Desde el pasado lunes 26, los ciudadanos de este país tenemos una nueva forma de cautiverio de frente al imperio de la ley.
El llamado amparo “buscador”, ha quedado materialmente desechado en México, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y gracias a una nueva tesis jurisprudencial (1ª/J.95/2022), una vez que resolvió la contradicción de criterios 2/2022.
Una definición que, con todo respeto nos huele más a “decretazo”, influenciado por ese poder omnímodo presidencial que padecemos.
Se suprime para beneficio de los gobernados en este país, (de los quejosos, para decirlo en el lenguaje de la legislación), una figura sustentada en la escuela del hábeas corpus y perfeccionada por el principio del hábeas data; ambas figuras jurídicas, que desde hace muchos siglos, han venido consolidando al concepto mismo de los derechos humanos, pues mientras la primera reconoce el derecho a la libertad de los individuos desde el siglo 13 (1215 d. C.) en aquella Inglaterra medieval, la segunda es el acta que la protege y consagra, garantizando las libertades de los súbditos y evitando las deportaciones a ultramar, también en Inglaterra, pero de 1679, en los albores de la revolución inglesa y de ese gran movimiento cultural llamado la “Ilustración”.
Con el hábeas corpus, todo individuo tiene el derecho de comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto.
Mientras que el hábeas data, es también una acción constitucional, que confirma el derecho de cualquier persona física o jurídica para solicitar y obtener información existente sobre su personalidad, su patrimonio y su situación jurídica; así como de solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada.
Como se observa, ambos principos jurídos, llevados al nivel de acciones constitucionales en el Estado moderno, son avances sustantivos en el resguardo de la cultura de los derechos humanos. De hecho, en este principio se sustentan los registros de información para la transparencia en temas como el propio sistema de justicia penal, los historiales crediticios del sistema financiero, del sistema de competitividad empresarial (principio antimonopolios), de las telecomunicaciones y uno de los más emblemáticos: el de acceso a la información pública … y aún así, han suprimido de un “plumazo” el registro del sistema judicial en materia penal .
Una nueva situación de indefensión ciudadana de frente a los designios de un presidente déspota y de un gobierno integrado por ignorantes, resentidos y acomplejados; no nos cansaremos de denunciarlo… de gritarlo.
Visto con frialdad numérica, es una simple minoría, un grupúsculo que en su vida supo lo que significa someterse a una relación personal subordinada, bajo reglas disciplinarias y con espíritu de equipo, como lo es el trabajo honesto, que hoy abusan inmisericordemente de la población a la que desgobiernan, haciendo mal uso de las instituciones donde prevarican y abusan de esa mayoría de la que circunstancial o temporalmente hoy disponen… que abusan de su ‘poder’ en su relación con los demás.
Un grupo de gente acomodaticia… que nunca en su vida supieron lo que es levantarse temprano y bañarse con agua fresca, para ir a levantar la cortina metálica de un modesto negocio familiar o para correr tras el transporte público buscando llegar a tiempo a checar una tarjeta de asistencia a un empleo.
La nueva clase política que prohija Morena, no es solo una mezcla amorfa de revolucionarios de “churro” y café negro en ayunas; de “mesías” de mariconera al hombro y hediondos a pachulí; “perdonavidas” de caguama y sicodelia sabatina, que en su vida tampoco supieron lo que es “fajarse una 45” de verdad o cargar un rifle automático para ir a hacer la “revolución” como presumían… pero entrándole a la balacera “de frente”… no nomás pregonándolo.
La abrumadora mayoría, salvo honrosas excepciones, de todos esos especímenes –paradójicamente- transmutaron de entonces a la fecha en férreos defensores de la moral pública y de la educación… bueno, hasta del “bien común” creo… los que no, simplemente no vivieron para contarlo desafortunadamente o fueron sujetos de la pretensión punitiva del Estado, en Lecumberri y los principales penales del país; pero estos últimos –que son un porcentaje mínimo- resultaron ser los más congruentes ahora y constituyen una auténtica reserva moral en la opinión pública y en el sector educativo del país, como analistas, consultores o docentes.
De los demás, todos… o casi todos, encontraron formas “burguesas” de subsistencia y traicionaron sus encendidos razonamientos de filosofía anti-aspiracionista, transitando por vías rápidas y seguras hacia el confort clasemediero.
Ahora, como en la película de 1999, “La Ley de Herodes”, dirigida por Luis Estrada, a cuyo personaje “Varguitas”, le llegó el poder “de repechón”, todos, empezando por el presidente López Obrador, que se convirtieron súbitamente en autoridades gubernamentales, pretenden ostentar una de las aristas de esa autoridad que jamás podrán poseer, porque no la conocen: la autoridad moral.
