La pesca es en parte negocio del crimen organizado, con algunas cooperativas pesqueras que sirven de tapaderas y con autoridades que lo saben pero son cómplices por acción o por omisión.
Enfaticemos la parcialidad señalada, porque todos sabemos que hay cooperativas y pescadores que se parten la vida para sacar honestamente de esta actividad el sustento para sus familias.
Cada cosa en su lugar, en apego a la verdad y a la justicia.
Tomamos este tema para nuestro Altoparlante de hoy ante el asesinato de un pescador que por capturar camarón con tarraya fue golpeado brutalmente por la “vigilancia pesquera”, hasta morir.
Crimen sucedido en el campo de El Castillo, en Navolato.
Ponemos comillas porque se supone que la vigilancia es por el gobierno a través de la CONAPESCA, pero la realidad es que en esa comunidad pesquera y en algunas otras los vigilantes son criminales que operan en el doble negocio de la pesca y el narcotráfico.
Los narcos ganan mucho dinero con sus lanchas y equipos, algunas rentadas a pescadores honestos y otras utilizadas para el contrabando de drogas.
Las autoridades lo saben, pero no hacen nada.
O son socios con tajada, o son cobardes que prefieren cobrar sus jugosos sueldos sin cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.
La pregunta inevitable es si habrá una investigación real y el castigo a los responsables del asesinato del pescador Ignacio Flores Zazueta.
Porque bien sabemos que salvo algunos casos para taparle el ojo al macho, a los criminales se les cuida y protege.
La familia del pescador asesinado fue amenazada por los criminales, buscando silenciar el hecho.
¿Y el gobierno?
Bien, gracias.
Punto que debe considerarse es el uso de la tarraya para la captura de camarón, que fue muchos años la práctica de todos pero ahora está prohibido por la reglamentación.
Un contrasentido, cuando para la pesca del crustáceo se usa purina.
A ver si alguien se anima a revisar y potencialmente corregir.
Pendientes.
LO QUE QUIEREN ES IMPUNIDAD
Tras el fracaso en la primera ronda, el gobierno cambia la estrategia y va por el convencimiento de los senadores opositores para la tramposa prolongación del Ejercito en nuestras calles.
El secretario de Gobernación Adán Augusto López pasó de las amenazas y promesas de oxxos, a los abrazos y besos.
Calificamos a esa prolongación como tramposa, porque ninguna necesidad hay de reformar la constitución para que los militares continúen en nuestras calles.
Es una mentira total que sin esa reforma las fuerzas armadas tendrían que irse a los cuarteles.
Los militares y marinos pueden estar hoy, mañana y siempre en nuestras calles a solicitud de los gobiernos civiles.
¿Y por qué entonces la cantaleta oficial en sentido contrario?
Ahí está el detalle, dijera Cantinflas.
Ni modo de confesar la verdad.
Los altos mandos del Ejército y de la Marina exigen un marco legal diferente para eludir el castigo por las ilegalidades cometidas en sus labores de seguridad pública.
Su argumento es real pero también de risa loca.
Alegan que no están capacitados para ello, y que es injusto que los castiguen por trabajar en algo que no es lo suyo.
En conclusión, la reforma legal que se pretende es para darles impunidad.
Como si no la tuvieran ya.
El pronóstico es que se llegará a una reforma llena de simulaciones y atoles.
Ya lo verán.
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