Para acabar con los simuladores en el poder, se convirtieron en simuladores desde el poder. Para acabar con los demagogos y los corruptos, se transformaron en lo mismo… Falta saber cómo responderán cuando el juicio de la historia los cuestione y les pregunte, … Para acabar con los criminales y los terroristas de la delincuencia organizada… ¿En qué se convirtieron?
Pero lo primero que han violentado estas autoridades emanadas de este burdo experimento llamado ‘4T’, es el concepto de la legalidad.
La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.
Estos nuevos “padres de la patria”, de los cuales solo unos cuantos estudiaron a nivel profesional como es debido, aprendieron mal o ni siquieran conocen , ni por adoctrinamiento desde sus partidos, el gran abismo, la notable evolución del concepto de soberanía y poder, a partir de los análisis de Thomas Hobbes, en su ‘Leviatán’ y de Jean Jacques Rousseau, en su ‘Contrato Social’; ambos pioneros en estas conceptualizaciones:
Para Rousseau:
El soberano poder…es el que dimana el pueblo. Aquí el soberano es el pueblo, que emerge del pacto social y como cuerpo decreta la voluntad general manifestada en la ley.
Y en sentido opuesto, para Hobbes:
El Poder soberano es el que tiene derecho a disponer de la vida de los súbditos. Es así en sus orígenes remotos y sigue siendo así en esencia en las formas más evolucionadas de la soberanía, que rige o venía rigiendo hasta ahora en los límites acotados de un territorio.
No es lo mismo, como se vé, soberano poder, que Poder soberano… uno dimana del pueblo, de los representados; el otro emana de los representantes del pueblo; en teoría estos últimos sólo administran ese poder conferido; aunque en realidad, sabemos cómo termina empleándose ese poder confiado por el auténtico soberano, que es el conglomerado social.
Y es que en las democracias, teóricamente la soberanía reside en el pueblo que mediante elecciones, elige a sus representantes para que defienda sus intereses. El problema es que, hoy día, los intereses no son definibles ó determinantes. Tienen una relación directa con la inseguridad e inversa con la justicia. Desde esta perspectiva, los gobernantes, en el nombre del soberano pueden relativizar la justicia como cuando cometen atrocidades como esta declaratoria absurda de ‘Seguridad Nacional’… o como cuando, precisamente de lo que se quejaron siempre los que ahora son autoridad, en el pasado reciente, se cometían asesinatos en el nombre de la seguridad, por ejemplo.
Ciertamente la democracia representativa entró desde hace décadas en una especie de crisis, dada su tendencia mediatizadora, lo cual hay que adecuar y corregir, ciertamente, pero es lo más eficiente que conocemos… lo más cercano a la funcionalidad.
Algunas voces trasnochadas, han inventado adecuaciones de reciente cuño, adaptadas al capricho populista, sobre el concepto democracia, a la que han pospuesto el apellido “participativa”… ‘democracia participativa’.
Lo cual no es otra cosa más que un truco para armar ese ‘camuflaje’ a la democracia en países como México, donde un gobierno populista, ineficaz e irresponsable, nos lleva por el camino franco hacia la distopía menos deseada.
La interpretación “torcida” del concepto Seguridad Nacional
El artículo 262 de la Ley de Amparo señala que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: Fracción V (que es la que aplica en este caso):
“Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo”.
Así entonces, mientras el Juez no levante la suspensión, nadie podrá en este caso continuar ningún trabajo de obra.
El artículo 3ro. de la Ley de Seguridad Nacional, dice que por ese concepto se entiende al conjunto de acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
Son esos… y sólo esos casos, los que se consideran por la ley temas involucrados con la Seguridad Nacional… en el listado no aparecen ni por asomo o interpretación vaga, ni la construcción de un ferrocarril, ni acciones con fines turísticos, ni ofrecer directamente trabajo a la gente; en tal virtud, se está cometiendo un delito.
Es plenamente procedente por tanto, el Amparo Constitucional en la materia para nulificar tal disposición presidencial en forma de decreto, de declarar asunto “Seguridad Nacional”, la continuación de las obras el Tren Maya.
Y la más puntual argumentación -no solo la más sublime-, sería el simple hecho de que el decreto del Ejecutivo incurre en exceso de ejecución, por vulnerar los Derechos Humanos de los pueblos originarios, al ser estos posesionarios y usufructuarios de los terrenos por donde atraviesan las obras.
