La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles”. Frase de Fiódor Dostoyevski.
¿Qué es hacer justicia? Bueno que se atienda a la víctima de un delito y se castigue a quien lo cometió.
¿Qué es hacer justicia? Que una persona que no tenga una casa digna dónde vivir, pueda tener una por ejemplo.
¿Pero puede haber justicia e ilegalidad al mismo tiempo? Desde luego que si. No siempre la justicia va tomada de la mano de la legalidad.
¿Una persona que renta una casa a otra persona que evidentemente tiene dos, puede quedarse con ella? Evidentemente es justo que la persona que no tiene casa tenga una, pero es ilegal que tome la que es de otro.
¿A quien le compete hacer justicia desde la mano de la legalidad? Ese es el Poder Judicial.
¿A quien le compete hacer justicia desde el ámbito social? Bueno, esa es responsabilidad del gobierno, darle las facilidades para que esa persona que no tiene una casa tenga una propia.
Pero justicia no es quitarle al que con esfuerzo compró una segunda pensando en un patrimonio futuro para sus hijos y dársela alguien que no la tiene.
Eso se llama abuso y es ilegal.
De acuerdo al diccionario la palabra justicia tiene cuando menos 3 significados.
La primera dice que la justicia es un «Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece»; también viene definida en segundo lugar como «Derecho, razón, equidad»; la tercera acepción es «Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene»
En pocas palabras, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde.
Ahora…¿que es la legalidad?
La legalidad es el valor que nos permite, tanto a la población en general como a gobernantes, vivir en un clima de justicia y bajo el imperio de la ley, observando en todo momento los derechos humanos y velando por la dignidad de todos y todas.
En pocas palabras es la aplicación de la ley y punto.
Al Poder Judicial le compete la aplicación de la ley y al Poder Ejecutivo la búsqueda de la justicia social, pero dentro de los márgenes de la legalidad y no violándola.
Precisamente para evitar la injusticia en nombre de la justicia, es que existen las leyes y en función de estas, el Poder Judicial define quien de las partes tiene la razón legal. La justicia social le compete al Gobierno procurarla y alcanzarla.
Explicado esto vale la pena analizar la narrativa oficial en torno a la pretendida reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
1.-El primer punto que señalan es la supuesta corrupción que existe en el Poder Judicial, la opulencia y vida de privilegios que se otorgan los magistrados y jueces. Que si traen una camionetota, que si se pagan seguros de gastos médicos privados y si tienen unos súper sueldos que ni el presidente Andrés Manuel gana. Y aquí cabe una pregunta. ¿Y si los magistrados ganan menos, ya no traen carros de lujo y van al IMSS a atenderse, ya con eso se acaba la impunidad.
En pocas palabras, en la narrativa oficial poco o nada se aborda del principal punto de interés que debería tratarse. Qué y cómo debe hacerse para que los que infrinjan la ley, sean castigados conforme a las sanciones que la mismo ley establece. En pocas palabras, combatir la impunidad pues.
Pero de paso, se debe de hablar y proponer que hará el Poder Ejecutivo o Gobierno, de quién dependen las policías que no previenen la incidencia delictiva, las policías que deben investigar los delitos que ya se cometieron, los MP quienes solo investigan el 8 por ciento de los delitos denunciados, y las Fiscalías que de los 8 carpetas que solo turnan a un juez, 6 de ellas van deficientes y la aplicación de la posible sanción al imputado se cae.
Nada de eso se está hablando en los foros.
2.-¿De qué otra cosa se habla en las foros? Bueno se habla de que no se ocupa tener doctorado en derecho para saber lo que es justo y que no. Que eso es de sentido común. Ingasu, o sea que por sentido común los próximos jueces juzgarán quién es culpable y quien no de un probable delito cometido o a quien le asiste la razón de la justicia.
Si esto ya se aplicara en México, todos los funcionarios de la UAS acusados por el gobierno ya estuvieran en la cárcel y la Ley de Educación Superior que se cayó por inconstitucional ya se estuviera aplicando. ¿O no?
Carlos Loret y Brozo y todos los periodistas críticos ya estuvieran en la cárcel también.
Los productores agrícolas quienes en defensa de su actividad toman casetas o bloquean carreteras o todo aquel que vea feo al gobernante, ya estuvieran presos.
3.-Lo otro que se escucha, es la imperante necesidad de democratizar al Poder Judicial para que los jueces y magistrados sean electos por el voto popular. ¿Y con esto se acabará la impunidad eligiendo jueces y magistrados que sean populares, pero neófitos en la materia o que sean impuestos por el crimen organizado? Uff se antoja que no.
4.-Pero lo que más se escucha es todo lo que abone al desprestigio de la imagen de la Ministra Norma Piña, de los magistrados y jueces que se oponen a la reforma.
Lo cierto es que el punto toral que es procurar acabar con la impunidad, no se toca.
Andrés Manuel sigue el librito del Foro de Sao Pablo para la instalación de una dictadura tal como ya se alcanzó en otros países de América Latina, pero sabe que quitarse en último obstáculo que le queda como es El Poder Judicial, no lo puede hacer desapareciéndolo por lo que optó por la ruta de tomar su control o haciéndolo inoperante.
México tiene que dejar de ser un país de leyes de observancia general para todos, incluyendo a los gobernantes y debe transformarse en un país donde la única ley que se aplique es la voluntad que dicte el gobernante.
Andrés Manuel ya está a punto de lograrlo.
Por lo pronto, los foros continúan y la narrativa oficial se impone. Del combate a la impunidad y la correcta aplicación de la ley, nada.
Justicia no siempre significa legalidad.
Habrá que estar pendientes.
PASO A PASITO.-Y lo dijimos antier. Para el pleito entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la UAS hay tiempo de sobra.
Ayer el nuevo capítulo fue un duelo de cartas. El rector encargado del despacho Robespierre Lizárraga envió una carta pública al gober Rubén Rocha pidiéndole retomar el diálogo y buscar la reconciliación entre las partes.
Para luego es tarde, el gober Rocha le contestó de la misma manera. A través de otra carta pública. Le dejó en claro que con él nada tiene que arreglar. Si tiene asuntos pendientes que los arregle en el Congreso, en la Fiscalía o en los juzgados, pero no con el.
En pocas palabras los bateó y los mandó a freír espárragos.
No hay pa cuando.
OTRO PASITO.- ¿Y el cambiadero en el gabinete pues?
Ya se habla que Sergio Mario Arredondo va a la SEP. Jesús Valdés a la Secretaría de Agricultura, Gloria Imelda Félix a la Secretaría de las Mujeres, Conny Zazueta a la dirección del DIF y a Turismo Celia Jauregui.
Quien anda desesperado y hasta molesto, dicen, es Feliciano Castro porque según cuenta a sus amigos que el gober le prometió la Secretaría General a partir del 2 de junio y no le cumplió de momento. Enrique Inzunza regresó al cargo.
Hay quienes dicen que en el reacomodo de fuerzas, Feliciano Castro jugaría con Imelda Castro la sucesión y no con Enrique Inzunza de ahí que se le pueda caer la posibilidad de llegar a la Secretaría General.
Además, Enrique Inzunza aún deshoja la Margarita de si se va al Senado o se queda como Secretario General de Gobierno.
¿Cuánto vale el Gobierno de Sinaloa? Desde luego mucho, pero mucho más que una Senaduría.
Y todavía hay una pregunta viendo el perfil de los posibles nuevos funcionarios. ¿Y si ganó Morena y la izquierda?
Hay que ver si lo ponen o ya le pusieron peros en palacio nacional a dicha lista.
PASITO CHÉVERE.-
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