Desconfianza militar

Mazatlán no solo ocupa la intervención de las fuerzas federales para el combate a la delincuencia, sino también una valoración a fondo de la actuación de sus autoridades relacionadas con la seguridad pública municipal.
Si esto no ocurre, las fuerzas federales difícilmente alcanzarán, en el corto tiempo, el objetivo de pacificar el municipio y, por consecuencia, de reactivar la economía, sobre todo la vinculada con el turismo.
Desde que llegaron nuevas fuerzas militares al puerto, sus mandos solicitaron que las patrullas de la Policía Municipal se retiraran de las calles. Incluso, de acuerdo con fuentes de inteligencia militar, se rastrearon fichas de algunos mandos policiacos en la Plataforma México. ¿Habrá algo?

Efectivamente, desde hace una semana es notable la ausencia de patrullas municipales en las calles de Mazatlán. En cambio, los patrullajes del Ejército y la Marina se multiplicaron, al igual que los retenes instalados en toda la zona urbana y en los caminos de la zona rural.
¿Y por qué el repliegue de la Policía Municipal, solicitado por las fuerzas federales enviadas específicamente a resguardar Mazatlán? Porque, dentro del mapeo criminal realizado por la inteligencia militar, se habría detectado un patrullaje sospechoso. De ahí que el Ejército haya preferido actuar por su cuenta, no solo para evitar filtraciones, sino para hacer más efectiva su estrategia en el terreno.
Anteayer, luego del ataque a balazos contra el director de Protección Civil, Óscar Osuna, y tras cerrar agosto con 70 asesinatos en Mazatlán, los reporteros le preguntaron al secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, si pediría la renuncia del director de la Policía Municipal, Othoniel Barrón. Su respuesta fue tajante: no; ahí seguiría.
¿Las razones? No las dio. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿por qué, a pesar de las cifras de muertes violentas, se sostiene al responsable de la seguridad pública municipal? ¿Quién evalúa la eficiencia de un jefe policiaco?
Hace una semana también trascendió que el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, reunido con funcionarios de todos los niveles que forman parte de ese órgano, les informó que con la gobernadora interina, Graciela Domínguez, no habría cambios y que todos continuarían en sus puestos.
¿Cómo piensa entonces la gobernadora interina alcanzar la paz anunciada si, al final de cuentas, conducirá su gobierno con los mismos funcionarios que no han podido cumplir con la responsabilidad encomendada?

Por ejemplo, ¿qué hace y cuánto nos cuesta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa? Entre sus objetivos se encuentran “coordinar estrategias de seguridad pública, planificar, evaluar, supervisar, capacitar, equipar, certificar y trabajar en la prevención del delito y en programas estatales para coadyuvar a la paz social”. ¿La paz social?
¡Toma tu chupaleta! Sin serlo formalmente, estamos hablando de una especie de supersecretaría que, por sus funciones, tiene responsabilidad directa sobre lo que ocurre en el ámbito de la seguridad en Sinaloa y sobre la Policía Estatal y las policías municipales, empezando por Mazatlán, Culiacán y Ahome. Es decir, ¿las facultades de este organismo están por encima de la facultad constitucional de los municipios en materia de Seguridad Pública?
¿Significa esto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública tiene muy bien evaluado a los directores de Seguridad Pública de todos los municipios y que de sus criterios depende quien se va o se queda?
Por ejemplo, ¿tenía muy bien evaluado y supervisado a aquel director de Seguridad Pública de Escuinapa que posteriormente fue detenido por el Ejército y la Marina al frente de una célula criminal? Es una pregunta.
Ah, pero eso sí: son muy buenos para hablar de estrategias de seguridad y prevención del delito.
Y como esa es su función central, que no se extrañen que, por lo mismo, no pocos piensen que no tienen compromisos reales con la sociedad. La razón es sencilla: los esquemas con los que se conducen son los de siempre y ni por asomo corresponden a la brutal realidad que hoy padece Sinaloa.
Si hicieran correctamente su trabajo y existiera confianza en las corporaciones municipales, los militares no tendrían que evitar operar junto con las policías estatal y municipales. Y si las fuerzas federales han decidido actuar solas, se antoja una pregunta central: ¿qué saben los militares que el Secretariado Ejecutivo ignora o, en su caso, pudiera negarse a reconocer?

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