“Es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir”, Theodore Roosevelt
INDEFENSIÓN
El 15 de junio de 2017, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una reforma que, en su momento, fue vista como un avance democrático: la posibilidad de reelección para alcaldes, diputados locales, regidores y síndicos procuradores.
Esta medida buscaba fortalecer la rendición de cuentas y dar continuidad a proyectos de largo plazo. Sin embargo, siete años después, las consecuencias de esta reforma comienzan a golpear con fuerza a los nuevos gobernantes.
La reelección trajo consigo un efecto colateral que pocos previeron: el desajuste en el calendario administrativo y fiscal de los municipios. La conclusión de los periodos de gobierno no coincide con el cierre del año fiscal, dejando a las nuevas administraciones con la responsabilidad de cubrir compromisos financieros que no les corresponden.
Aguinaldos, prestaciones y liquidaciones se han convertido en una bomba de tiempo que obliga a los recién llegados a tomar medidas drásticas para cumplir con estos pagos.
El problema radica en que los alcaldes salientes, en muchas ocasiones, agotan los recursos disponibles para cerrar su gestión con proyectos visibles o pagos pendientes de su administración.
Esto deja a los nuevos gobiernos municipales en una posición vulnerable, teniendo que recurrir a créditos de corto plazo o a la reducción de programas sociales y de infraestructura para poder cubrir las obligaciones laborales.
La presión de los sindicatos y los compromisos adquiridos con los trabajadores hacen que estas decisiones no puedan posponerse, generando un desgaste inmediato en la imagen y capacidad operativa de los nuevos mandatarios.
Además, la falta de claridad en los mecanismos de transición agrava aún más la situación.
Los procesos de entrega-recepción no siempre reflejan con precisión el estado financiero real de los municipios, lo que provoca que las nuevas administraciones se enfrenten a escenarios más críticos de lo esperado. Este desfase también afecta la confianza de los ciudadanos, quienes perciben ineficiencia y falta de planeación desde el inicio de las nuevas gestiones.
Este escenario, lejos de fortalecer a los gobiernos municipales, ha generado un ciclo vicioso de endeudamiento y recortes presupuestales que afectan directamente a los ciudadanos.
La falta de recursos para solventar estas obligaciones provoca retrasos en obras públicas, programas sociales y otras áreas esenciales para el desarrollo de los municipios. Asimismo, la incertidumbre sobre la continuidad de proyectos heredados contribuye a una percepción de inestabilidad y falta de progreso.
La pregunta que surge es: ¿fue esta reforma realmente pensada a largo plazo o fue simplemente una respuesta apresurada a las demandas de modernización política? Siete años después, la respuesta parece evidente.
La falta de previsión en los detalles administrativos ha derivado en una problemática que, de no resolverse, seguirá afectando a las futuras administraciones.
Es fundamental que se lleve a cabo una revisión integral de la legislación electoral, con un enfoque no solo en la reelección sino en los tiempos y mecanismos de transición gubernamental.
Es necesario que el Congreso del Estado analice con seriedad los efectos de esta reforma y busque soluciones que permitan ajustar los periodos de gobierno al calendario fiscal.
De lo contrario, seguiremos viendo gobiernos que, en lugar de centrarse en proyectos de desarrollo, deberán destinar sus primeros meses a apagar incendios financieros.
La reelección es, sin duda, un mecanismo válido para fortalecer la democracia, pero su implementación debe ir acompañada de una visión integral que considere no solo los beneficios políticos, sino también las implicaciones administrativas.
Sinaloa tiene la oportunidad de corregir el rumbo y evitar que esta reforma se convierta en un lastre permanente para el desarrollo del estado.
Una propuesta viable podría ser la alineación de los periodos de gobierno con el año fiscal o la creación de un fondo especial destinado a cubrir los compromisos laborales en periodos de transición.
De esta manera, se evitaría que las nuevas administraciones inicien su gestión con déficit y se garantizaría una mayor estabilidad en el manejo de los recursos públicos. Las lecciones que deja esta reforma deben servir como punto de partida para repensar el modelo de gestión pública en Sinaloa, asegurando que las decisiones legislativas respondan a las necesidades reales de los ciudadanos y no a coyunturas políticas momentáneas.
O usted… ¿qué opina?
NOVEDAD
La reciente declaración de Feliciano Castro Meléndrez, Secretario General de Gobierno de Sinaloa, durante la conferencia de la Vocería, revela un panorama dual en materia de seguridad en el estado.
