Agenda Política

= El convenio con el PAS lo firmó Mario Delgado, líder nacional = A pesar de todo, el Partido Sinaloense “más fuerte que nunca” = Mantiene su proyecto político personal para 2024 y 2027 = Deja la decisión de renunciar o no a los funcionarios del PAS = Aprobarán el martes la Ley de Revocación de Mandato en Sinaloa Nunca mencionó, en ningún momento, la palabra “injusticia”; pero en todo momento Héctor Melesio Cuén Ojeda dejó entrever que eso, precisamente, es su caso, respecto al cese de que como secretario estatal de salud fue objeto por parte del gobernador Rubén Rocha Moya. Esto, en el marco de la conferencia de prensa ofrecida ayer jueves por la mañana en el concurrido restaurant “Casa María” y que no le mereció, ni le merecerá, comentario alguno al titular del Poder Ejecutivo Estatal. Desde un principio se supo que la advertencia del mandatario llevaba dedicatoria directa para el ahora ex secretario de Salud, a causa de emplazamientos de antaño en contra de Luis Enrique Ramírez (qepd) y María Teresa Guerra Ochoa; sin embargo, Cuén Ojeda -como lo comentamos ayer aquí mismo – no acusó recibo cabal de la instrucción de Rocha, por considerar que ambas demandas ya estaban sin efectos legales, por el paso del tiempo. Cuén -reveló – lo habló durante la mañana con el gobernador y éste lo escuchó; pero no siguió puntualmente sus indicaciones y eso fue su error. Al no tener en sus manos el documento de desistimiento (para lo que había fijado un plazo de 48 horas, después de la Semanera del lunes anterior) Rubén Rocha Moya procedió conforme a su advertencia. Y lo cesó de su cargo. Y además procedió a nombrar de inmediato al relevo -el doctor Cuitláhuac González Galindo – así como “antes de que me arrepienta”. ¿Por qué Cuén no acató la indicación del gobernador? De acuerdo a sus explicaciones a los representantes de los medios de comunicación, justamente por lo que advertimos aquí mismo, en nuestra columna del miércoles: por no considerarlo jurídicamente necesario; en el caso de Luis Enrique Ramirez, por ser una demanda inactiva, desde 2016 y en el de María Teresa Guerra, por la existencia de una contrademanda, factor que no permitió el desistimiento. -Lo conversé ampliamente con el gobernador y aparentemente todo estaba aclarado; pero por la tarde llegó el oficio con mi cese fulminante -precisó, para redondear la tesis de la posible injusticia. Cuén pensó y se convenció que ninguno de los dos casos eran ya materia, máxime que con Luis Enrique Ramírez mantuvo una excelente relación hasta el día de su muerte -así lo dijo-, lo que también sucedía con María Teresa Guerra Ochoa, a partir de su coincidencia al interior del gabinete legal. Craso error, insistimos. Igual y Cuén ya no tenía salvación. Y es que durante los seis meses de su tránsito por la secretaría de Salud, las diferencias con el gobernador fueron cosa de todos los días prácticamente, de tal modo que siempre se aseguró que su salida del gabinete era cosa de tiempo, como efectivamente aconteció. Oficialmente la causa del cese es del dominio público; pero bien podría haber sido otra en cualquier momento. Su suerte estaba echada. ¿Qué os parece, amigo lector? -0- Y bueno. Por ser el tema del momento -no es cosa de todos los días una situación de esta naturaleza – permítaseme desglosar algunos de los puntos a subrayar, derivados de la conferencia de prensa del hoy ex secretario de salud del gobierno del Estado. Van: 01.- De los más importantes, que a pesar de los sucesos, Cuen Ojeda no rompe con MoReNa porque la alianza electoral entre ese partido y el PAS se firmó con la dirigencia nacional, que encabeza Mario Delgado, no con el entonces candidato a la gubernatura del Estado, Rubén Rocha Moya. 02.- Que, no obstante, se va agradecido con el gobernador y con quienes fueron sus compañeros de gabinete. Y he aquí el lugar común más citado de todos: que desea que le vaya bien al Ejecutivo, porque si le va bien a él, le irá bien a Sinaloa. (¿Alguna vez hemos escuchado eso?) 03.- Que deja a los pasistas en cargos de gobierno del Estado que tomen su propia decisión. Que él no los obligará a renunciar de ninguna manera. 04.- Que no regresa a la presidencia del comité directivo estatal del Partido Sinaloense, en manos de Víctor Antonio Corrales Burgueño; pero que si tiene listo ya un proyecto de gran calado para el PAS, que causará gran impacto en las esferas políticas de la entidad. 05.- En síntesis: que el PAS está en pie de lucha y más fuerte que nunca. Y finalmente: 06.- Que no renuncia a su proyecto político personal, ni para el 2024 ni para el 2027, en los cuales no descarta absolutamente nada, mucho menos una alianza con otras fuerzas políticas de nuestro Estado. Y hubo más; pero, por ahora, lo dejamos aquí. De este tamaño. El tema da para muchos días más. ¿No? -0- Mientras. Esta tendría que ser la nota principal en todos los medios y también la materia de análisis de quienes se dedican a estas cosas; pero la opacó y relegó a segundo termino el cese del gobernador a su secretario de Salud, lo cual convirtió a Héctor Melesio Cuen Ojeda en el primero en ser destituido de entre los integrantes del gabinete legal de Rubén Rocha Moya. Se trata de la ley de revocación de mandato del gobernador, cuyo dictamen ya recibió primera lectura y quedó listo para su aprobación -lo que seguramente así sucederá – en la sesión ordinaria del próximo martes 17 de los corrientes. Una ley en cuya elaboración se tomó en cuenta la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Estatal, así como las de las fracciones parlamentarias de MoReNa y el Partido Sinaloense y otra más elaborado por un grupo de ciudadanos de la entidad. Con algunas excepciones, con mucha semejanza a la ley federal que ya todos conocemos.

