“Para todo problema humano hay siempre una solución fácil, clara, plausible y equivocada”, Henry-Louis Mencken
OBJETIVOS
El anuncio de la construcción del Tren “El Sinaloense”, una obra ferroviaria que conectará Mazatlán con Los Mochis, ha despertado expectativas importantes en Sinaloa.
De acuerdo con declaraciones del secretario de Economía del estado, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, este proyecto no solo impulsará el turismo, sino que servirá como catalizador de inversiones a lo largo de los 20 municipios de la entidad.
La iniciativa, respaldada por el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, se presenta como una apuesta por la conectividad territorial y la integración regional.
Desde una perspectiva objetiva, el proyecto contiene elementos que justifican tanto el entusiasmo de sus promotores como las reservas que pueden surgir ante obras de esta envergadura.
Por un lado, el enfoque turístico del tren representa una oportunidad clara de diversificación económica.
Mazatlán, los cinco pueblos mágicos de Sinaloa, sus pueblos señoriales y la posibilidad de conectar con el Tren Chepe que va hacia la Sierra Tarahumara, ofrecen un potencial atractivo para viajeros nacionales e internacionales.
La experiencia de otros trenes turísticos en el país, como el propio Chepe o el recién inaugurado Tren Maya, sugiere que los proyectos ferroviarios con orientación turística pueden contribuir al desarrollo económico local, siempre y cuando vayan acompañados de estrategias complementarias de infraestructura y servicios.
Además, la visión de que el tren servirá como medio de transporte interno cobra relevancia en un estado con una geografía alargada y municipios intermedios que suelen quedar al margen de los grandes flujos económicos.
La posibilidad de articular al norte, centro y sur de Sinaloa en un solo corredor ferroviario podría beneficiar a comunidades que hasta ahora han permanecido desconectadas o relegadas, facilitando el intercambio comercial y cultural entre regiones.
Sin embargo, también es necesario tomar en cuenta los retos. Los proyectos de trenes turísticos en México no han estado exentos de cuestionamientos, especialmente en lo relativo a su rentabilidad, sostenibilidad ambiental y viabilidad social.
La implementación de una ruta de este tipo implica no solo construir vías férreas, sino garantizar su operación continua, su mantenimiento, y la coordinación con otros sectores productivos y sociales.
El riesgo de que se convierta en una obra de alto costo con bajo uso, si no se logra articular una demanda real de transporte o una atracción turística sostenida, es un factor que debe considerarse con seriedad.
Otro punto crítico es la equidad territorial. Si bien se afirma que todos los municipios se verán beneficiados, la experiencia demuestra que los efectos positivos de este tipo de obras tienden a concentrarse en los nodos principales: en este caso, Mazatlán y Los Mochis.
Los municipios intermedios necesitarán políticas complementarias para aprovechar el tren como herramienta de desarrollo, más allá del simple paso de las vías.
En conclusión, el Tren “El Sinaloense” representa una iniciativa ambiciosa que combina objetivos de desarrollo turístico, económico y de conectividad. Sus potenciales beneficios son evidentes, pero también lo son los desafíos que conlleva su materialización. El éxito del proyecto dependerá de una planeación integral, de la participación de los distintos niveles de gobierno, y de la inclusión efectiva de las comunidades locales en la cadena de valor que pueda generarse.
A fin de cuentas, la construcción del tren será apenas el inicio; lo importante será que realmente se convierta en motor de transformación regional para Sinaloa.
A LAS PRUEBAS
La decisión de un juez federal que ordena la reinstalación de Gerardo Vargas Landeros como alcalde de Ahome ha colocado en una posición delicada al Congreso del Estado de Sinaloa y a otras autoridades involucradas, al exigirles que actúen conforme a derecho, independientemente de sus posturas políticas.
En palabras del abogado Juan Guillermo Gaza Esperón, defensor del edil con licencia, la resolución es clara y de obligatorio cumplimiento, en tanto no sea revocada o modificada por una instancia superior.
Este caso abre una discusión jurídica y política que debe observarse con objetividad. Por un lado, es evidente que un mandato de un juez federal debe cumplirse.
El Estado de derecho se sostiene precisamente en que las instituciones y sus integrantes se sometan a las decisiones judiciales, sin condicionar su cumplimiento a interpretaciones personales o a afinidades políticas. Lo contrario pondría en riesgo la legalidad misma del sistema democrático.
El abogado sostiene que el Congreso de Sinaloa ha sido debidamente notificado, y que incluso ha demostrado tener conocimiento del fallo mediante sus propios pronunciamientos públicos.
