= Parece imposible el aval del bloque anti-AMLO
= Reforma constitucional; requiere mayoría calificada
= Puntos buenos en el proyecto; sin embargo…
= Reducir numero de senadores y diputados, entre otros.
= Semana crucial en el futuro político de Jesús Estrada
Jorge Luis Telles Salazar
Aunque de antemano se sabe que no va a pasar, hay que admitir la existencia de algunos puntos buenos en la iniciativa remitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo, para crear en México lo que sería una nueva ley electoral, la cual sustituiría, en sus aspectos sustantivos al Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales; el famoso COFIPE.
Esta iniciativa ha sido enviada a la cámara de diputados del Congreso de la Unión, cuando todavía no transcurrían dos semanas del descalabro de la pretendida ley energética, tras no obtener el número de votos necesarios para su aprobación. Tuvo mayoría, de acuerdo; pero requería de mayoría calificada, equivalente al voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes.
Y si, desde un principio, se supo que esa ley estaba sentenciada a muerte, en ésta última, no existe, ni tan siquiera la menor de las dudas: no pasará.
Obviamente esto lo sabe el presidente, en tanto el ciudadano mejor informado de nuestro país; pero aún así sitúa en el Legislativo a la nueva ley electoral, con un propósito que se revela con mayor claridad día con día.
¿Por qué correr el riesgo de un segundo descalabro consecutivo? Y en el mismo sentido: ¿por qué la pretensión de mantener al país en un estado de permanente polarización?
La teoría más aceptada, la que unifica los criterios de los principales analistas políticos de la nación, es precisamente esa: el deseo de contar con un nuevo argumento para exhibir a los diputados del bloque opositor en la intención de reiterarles el calificativo de “traidores a la patria” al negar su voto a una nueva ley electoral que ubicaría a México justo “en el nivel de las democracias más avanzadas del mundo entero”.
Para este año, ya para el mes entrante, habrá elecciones gubernamentales en seis estados del país y tres más en 2023, entre ellas la del Estado de México. Todo esto, antes del proceso de 2024, en el cual el gran reto del presidente López Obrador es mantener a MoReNa en la presidencia de la República y conservar, de paso, el control de las dos cámaras del Poder Legislativo.
En la actualidad, MoReNa tiene de su lado las preferencias electorales en cuatro de los seis estados que renovarán gubernatura en unas cuantas semanas; sin embargo, no puede negarse la aparición de luces amarillas que comienzan a causar inquietud y preocupación al interior del partido dominante. Una de ellas, precisamente, lo fue la no aprobación de la reforma energética; la otra, la pobre participación en la consulta popular para la revocación del mandato presidencial, que ya obligó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a declarar inválido el proceso en mención.
Bajo esta circunstancia es que el presidente López Obrador, verdadero líder del partido mayoritario, intenta, con esto, mantener vivo el clima de linchamiento en contra de todos los opositores, como una clara estrategia de campaña rumbo a las elecciones del 2024, para las cuales, por lo que se ve, ya tiene tres corcholatas bien definidas: Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard Casaubón.
A seguir entonces con calificativos y denostaciones en contra de todos aquellos cuyos pensamientos no coincidan con los de la Cuarta Transformación, que al fin y al cabo por argumentos no quedará. El rechazo a la ley electoral será un excelente pretexto para ello.
Digo.
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Y bien.
A juicio particular de este columnista, los puntos torales de la ley electoral federal que pretende el presidente López Obrador, serían -no precisamente por orden de importancia- los siguientes:
01.- Reducción de 500 a 300 el número de diputados federales y de 128 a 96 el de senadores; del mismo modo, tope máximo de 9 regidores en los ayuntamientos municipales.
02.- Nuevo método de elección. Ya no por distrito, en el caso de los diputados federales, ni de por Estado en el de los senadores. Le llaman representación pura, consistente en otorgar el número de curules, escaños y regidurías, en proporción al porcentaje de votos, con respecto al numero de posiciones a repartir. Ejemplo: si un partido determinado conquista el 40 por ciento de la votación total, para diputados, tendría derecho a 120 asientos. Difícilmente habría mayoría; pero si todos los partidos alcanzarían representación. Hasta los del 1 por ciento, inclusive, que lograrían 3 asientos en la cámara, para el periodo en puerta.
03.- Cambio de nombre. Se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en lugar de Instituto Nacional Electoral (INE).
04.- Desaparición de institutos electorales estatales y de tribunales electorales estatales.
05.- Elección de consejeros y magistrados mediante voto popular. Los candidatos los postularían los poderes de la Unión y el proceso tendría lugar el primer domingo de agosto.
06.- No mas financiamiento publico ordinario a partidos; se limitarían solo al del año electoral.
07.- Reducción de tiempos políticos en radio y televisión.
08.- Modificación a las excepciones constitucionales para la difusión de propaganda gubernamental en periodos electorales, de tal modo que se pueda difundir propaganda gubernamental relativa a servicios públicos y de carácter formativo, respecto, precisamente, al proceso electoral en marcha.