= El gobernador lo destituyó por desacato a sus indicaciones = Cuén se negó a desistir de emplazamientos contra LER y Tere Guerra = Lo sustituye quien era director del DIF, Cuitláhuac González Galindo = Políticamente inadmisible ya el sostenimiento de la relación = Héctor Melesio anuncia conferencia de prensa para este jueves El doctor Cuitláhuac González Galindo terminaba de comer un suculento sushi, cuando recibió la llamada telefónica del despacho del jefe del Ejecutivo Estatal. -Vengase de inmediato; al señor gobernador le urge hablar con usted – le dijeron. Cuitláhuac González, médico especialista en oncología, se desempeñaba como director del sistema estatal para el Desarrollo Integral Familiar. Y había tenido una mañana ajetreada, con la celebración oficial del Día de las Madres, un día después de la fecha oficial. -Me inquieté en principio porque pensé que sería un regaño o un tema relacionado con mi responsabilidad en el DIF, así que me fui rápidamente – contó al noticiero Línea Directa. Ya una vez en Palacio de Gobierno, el doctor González Galindo ingresó al despacho del Ejecutivo, donde lo recibió personalmente el gobernador para correrle la invitación a ocupar la titularidad de la secretaría de Salud del gobierno del Estado, misma que apenas minutos antes estaba en manos de Héctor Melesio Cuén Ojeda. -Primero me sorprendí; pero acepté la propuesta del señor gobernador. Se trata de una distinción; pero también de una gran responsabilidad a la que hay que entrarle con orden, profesionalismo y con el entusiasmo que todo esto conlleva. Y hasta aquí. Ya es el nuevo secretario de Salud del gobierno del Estado, en sustitución del MC Héctor Melesio Cuén Ojeda, que deja ya el equipo de trabajo del mandatario sinaloense. Enterados pues. -0- Y pues bueno. El cese de Héctor Melesio Cuén Ojeda como secretario de Salud -porque lamentablemente eso fue – constituye un sonoro golpe sobre la mesa por parte de Rubén Rocha Moya, para dejar en claro, de manera contundente, que no existe un gobierno de coalición en el Estado, que mucho menos hay un cogobierno y para puntualizarle, a propios y extraños, quien manda en Sinaloa. Del mismo modo, los acontecimientos de ayer no son otra cosa que “la crónica de una salida largamente anunciada” y son resultante de los constantes desencuentros y las agudas diferencias existentes entre ambos actores de la política sinaloense, las cuales comenzaron a tomar forma definida, aún antes de que Rocha Moya tomara posesión como gobernador de nuestra entidad, el primero de noviembre próximo pasado. De hecho, las discrepancias eran tan álgidas y tan frecuentes, que para la gran mayoría de los analistas políticos, Héctor Melesio Cuén Ojeda debió haber tomado la decisión de renunciar al cargo de tiempo atrás y cancelar así la posibilidad de una medida de esta naturaleza, que evidentemente debe calar hondo en el ánimo de Cuén y de sus muchos seguidores. Sin embargo, a pesar de que la relación ya era materialmente insostenible, no lo hizo en su momento, en aras de mantener con vida su anhelado proyecto político y ahí están ahora las lamentables consecuencias: cesado. En el mismo sentido también llegó a parecer inexplicable la demora de parte del gobernador Rocha acerca de ponerle un hasta aquí a tan desgastante situación. Rocha no se tentó el corazón para exhibir a Cuén Ojeda en sus Semaneras, en el informe de la rectora de la Universidad de Occidente, Sylvia Paz Díaz Camacho y en diversos eventos en los cuales el gobernador dejó ver claramente su inconformidad. Bajo estas circunstancias, muchos de quienes presuntamente analizamos estos temas de la política, llegamos a preguntarnos: “si está tan molesto, porque no le pide su renuncia; lo cambia o lo cesa de plano”. Tan fácil como eso. Esto tampoco ocurría con el transcurrir de las semanas hasta que Rocha Moya se encontró con una coyuntura más que al modo para la toma de su decisión. El lunes próximo pasado, justo en la Semanera, uno de los periodistas asistentes acusó a Héctor Melesio Cuén, directamente, de tener emplazamientos legales en contra de algunos periodistas sinaloenses, tema altamente sensible, cuando aun no se enfriaba el cuerpo de Luis Enrique Ramírez, arteramente asesinado apenas el jueves de la semana próxima pasada. Rocha respondió que, en defensa de su convicción como demócrata, era inadmisible tener dentro de su equipo de trabajo a servidores públicos que no respetaran el derecho a la libre expresión de las ideas y les concedió un plazo de 48 horas para que retiraran la querella correspondiente, con la firme advertencia de que si no lo harían serían destituidos de su cargo en forma inmediata. El mensaje era claro para Cuén, por sus emplazamientos jurídicos de antaño en contra de la doctora María Teresa Guerra Ochoa y del ahora finado Luis Enrique Ramírez, columnistas del Debate de Culiacán. Héctor Melesio ignoró la advertencia de Rocha y el resultado es el que todos conocemos. ¿Por qué no lo hizo Cuén? Quizás por deducir que en el caso de Luis Enrique ya no era necesario, ni tampoco en el de la doctora Guerra, que no precisamente era trabajadora de un medio de comunicación. O a lo mejor -¿Por qué no? – por estar ya hasta la madre de las amenazas del gobernador en su contra. El caso es que, por una cosa u otra no lo hizo y el gobernador hizo buena la advertencia de manera puntual y concluyente. Un tremendo golpe de autoridad, sin duda alguna. ¿Estamos? -0- Y bien. Este jueves, a partir de las 9: 00 horas en el restaurant María Bonita, el ahora ex secretario de Salud del gobierno del Estado platicará largo y tendido con los representantes de los medios de comunicación de Culiacán. Y seguramente también se dejarán venir periodistas del sur y del norte de la entidad. Si hay un ingrediente predominante al respecto ese es el morbo. No tenga duda. Obviamente Cuén dará a conocer su versión y seguramente fincará un posicionamiento contundente respecto a su nueva relación con el gobernador del

