Tuvieron su oportunidad. La población mexicana se la quiso dar por otras motivaciones. El poder fue suyo; lo tuvieron, lo malgastaron, lo prostituyeron también… y lo dejaron ir.
En buena hora había llegado el gobierno de Morena como una esperanza cívica de reivindicación de la autoridad mexicana, al allegarse de ‘reclutas de la política’; sin mañas, sin intereses; pero también sin la formación mínima necesaria (ni académica ni moral) … y en buena hora se va, por su pésimo desempeño, su ausencia de proyecto y sus notables afanes de reproducir una doctrina política autárquica, una forma de gobierno autocrática y un esquema de un partido monopólico, más que dominante.
Esperábamos ciertamente la ‘sacudida moral’ pero traducida en hechos, con muchos exfuncionarios (y hasta expresidentes) en la cárcel, pero lo único que obtuvimos fue rollo y … mentiras, muchas mentiras.
Ahora se quieren quedar; ya les gustó el poder… sin trabajar. Y están haciendo “todo lo necesario” para perpetrar el fraude electoral… si fuera necesario, en 2024.
Sin argumentos técnico-jurídicos, en un plan de dar “auténticas patadas de ahogado”, aunque a la vez lo que den sea lástima, están decididos a hacer “lo que sea” para no perder el cheque que en su vida habían tenido garantizado cada quincena, así sea retar a la ya centenaria lógica constitucional, sin importarles la vergüenza que implica hacer el ridículo.
Este fin de semana se difundió profusamente una especie de enjuiciamiento por parte de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en el sentido de que si llegase a invalidarse el proceso legislativo del llamado Plan B (que implica reformas electorales que modifican sustancialmente al INE y a todo el proceso electoral federal de 2024), el Poder Ejecutivo asumiría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estaría “sustituyendo” al Poder Judicial en sus funciones constitucionales.
Semejante afirmación, no pudo haber sido más desafortunada en tiempos en que el “jaloneo” entre los poderes no podía ser más deliberado y hasta álgido.
Para fortuna del país en que vivimos, el Poder Judicial se ha convertido en el garante y defensor de nuestras instituciones democráticas, evitando que el Poder Ejecutivo, impulsado desde el capricho “revanchista” y resentido del presidente López Obrador, se imponga en su lógica de destrucción de lo ya existente.
Y es que el principio de la División de Poderes, parte del siguiente razonamiento: “El que legisla (propone, reforma y abroga leyes) es el Poder Legislativo; pero si esa ley que se legisla violenta la Constitución Política (CPEUM), sus garantías fundamentales, sus debidos procesos o hasta el marco jurídico de estos, entonces es una facultad del Poder Judicial analizarla, normarla o en su caso hasta derogarla”; si es el caso de que se violan estos preceptos anteriormente señalados.
El Principio de División de Poderes implica la limitación del poder público para evitar su abuso, de manera que dicho poder sirva como instrumento para las multas del bien común y no para el beneficio de quienes lo ejercen con motivo de su cargo.
Otro caso parecido pero manejado –tramposamente- en sentido inverso, a conveniencia, es el caso de la pretendida autonomía a las ahora llamadas Fiscalías Generales de Justicia, antes llamadas Procuradurías de Justicia, ya sea en los planos federal o estatales.
Una autonomía que, hay que decirlo con todas sus letras, no es otra cosa que una mal entendida autarquía, pero que en los hechos, en la práctica misma de sus funciones, la dependencia siempre ha sido dependiente del Poder Ejecutivo del que se trate, sea federal o local.
Los afanes de darle ‘proximidad social’ a todos los gobiernos de fines del siglo XX, desgastados por la impopularidad del producto que se dedicaron a vender inmisericordemente a la mayoría de los pueblos del mundo, llamado ‘capitalismo de rapiña’, (escondido en la teoría económica neoliberal), obligó a que en la mayoría de los países se intentaron trucos y artimañas cosméticas como la que nos ocupa esta mañana:
Le quisieron dotar de un ropaje de ‘autonomía’ en México, por ejemplo, cambiándole por cierto también de razón social, a las dependencias del Poder Ejecutivo que, por antonomasia, son la “parte dura” de la esencia gubernamental… la parte coercitiva, aparte de la que cobra impuestos: las entonces llamadas “Procuradurías Generales de Justicia” en sus versiones Nacional (o de la República) y de los estados; que se llamarían, a partir de la primera década del siglo que actualmente corre, “Fiscalías Generales de Justicia”, a cuyo nombramiento del titular se le dotó de una reforma constitucional que incidió en el artículo 102 constitucional y que implica que el Senado de la República sea el órgano que elija con las dos terceras partes de la votación general, al nuevo titular de esas dependencias, a partir de una terna presentada por el Jefe del Ejecutivo correspondiente.