Si bien es cierto que las estrategias implementadas están generando resultados concretos, la creación de una unidad de policía cibernética es una señal de que el gobierno reconoce los desafíos emergentes que enfrenta la entidad.
La aprobación de 10 millones de pesos para el próximo año destinados a este rubro sugiere que hay una intención clara de modernizar las herramientas de investigación y prevención.
Sin embargo, este esfuerzo aún se encuentra en etapa incipiente. Castro Meléndrez enfatizó que el proyecto completo estará operando hasta 2025, lo que implica que, aunque la voluntad política está presente, los resultados tangibles aún tardarán en materializarse.
Este retraso puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, muestra una planificación cuidadosa y técnica que podría derivar en una estrategia bien cimentada.
Por otro, refleja la lentitud burocrática que suele caracterizar este tipo de proyectos en México, donde la implementación de políticas públicas a menudo se ve obstaculizada por procesos prolongados.
El respaldo del Gobierno Federal, manifestado a través de la presencia constante del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, añade una capa de confianza a la estrategia estatal.
La reiteración de la Presidenta de la República de su compromiso con Sinaloa es un mensaje político que refuerza la narrativa de colaboración entre niveles de gobierno. Sin embargo, esta cercanía también implica una vigilancia constante que podría presionar a las autoridades locales a mostrar resultados de manera más acelerada.
Uno de los puntos que merece mayor análisis es la política de comunicación adoptada. El Secretario General dejó claro que la estrategia de seguridad no se divulgará en su totalidad, alegando razones de confidencialidad. Si bien esta es una postura válida desde el punto de vista operativo, genera un vacío informativo que puede ser aprovechado por actores políticos o criminales para desestabilizar la percepción pública.
La transparencia es una herramienta clave para construir confianza ciudadana, y encontrar el equilibrio entre informar y proteger la integridad de la estrategia es un desafío que no debe subestimarse.
En conclusión, Sinaloa avanza en materia de seguridad, pero lo hace a un ritmo que podría no satisfacer las expectativas inmediatas de la ciudadanía.
La inversión en tecnología y ciberseguridad es una decisión acertada, pero el éxito de esta medida dependerá de la capacidad del gobierno para ejecutar el proyecto con eficacia y mantener una comunicación efectiva con la población.
El tiempo dirá si esta estrategia logra consolidarse como un pilar fundamental para la seguridad del estado o si, por el contrario, se convierte en otra promesa que tarda demasiado en cumplirse.
Así las cosas.
APOYOS
En una reunión clave para el sector agrícola de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, sostuvieron un encuentro con líderes agrícolas para discutir los apoyos y las perspectivas del campo sinaloense.
Este diálogo refuerza el compromiso del gobierno estatal con los productores, en un contexto donde el campo enfrenta retos significativos.
Durante la reunión, se abordaron temas cruciales como la disponibilidad de recursos para el próximo ciclo agrícola, las medidas para garantizar precios justos para los productores y las estrategias para impulsar la productividad en la región.
La presencia de representantes de diversas organizaciones agrícolas permitió que se escucharan distintas voces y necesidades del sector.
Entre los asistentes al encuentro estuvieron líderes reconocidos del ámbito agrícola, incluyendo a Marte Vega Román, Serapio Vargas Ramírez, Ricardo Armenta Beltrán, Oscar Inzunza Inzunza, Enrique Riveros Echeverría, José Javier Godoy Medina, Emilio González Gastélum, Juan Eliezer de Jesús Lemus, Agustín Espinoza Lagunas, Evelio Plata Inzunza, Francisco Javier Meza López, Rigoberto Mejía Samaniego, Ignacio Leal García, Alejandro Rivera, Gumaro López Cuadras, César Hernán Torres Hernández y Ulises Gaxiola.
El Gobernador Rocha Moya reiteró su compromiso de continuar gestionando recursos y programas que fortalezcan al campo sinaloense, reconociendo el papel fundamental que juegan los productores en el desarrollo económico del estado.
Por su parte, el Secretario Ismael Bello Esquivel destacó la importancia de mantener una comunicación constante con el sector agrícola para garantizar que las políticas públicas respondan a sus necesidades.
Este encuentro marca un paso importante en la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta el sector agrícola en Sinaloa, consolidando un canal de diálogo directo entre el gobierno y los productores.
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