= Quienes las tengan presentadas, por supuesto = Entre ellos se menciona a Héctor Melesio Cuén = Quien no lo haga será retirado de la administración = Hermetismo en investigaciones sobre el caso LER = Licitadas ya 14 de 47 obras ya aprobadas para el Estado   Rubén Rocha Moya no tendrá al interior de su gobierno a funcionarios -de ningún nivel- que mantengan emplazamientos jurídicos contra periodistas por el ejercicio de su libre expresión. Del mismo modo hará recomendaciones en el mismo sentido a aquellos presidentes municipales que se encuentren en situación similar. ¿Nombres? Marcos Vizcarra, asistente cotidiano a la conferencia semanera del gobernador -representante de la revista Espejo – citó, concretamente, al secretario estatal de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda y al alcalde de la ciudad de Los Mochis, Gerardo Vargas Landeros. El mismo Rocha agregó un nombre más: el del Químico Benítez, presidente municipal de Mazatlán. El periodista dijo que, en el caso particular de Cuén suman cuando menos tres los periodistas contra quienes existe querella por parte del actual secretario de Salud. En lo que hace a Vargas Landeros, el mismo Vizcarra citó a Luis Enrique Ramírez como uno de los afectados. Y por lo que concierne al Químico, el propio Rocha Moya sé refirió al caso de Felipe Guerrero, a quien traían “en calda” en el mero Mazatlán. Llama la atención el tema de Héctor Melesio porque no existen señalamientos de demandas legales contra los representantes de los medios de comunicación, sin olvidar sus diferencias contra algunos analistas políticos de la entidad. Incluso, en contra del propio Luis Enrique; pero esto ya era un asunto superado. De lo que se sabe, en cambio, es de la existencia de conflictos serios y desgastantes con María Teresa Guerra Ochoa; pero la actual secretaria de la Mujer es funcionaria de alto nivel en el gobierno de Rocha, no periodista. Sin embargo, ahora ya subieron a Cuén al escenario y tendrá que distraerse de sus delicadas funciones como secretario de Salud para aclarar las cosas toda vez que Rubén Rocha Moya fue concluyente en sus expresiones: -No quiero a nadie en mi gabinete con querellas contra periodistas…Y al buen entendedor, pocas palabras. Es decir: si Héctor Melesio Cuén se ubica en ese supuesto, está obligado a desistirse, si entra en sus planes el sostenerse -como hasta ahora – dentro del gabinete de Rocha, contra viento y marea. Y lo mismo deberán hacer aquellos funcionarios estatales que se encuentren en situación similar. Habrá cuello, de lo contrario. Y algo más: solo tienen dos días para hacerlo, de conformidad con un memorándum firmado por el mandatario que circuló en todas las dependencias oficiales. Pendientes. -0- Y bien. A propósito del caso Luis Enrique Ramírez, pues si acaparó gran parte de la conferencia del titular del Poder Ejecutivo Estatal; pero, como aquí lo advertimos, pocas novedades al respecto. Ninguna, de hecho. Sin embargo, el gobernador de la entidad aseguró que “si hay mucho avance”; pero que se trata, lamentablemente de una información reservada, a efecto de no entorpecer las investigaciones del caso, en lo que es el clásico lugar común. El propio Rocha Moya y su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares, trabajan horas extras para obtener definiciones concretas en torno a este crimen que no solo ha sido noticia nacional sino hasta internacional. Ante los representantes de los medios de comunicación, Rocha reiteró su seguridad en el sentido de que el asunto se esclarecerá por completo e insistió en que no habrá impunidad a efecto de reducir al mínimo la posibilidad de que situaciones como estas se repitan en Sinaloa. Aseguró que el caso no será atraído por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión, confiado de que aquí “lo resolveremos satisfactoriamente”. Y en el mismo sentido ratificó que su gobierno ofrecerá todo tipo de garantías a los comunicadores a fin de que lleven a cabo su trabajo en una atmósfera de plena respeto a la crítica, de protección y de completa libertad. En lo suyo el gobernador. Y la verdad es que ¿Qué otra cosa puede ofrecer? Nadie culpa a Rocha de estar involucrado, ni por asomo, en el asesinato del periodista, ni tampoco ninguno de sus colaboradores; pero si es su obligación velar por el desarrollo de una investigación profunda, profesional y objetiva, que conduzca a una verdad y que ésta se de a conocer a satisfacción no solo del gremio agraviado sino de la sociedad en general. ¿Estamos? -0- Mientras. En el