Semejante farsa sólo era equiparable al formato que se implementa durante, para “elegir” al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque no es el Senado el órgano que vota en este caso, sino una ‘Junta de Gobierno’, que por lo regular y contrario a lo que pasa con las mayorías de partido en el Senado, ésta siempre ha sido un colectivo rebelde, resistente a los intereses y planes del Ejecutivo en turno, materializado desde siempre por el Secretario de Educación Pública.
Es anecdótica la forma en que en su momento, el secretario Reyes Heroles, engañó de forma socarrona a los miembros de aquella junta, simulando estar obstinado en que resultara electo (reelecto en este caso) uno de los tres integrantes de la terna (el entonces rector Guillermo Soberón Acevedo), a fin de que él fuera precisamente, el menos votado por la Junta… y fue así como en ese proceso que le tocó a Reyes Heroles, se salió con la suya el presidente López Portillo, gracias a los afanes del brillantísimo operador (no sólo teórico) Jesús Reyes Heroles.
Pero estas formalidades, que simulan autonomía, son solo cosméticas… ha quedado claro.
El caso de las Comisiones de Derechos Humanos, puestas de moda en el mundo a mediados de los ochenta y en México, particularmente, implementada en 1990 por Carlos Salinas de Gortari -primero como dependencia de la Secretaría de Gobernación- son tipos de dependencias del Poder Ejecutivo en esencia, aunque se asuman en la oficialidad organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Porque políticamente el presidente o el gobernador en turno o quien los nombre, los ajusta política y normativamente al final.
Con los afanes de nombrar una instancia que procure los derechos universales de las personas frente a los actos de autoridad del Gobierno, surge esta “moda” de nombrar las directivas de estas dependencias a través de una “triangulación” inútil, con fines mediáticos, que a final de cuentas cualquier persona con “dos dedos de frente” puede reconocer que se trata de una farsa con fines mediáticos… donde el Ejecutivo en turno (federal o local) nombre una terna y el Senado “la vote” o “elija de entre esta”.
Quizá para demostrar que no dependa más de los caprichos del mandatario.
No sucede al final así. Todo mundo en México ha visto la dependencia de la titular Rosario Piedra de los caprichos del presidente López con respecto a la gestión de esa dependencia a partir de su nombramiento impulsado por el morenista tabasqueño. Eso sin contar el deterioro y la disminución de la eficacia y la funcionalidad de la dependencia.
Y desde luego… por supuesto, que todo mundo ha visto también, el hilo conductor del fiscal federal Gertz Manero hacia los planes y caprichos del Jefe del Ejecutivo.
Que trabajen bien los titulares de esas áreas es lo que debiera pasar… no andar inventando dependencias de naturalezas confusas y que inciden en la duplicidad de funciones.
¡Que hagan bien su trabajo, en el marco de la normatividad que les es mandatada!… Con eso nos damos por bien servidos los usuarios y ciudadanos.
Ahora hasta López Obrador se “dá manejos priístas” con su Fiscalía General de la República (FGR): “Hace como tres meses que no veo yo al Fiscal” soltó inmisericordemente durante una conferencia mañanera hace tiempo. El comentario se asoma a la hilaridad, pues cualquier gente en México, con poquito raciocinio, que conoce la burocracia, sabe cómo se manejan los altos funcionarios y que no es posible que alguien distinto al Presidente, se pierda tres meses de sus responsabilidades, sin que lo sepa, en este caso su auténtico superior jerárquico, el Presidente.
¡No pues guau!…. ¡Que fiscal tan autónomo este!… hace lo que le viene en gana! … Nada más alejado de la realidad que eso.
La Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales en general, son y deben seguir siendo, por definición, el brazo investigador y ejecutor de los mandamientos judiciales. ¿Qué es lo malo en reconocerlo?… ¿Donde está lo malo en decirle al pan, pan … y al vino, vino?... Pues sí, es una cara coercitiva del Gobierno, la de la “fuerza pública” pues… pero curioso resultaría que los impuestos (la otra cara coercitiva, fea) el Gobierno se los endilgara como responsabilidad exclusiva del SAT… y que el nombramiento del titular del SAT, previo manejo mediático en el Senado, se le obsequiara como graciosa concesión a Slim o Larrea y a un “consejo de notables”, para que se vea que no es “el Gobierno el que persigue”.
Lo peor del asunto es que los primeros “chillones” sobre los “métodos de investigación” de Procuradurías y Policías Judiciales de antaño, fueron los izquierdistas rabiosos de hoy en el Gobierno…y los derechistas que ya “se aventaron su tacita de café” en el poder también.
Asúmase con responsabilidad las tareas del Gobierno y háganse bien las cosas, tal y como lo mandata la ley… ¡Sin experimentos torpes hombre!.
Y por favor consejeros jurídicos presidenciales…lean bien la ley… no inventen.
Lo bueno es que ya se van… el sexenio se redujo esta vez a cinco años diez meses… y ni un solo día más.
Hay que empezar a socializarlo… ¡Ni un día más!
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