Enrique Inzunza Cázarez, Secretario de Gobierno de Sinaloa, cobra de manera ilegal su jubilación de 112 mil 99 pesos mensuales -ya con impuestos descontados-, porque con información falsa y con documentos patito simuló cumplir con los requisitos establecidos en la ley.
Por increíble que pueda parecer, hay currículums vitae oficiales que se contradicen entre sí.
El propio Supremo Tribunal de Justicia tiene dos CV diferentes de Inzunza Cázarez, uno registrado oficialmente ante Transparencia Nacional en el que se señalan trabajos ininterrumpidos ahí desde 1996 hasta agosto del 2021, y NINGUNA experiencia laboral fuera del poder judicial, lo que se contradice frente al documento con el que tramitaron el retiro voluntario y la jubilación ante el Congreso de Sinaloa, en el que se afirma que entre 1999 y 2001 el entonces magistrado prestó servicios como asesor adscrito a la Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa.
La contradicción y falsedad buscó simular el cumplimiento de los requisitos para el retiro voluntario, fracción cuarta del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa para los menores de 60 años de edad, de “tener más de cinco años de servicio efectivo como magistrado, si además ha desempeñado cargos en el gobierno estatal en cualesquiera de sus ramas para totalizar un mínimo de veinte años”.
Los supuestos dos años de trabajo de Inzunza Cázarez como asesor en el gobierno estatal se acreditan con una “constancia” expedida por el jefe del departamento de recursos humanos de la secretaría general de gobierno en la pasada administración.
Puntualicemos sobre lo anterior que se trata de una constancia patito, pues de acuerdo con el Diario Oficial del Estado de Sinaloa la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas es la única instancia para “expedir y rubricar las constancias de servicios del personal que labora para el poder ejecutivo, legislativo y judicial del Estado”.
Verdad irrefutable es que el Supremo Tribunal de Justicia mintió en lo que tiene que ver con la experiencia laboral de Enrique Inzunza, y que se usó una constancia ilegal.
No tenemos que devanarnos el cerebro para entender que el retiro voluntario y la jubilación de Inzunza Cázarez resultó de un paquete complicidades desde los tres poderes de Sinaloa.
En el judicial, resumamos que sigue mandando el “expresidente”; en el legislativo, la extitular Graciela Domínguez Nava hoy es Secretaría de Educación y el responsable del dictamen aprobatorio, Horacio Lora Oliva, es subsecretario; en el ejecutivo, imposible pensar que nada tuvo que ver el exgobernador Quirino Ordaz Coppel.
Aunque es obvio, debemos subrayar que todo lo anterior tuvo que contar con el aval y hasta las órdenes directas del entonces gobernador electo Rubén Rocha Moya.
A la inevitable pregunta de cómo es posible que se atrevan a corrupciones tan descaradas, la respuesta de que Enrique Inzunza Cázarez es un corrupto insaciable que le roba al pueblo 112 mil pesos mensuales con una jubilación acreditada con documentos indebidos.
Así son las cosas con este gobierno dizque “honesto” y “austero”, con funcionarios bien “pobres” que como don enriquito no tienen ninguna casa a su nombre, ni carros.
Millonarios de clóset y traficantes de influencias.
Son de la cuarta putrefacción, que según vinieron a salvarnos de los corruptos.
