Hemos criticado repetidamente en este espacio las ilegalidades y complicidades de los gobiernos federal, estatal y municipal en la ampliación del restaurante “El muchacho alegre” en Mazatlán, y con sorpresa tenemos que señalar hoy que estos abusos de poder comenzaron cuando menos con Enrique Peña Nieto como presidente y con Fernando Pucheta Sánchez en la alcaldía del puerto.Este negocio opera dsde los años ochenta, con reglas diferentes y nuevas restricciones que han sido reiteradamente ignoradas; la historia es larga, y sin alburear intentaremos resumirla.Tenemos en nuestras manos dos oficios de la SEMARNAT, un resolutivo manifestación de impacto ambiental favorable número SG/145/2.1.1/0415/18 del 23 de marzo de 2018, y la modificación de proyecto autorizado SG/145/2.1.1/0705/18, del cuatro de junio del mismo año, firmados ambos por el entonces delegado federal de la SEMARNAT, Jorge Abel López Sánchez.El primer oficio refiere un proyecto con ampliación de la superficie de “El muchacho alegre” hacia un segundo nivel, con la cimentación de construcción original.En el segundo se señala un nuevo proyecto que adiciona una nueva superficie para pasar de 579.99 a 930.435 metros cuadrados, y que en el sótano “se construirá una plancha de concreto sobre cimentaciones de piedra labrada y mortero, previendo una capa de concreto pobre o arena apisonada como base de los cimientos”, con la conclusión debidamente firmada de que esas obras “no afectan el contenido de la autorización otorgada”.Lo anterior, en abierta contradicción a la norma NMX-AA-120-SCFI-2016 que en su artículo 5.3.2 señala que “El establecimiento de obras de playa, debe ser únicamente sin cimientos, no permanente -provisionales, desmontables y fácilmente removibles-, como enramadas, sombrillas y palafitos”.Se trata de un nuevo ejemplo de cómo nuestras autoridades han pisoteado la ley, en previa ampliación ilegal que contó con el respectivo consentimiento formal por el ayuntamiento encabezado por el entonces presidente municipal Fernando Pucheta Sánchez.Y mientras más escarba uno, más lodo sale.Son muchos los funcionarios y exfuncionarios partícipes de estos abusos de poder, unos de manera activa y otros haciendo como que no escuchan ni ven.Tema polémico que deja en entredicho la proclamada honestidad de Rocha Moya y Benítez Torres.Se han presentado varias denuncias formales y a pesar de una intensa polémica desde hace más de medio año con otra ampliación adicional, ninguna autoridad actual parece dispuesta a corregir, menos castigar a los responsables con sus motivaciones políticas o económicas.Ante el aviso del tema en la columna de hoy, Jorge Abel López Sánchez me mandó ayer un mensaje de whatsapp en el que me señala que “los delegados federales de SEMARNAT no tienen facultades y tampoco atribuciones para autorizar concesiones federales; ésa es una facultad única y exclusiva de la dirección general de zona federal de oficinas centrales en la ciudad de México; los ayuntamientos tienen la alta responsabilidad de autorizar el uso del suelo para construcción en zona federal”.Advierte que se le involucra “con intencionalidad de golpeteo político”, y termina con un “no tengo absolutamente ninguna intención de aspirar a un cargo público”.EL GOBIERNO DEL CAMBIODe nueva cuenta, el gobernador quitó a funcionarios que acababa de poner.O han sido muchos los nombramientos por puro capricho, o existe al interior del gobierno una fuerte disputa en el reparto de los espacios de poder.Cualquiera de las dos opciones refiere a Rubén Rocha Moya como un pésimo operador político.Ah, pero los dos funcionarios que nombró a pesar de sus antecedentes como aviadores y corruptos, siguen en sus cargos como evidencia plena de las incongruencias cuatroté.
