La historia que damos a conocer el día de hoy evidencia la increíble falta de escrúpulos de un poderoso político sinaloense que con insultante impunidad ha hecho y hace gala de numerosos abusos de poder para robar y enriquecerse ilegalmente a costillas del pueblo.
Nos referimos al Secretario General de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez, un narco político millonario de clóset sobre quien traemos hoy nuevas e irrefutables pruebas de corrupciones, como si no fueran suficientes las que ya conocemos.
Ningún asombro puede existir ante el cúmulo de ilegalidades cometidas por el “segundo”.
La semana pasada documentamos que Inzunza Cázarez consiguió una jubilación muy jugosa de manera ilegal, con un currículum falso y una constancia patito, y lo que hoy documentamos refiere una operación previa desde el poder judicial para “formalizar” un ingreso mayor para él, para quienes integran la camarilla de amigos y cómplices que se llevó al poder ejecutivo, así como para su esposa que convirtió en magistrada y los muchos parientes que tiene en el Supremo Tribunal de Justicia.
El diez de junio del año pasado, apenas cuatro días después de la victoria electoral de los apadrinados del narco, Enrique Inzunza expidió el “Manual de Remuneraciones de las y los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado”, publicado el 30 de junio en el diario oficial El Estado de Sinaloa.
La prisa para expedir el manual se dio por la urgencia de preparar el camino para la solicitud del retiro voluntario y lucrar todavía más con el presupuesto público, para beneficio personal.
En un video que pueden ver en mi página web altoparlante.com.mx y en mis cuentas de twitter, facebook y youtube, documento la formalización y contenidos del manual, entre los que destaca la “autorización” para los magistrados de un salario que con las compensaciones supera los 173 mil pesos mensuales, lo que violenta lo establecido en la carta magna y en la constitución local.
Para los mandos medios y superiores, un aguinaldo de 75 días de sueldo base más vida cara.
Un “seguro” de 38 mil pesos por retiro, jubilación o pensión, “para hacer frente a las contingencias inherentes a la separación del cargo”, además de otros “logros” al estilo de las mafias sindicales.
Queda muy claro, de nuevo, que al hoy Secretario General de Gobierno de Sinaloa no le importa cuidar ni las formas ni el fondo, y que en sus ilegalidades y abusos de poder cuenta con cómplices en los tres poderes del estado.
En su conjunto, estos privilegios ilegales implican millones de pesos robados al pueblo de Sinaloa.
Apliquemos dos sabios proverbios populares de que no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre y el de que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, para señalar que Rubén Rocha es el principal solapador de las numerosas raterías de su dizque segundo de a bordo.
Aunque mi ex amigo se ponga muy digno y asegure que en su gobierno no se permiten corrupciones ni abusos de poder, está a la vista de todos que las ilegalidades y desfalcos al erario público cuentan con su aval o con su disimulo, que para el caso es lo mismo.
Desde sus espacios de poder político, Rocha Moya y Enrique Cázarez se han hecho multimillonarios; los dineros públicos se los reparten junto con sus familias, y para el pueblo puros atoles.
Son un asco de gobierno estatal que emula al de la federación, con corrupciones demostradas que se eluden porque los rateros son las cabezas y pertenecen a la putrefacción de cuarta.
Contra las pruebas documentales de las corrupciones, los engaña tontejos Rocha e Inzunza nadan de muertito o sacan sus otros datos, y seguirán robando porque los demás son puros cómplices o cobardes.
¡Biba el narco gobierno de Sinaloa!