09.- Implementar el voto electrónico.
Y de paso, ya entrados en gastos:
10.- Reducción al 33 por ciento de participación ciudadana en las consultas populares para la revocación de mandato, a fin de que el resultado sea considerado como vinculante.
Hay más, obviamente, pero a juicio de quien esto escribe, se trata de los más relevantes. Quiero decir que, algunas, me parecen sencillamente improcedentes en las circunstancias actuales del país; pero hay otros de mi más abierta simpatía -opinión estrictamente personal, por supuesto – como lo son, por ejemplo: el cambio en el modelo de elecciones para diputados, senadores y regidores; la eliminación de los OPLES y la modificación o clarificación en el uso de los medios de comunicación por parte del gobierno y partidos en época electoral.
Insistimos: la iniciativa no pasará; pero, de cualquier manera, nos dejará el análisis y la discusión entre los principales actores políticos de la vida nacional -incluidos los líderes de opinión-, una vez que se abra la discusión a todo el país. Si esto ocurre por supuesto.
Ojalá.
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Ahora que.
¿Por qué no pasará la nueva iniciativa presidencial?
Sencillamente no será aprobada porque toda iniciativa que pretenda la reducción de espacios políticos está condenada al fracaso, al perjudicar los intereses de todos los partidos, incluso del que está hoy en el poder con todo y aliados. Admitir esto sería lo mismo que darse un balazo en el pie. Y lo acabamos de ver en Sinaloa, con el proyecto del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, consistente en disminuir de 40 a 30 el numero de diputados en el Congreso del Estado.
Simplemente no será avalada porque hay un rechazo sistemático a toda iniciativa que intente la reducción de financiamiento público a todos los partidos, sin dejar de aceptar que el dinero que el gobierno turna a los partidos podría ser aprovechado en la satisfacción de muchas de las grandes demandas populares. Los partidos ocupan dinero para la realización de sus actividades, así sea en años no electorales. Y si no es público podría incurrirse en otras prácticas no necesariamente en beneficio del fortalecimiento de la democracia nacional.
Y no será aceptada porque la oposición, en su conjunto, no simpatiza con la aplicación de un nuevo proceso, exclusivo para la elección de consejeros al Instituto Nacional Electoral y de magistrados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante sus sospechas de que sería una herramienta a modo para que ambos organismos cayeran íntegramente en manos del gobierno federal.
¿Alguna otra razón?
Si. No será aprobada porque, para ello, requiere de mayoría calificada, condición que en estos momentos es impensable ante la denostación de que han sido objeto los diputados federales de la actual legislatura por el pecado de no haber apoyado la reciente iniciativa de reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una mayoría calificada, cuando no se cuenta con el número de votos suficientes para ello, se construye con cabildeo hábil e inteligente; con la búsqueda de consensos y con una relación civilizada y respetuosa entre los integrantes de una legislatura, sin que ello implique la compra de conciencias por parte de los mal pensados.
¿Con qué cara se va a pedir el voto de los diputados opositores, si todavía hace dos o tres días los querían llevar al paredón?
Suyos los comentarios, amigo lector.
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Mientras.
Como era de esperarse -y además justificadamente-, Jesús Estrada Ferreiro, el todavía presidente municipal de Culiacán, no se ha quedado cruzado de brazos ante la sentencia de juicio político en su contra por parte de la sexagésima cuarta legislatura del Congreso del Estado, lo que amenaza seriamente su permanencia como alcalde de la ciudad más importante de Sinaloa, la propia capital de la entidad.
En efecto, de manera paralela a la preparación de su defensa jurídica, Estrada Ferreiro no solo mantiene sino que ha acelerado la intensidad de su agenda de trabajo, muy limitada por cuestiones presupuestales, como ocurre con los 18 ayuntamientos del Estado.
Al mismo tiempo, han surgido, durante los últimos días, movimientos organizados en defensa del alcalde de Culiacán, quienes manifiestan que podrían estar de acuerdo con un juicio por todas las razones que usted guste y mande, menos por motivos meramente políticos, como se dice son los que asoman en el caso de Estrada.
Situación complicada de la que solo podría salir adelante, si desde la ciudad de México se da una indicación en contra, la cual solo provendría del presidente López Obrador. De nadie más.
En suma: semana difícil, harto complicada para el presidente municipal de Culiacán.
Atentos pues.
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A manera de colofón: nuestra invitación de siempre para que nos acompañe todos los días, de lunes a viernes, de 8: 30 y hasta las 9: 00 horas, en la mesa de análisis del programa AltaVoz que atinadamente conduce el reconocido periodista del norte del Estado, Pablo Cesar Espinoza. Ahí estamos, a través de las estaciones del grupo Chávez: Altagracia González, Francisco Chiquete y el autor de esta columna. Ya nos fuimos. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Ahora y siempre.