Ahora conviven con el sedimento de la clase priísta más mezquina que, como roedores, fueron los primeros en saltar de la nave que naufragó políticamente y junto a otras tribus, conforman la “honorable clase política morenista” que hoy nos polariza y agravia desde el poder que da la política en un régimen partidocrático, cuya sola mención, motiva a invocarlo en un estricto proceso de revisión en los próximos tiempos, pues no corresponde a una característica del desarrollo civilizado de una sociedad, el depender cada vez más del clientelismo por un lado, ni del poder mediático de la propaganda por el otro.
Ahora se aferran al poder y sin escrúpulos, pretenden arrinconar a la sociedad que es mayoría y que se opone, tajantemente, a sus métodos abusivos y desesperados para perpetuarse en el poder.
Pretenden infundir el miedo en la ciudadanía; pretenden vender la idea de que no hay reversa hacia ninguna otra oferta política; ni hay forma de virar hacia ningún lado… menos de avanzar. Ya sacaron a relucir cobardemente las armas y nos amenazan con un falso dilema: “O es con nosotros o con nadie”.
Así entonces, desde el lunes, todos los juzgados del país deberán desechar, los amparos buscadores que tengan la única finalidad de dar acceso a una carpeta de investigación inicial a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, esto al entrar en vigor la referida jurisprudencia de la Suprema Corte.
Lo curioso del asunto –y los sospechoso por ende- es que vienen a suspender esta acción constitucional, cuando ya todos los políticos más corruptos y los narcotraficantes más “temidos” han hecho uso y abuso de la misma.
El amparo buscador fue aprovechado sobre todo por políticos envueltos en acusaciones penales, como los ex gobernadores Javier Duarte, Roberto Sandoval o el ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps, entre toda una pléyade de “figuras del bajo mundo” político y delincuencial.
Al ciudadano común, al trabajador asalariado, al que no “tiene influencias”, le quitan con esta disposición, una herramienta fundamental para defenderse del “poderoso” que sí puede comprar la justicia que venden muchos funcionarios y empleados del Poder Judicial, las Fiscalías de Justicia y las corporaciones policiales en este país donde, “según me platican, no lo había escuchado nunca ni vivido siquiera como abogado litigante”… la justicia tiene precio y está de lado del que la paga.
Con esto le quitan “de tajo”, se reitera, a la gente humilde de este país, un instrumento fundamental, insustituíble, para detectar violaciones a los derechos humanos, particularmente en el caso del delito de las despariciones forzadas.
La propia Comisión Nacional de Búsqueda, lo reconoció en el 2021, cuando editó su guía titulada “El amparo buscador: una herramienta contra la desaparición forzada de personas”. En él se orientaba a los familiares de víctimas y promoventes, a solicitar mediante esa forma de amparo, hoy suspendida, la orden judicial para cualquier autoridad que tuviera conocimiento del paradero o tuviera ilegalmente retenida para cualquier fin o detenida a la persona buscada, a informar a detalle sobre su paradero o a entregarla garantizando su integridad.
Un delito por demás deplorable y que agravia al México de nuestros días.
Sin embargo, el Estado mexciano, a través de su Poder Judicial, hoy nos la vuelve a aplicar; traiciona el interés del gobernado, para cumplir los caprichos del gobernante (Poder Ejecutivo) por miedo a “perder la chamba” o a un “mal mayor”… vaya Usted a saber.
Pero hay otros instrumentos mediante los cuales es evidente el interés de tener en la indefensión a la población civil: el buzón tributario, que violenta el derecho a la intimidad; la imposición vía decreto administrativo de declarar asunto de “interés nacional” determinada obra o acción, a fin de imponerse en la voluntad gubernamental de hacerla “a la fuerza”, no obstante se ubique fuera de la legalidad; de igual forma para ocultar la información alusiva a costos y razones de ejecución en general; y desde luego, la más onerosa para la imagen de este gobierno, el incidir indirecta e ilegalmente en las resoluciones del Poder Judicial Federal y de algunas entidades como la Ciudad de México, para que un juez determinado resuelva dictar la medida cautelar llamada “prisión preventiva justificada” a enemigos y perseguidos políticos de la actual administración, sin haber elementos mínimos o suficientes para dictarla o incluso haya atenuantes o excluyentes en el imputado, que hagan propicia su no aplicación, pero sobre todo, como sucedió ya en algunos casos, el prolongarla ilegalmente … anticonstitucionalmente… por más de dos años. Eso nos muestra el grado de tiranía y de abuso del poder del actual gobierno en México.
Esto demuestra, que pretenden permanentemente, atarle las manos al pueblo, que permanece inerme ante el embate de un gobierno déspota y ambicioso de poder. Un pueblo que cada vez tiene menos instrumentos para defenderse.
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