A casi cuatro meses de la desaparición de la locutora y periodista Cándida Cristal Vázquez “La Chulis”, el gobierno parece más preocupado en solapar a los presuntos implicados que en resolver el caso.
Es un caso muy atípico, con detalles que exigen una investigación a fondo.
En junio del año pasado se informó que Cándida Cristal había fallecido por covid, y hasta un homenaje se le hizo por parte del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión.
La Chulis fingió su muerte, asustada porque le dijeron que la querían matar.
Reapareció luego, tras enterarse que había en lo anterior solamente una intimidación.
Poco más de un año después, la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda informando que La Chulis había sido levantada al salir de su casa en el fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán.
El 25 de agosto se encontró un cadáver en un canal pluvial de El Cid, y con información aparentemente errónea de la fiscalía el gobernador Rubén Rocha Moya declaró oficialmente que se trataba de Cándida Cristal.
Después del oso, rectificación aparente mientras bajo la mesa se asegura que error no hubo.
A la joven se le vio por última vez el 21 de junio de este 2022, con videos que la muestran llegando a su casa.
De entonces a la fecha, su madre América Rosario Rubio ha hecho mucho más que las autoridades.
Mientras la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada elude una y otra vez sus obligaciones y responsabilidades, la señora América ha reunido montones de evidencias sobre los hechos y en torno a los presuntos implicados.
De rodillas, la madre de La Chulis le pidió su apoyo a Rocha Moya pero de acuerdo con publicaciones en redes sociales todo ha quedado en promesas incumplidas por parte del ejecutivo estatal.
No hay más que dos sopas: el gobernador está siendo engañado por la Fiscalía General de Sinaloa, o es parte del engaño.
En el caso de la desaparición de Cándida Cristal Vázquez hay elementos de sobra que por puro sentido común obligarían a una investigación exhaustiva, pero Quiñónez Estrada no hace absolutamente nada.
Citemos por ejemplo que uno de los presuntos implicados vendió sus negocios en Mazatlán y desapareció.
La camioneta propiedad de Cándida Cristal, en la que andaba cuando fue vista por última vez, apareció de pronto con un dueño distinto.
Seguro comprado el 16 de junio con un “propietario” distinto, no obstante que La Chulis andaba en esa camioneta todavía cinco días después.
Cambio de placas vehiculares el primero de julio, con el domicilio Hacienda de San Marcos número 8989, colonia Hacienda del Seminario, que no existe.
La póliza del seguro y las placas a nombre de Arturo de la Torre Valenzuela, quien en su credencial de elector aparece con un domicilio distinto en Privada Palma Real norte 328 poniente, fraccionamiento Palma Real, en Cajeme, Sonora.
¿Cándida Cristal vendió la camioneta y la trajo varios días después, hasta su desaparición?
Quizás sí, quizás no.
Sin duda es un asunto que debiera aclararse, pero la fiscal tiene otros datos.
Para qué exagerar, dijera, si nada más hay una mujer desaparecida.
La fiscal Sara Bruna ha dado muestras sobradas de que no le importa procurar justicia.
Lo suyo es el valemadrismo y el uso político de la institución.
En Sinaloa la justicia realmente no existe.
Es omisa por valemadrismo, o por corrupción “trabaja” a favor de los criminales y de los amigos.
Y lo peor de todo es que ni al gobernador ni al Congreso del Estado parece importarles.
Hasta contentos se ven porque así sean las cosas.
Ante ello, un duro reclamo de la señora América Rosario Rubio hacia el gobernador Rubén Rocha Moya.
Acusa que “se está burlando de mí” y le exigió que cumpla su compromiso de que se investigue y resuelva.
“Quieren darle carpetazo, pero no lo vamos a permitir”, sentenció.
El gobernador de Sinaloa queda ante dos opciones.
Exigir que se investigue hasta donde tope, o terminar otra vez atropellado por culpa de la fiscalía.