Por elemental sentido de verdad y de justicia, estamos obligados a insistir que la UAS es cómplice del gobernador ratero.
No solamente resulta inconcebible sino además completamente ilegal y fuera de sentido común que Rubén Rocha Moya ataque con todo a la universidad, y que le sigan pagando sin trabajar a dos hijos del ejecutivo estatal.
Ese gobernador que se presume honrado y que proclama que sus hijos son también en ello un ejemplo, y que sin recato alguno públicamente reconoce que cobran un salario no devengado.
Por supuesto que esto se llama robar, pero bien conocemos el cinismo y la conveniencia de los otros datos.
La razón de que les sigan pagando a estos empleados que tienen más de dos años sin trabajar es una muy evidente: hay cobardía institucional.
A quienes conducen la rosalina institución no les importa exhibirse como cómplices.
Eneyda y Ricardo Rocha Ruiz tienen más de dos años cobrando sin trabajar.
Se ha denunciado públicamente, el gobernador y sus hijos corruptos lo han aceptado, pero no pasa nada.
Joaquín López Dóriga publicó ayer esta ilegalidad, que muchos medios locales ocultan porque están al servicio de sus patrones de la cuatroté.
¿Les dolerá el golpe “nacional” a quienes dirigen la UAS, y corregirán?
Me temo que no, pero tengo muchas ganas de equivocarme.
ILEGALIDADES IMPUNES DE RUBÉN ROCHA
Nuevamente, para no perder la costumbre, Rubén Rocha usó ayer su conferencia semanera para violar la constitución.
El uso de recursos públicos, siempre a favor de Morena y contra los partidos opositores.
Las constituciones federal y estatal junto con las leyes electorales establecen los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y el Tribunal Estatal Electoral son omisos y cómplices.
Sus funcionarios son cobardes y valemadristas.
A la vista de todos, no cumplen con sus obligaciones y responsabilidades.
Cobran muy buenos salarios pagados con dineros del pueblo, pero están de rodillas con el poder.
Prefieren lavarse las manos de que no hay denuncias al respecto, aunque estén obligados a actuar, de oficio.
Los dos asuntos que comentamos en el Altoparlante de hoy confirman que en Sinaloa no hay ley ni justicia.
Un gobernador corruptísimo, con organismos e instituciones abiertamente cómplices.
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