Aunque parezca difícil de creer, en el gobierno de Sinaloa se justifica y defiende ser cómplices del narco como parte del poder político en la administración estatal y los ayuntamientos.
“No es novedad”, afirmó un alto funcionario de quien por razones obvias omitimos su identidad.
Por supuesto que no se acepta públicamente, pero cuando se hace necesario se deja muy en claro, con la palabra y con los hechos, que los narcos y sus representantes en el gobierno son intocables.
Aunque los fanáticos y los cómplices lo nieguen, para nadie es un secreto que el crimen organizado participó de manera muy activa en la pasada elección constitucional.
Operaron a favor de Morena y de sus candidatos, con ilegalidades impunes.
Pero una cosa es saber lo anterior y otra enterarnos de que la participación del narco en la política de Sinaloa se acepta y se defiende.
Sinceridad o cinismo, ya cada quién aplicará el adjetivo que mejor le parezca.
DILEMA DE ROCHA: DESAFUERO DE BENÍTEZ, O RIDÍCULO
El gobernador y Morena tienen un fuerte dilema en la decisión de desaforar al alcalde de Mazatlán o hacer nuevamente el ridículo.
Públicamente se han documentado manejos indebidos de cientos de millones de pesos por parte de Luis Guillermo Benítez Torres.
Compras no licitadas y dineros no comprobados, incluso con información de la Auditoría Superior de la Federación.
Por mucho menos que eso se destituyó a Jesús Estrada Ferreiro como presidente municipal de Culiacán.
Por eso la disyuntiva de someter a juicio político a otro alcalde morenista, o seguir solapando las raterías evidenciadas.
Rubén Rocha Moya tomará la decisión final.
Entrarían a esta disputa el secretario general de gobierno Enrique Inzunza en contra del Químico Benítez, y la dirigente estatal morenista Merary Villegas a favor de su aliado el alcalde.
MIENTRAS MÁS SE MUEVE, MÁS MIERDA
El PAN y el PRD suspendieron provisionalmente los trabajos de la alianza con el PRI.
En el tricolor salieron con los otros datos al asegurar que ningún peligro hay de que esta unidad se rompa.
Para matarnos de la risa la salida de la legisladora priísta usada por el dirigente nacional Alejandro Moreno para presentar la iniciativa a favor de la militarización.
Pidió que se consulte a los gobernadores si necesitan o no al Ejército, con la respuesta muy obvia porque la mayoría son de la putrefacción de cuarta.
La realidad es que Alito Moreno fue amenazado y se acobardó.
Por más que presuma valor y hasta el morirse en la raya, los hechos lo ubican como arrodillado ante la voluntad presidencial.
Es importante tener el apoyo de nuestras fuerzas armadas, pero son fundamentales la forma y el fondo.
Ya existen en nuestra constitución procedimientos para que los poderes civiles reciban el apoyo del Ejército y de la Marina.
Y está claro que son los gobernadores y los alcaldes los que en sus atribuciones legales tienen el poder y el control.
No al revés, como sucede.
Nuestros gobiernos son omisos por comodidad o por cobardía.
Ilegalmente, los tribunales militares resuelven los delitos cometidos por soldados contra civiles.
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