entendido de que la obra material es uno de los factores -entre otros – que contribuyen al lucimiento de un gobierno, Rubén Rocha Moya aprovechó la Semanera de ayer para dar a conocer que del paquete del cual se habló días atrás, un total de 14 obras ya están licitadas, mientras que 33 de ellas todavía se encuentran en tal proceso. Entre unas y otras suman 762 millones de pesos de inversión. Las primeras 14 concentrarán 92 mdp y consisten, entre otras, en: Centro de Justicia para Mujeres en Mazatlán, carretera Culiacán-Sanalona, entronque Limón de Tellaeche, camino a presa Vinoramas y pavimentación de calles y vialidades en distintas ciudades del Estado. Hacia las 33 restantes se canalizarán los otros 670 millones de pesos y aquí se inscriben: el puente sobre el río Quelite, la carretera El Fuerte-Constancia, la carretera Batequitas-La Higuerita, la segunda etapa del dren San Joachín y la pavimentación de un importante número de rúas en nuestra ciudad capital. Adicionalmente a ello, el gobernador confirmó la construcción de un centro teletón en el puerto de Mazatlán, en lo cual su administración ofrecerá las facilidades necesarias para ello. En junio, a más tardar, todas estarán en proceso de ejecución. Y por ahí, aunque no lo anunció, Rocha Moya ya lleva a cabo las primeras gestiones para la construcción de un anillo periférico que rodeará, prácticamente, toda la ciudad a una distancia tal que la mancha urbana no alcance la vialidad en un tiempo razonable. Ratificamos lo dicho ayer: podría ser

= Ante la exigencia de justicia del gremio periodístico = ¿Novedades? Quizás no, para no entorpecer la investigación = Hasta ahora, contradicciones e hipótesis sin fundamento = El juicio político en contra de Jesús Estrada Ferreiro = En Sinaloa, dos secretarias de Estado: Tatiana y María Luisa   Una buena parte de su conferencia Semanera, el gobernador Rubén Rocha -lunes 09 de mayo, a partir de las 9: 00 horas – la dedicará, sin duda, a los temas relacionados con el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. La gran mayoría de las preguntas de los representantes de los medios de comunicación irán en ese sentido, aunque de antemano se presume que no habrá más novedades de las que se conocen hasta ahora. Y posiblemente si existan esas novedades; pero darlas a conocer, día a día, podrían entorpecer los avances de la investigación, que se desarrolla de manera coordinada entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, por instrucciones expresas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En efecto, la mañana del viernes próximo pasado, en sincronía con lo ofrecido por AMLO al gobernador del Estado, arribó a Culiacán un equipo especial de investigación de la fiscalía federal, con indicaciones precisas de llevar el caso, “caiga quien caiga”, hasta las últimas consecuencias”. De acuerdo, se trata de una frase muy hecha y de un lugar muy común; pero, por ahora, es lo más que se puede esperar en estos momentos. Junto con esto, vino también la recomendación del presidente López Obrador al gobernador en el sentido de “no bajar la guardia” y de darle un seguimiento personal a los trabajos especializados. Por demás, la invitación del presidente: Rocha Moya es el sinaloense más interesado en aclarar el caso lo antes posible. Y es que, no se trata solamente de atender un gremio agraviado y encolerizado, sino de un sentimiento derivado de un afecto personal. Además de conservar su amistad, Luis Enrique fue su coordinador de prensa en el proceso electoral de 1998, cuando buscaba la gubernatura del Estado por segunda ocasión. Ahí, Rosy Lizárraga lo era con el team de Juán S. Millán y Alejandro Sicairos, con el de Emilio Goycochea Luna. Hasta ahora, hay que decirlo, las informaciones proporcionadas por la Fiscal General del Estado, Sara Bruna, no han dejado satisfecho a nadie, ante contradicciones evidentes en el modo en el que presumiblemente Luis Enrique fue privado de su libertad, antes de quitarle la existencia. Sin embargo, la abogada es una connotada conocedora del Derecho, además de tener una trayectoria honesta y profesional. Hay que darle su tiempo. Es elemental. Por ahora, nos quedaremos con las informaciones que proporcione el gobernador de la entidad. Difícilmente tendrá novedades de los lamentables hechos; pero, en una de esas, igual y sí. Pendientes pues. -0- Por cierto. En lo que corresponde al juicio político en contra del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, el gobernador Rubén Rocha -conferencia con la prensa de Mazatlán, el viernes próximo pasado – sostuvo que ese no es su tema, por su invariable respeto al Poder Legislativo. Que el asunto ese es de los diputados y que si Estrada Ferreiro quiere arreglar las cosas, es con los ciudadanos legisladores con quienes “tiene que arreglarse y entenderse”. Hábilmente, Rocha no acusó recibo de los señalamientos del alcalde de Culiacán en su contra y si, en cambio, dejó abierta la posibilidad de una solución, en el entendido de que solo tendrá que darse entre ellos: Estrada y los legisladores. Hay que recordar que independientemente de sus diferencias personales con el propio gobernador, algunos de sus más cercanos colaboradores y la mayoría de los diputados a la 64 legislatura del Congreso