Morena revive la conducta del viejo presidencialismo con penoso balance de la actividad legislativa.
Razones sobran para concluir que este Periodo Ordinario de Sesiones terminó con una desafortunada cerrazón del bloque oficialista para llevar a buen término iniciativas que beneficien a los mexicanos.
La aprobación desafortunada para eliminar el Insabi, Financiera Rural, el Conacyt, exhibió a un Congreso de la Unión sometido a los designios del Ejecutivo Federal, un penoso y negativo balance de la actividad legislativa del periodo ordinario de sesiones que finalizó el día del niño.
Se vivió una atribulada embestida contra la oposición parlamentaria. Morena revive la conducta del viejo presidencialismo. Si, de ese presidencialismo que tanto se queja el oficialismo.
Los trámites legislativos brillaron por su ausencia en un claro afán por aprobar leyes vía ‘fast track’.
En menos de 24 horas y en una sede alterna, las y los senadores aprobaron alrededor de 20 leyes ante la toma del bloque opositor de la tribuna de la Cámara Alta, debido al desacuerdo para nombrar a un nuevo comisionado del INAI y volver nuevamente funcional al Instituto.
Y es cierto que los cierres del periodo legislativo suelen ser intensos porque significa la conclusión de negociaciones de temas que pudieron transitar después de todo un año de diálogo con integrantes de la sociedad civil y especialistas de diversos temas, como la Ley de 3 de 3 para que ningún agresor de mujeres ni deudor alimentario llegue al poder, la cual afortunadamente logró vencer resistencias y fue aprobada.
Sin embargo, origen distinto resultaron otras iniciativas planteadas por el Ejecutivo Federal que exigían mayor análisis y disposición de cambio por sus implicaciones, como la llamada Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que representa un retroceso para los científicos y la ciencia en México; o bien las que haciendo uso de la mayoría legislativa de Morena han venido convirtiendo su actuación en una oficialía de partes donde el trámite se limita solo a aprobar sin cuidar ni procedimiento, peor aún, el contenido de las leyes aprobadas por las consecuencias para el país.
Dos ejemplos, de lo más sensible para esta entrega, resulta la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y de la Financiera Rural.
En el caso del Insabi refleja el fracaso del gobierno de la 4T en materia de salud ante la desaparición del Seguro Popular y cuyo saldo es que hoy alrededor de 15 millones de mexicanos no cuentan con acceso a la salud, el desbasto de medicamentos ha alcanzado características no antes vistos en los llamados tiempos de gobiernos neoliberales, esos que por cierto crearon un fondo para solventar los gastos catastróficos de la población mexicana no asegurada, que diera respuesta a enfermedades crónicas degenerativas, desde diálisis, tumores cáncer, etc.
El otro grave daño, representa la desaparición de la Financiera Rural, una institución que había logrado modernizarse y que representaba un mecanismo útil y oportuno para los pequeños productores agrícolas, quienes requieren desde crédito para sus semillas, hasta seguros de sus cosechas dañadas por las frecuentes sequías, lluvias o granizadas atípicas y heladas que hoy son más frecuentes que antes.
Al respecto el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de México advirtió que el cierre de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) del gobierno orillará a los productores a buscar alternativas informales y al “coyotaje” para el financiamiento.
Desafortunadamente dejará a los productores en el desamparo de una institución financiera que ha brindado créditos y apoyo desde hace casi 100 años.
GOTITAS DE AGUA:
En estos casos, así como en lo relativo a los nombramientos pendientes de comisionados del INAI; la concentración de órganos y funciones administrativas en la Secretaría de la Función Pública (SFP), convertida ahora en juez y parte; y la desaparición de organismos como la CONADIN, reflejan además del atropello al Poder Legislativo, la ausencia de una evaluación objetiva y razonada de lo que se aprueba en el Congreso de la Unión a capricho del Presidente.
Las consecuencias sin duda serán complicadas para la población, quienes exigen mayor transparencia en el uso de los recursos públicos; mejores servicios de salud; y mayores servicios de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.
Las leyes aprobadas no son la respuesta a las demandas de la ciudadanía; sino de las órdenes dictadas desde el púlpito presidencial. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos Mañana”…
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