A mi criterio, la iniciativa de reforma electoral del Presidente coloca a la oposición contra las cuerdas. Explico líneas abajo.
Disculpen lo/as lectores de esta columna, pues el título resulta provocativo. Me lo dicta la conjetura de lo que observaremos en las próximas semanas. El presidente ha enviado en el último día de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados una nueva iniciativa de reforma constitucional, la de una reforma electoral que apunta a una profundización democrática. Y no se necesita ser avezado analista para saber lo que sucederá: la oposición de derecha volverá a aplicar la misma receta que usó para la reforma constitucional sobre la electricidad. Muy probablemente los 223 diputados del PRI-PAN-PRD-MC votarán en contra, por lo que no se volverá a contar con la mayoría calificada para que la reforma se plasme en la Constitución. Así las cosas, la iniciativa presidencial nace muerta o por lo menos tiene muy mal pronóstico.
La oposición de derecha se enfrenta nuevamente a un dilema. Por una parte, engolosinadamente considera una victoria o por lo menos así lo afirma, el que las iniciativas presidenciales sean rechazadas en la Cámara de Diputados. Por otra parte, el rechazar la iniciativa presidencial nuevamente tendrá un alto costo político para dicha oposición. La razón es muy sencilla, buena parte de los diversos aspectos de la reforma constitucional, expresan el sentir de una enorme mayoría del pueblo mexicano que está harto de la clase política, está harto de los partidos políticos, los considera encarnación conspicua de la corrupción. Derivado de ello, las iniciativas nacen muertas, pero el objetivo presidencial es otro.
La reforma constitucional enviada por el presidente López Obrador contempla una reducción drástica del número de diputado/as (200), senadores (32), consejeros electorales federales (de 11 a 7), regidores, eliminación de los institutos electorales estatales, diputaciones locales, eliminación del financiamiento a los partidos políticos (excepto los gastos para campañas electorales) etc., Todo ello implica un ahorro para el erario de aproximadamente 24,000 millones de pesos. Solamente estos elementos de la propuesta reforma constitucional están generando una enorme simpatía en la mayoría de la ciudadanía, simpatía que está sustentada en el desprestigio de la política.
La reforma constitucional electoral está encaminada hacia una profundización democrática. Elimina la representación distrital y las circunscripciones electorales. No así la representación proporcional, porque los partidos tendrán el número de diputados que les alcance de acuerdo a su número de votos y porcentaje de votación. Crea mejores condiciones para la inclusión de listados ajenos a partidos (candidaturas independientes). Convierte a los consejeros electorales y magistrados del tribunal electoral, en funcionarios de elección popular en lugar de ser designados por acuerdos interpartidarios. Se reduce el porcentaje de participación electoral en las consultas para que estas sean vinculantes y el instituto que sustituye al INE se llamará Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC).
GOTITAS DE AGUA:
Todo lo anterior, unido a la eliminación de financiamiento de partidos y eliminación de la potestad para determinar quiénes serán consejeros y magistrados electorales, reducción de senadores, diputados federales y locales, regidores, significa un duro golpe a la partidocracia. He aquí otra causa por la cual la reforma constitucional tiene una muerte anunciada.
¿Por qué entonces el presidente y el gobierno de la 4T se lanzan a una empresa que tiene todo en contra? En primer lugar, porque como el propio Andrés Manuel lo dijo en el momento de ser anunciada la iniciativa presidencial: esta reforma política es la lógica continuidad de la lucha democrática que la izquierda ha tenido en México desde hace varias décadas. En segundo lugar, porque por la anterior razón hubiese sido una incoherencia no haberlo hecho, teniendo la oportunidad de hacerlo por estar gobernando. Finalmente, porque al enviar la iniciativa de reforma constitucional electoral, López Obrador coloca a la oposición contra las cuerdas. Si la aprueba, les otorga una victoria al Presidente y al gobierno y se mete un tiro en el pie. Si no la aprueba, a la imagen de traidores a la patria que hoy tiene, se unirá la de traidores a la democracia. Ahí está el dilema de la izquierda y la derecha. Entonces, ¿quién gana y quien pierde?
En los próximos tiempos, como sucedió con la reforma eléctrica, la discusión de la reforma política electoral tendrá un enorme valor pedagógico para el pueblo mexicano. El debate que suscitará tendrá un efecto politizador en la ciudadanía. Tendremos la oportunidad de aquilatar las bondades de la propuesta presidencial, así como sus inconvenientes (Por ejemplo, ¿qué efectos tendría votar por listas partidarias y no por individuos?). En todo caso, estamos ante la oportunidad de que cada quien muestre cuán leal es o no es con respecto a la democracia. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos Mañana”…