del Estado, la demanda de juicio político parte de dos fuentes, de suyo políticamente delicadas en extremo. Una de ellas, la negativa de Estrada a aplicar el 50 por ciento sobre pago por servicios de agua potable a jubilados y pensionados, situación por la que promovió, incluso, una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la otra, el rechazo a un apoyo condicionado del gobierno del Estado para la cobertura de la pensión e indemnización a viudas de policías caídos en el cumplimiento del deber. Más atrás, a fines del año pasado, los calificativos en contra de los diputados que negaron su propuesta en el sentido de ajustar el aumento a tarifas del impuesto predial, de conformidad con los índices inflacionarios. Ahí fue uno de los primeros rounds del alcalde con nuestros representantes populares. En este nuevo gobierno. Bajo estas circunstancias, cuando se tuvieron los primeros indicios de la promoción de juicio político, pareció que la cosa no pasaría a mayores; pero lamentablemente así ha sucedido y ahora Jesús Estrada no solo tiene que atender sus obligaciones normales como presidente municipal, sino también tiene que preparar su defensa, una vez que reciba el citatorio correspondiente. Para algunos, la suerte de Estrada está echada; para otros, en cambio, si existen posibilidades de arreglo entre las partes involucradas en este caso, único en la historia política de Culiacán. De sus últimos 75 años por lo menos. Atentos. -0- Por otro lado. Dos secretarias de Estado -o sea del gabinete legal del presidente López Obrador – visitaron Sinaloa en fechas recientes: una de ellas, María Luisa Albores González, del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; la otra, Tatiana Clouthier Carrillo, de Economía. María Luisa Albores vino a analizar, junto con el gobernador Rocha, la posibilidad de crear un área natural protegida de carácter federal, en la zona limítrofe entre Sinaloa y Durango, en las inmediaciones del poblado minero de Tayoltita, ya en la vecina entidad. Su actividad minera, precisamente, ha afectado, con el correr del tiempo, la ecología y el medio ambiente de esa prometedora región de nuestro Estado, cuyo potencial es alentado por la carretera que se construye desde San Juan, San Ignacio, a lo largo de todo el río Piaxtla, hasta Tayoltita. La sola carretera es ya un atractivo importante. Se

= Noticia de alcance nacional e internacional = Un periodista emblemático de Sinaloa = Lo había advertido desde el año 2011 = Juicio contra Estrada, en su punto álgido = Respaldan PRI y PAS, Plan Estatal de Desarrollo   En el curso del segundo semestre del 2011, cuatro crímenes de conocidas personalidades en Culiacán, estremecieron a la opinión pública sinaloense y obscurecieron el glamour con el cual Mario López Valdez había iniciado su sexenio gubernamental: -Luis Pérez, subsecretario de seguridad en el gobierno de Jesús Aguilar Padilla y asesor político, se decía, del gobernador López Valdez. -Olivia Alonso, clarividente, asesora de imagen y ligada a los medios oficiales del Estado. -Humberto Millán Salazar, columnista político, fundador del semanario A Discusión y defensor, desde el principio y hasta el final, de la causa de MaLoVa. Y: -Francisco Urrea, investigador político, especialista en temas policiacos y en contra sentido opositor recalcitrante al gobernador de entonces. Olivia Alonso fue ultimada en su propia casa, sin misericordia alguna. Los asesinatos de Luis Pérez, Humberto Millán y Fuco Urrea, tuvieron características similares: levantados y ejecutados, con su cadáver sembrado en las cercanías de la ciudad, para que fuesen encontrados con prontitud y dar lugar al mensaje correspondiente. De ese mensaje, precisamente, acusó recibo Luis Enrique Ramirez, quien se había colocado como el columnista político de moda, por contar con información privilegiada, ser dueño de un estilo muy propio y trabajar en el medio de mayor penetración por ese entonces: El Debate de Culiacán. Luis Enrique observó y lo dijo: que los cuatro asesinatos tenían características semejantes y obedecían al mismo patrón. -Sigo yo- confió a sus cercanos. Y se fue de Sinaloa, casi de inmediato. Y en efecto, Luis Enrique abandonó nuestro Estado y se ocultó en diferentes puntos del país; entre ellos, la ciudad de México. Bajo la protección de leyes internacionales, regresó tiempo después y vivió aquí, al lado de su familia, en condiciones de aparente tranquilidad; pero sin olvidar jamás la amenaza que él aseguraba existir en su contra. Esa sentencia de la que él hablaba, lamentablemente se cumplió inexorablemente, bajo el mismo patrón: lo levantaron la noche del miércoles y apareció asesinado la mañana de ayer jueves. Todo similar a lo sucedido en 2011, durante el primer año de gobierno de MaLoVa. Periodista emblemático, columnista agudo, dueño de información de primera mano, consentido de los políticos de modo y autor del espacio de opinión privilegiado en el Debate de Culiacán, su crimen ya le causa mucho ruido al gobernador Rubén Rocha Moya, al difundirse en medios nacionales e internacionales de reconocido prestigio. De esto, Rubén Rocha Moya es el menos culpable, por supuesto; pero, como me la ponga, vienen días difíciles para el gobernador del Estado. Ya lo