Más soldados, menos resultados

Desde hace poco más de dos meses, Mazatlán ha sido prácticamente tomado por las fuerzas federales. Hasta hoy se habla de diez mil elementos entre integrantes del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la corporación encabezada por Omar García Harfuch. Y, a pesar de ello, la violencia no solo continúa, sino que se ha incrementado.

Por eso, una pregunta resulta ineludible: ¿para qué nos ha servido tanto Ejército en las calles si las ejecuciones están a la orden del día y la ciudad se ha convertido en un campo de batalla?

La mayoría de los ataques violentos suceden a la luz del día y en lugares públicos. Incluso en el Palacio Municipal, donde ayer dejaron una cabeza humana. Y no pasa nada, porque tampoco se sabe que se haya identificado a alguien mediante las cámaras de videovigilancia, sobre todo porque es muy probable que ni siquiera existan, aunque en el presupuesto aparezcan como adquiridas.

Alguien podría decir que, sin la presencia de las fuerzas federales, habría más muertes violentas. Pero eso suena a una justificación imposible de medir, porque se trata de una condición inexistente. Lo verdaderamente dramático y real es que, por más soldados que envíen a Sinaloa y al puerto, la violencia continúa imparable.

Mazatlán es una ciudad vigilada por miles de militares, pero, paradójicamente, el activismo del crimen no se detiene y se desarrolla justamente en los espacios donde el patrullaje está presente día y noche.

Son, por cierto, fuerzas armadas que no buscan ni atacan a quienes se supone que deben combatir. Sus operaciones se reducen, principalmente, a instalar retenes que los delincuentes evitan porque ya aprendieron a eludirlos.

Lo que ahora observan miles de ciudadanos en Sinaloa, principalmente en Culiacán y Mazatlán, es una movilización masiva de fuerzas del orden que no se corresponde con los resultados que deberían obtenerse, porque los indicadores de la realidad violenta no disminuyen; por el contrario, cada vez aumentan.

Fuentes militares manifiestan que la inconformidad dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo entre los mandos intermedios, crece cada vez más. Hay una razón: reciben órdenes de limitar su actuación y evitar confrontaciones o detenciones cuando intentan enfrentar las operaciones del crimen organizado.

Para ellos no hay duda de que la política de “Abrazos, no balazos”, de Andrés Manuel López Obrador, se sigue aplicando, aunque disfrazada mediante detenciones de operadores menores, cuyos expedientes se desconocen y de quienes tampoco se sabe si permanecen en prisión o fueron liberados.

Pero, además, a pesar de que la Inteligencia Militar tiene detectada la actividad de algunos políticos vinculados con el crimen, no solo no se actúa contra ellos, sino que se les protege.

De nuevo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anuncia la llegada de los titulares de las distintas secretarías de las Fuerzas Armadas para supervisar el avance de los operativos. Y uno se pregunta: ¿de qué se trata? ¿Vienen a decirnos, con sus estadísticas en la mano, que todo va bien; que la presidenta Claudia Sheinbaum está muy preocupada por nosotros y que nunca nos va a abandonar?

La verdad es que pasan los meses y el drama continúa. Y la única conclusión a la que se puede llegar es que el Estado mexicano, con todo su poder, no puede imponer su fuerza o, peor aún, forma parte del problema.

Sí, es una conclusión tajante, porque no puede llegarse a otra. Una conclusión que no le busca chichis a las culebras. Punto.

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