Aunque no faltarán los que lloren porque aquí digamos la verdad, es obligación y responsabilidad señalar que el secretario general de gobierno, Enrique Inzunza, es una basura del gobierno estatal.
Con la puntualización de que lo que ahí sobran son basuras humanas, y la reafirmación de que el camisa rosa es de los más “destacados”.
Son muchas sus ilegalidades y corrupciones, y no tiene llenadera.
A su paso como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, numerosas denuncias públicas que viven en la impunidad.
Les consiguió trabajo a muchos de sus familiares y hasta a sus guachomas.
Una auditoría encontró que se perdió gran cantidad de dinero del fondo de administración de justicia.
Manejo financiero lleno de opacidades que impiden conocer a dónde fueron a parar cientos de millones de pesos.
A través de este fondo, el pago de remuneraciones adicionales y especiales; servicios especiales de seguridad social; “otras” prestaciones sociales y económicas, y pago de estímulos a servidores públicos.
De acuerdo con un informe de la empresa auditora Integridad Patrimonial, en los años 2019 y 2020 estos servicios personales sumaron más de 52.6 millones de pesos.
Siendo presidente del STJ, Enrique Inzunza Cázarez se adjudicó grandes cantidades de dinero como sobresueldo.
Como demostramos en un previo Altoparlante, el camisa rosa cobra una muy jugosa jubilación, que obtuvo de manera ilegal.
Para cumplir con los requisitos, con la complicidad del gobierno estatal inventaron un trabajo que nunca realizó.
El currículum oficial de Inzunza en el Supremo Tribunal de Justicia dice “NINGUNA” experiencia laboral fuera del poder judicial del Estado de Sinaloa.
En el dictamen del Congreso del Estado mediante el cual se aprobó esa jubilación, se informa que “la constancia expedida por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos en la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, certifica que Enrique Inzunza Cázarez prestó sus servicios como asesor adscrito a la Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos de dicha secretaría durante el lapso de dos años”.
Currículum falso y a modo, para permitirle ese robo.
Aunque hace buen rato que demostramos esta ilegalidad, nadie hizo nada en el gobierno estatal, la cámara de diputados y el tribunal de justicia.
En los tres poderes se hicieron y se siguen haciendo tontos.
En su artículo 222, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala el deber de denunciar, y los más obligados son quienes están en el ejercicio de funciones públicas.
Pero ya sabemos que en Sinaloa y en el país la justicia está vendida a favor del poder.
La reafirmación de que si alguien de Morena roba… no es robo.
Al año 2021, tomando en cuenta la declaración patrimonial del susodicho, el cobro mensual de esa jubilación era por 112 mil 99 pesos.
Mucha polvareda levantó también al interior de ese poder el hecho de que don Enrique consiguiera ahí el cargo de magistrada para su esposa.
El tribunal sigue siendo un negocio de la familia Inzunza y de su esposa, y lo mismo vemos en el poder ejecutivo.
Junto con el secretario general de gobierno, varios de sus hermanos y muchos parientes más tienen puestos relevantes con cargo al erario público.
El camisa rosa controla organismos “autónomos”, donde incrustó familiares y recomendados.
Recordemos la denuncia penal que por el delito de acoso sexual interpuso en su contra la jueza mazatleca Ana Karina Aragón Cutiño.
Y la persecución que Inzunza encabeza en contra de esta jueza.
Un claro ejemplo de sus abusos de poder, que son muchos.
Es el supuesto “cerebro” legal en el Gobierno de Sinaloa, que en los hechos ha demostrado ser un inservible de primera categoría.
Durante la conferencia semanera a la que acudimos lo señalamos en su cara como un titiritero, con el gobernador Rocha Moya asegurando que es un funcionario muy honesto.
Los otros datos, que se contradicen contra la verdad.
Enrique Inzunza es una basura, un rufián, un ladrón, un traficante de influencias.
Lo demostramos hoy una vez más, con documentos del mismo gobierno.
En estas manos estamos.
Sin remedio, por lo rata que es y porque todas sus fechorías terminan impunes gracias a las complicidades de la transformación de cuarta.
CONSIGUIÓ FELICIANO SU CHIVO EXPIATORIO
Para matarnos de la risa la “investigación” sobre el robo de cheques con que la fiscalía de justicia pretende servir al Congreso de Sinaloa.
Manuel G., a quien se acredita como jefe de oficina en Recursos Humanos de la cámara local, quedó vinculado a proceso como presunto responsable del delito.
Que él se robó los cheques, y que pidió a varios amigos externos que los cobraran en el banco.
Según la información dada por la fiscalía, Manuel está confeso y hasta dio los nombres de sus cómplices.
Nadie más del poder legislativo aparece como involucrado.
El presunto responsable se llevó los cheques, burlando al demás personal y a todos los controles, sin que nadie más se diera cuenta.
¡Quema mucho el sol!
Llevará el proceso en libertad, y tendrá muchas otras recompensas por acceder a ser el chivo expiatorio de Feliciano Castro Meléndrez, el corruptísimo -y puede que asesino- diputado morenista.
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