La declaración patrimonial de Enrique Inzunza Cázarez al inicio de su responsabilidad como Secretario General de Gobierno de Sinaloa nos revela el descaro de alguien que como presidente del Supremo Tribunal de Justicia se asignó un salario mensual neto de 135 mil 639 pesos, violentando los límites establecidos en las constituciones federal y estatal.
Sólo dos sopas hay para poder entender esta ilegalidad y abuso de poder: Inzunza Cázarez no conoce nuestras constituciones o le vale un cacahuate lo que en ellas se señala, y cualquiera de las dos resulta gravísima por tratarse de quien fue titular del poder judicial de Sinaloa.
No es asunto que por desgracia nos pueda sorprender, porque este remedo de servidor público ha pisoteado reiteradamente y con impunidad nuestras leyes para beneficio personal, de su familia y de sus amores, con escándalos que han sido públicos e incluso llegaron hasta los tribunales.
Reiteremos que esta violación a nuestras constituciones es reconocida formalmente por el propio Enrique Inzunza en su declaración patrimonial, al informar en ella que durante el año 2020 tuvo ingresos netos, ya descontados los impuestos, por un millón 627 mil 668 pesos.
En su artículo 127, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la del presidente de la república, mientras que la constitución estatal, en su artículo 145, añade a lo anterior que ningún servidor público estatal puede tener un salario mayor al del gobernador de Sinaloa.
En ambas constituciones se deja muy en claro que la remuneración es toda percepción en efectivo o en especie que de manera directa o indirecta se suma al ingreso, incluyendo dietas o salarios, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, compensaciones, vehículo y su mantenimiento, gastos médicos mayores, celular y cualquier otra.
En la plataforma nacional de transparencia, vemos que durante el año 2020 el salario mensual neto para el presidente Andrés Manuel López Obrador fue de 111 mil 865 mil pesos, mientras que el del entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel fue de 64 mil 610.02 pesos.
Así entonces, el Secretario General de Gobierno de Sinaloa cobró un salario ilegal y le robó al erario público, o lo que es lo mismo al pueblo de Sinaloa.
En esa declaración se informa que Enrique Inzunza tiene dos ingresos mensuales, el de su cargo actual por 40 mil 420 pesos, y su jubilación del poder judicial, 112 mil 099 pesos, en ambos casos ya con impuestos descontados.
Con el detalle de que no tiene casa, ni terrenos ni carros a su nombre, y los criminosos dirán que a don Enrique no le alcanza el dinero porque le salen muy caros los guachomas, pero tenemos que advertir, primero, que es casi imposible conocer esos gastos de clóset y, segundo, que no tener propiedades al nombre propio es práctica acostumbrada por quienes gustan esconder su riqueza.
EL AGENTE 041
Pues resulta que lo del acabar con el espionaje fue otra faramalla del narco gobierno encabezado por Rubén Rocha Moya.
Se “investiga”, se persigue y se acosa a políticos, empresarios, líderes sociales y periodistas.
A cargo de esta operación está el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, “El agente 041” experto en camuflajes capaz de aparecer como varón o dama, según la luna. Por supuesto, Rubén y Enrique negarán el espionaje; se tirarán al suelo y saldrán con sus otros datos, como en sus respectivas declaraciones patrimoniales, llenas de mentiras y de ilegalidades.