Según el artículo 2o. constitucional, la Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Sin invocar la vinculación a los artículos 27 y 39 que también son tocados tangencialmente. Porque es a los pueblos originarios a quien se debe proteger y a sus costumbres milenarias, de este acto de autoridad que entraña por sí mismo un terrible agravio a las tierras, las formas de organización social, las costumbres y la cultura misma de nuestros pueblos originarios, a quienes el paso de la maquinaria está -como se comprueba casi a diario- causando perjuicios incalculables a sus ecosistemas y a su riqueza cultural también ahí enterrada.
La oclocracia mexicana
Por mucho, lo que pasa en México no es la dictadura del proletariado… sino una auténtica oclocracia, que no es otra cosa más que la dictadura de los ‘peores’ de la sociedad: los que nunca trabajaron, los que nunca se esforzaron, los que siempre se quejaron y hallaron pretextos, los que no saben lo que es cumplir con un horario y un catálogo de responsabilidades, en una oficina, en un empleo formal, bajo una relación subordinada legal; los que nunca conocieron la realidad del mundo actual, porque no saben inglés… aunque tampoco español, que es el idioma oficial reglamentario de nuestro país; los que se quedaron atrapados en el pasado.
Esos son los que gobiernan ahora en México, que han “hecho montón” con el sedimento de las izquierdas clandestinas de hace algunas décadas, que de ser las regenteadoras de las universidades públicas, brincaron a las ligas mayores del poder en el país, el poder verdadero y se han aliado ni más ni menos que con el narcotráfico y con los políticos oportunistas como oficiosos del PRI corporativo-hegemónico, que están dispuestos “a todo” con tal de conservar el poder en el 2024.
Dios nos libre a los mexicanos de esta plaga pronto… y de una tragedia mayor.
¿Qué habremos hecho para merecer esta porquería de gobierno?
¿Qué acaso no son las mismas acciones perversas, aunque con iguales… o peores… protagonistas?
Valdría la pena preguntarse entonces… ¿A qué punto llegamos o regresamos de la historia?
Al régimen de partido hegemónico que centralizaba con pasmosa ineficiencia las decisiones administrativas y de gobernanza en un solo puesto de decisión, riendiéndole un culto excesivo e incondicional a su personalidad y a sus desplantes?
¿O habríamos llegado al por nadie deseado destino de la dictadura del proletariado, aunque con una democracia camuflada?.
El tiempo lo dirá.
Por lo pronto, también necesitamos reflexionar como sociedad, ¿Qué será lo que veremos en los próximos meses de parte del Gobierno de la 4 T?
Lo anticipa el suscrito:
Que el Gobierno se va a meter “hasta la cocina” en las campañas electorales; que va a elegir directamente a sus candidatos sin mediar una instancia democráticamente establecida, como el propio partido que lo postuló; que va a hacer campaña deliberada desde la ‘conferencia mañanera’ por los candidatos de su partido, Morena; que hará giras para respaldar sus campañas; que va a usar los órganos de inteligencia del Estado para espiar a sus opositores políticos; que va a usar los órganos de procuración de justicia para perseguir a sus opositores; que va a mandar a operar a todos los integrantes de sus gabinetes legal y ampliado y a prominentes miembros de la burocracia surgidos de su partido a encabezar mítines con los más pobres de este país, a favor de los candidatos de su partido, bajo cualquier pretexto o aviso burocrático menor, chantajeándolos bajo la mezquina mentira de que “si no se vota por Morena les serán retirados los apoyos por los próximos gobiernos que lleguen”; que va a mandar a todos sus gobernadores a meterse a controlar las elecciones de sus estados a favor de los candidatos de Morena y hasta a influir en otros estados; que va a amenazar y cooptar a los gobernadores de otros partidos para que se pasen a su partido; que va a aprovecharse de su fondo interminable de fondos -algunos públicos, legales- y otros de oscuros orígenes; que por lo pronto serán cerca de 2 mil millones de pesos, sin considerar los cerca de 500 mil millones de pesos de los programas sociales que por supuesto va a usar a su favor, dispersando discriminatoriamente esos ‘apoyos’ entre los beneficiarios y a la vez, electores; más lo proveniente de ese “delito” que no se combate, llamado “huachicol”, más la operación y la gran bolsa de recursos provenientes del narcotráfico, como se especula por numerosos analistas… el caso es que, quien fue el principal quejumbroso “por la ausencia de democracia en el país”, hoy, muy probablemente sea, el principal delincuente electoral de este país, al frente del Gobierno Federal mexicano y su “Democracia Camuflada”.
Por lo pronto, para el caso de la declaratoria de asunto de “Seguridad Nacional”, los mexicanos necesitamos explicaciones.
Demandamos que sean citados los funcionarios involucrados en esta aberración jurídica, por la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión la que, por cierto no es de mayoría morenista.
Porque en este país las autoridades están sujetas a revisión por el Poder Judicial… y no al revés.
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