Qué ratas tienen que ser para burlarse de la ley y alegar que secuestrar a una bebé no es delito grave.
Que tenemos una justicia incapaz y vendida es una verdad que se confirma con trágica crudeza.
En Sinaloa la justicia realmente no existe y es un asco, negocio de políticos y de rufianes.
Autoridades que repetidamente se equivocan, con todo propósito.
De risa loca fuera el caso que hoy traemos, a no ser por el drama que implica.
El jueves 7 de julio en Mazatlán dos mujeres secuestraron a una bebé de cinco meses de edad, pero fueron detenidas poco después.
Una de las delincuentes quedó recluida mientras que a la otra la dejaron en libertad con el falso pretexto de que por ser menor de edad no puede ser detenida.
Según la juez, el secuestro que ocurrió no es delito grave.
Y la fiscal está de acuerdo.
La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa establece con claridad que sólo los menores de doce años que cometan delitos serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
Se privará de la libertad a los mayores de 12 años presuntos responsables de los delitos de homicidio, lesiones dolosas, secuestro, rapto, asalto.
Artículos 13, 18 y 128 de la ley en mención.
Está claro que a la joven que participó en el secuestro de la bebé no le aplica el beneficio de la libertad.
Las “confusiones” y “equivocaciones” han sido varias.
Simón Malpica, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en el puerto, informó que el intento de secuestro “al parecer es producto de rencillas familiares”.
En un boletín de la fiscalía, por otra parte, se informó que “durante audiencia se explicó por parte de la jueza especializada de control que, según la Ley de Adolescentes esta causa penal es susceptible a un acuerdo reparatorio Y SE EXHORTÓ A LAS PARTES A VER ESA POSIBILIDAD”.
Doña Anita, la madre de la bebé que fue secuestrada y liberada, expresó dos cosas muy puntuales durante entrevista ante periodistas de Televisoras del Pacífico.
–“En mi vida yo las había visto; para nada son familia mía. Que en vez de tapar esto, hagan conciencia en las personas”.
–Del supuesto acuerdo reparatorio que incluso se daba como ya realizado, la negativa tajante de que “yo se los dije, yo no quiero dinero; esto no paga el susto, el dolor y todo”.
Vemos que las autoridades responsables de procurar y administrar justicia están más preocupadas en liberar a los delincuentes, que en castigarlos.
Piensa mal y acertarás, dice un sabio proverbio popular que sin duda aplica.
Cómo creer que son pura casualidad estas coincidencias tan sospechosas entre los jueces y la fiscalía.
Esta coordinación, por decirlo de modo amable, hace sonar nuevamente el nombre de quien todo mundo sabe tiene control absoluto sobre el poder judicial y la fiscal “independiente”: Enrique Inzunza Cázarez, secretario general de gobierno de Sinaloa.
La aplicación de la “ley” a conveniencia personal y de los cuates.
Cómo entender la dureza con que se reaccionó ante el supuesto dicho de Jesús Estrada Ferreiro a las viudas de policías de “búsquense un mayate que las mantenga”, frente el absurdo contrasentido de que el secuestro de una bebé de cinco meses se considere como un delito no grave.
Qué jodidos estamos con jueces y ministerios públicos que con enorme descaro emulan el “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.
Lo peor de todo es que estas ilegalidades y abusos de poder suceden con una frecuencia cada vez más alarmante.
Ni el gobernador Rubén Rocha Moya ni nadie más actúan para corregir y menos para castigar.
DIARREA COORDINADA
Evidentemente puestos de acuerdo, el kakas y el kakitas estatal aseguraron ayer que ninguna prueba hay de que el Cártel de Sinaloa tenga que ver con los detenidos hace días en la ciudad de México.
Nomás les faltó garantizar esa negativa con la ratificación de que quienes integran ese grupo son pura gente buena y trabajadora.
Por cierto, de los catorce detenidos ya nomás quedaron diez.
El ministerio público de asuntos especiales determinó que cuatro de ellos no tuvieron relación con los hechos.
Fíjense qué suave.
LA MILITARIZACIÓN CÓMPLICE
De nueva cuenta ya no sabe uno si ponerse a reír o a llorar.
El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, anunció que ya está casi todo listo para la designación de un nuevo Secretario de Seguridad Pública en la capital sinaloense.
Solamente falta la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque la propuesta es a favor de alguien con el grado de mayor y en activo.
De que los ayuntamientos tienen autonomía plena constitucional, otro chiste cruel.
Y lo de reír o llorar es porque nuestros gobernantes casi se cortan las venas cuando se cuestiona la militarización.
No solamente hacen lo que por ley se les manda y supuestamente son sus límites.
Militares y marinos tienen el control total de varias áreas gubernamentales.
Son además contratistas, constructores, enfermeros, transportistas, operadores de aeropuertos y de aduanas, con muchos etcéteras más.
Con sus excepciones, son numerosos los abusos de poder y los malos manejos financieros que cuentan con la complicidad total del presidente de la república.
Amor con amor se paga, que se traduce en ustedes me ayudan y solapan y yo los ayudo y solapo.
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