verá usted. -0- Por otro lado. A través de sus redes sociales, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro arremetió con furia contra el propio gobernador Rubén Rocha Moya; el secretario general de gobierno, Enrique Cázares y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Melendrez, a quienes acusa de impulsar el juicio político que podría costarle su cargo como alcalde de la ciudad capital de Sinaloa. Estrada Ferreiro recién había llegado de un viaje relámpago a la capital del país, donde se entrevistó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, justamente para tocar el tema de su posible desafuero, a raíz de las demandas en su contra, que ya siguen su curso en el poder Legislativo Estatal. En su mensaje, Estrada Ferreiro intentó parecer tranquilo; pero le ganó el coraje y de nuevo se lanzó contra quienes son, hoy día, los principales actores de la vida política sinaloense. De manera paralela, el presidente municipal de Culiacán sigue con sus funciones y mantiene la dinámica en su agenda de trabajo; pero, al mismo tiempo, el juicio político avanza en el Congreso del Estado y los días que se aproximan serán determinantes en el futuro político del alcalde de nuestra ciudad. Pendientes. -0- Por cierto. En el Congreso de Sinaloa, las fracciones parlamentarias de MoReNa, PRI y Partido Sinaloense, expresaron públicamente su respaldo al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 y reiteraron, sin reserva, su respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya, para que sus propósitos se cumplan a cabalidad, en el entendido de que se trata de un conjunto de programas que repercutirán en beneficio del desarrollo del Estado y de la calidad de vida de la comunidad en general. Hicieron uso de la voz, en efecto, la diputada Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo (MoReNa); Sergio Mario Arredondo, presidente de la comisión de Fiscalización (PRI) y Gene René Bojórquez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Los tres, coincidentes, de manera abrumadora, en juicios y criterios. El que representantes de los partidos con fracción acreditada en la cámara finquen posicionamiento favorable al PED 2022-2027 es significativo para el titular del Poder Ejecutivo Estatal toda vez que no es fácil unificar criterios en tratándose de un instrumento tan importante para un gobierno determinado. Incluso otorgan relevancia especial a criterios tan particulares como lo son las obras de contenido social y los programas consecuentes, plenamente identificados con los principios de la llamada Cuarta Transformación. Del mismo modo ponderan la austeridad en el gasto, la disciplina presupuestal y la eficiencia administrativa como factores medulares para el ahorro y la atención consiguiente a las demandas de la comunidad. En otras palabras: un voto de confianza para Rocha. Y no solo de su partido sino también del PRI y del PAS. Atentos pues. -0- CORTOS.- Apenas comenzábamos a disfrutar plenamente de la tregua dada por el coronavirus, cuando ya circulan, profusamente, informaciones preocupantes en torno a un nuevo azote de la pandemia en distintos puntos de los Estados Unidos. Tan solo el miércoles se reportaron 64 mil casos en solo 24 horas y ya se habla, por ende, de una sexta ola de Covid en el vecino país. Esto, necesariamente, debe

= Obviamente tampoco rebasará la barrera del Congreso = Trabajan en el proyecto, PRI, Acción Nacional y el PRD = Propone segunda vuelta en la elección presidencial = Defiende Rocha estadística sobre seguridad en Sinaloa Al igual que la del presidente Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa de ley de reforma electoral que comienzan a bosquejar los líderes nacionales de los partidos que estructuran el llamado bloque opositor, también plantea temas positivamente interesantes para la sociedad en general. Sin embargo, si el proyecto de AMLO no librará la aduana de la cámara baja del Congreso de la Unión, éste último, menos, simple y sencillamente. Si, como la iniciativa presidencial, ésta, la del PRI, PAN y PRD, también requiere de la mayoría calificada para su aprobación, en tratándose de reformas constitucionales. La Ley AMLO, por lo menos, aseguraría mayoría simple; pero se quedaría muy lejos de las dos terceras partes de los votos requeridos. La de los opositores, de chiste. En una de esas ni tan siquiera es objeto del trámite parlamentario que corresponde, consistente en el dictamen en comisiones y la votación en el pleno, desde luego. Hace un par de días, abordamos aquí los puntos que consideramos como interesantes en el proyecto de ley de López Obrador -reducción en diputados federales, senadores y regidores a los ayuntamientos; nuevo sistema de elección para el Poder Legislativo y desaparición de los organismos electorales locales -, así que veamos ahora los planteamientos del bloque opositor. Antes de entrar en materia, una aclaración: lo que se conoce ahora son solo pinceladas preliminares por parte de los tres partidos coaligados. La idea es que cada uno presente su iniciativa y de esas tres emerja la que se remitirá a la cámara federal de diputados. Aquí vamos, entonces: -Impulsar la realización de una segunda vuelta en la elección presidencial. -Elecciones primarias constitucionales (para presidente), organizadas por el mismo día, para todos los partidos. -Eliminar sobre representación y transfuguismo en la cámara de diputados. -Nulidad electoral si hay participación de la delincuencia organizada. -Prohibición total al lucro político en el uso de los programas sociales. Y: -Regulación de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador en época electoral. A simple vista, algunos tópicos interesantes, particularmente en lo de la implantación de la segunda vuelta en la elección presidencial, en la que participarían única y exclusivamente los candidatos que obtuvieron primero y segundo lugar, pero sin haber rebasado el 50 por ciento de la votación. Si ello ya opera en distintos países de América Latina ¿por qué no en México? Me pregunto. Conviene insistir que esto es apenas una especie de “borrador” utilizado para contrarrestar, en principio, la iniciativa de AMLO; pero los principales puntos, a nuestro juicio, son los aquí planteados, por ahora. En efecto, de conformidad con lo señalado por los lideres nacionales de PRI, PAN y PRD, en su conferencia de prensa del martes próximo pasado, sus respectivos equipos de especialistas ya trabajan en esa dirección a efectos de configurar una sola iniciativa de ley y remitirla, cuanto antes al Poder Legislativo. Obviamente tendremos la oportunidad de atestiguar análisis, observaciones y discusiones aleccionadoras de parte de un lado y del otro; pero el proceso no pasará de ahí. Por ahora -a menos que los milagros existan – se ve inexistente la posibilidad de un diálogo civilizado entre los dos frentes, con el objetivo de hacer, de las diferentes iniciativas, una sola ley, acorde, por supuesto, a las características actuales de la vida política de nuestro país. Salvo mejor opinión, respetable lector. -0- Mientras. En su conferencia semanera del lunes próximo pasado, el gobernador Rubén Rocha Moya se remitió al clásico “peras con peras” y “manzanas con manzanas” para probarle a los representantes de los medios de comunicación que el índice de homicidios dolosos en Sinaloa mantiene una tendencia a la baja, en comparación con lo que ocurre actualmente en otras entidades federativas de nuestro país. Y citó, concretamente, que de enero a abril del año en curso se registraron 157 asesinatos, contra 205 del 2021. Y menos, mucho menos, que los contabilizados en años anteriores durante el mismo periodo. Rocha Moya trajo a colación la estadística señalada a raíz de un reportaje publicado recientemente en un medio impreso, que habla de una ola de crímenes y de una violencia desbordada en distintos puntos del Estado, trabajo periodístico frente al cual el gobernador mostró, sin ninguna reserva, su absoluto desacuerdo. Y si, tiene razón Rocha en sus argumentos puesto que Sinaloa, en efecto, es una de las entidades del país que mejores números presenta en el renglón de seguridad; lamentablemente, la percepción de intranquilidad que se advierte fuera de nuestros límites permea hasta el estado y crea situaciones de esta naturaleza entre los diversos sectores sociales y productivos de esta entidad. Bajo esta circunstancia, el mandatario sostuvo, en tono concluyente, que “hay estrategias de combate contra el crimen organizado y buenos resultados, también”. Evidentemente los hay, de conformidad con la estadística; pero la percepción será difícil de cambiar. Es aquí, en esta arista, donde el gobierno del Estado deberá trabajar para alcanzar una cooperación plena de la sociedad en su conjunto y luchar en clara sintonía contra la criminalidad. Digo. -0- CORTOS.- Inconforme el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al no recibir -según denuncia ante los medios – el informe completo del Congreso del Estado respecto al juicio político que se libra en su contra y que amenaza su permanencia como alcalde de la capital de Sinaloa. Estrada Ferreiro trabaja en la preparación de su defensa, con todo y los escollos en su camino. Incierto su futuro político, está más que claro, pero está dispuesto a pelear hasta el final. Pendientes…ORALE.- Estancado el proceso de elección del nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y en la medida que el tiempo pasa todo parece indicar que Cinthia Valenzuela, la secretaria general del CDE encargada de la presidencia permanecerá en el cargo hasta diciembre venidero. En vía de mientras, el delegado general

= Parece imposible el aval del bloque anti-AMLO = Reforma constitucional; requiere mayoría calificada = Puntos buenos en el proyecto; sin embargo… = Reducir numero de senadores y diputados, entre otros. = Semana crucial en el futuro político de Jesús Estrada Jorge Luis Telles Salazar Aunque de antemano se sabe que no va a pasar, hay que admitir la existencia de algunos puntos buenos en la iniciativa remitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo, para crear en México lo que sería una nueva ley electoral, la cual sustituiría, en sus aspectos sustantivos al Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales; el famoso COFIPE. Esta iniciativa ha sido enviada a la cámara de diputados del Congreso de la Unión, cuando todavía no transcurrían dos semanas del descalabro de la pretendida ley energética, tras no obtener el número de votos necesarios para