Argumenta además que la negativa a acatar la orden podría deberse más a motivos personales o intereses políticos, lo cual, de comprobarse, agravaría la responsabilidad de quienes se nieguen a obedecer un mandato judicial.
Sin embargo, es importante señalar que este asunto no se puede reducir únicamente al cumplimiento de una orden. Si bien la ley establece la presunción de inocencia y permite a un funcionario electo continuar en funciones mientras no haya una sentencia condenatoria, también es cierto que existe una tensión legítima entre la legalidad y la legitimidad política.
La percepción pública, el contexto penal que rodea a Vargas Landeros y el papel del Congreso como contrapeso, hacen que la decisión no sea políticamente neutra.
Desde el punto de vista jurídico, el regreso del alcalde tiene sustento legal. Pero en el plano político, su retorno podría polarizar aún más a la sociedad ahomense y al entorno institucional en el estado.
Esa es la encrucijada que enfrentan los actores públicos: cumplir con la ley, sin que ello suponga ignorar los posibles efectos sociales y políticos de su cumplimiento.
Por último, el caso también revela los límites de la coordinación entre poderes. Si el Congreso actuó más allá de sus competencias al promover acciones contra Vargas Landeros, como sugiere el abogado, esto deberá ventilarse en otras instancias.
Lo cierto es que ninguna autoridad puede invocar razones políticas para omitir el cumplimiento de una resolución judicial firme. Hacerlo sería incurrir en desacato y socavar los principios constitucionales.
En resumen, el caso de Gerardo Vargas Landeros es una prueba para el Estado de derecho en Sinaloa.
El debate puede y debe continuar en lo político, pero en lo jurídico, mientras no haya una nueva resolución judicial, la orden del juez debe cumplirse. Ignorarla no solo implicaría una falta administrativa o legal, sino una señal preocupante de debilitamiento institucional.
PUNTA DE LANZA
La situación que enfrentan los pescadores de altamar en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, pone de manifiesto una combinación crítica de abandono institucional, falta de políticas integrales para el sector pesquero y el agotamiento económico de quienes durante décadas han sostenido esta actividad estratégica para el norte del estado.
Desde el cierre, hace dos años, de la oficina de certificación y rehabilitación de embarcaciones que operaba mediante una concesión federal en Topolobampo, los armadores han tenido que trasladarse hasta Guaymas, Sonora, para cumplir con los requisitos legales que les permiten salir a altamar.
Esto ha significado un incremento considerable en sus costos de operación y un golpe adicional para un sector ya afectado por el encarecimiento del combustible, el deterioro de las embarcaciones y la baja rentabilidad de la actividad camaronera.
La diputada federal Ana Elizabeth Ayala Leyva ha recibido formalmente las peticiones de los pescadores y se ha comprometido a llevar el tema ante la Comisión de Pesca del Congreso de la Unión. Si bien esta gestión es positiva, resulta evidente que los problemas que se plantean no son coyunturales, sino estructurales.
La ausencia de una oficina de certificación en Topolobampo no solo encarece los trámites, sino que evidencia la falta de presencia institucional en un puerto que debería estar mejor equipado para dar servicio a una flota relevante en el Pacífico mexicano.
Por otro lado, la solicitud de al menos 12 pescadores para devolver sus permisos de pesca a cambio de una liquidación, como se hacía en otros programas federales, refleja un hecho preocupante: la pesca de altamar ha dejado de ser viable para muchos.
El retiro de embarcaciones obsoletas y su sustitución por otras más eficientes podría ser una oportunidad de renovación del sector, pero sin un esquema claro de incentivos, apoyos o alternativas productivas para quienes se retiran, la medida podría convertirse en una salida desesperada antes que en una solución planificada.
Topolobampo, como puerto estratégico, requiere atención directa del gobierno federal. No se trata solo de gestionar un par de solicitudes en el Congreso, sino de reactivar políticas de reconversión pesquera, certificación local, rehabilitación portuaria y financiamiento adecuado.
La crisis que hoy viven los pescadores no surgió de un día para otro; es el resultado de años de rezago, de dependencia de subsidios sin acompañamiento técnico, y de decisiones institucionales que han dejado de lado a los actores locales.
En suma, lo que está en juego en Topolobampo no es únicamente la operación de unas cuantas embarcaciones, sino la viabilidad de una comunidad pesquera que ha sostenido parte de la economía de Ahome.
Si el gobierno no da respuestas integrales, el retiro silencioso de la pesca de altamar podría convertirse en la antesala de una crisis social de mayores dimensiones.
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