“Las cuestiones políticas son demasiado serias para dejarlas en manos de los políticos”, Hannah Arendt (1906-1975) Filósofa y teórica política alemana
DOS CARAS
El altercado entre Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña en el pleno del Senado no es solo un episodio aislado de violencia parlamentaria.
Es, más bien, un reflejo de la polarización que atraviesa la política mexicana y de la fragilidad de los espacios de diálogo en el Congreso.
Las opiniones de Paola Gárate, diputada local del PRI, y de Merary Villegas, diputada federal de Morena, muestran con claridad los diferentes ángulos desde los cuales se interpreta este incidente.
Para Gárate, la agresión de Moreno surge como consecuencia de un ambiente donde la cancelación del diálogo y la falta de respeto a los procesos parlamentarios se han normalizado, en particular bajo la administración federal actual.
Desde esta perspectiva, la violencia no sería un acto planificado, sino una manifestación del hartazgo ante un sistema que, según ella, limita la diversidad de opiniones y pretende acallar voces incómodas.
Por otro lado, la lectura de Villegas es diametralmente opuesta: considera que la agresión de Moreno fue deliberada, un acto premeditado que vulnera las reglas claras del Senado sobre el uso de la palabra.
Además, enfatiza que Moreno carga con tensiones adicionales derivadas de denuncias de presunta corrupción y un expediente de desafuero en la Cámara de Diputados, lo que podría haber influido en su reacción.
Desde este ángulo, la violencia se entiende como un acto estratégico, con implicaciones políticas que van más allá del choque personal entre legisladores.
Analizar ambos puntos de vista permite comprender que la pelea no es únicamente física, sino simbólica.
Representa un choque de culturas políticas: por un lado, la visión de que la confrontación y la imposición de autoridad son respuestas a la falta de respeto al debate; por el otro, la convicción de que la violencia en el recinto legislativo es inaceptable y debe tener consecuencias concretas.
Esta dicotomía evidencia cómo la política mexicana enfrenta un dilema estructural: cómo garantizar espacios de diálogo respetuoso en un entorno donde la polarización y la presión mediática potencian los enfrentamientos personales.
Las consecuencias de este episodio son tanto inmediatas como potencialmente duraderas. Inmediatamente, el Senado y la Cámara de Diputados deberán analizar responsabilidades y sanciones, un proceso que será observado de cerca por la ciudadanía y los medios.
A mediano plazo, la agresión podría consolidar narrativas partidistas: para el PRI, un intento de mostrar fuerza y liderazgo frente a un gobierno que, según algunos de sus militantes, limita la pluralidad; para Morena, la necesidad de proyectar unidad frente a la agresión y reforzar la percepción de defensa de la institucionalidad.
Más allá de las implicaciones partidistas, lo que subyace es un riesgo para la legitimidad del Congreso.
La violencia entre legisladores erosiona la confianza ciudadana en la política y en los mecanismos democráticos de debate.
La normalización de estos episodios, por mínima que sea, puede enviar un mensaje preocupante: que la confrontación física es un recurso válido para dirimir diferencias, reemplazando la deliberación racional.
En última instancia, el caso Noroña-Alito es una advertencia sobre la fragilidad del debate parlamentario en México y la necesidad de fortalecer las reglas, la disciplina y la civilidad dentro del Congreso.
Ambos partidos, PRI y Morena, tienen la responsabilidad de demostrar que el Parlamento puede ser un espacio de resolución de conflictos y no un escenario de espectáculo mediático.
La política mexicana necesita institucionalidad y argumentos, no golpes, para recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar que la pluralidad de opiniones se traduzca en diálogo y no en confrontación.
ENFOQUES
Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) confirman que Sinaloa se mantiene como una de las entidades con mejores indicadores laborales en el país. La tasa de desempleo del 2.2% durante el segundo trimestre de 2025, por debajo del promedio nacional de 2.7%, no solo es un número, sino un reflejo de políticas locales, condiciones económicas y dinámicas productivas que permiten a la entidad destacarse en el panorama nacional.
Más allá de la cifra de desocupación, es relevante analizar la composición del empleo en Sinaloa. La población económicamente activa supera el millón cuatrocientos ochenta mil personas, con un crecimiento sostenido en la población ocupada desde 2021 de más de 141 mil personas, lo que representa un aumento del 10.8%. Esta tendencia positiva indica que no se trata únicamente de un dato aislado, sino de una trayectoria de recuperación y generación de empleo consistente.
Los ingresos también reflejan la posición favorable de la entidad. Con un ingreso semanal promedio de 3,498 pesos, Sinaloa se coloca entre los seis estados con mayores ingresos del país, superando ampliamente la media nacional de 2,767 pesos. Esto no solo mejora el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que impacta directamente en el consumo, la inversión local y la dinámica económica interna.
Otro aspecto significativo es la incorporación creciente de mujeres al mercado laboral. El aumento de 88,555 trabajadoras desde 2021, equivalente a un 17.1%, ubica a Sinaloa en el quinto lugar nacional en generación de empleo femenino. Este dato no solo tiene relevancia social y de equidad, sino que fortalece la base económica del estado, ampliando la participación laboral y diversificando las oportunidades productivas.
Si bien la informalidad laboral sigue siendo un desafío —46.6% de los trabajadores se encuentran en esta condición—, Sinaloa registra niveles inferiores al promedio nacional de 54.8%, lo que indica que la formalización del empleo avanza, aunque de manera gradual. Menor informalidad significa mayor acceso a seguridad social, beneficios laborales y estabilidad, elementos esenciales para consolidar un mercado laboral robusto y sostenible.
En términos políticos y estratégicos, estos resultados son también un reflejo de la gestión estatal y del entorno económico de Sinaloa. Mantener estas cifras requiere continuidad en políticas de fomento al empleo, inversión productiva y capacitación, así como estrategias claras para integrar a sectores vulnerables y jóvenes al mercado formal.
Sinaloa, por lo tanto, muestra que es posible conjugar crecimiento económico, generación de empleo y formalización laboral. Sin embargo, el reto ahora es sostener estas cifras, reducir la brecha de informalidad y consolidar oportunidades que permitan que la prosperidad laboral alcance a todos los sectores de la población. La ENOE no solo refleja números, sino la oportunidad de construir un modelo laboral que combine productividad, equidad y estabilidad, y Sinaloa tiene las condiciones para liderarlo en el país.
RELEVO
El próximo 21 de septiembre, el PAN en Sinaloa dará un paso importante hacia la paridad de género en la política local, con la elección de candidatas que encabezarán nueve de los 18 comités directivos municipales en todo el estado. Esta decisión no solo cumple con los criterios legales de igualdad, sino que representa un ejercicio estratégico para fortalecer la presencia femenina en la estructura partidista y consolidar liderazgo local en municipios clave.
La convocatoria establece que solo mujeres con más de tres años de militancia podrán participar, lo que garantiza experiencia y conocimiento interno del partido. Además, el método de elección por voto directo en asambleas municipales apunta a dar legitimidad a quienes resulten electas y a fortalecer la participación de la militancia.
Este proceso refleja cómo los partidos políticos pueden integrar la paridad de género más allá del discurso, construyendo estructuras de decisión donde la representación femenina no sea simbólica, sino efectiva. Para el PAN, la correcta conducción de estas elecciones será clave no solo para cumplir la ley, sino para proyectar un liderazgo más inclusivo y cercano a la militancia en los municipios de Sinaloa.
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