Está demostrado que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha violentado con descaro e impunidad muchas leyes, y es verdad también que tiene propiedades por varios cientos de millones de pesos con muy fundadas sospechas de enriquecimiento ilegal.
En un país democrático que respete el estado de derecho, Gertz Manero debiera estar en la cárcel y no en un cargo de tan alta relevancia como el de ser el abogado “de todos los mexicanos”.
Lamentablemente vivimos en el México de la cuarta transformación, en el que valen más los otros datos y los caprichos del presidente de la república que nuestra constitución y las leyes que de ella emanan.
Andrés Manuel López Obrador ratificó durante su mañanera su amor incondicional por Gertz, a quien nomás falta que le ponga un departamento o de perdida una tiendita.
Precisemos que no tiene nada de increíble que el mesías proteja corruptos, porque es lo que acostumbra cuando se trata de sus amigos y sus parientes.
No podemos esperar otra cosa del enfermo mental que nos desgobierna y que tiene al país peor que nunca mientras reparte los atoles asegurando que estamos de maravilla y el pueblo es feliz feliz, sin corrupción; sin masacres; con medicinas y tratamientos médicos para todos; con una economía en crecimiento, y sin carestías.
La realidad es muy distinta, y sólo los muy miserables se mantienen indiferentes o cómplices ante las infamias cometidas por el político más cínico de nuestra historia.
Se repetirán seguramente los reclamos chairos, y desde aquí les adelanto la respuesta que antes les he dado: debiera darles vergüenza, pero no la conocen.
“NO HAY REGISTRO”
La junta de agua potable culiacanense me llamó el día de ayer para advertirme que tengo un recibo pendiente que debo pagar para evitar la “limitación” del servicio.
Respondí que hay un primer pendiente y es el de que se aplique el descuento del cincuenta por ciento legislado por el Congreso de Sinaloa, y que el presidente municipal se niega a aplicar nomás por sus puras pistolas.
Mi caso es solamente uno de muchos miles de ciudadanos robados por JAPAC y más precisamente por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.
Cierto que el gobierno de Culiacán presentó un recurso contra la citada reforma legal, pero mientras no consigan que una revocación formal de los descuentos tienen la obligación de acatar los descuentos aprobados por el legislativo y convertidos en decreto por el poder ejecutivo estatal.
Ante mi exigencia de que se cumpla con la ley, la respuesta de dos empleadas de la paramunicipal fue en el sentido de que “no hay registro” para el descuento.
Y ciertamente no hay, pero porque la JAPAC elude esa obligación y cuando menos le da largas al beneficio popular. Ferreirón le roba cientos de miles de pesos a muchos culiacanenses, en la suma global, y para nada dudamos que se atrevan a dejar sin agua a los que se nieguen a pagar un cobro indebido.