Mazatlán volvió a ser noticia nacional. Y no precisamente por sus playas, su gastronomía o su extraordinaria belleza, sino por dos acontecimientos que exhiben problemas de seguridad y de infraestructura que no pueden seguir ignorándose.
En el penal de El Castillo, una sangrienta confrontación dejó diez muertos, entre ellos nueve reclusos y un niño de apenas dos años que se encontraba de visita. Otros 16 internos resultaron heridos.
La autoridad le llamó una riña. ¿Riña es igual a un enfrentamiento con armas de grueso calibre? No cabe duda: hay sustantivos utilizados para tratar de diluir la realidad.
Se detonaron potentes armas de fuego, muertos y heridos dentro de un penal que obliga a preguntar algo elemental: ¿quién controla realmente las cárceles de Sinaloa? ¿El gobierno o el crimen?
¿Cómo ingresaron las armas? ¿Quién permitió que circularan entre los internos? ¿Dónde estaban los controles de seguridad? Nada de eso se ha explicado oficialmente. Incluso, versiones de familiares de internos hablan que un grupo de civiles tumbó la puerta principal con vehículos blindados, por donde huyeron varios presos
Se supone que una cárcel no es territorio sin ley. Que debiera ser un establecimiento bajo la responsabilidad directa del Estado. Se supone. ¿Lo es?
Y mientras dentro del penal corría la sangre, en el malecón de Mazatlán el mar seguía cobrando factura. Ayer jueves colapsaron otros 70 metros de su estructura. Y son varios los hundimientos registrados desde junio en el principal atractivo turístico del puerto, el paseo costero más largo del mundo.
Las autoridades responsabilizan al fuerte oleaje. Y ciertamente el mar ha golpeado con extraordinaria fuerza porque, igualmente, el cambio climático y los ajustes en las placas de la tierra han modificado las mareas.
Pero hay una interrogante que no puede evadirse.
¿Hasta qué punto la remodelación realizada durante el gobierno de Quirino Ordaz, que modificó la estructura original para ganar espacio a la ciclovía, debilitó las defensas del malecón frente al oleaje? Es pregunta fundamental.
Ingenieros, arquitectos y especialistas han advertido la necesidad de revisar esas modificaciones. Y Ahora las propias autoridades anuncian la construcción de rampas para ahogar la fuerza de las olas. Qué bueno, si es ese realmente el problema.
¿No era precisamente esa una de las funciones de las antiguas estructuras de protección?
Por supuesto que la respuesta exige estudios técnicos, no explicaciones improvisadas ni salidas coyunturales ni reparaciones que vuelvan a venirse abajo con la siguiente marejada. Dinero echado al mar o al bolsillo de los interesados.
Lo del CERESO y el malecón son dos desgracias de naturaleza distinta, pero con una coincidencia central: en ambas está de por medio la obligación del gobierno de prevenir, actuar de inmediato, proteger y responder.
En el penal se perdieron vidas humanas. En el malecón se deteriora un patrimonio natural que representa belleza, identidad, actividad turística y sustento económico para miles de familias mazatlecas.
Es cierto, una tragedia no puede compararse con la otra, pero ambas merecen respuestas y responsabilidades claramente establecidas en la ley.
En el CERESO hubo muertos y heridos y la justicia debe imponerse. No el ocultamiento de la realidad.
Mazatlán necesita urgentemente recuperar la paz y proteger su infraestructura turística.
Claro que al mar no se le puede ordenar que deje de devorar al malecón, pero a las autoridades sí se les puede exigir que hagan su trabajo. Y bien.
Ya veremos.
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