Por fuerza, tuvimos que poner a prueba a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Presentamos ayer una queja formal contra el gobernador de Sinaloa que está convertido en violador recurrente de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Los insultos, descalificaciones y denostaciones contra medios de comunicación y periodistas por parte de Rubén Rocha Moya son del conocimiento público.
Hay quienes desde ya advierten que la CEDH caerá en el absurdo de pretextar que no se demostraron las agresiones del gobernador.
Del por qué no acudimos ante el instituto de “protección” a periodistas, las razones son muy obvias.
Este organismo supuestamente independiente y autónomo ha demostrado sobradamente que protege más al gobernador agresor que a los periodistas agredidos.
Por ello, la CEDH es el único recurso legítimo local que nos queda.
Tenemos por supuesto, instituciones y organismos defensores de los derechos humanos a nivel internacional.
Recurriremos a estas instancias, para confirmar o para corregir lo que la comisión estatal resuelva.
Sabemos muy bien que no resulta fácil enfrentar a los dictadores.
Rubén Rocha está enfermo de poder y no se detiene ante nada para seguir mintiendo, robando y traicionando.
Mucho nos ha costado el ejercicio de la libertad de expresión.
Los gobiernos de los tres niveles están obligados a respetarla, y a hacer valer el derecho a la información que es de todos los sinaloenses y mexicanos.
No es concesión, sino una garantía establecida en la constitución nacional.
Un derecho universal, incluso.
¿Se doblará la Comisión Estatal de los Derechos Humanos?
¿Rocha mantendrá sus impunidades, por cobardías de quienes tienen la obligación de hacer vales el estado de derecho?
Esperemos que no.
El dilema es cumplir con las responsabilidades que se tienen… o renunciar.
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