su aprobación. Tuvo mayoría, de acuerdo; pero requería de mayoría calificada, equivalente al voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes. Y si, desde un principio, se supo que esa ley estaba sentenciada a muerte, en ésta última, no existe, ni tan siquiera la menor de las dudas: no pasará. Obviamente esto lo sabe el presidente, en tanto el ciudadano mejor informado de nuestro país; pero aún así sitúa en el Legislativo a la nueva ley electoral, con un propósito que se revela con mayor claridad día con día. ¿Por qué correr el riesgo de un segundo descalabro consecutivo? Y en el mismo sentido: ¿por qué la pretensión de mantener al país en un estado de permanente polarización? La teoría más aceptada, la que unifica los criterios de los principales analistas políticos de la nación, es precisamente esa: el deseo de contar con un nuevo argumento para exhibir a los diputados del bloque opositor en la intención de reiterarles el calificativo de “traidores a la patria” al negar su voto a una nueva ley electoral que ubicaría a México justo “en el nivel de las democracias más avanzadas del mundo entero”. Para este año, ya para el mes entrante, habrá elecciones gubernamentales en seis estados del país y tres más en 2023, entre ellas la del Estado de México. Todo esto, antes del proceso de 2024, en el cual el gran reto del presidente López Obrador es mantener a MoReNa en la presidencia de la República y conservar, de paso, el control de las dos cámaras del Poder Legislativo. En la actualidad, MoReNa tiene de su lado las preferencias electorales en cuatro de los seis estados que renovarán gubernatura en unas cuantas semanas; sin embargo, no puede negarse la aparición de luces amarillas que comienzan a causar inquietud y preocupación al interior del partido dominante. Una de ellas, precisamente, lo fue la no aprobación de la reforma energética; la otra, la pobre participación en la consulta popular para la revocación del mandato presidencial, que ya obligó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a declarar inválido el proceso en mención. Bajo esta circunstancia es que el presidente López Obrador, verdadero líder del partido mayoritario, intenta, con esto, mantener vivo el clima de linchamiento en contra de todos los opositores, como una clara estrategia de campaña rumbo a las elecciones del 2024, para las cuales, por lo que se ve, ya tiene tres corcholatas bien definidas: Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard Casaubón. A seguir entonces con calificativos y denostaciones en contra de todos aquellos cuyos pensamientos no coincidan con los de la Cuarta Transformación, que al fin y al cabo por argumentos no quedará. El rechazo a la ley electoral será un excelente pretexto para ello. Digo. -0- Y bien. A juicio particular de este columnista, los puntos torales de la ley electoral federal que pretende el presidente López Obrador, serían -no precisamente por orden de importancia- los siguientes: 01.- Reducción de 500 a 300 el número de diputados federales y de 128 a 96 el de senadores; del mismo modo, tope máximo de 9 regidores en los ayuntamientos municipales. 02.- Nuevo método de elección. Ya no por distrito, en el caso de los diputados federales, ni de por Estado en el de los senadores. Le llaman representación pura, consistente en otorgar el número de curules, escaños y regidurías, en proporción al porcentaje de votos, con respecto al numero de posiciones a repartir. Ejemplo: si un partido determinado conquista el 40 por ciento de la votación total, para diputados, tendría derecho a 120 asientos. Difícilmente habría mayoría; pero si todos los partidos alcanzarían representación. Hasta los del 1 por ciento, inclusive, que lograrían 3 asientos en la cámara, para el periodo en puerta. 03.- Cambio de nombre. Se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en lugar de Instituto Nacional Electoral (INE). 04.- Desaparición de institutos electorales estatales y de tribunales electorales estatales. 05.- Elección de consejeros y magistrados mediante voto popular. Los candidatos los postularían los poderes de la Unión y el proceso tendría lugar el primer domingo de agosto. 06.- No mas financiamiento publico ordinario a partidos; se limitarían solo al del año electoral. 07.- Reducción de tiempos políticos en radio y televisión. 08.- Modificación a las excepciones constitucionales para la difusión de propaganda gubernamental en periodos electorales, de tal modo que se pueda difundir propaganda gubernamental relativa a servicios públicos y de carácter formativo, respecto, precisamente, al proceso electoral en marcha. 09.- Implementar el voto electrónico. Y de paso, ya entrados en gastos: 10.- Reducción al 33 por ciento de participación ciudadana en las consultas populares para la revocación de mandato, a fin de que el resultado sea considerado como vinculante. Hay más, obviamente, pero a juicio de quien esto escribe, se trata de los más relevantes. Quiero decir que, algunas, me parecen sencillamente improcedentes en las circunstancias actuales del país; pero hay otros de mi más abierta simpatía -opinión estrictamente personal, por supuesto – como lo son, por ejemplo: el cambio en el modelo de elecciones para diputados, senadores y regidores; la