“La fuerza es confiada por naturaleza. No existe un signo más patente de debilidad que desconfiar instintivamente de todo y de todos”, Arturo Graf
AVANCE
El Gobierno del Estado ha desembolsado ya alrededor de 650 millones de pesos para ejecutar 46 obras incluidas en el llamado Plan Sinaloa para la reactivación económica, una estrategia que busca dinamizar la economía local a través de la obra pública.
Hasta aquí, el balance es positivo: se trata de una derrama importante que permea en sectores clave como la construcción, insumos industriales y empleo.
De acuerdo con el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, ya hay 10 obras terminadas y otras 10 a punto de concluirse, lo que implica que cerca de la mitad del paquete muestra avances considerables.
Además, se subraya que ninguna obra fue asignada por adjudicación directa, un punto relevante en un contexto nacional donde la opacidad ha sido moneda corriente en otros niveles de gobierno.
En este caso, se afirma que todas fueron licitadas y que se priorizó a empresarios locales, algo que, de cumplirse cabalmente, es digno de reconocerse.
Sin embargo, no todo está concluido. Aún faltan por licitar 21 obras adicionales que representarían una inversión cercana a los 673 millones de pesos, lo que duplicaría prácticamente el recurso ya ejercido.
Es decir, el Plan Sinaloa va a mitad del camino, y será importante mantener el mismo ritmo y, sobre todo, los mismos estándares de transparencia y prioridad regional.
Hay obras de gran envergadura, como el malecón de la margen izquierda del río y el enlace Agricultores en Culiacán, que por su complejidad ralentizan los indicadores generales de avance.
Pero el propio titular de Obras Públicas aclara que están dentro del calendario previsto.
En una administración pública donde los discursos suelen anticiparse a los resultados, este tipo de informes ayuda a poner en perspectiva las acciones del gobierno estatal.
Falta ver si la ejecución sigue el curso adecuado y si la derrama económica realmente se traduce en empleos y desarrollo sostenido para las regiones donde se construye.
En suma, el Plan Sinaloa camina, y lo hace con algunos aciertos en la forma en que se adjudican y pagan las obras.
Pero queda por ver si el segundo tramo del plan mantiene el mismo nivel de ejecución, y sobre todo, si el beneficio económico es más que una estadística contable en un boletín oficial.
Como siempre, el tiempo y la supervisión ciudadana tendrán la última palabra.
ALARMA
El gobernador Rubén Rocha Moya anunció que se analiza la implementación de un sistema de alertas en tiempo real para informar a la ciudadanía sobre hechos de alto impacto en Sinaloa.
La propuesta, surgida en una reunión entre el Gabinete de Seguridad Federal y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), apunta a que la población pueda tomar precauciones inmediatas cuando surjan situaciones de riesgo.
En un estado como Sinaloa, donde la seguridad ha sido históricamente una preocupación constante, el anuncio no es menor.
La idea es que, mediante un sistema similar a los avisos de Protección Civil, las autoridades puedan advertir a tiempo sobre bloqueos, operativos, balaceras o eventos que alteren la vida pública. Y es aquí donde el enfoque preventivo cobra relevancia.
La instrucción ya fue girada por el general Ricardo Trevilla Trejo al comandante de la Tercera Región Militar, Guillermo Briseño Lobera, y al secretario de Seguridad estatal, Óscar Rentería Schazarino. Esto indica que hay voluntad institucional para echar a andar el mecanismo.
Pero más allá del anuncio, las preguntas comienzan a surgir: ¿cómo se definirá qué hechos ameritan una alerta?, ¿qué canales se usarán?, ¿quién validará la información?, ¿habrá riesgo de alarmismo o mal uso político? Aún no se dan detalles, y según el propio gobernador, será la Vocería del Estado la que explique en los próximos días el funcionamiento del sistema.
La ciudadanía, por su parte, ha aprendido a sobrevivir en medio de la desinformación y los rumores.
Un sistema de alertas en tiempo real podría convertirse en una herramienta útil, pero también en un arma de doble filo si no se maneja con responsabilidad, oportunidad y criterios bien definidos.
Lo cierto es que el regreso del Gabinete de Seguridad Federal a Sinaloa, el pasado 3 de agosto, deja ver que hay temas pendientes. Se han comprometido a reforzar la videovigilancia, a mejorar el equipamiento policiaco y ahora a alertar de manera oportuna a la población.
El compromiso está sobre la mesa.
Queda por ver si esta nueva iniciativa trasciende el discurso y se convierte en una política pública eficaz, con resultados medibles y, sobre todo, con el respaldo de la ciudadanía. Porque una alerta a destiempo no salva vidas; sólo perpetúa el ruido.
RETOMAR CAMINO
El Centro Comunitario “Marco Antonio Verde”, en la colonia Benito Juárez de Mazatlán, es una de esas obras que prometen transformar un entorno, pero que terminan atrapadas en el pantano de la irresponsabilidad empresarial. Iniciada en 2023 con una inversión federal cercana a los 96 millones de pesos, hoy se encuentra inconclusa y con apenas el 52 por ciento de avance físico.
El delegado de Sedatu en Sinaloa, Casimiro Zamora Valdez, fue claro: la obra quedó tirada no por falta de recursos, sino por falta de seriedad de la empresa responsable, cuyo nombre —aunque no fue revelado— ha quedado boletinado a nivel nacional, lo que la inhabilita para obtener contratos públicos en el futuro.
Este tipo de casos exhibe una de las fallas estructurales del sistema de obra pública: la debilidad en los filtros para seleccionar a las empresas constructoras.
No es el primer proyecto que queda a medias en el país por incumplimientos, y no será el último mientras no haya criterios más rigurosos y supervisión efectiva desde el arranque.
La Sedatu ya se encuentra en busca de una nueva compañía para retomar los trabajos y se estima que se necesitarán entre 40 y 50 millones de pesos adicionales para concluir lo pendiente.
Si los nuevos tiempos se cumplen, la obra estaría terminada en diciembre. Claro, esto es promesa sujeta a plazos burocráticos, nuevos contratos y la siempre impredecible capacidad de gestión en los tres niveles de gobierno.
En paralelo, se habla de rescindir el contrato a la empresa incumplida y aplicar sanciones económicas.
Pero si algo ha demostrado la historia reciente es que estas sanciones rara vez compensan el daño comunitario: tiempo perdido, expectativas frustradas y espacios que debieron estar ya al servicio de la gente, convertidos en elefantes blancos temporales.
El Centro Comunitario Marco Antonio Verde, nombrado en honor al medallista olímpico mazatleco que trajo plata en los Juegos de 2024, debió entregarse hace casi un año. Hoy, en lugar de ver actividad deportiva y social, solo se ve concreto inconcluso.
La apuesta es que esta obra no se sume a la larga lista de promesas que quedaron en el olvido. En un entorno donde las necesidades urbanas son cada vez más urgentes, cada peso invertido debe traducirse en resultados tangibles. Lo demás, es retórica.
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