auditoría Superior del Estado (ASE). Este fallo reafirma la autonomía financiera de la universidad y establece claramente que los ingresos propios de la UAS no son materia fiscalizable por parte de la ASE.
El Rector Titular de la UAS, el doctor Jesús Madueña Molina, destacó la importancia de esta sentencia, la cual es la segunda que favorece a la universidad en este tema. Madueña Molina subrayó que la normatividad y la autonomía de la UAS permiten que sean los órganos internos de control, como la Contraloría General y la Contraloría Social Universitaria, quienes supervisen y aprueben los procesos de auditoría de los ingresos propios de la institución.
Es crucial entender que la autonomía financiera de la UAS es un principio fundamental que garantiza su independencia y su capacidad para administrar sus recursos de manera eficiente y transparente. Las acusaciones de opacidad y falta de voluntad para la rendición de cuentas carecen de fundamento, ya que la universidad siempre ha actuado dentro del marco legal establecido.
Es importante destacar que, si bien la UAS recibe subsidios estatales que son auditados por la ASE, los ingresos generados internamente por la institución están sujetos a un proceso de auditoría aprobado por las instancias correspondientes dentro de la propia universidad. Esta distinción es fundamental para garantizar la integridad de los procesos de auditoría y para proteger la autonomía financiera de la UAS.
En última instancia, esta sentencia es un recordatorio contundente de la importancia de respetar y proteger la autonomía universitaria. La UAS desempeña un papel crucial en la educación y el desarrollo de Sinaloa, y su capacidad para administrar sus recursos de manera autónoma es esencial para garantizar su eficacia y su impacto positivo en la sociedad. Es responsabilidad de todos velar por la integridad y la independencia de nuestra institución educativa más importante.
Y hasta aquí la dejamos hoy, diría Jesús Murillo Karam…: “Ya me cansé”. Hasta mañana.
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