Ningún periodista en México tendría que poner en riesgo su integridad al ejercer su profesión.
Por décima primera vez en el año, los titulares de medios se llenan con nombres de personas asesinadas por causa de su profesión, una que es indispensable para sostener a México como un país libre y democrático. Esta vez, en menos de una semana, la violencia contra la prensa se llevó a Yesenia, Johana y Luis Enrique.
Ellas y él se dedicaban con firmeza a cuestionar y ser críticos a las acciones realizadas por sus respectivos gobiernos locales, poniendo en tela de juicio sus gestiones y decisiones, tal y como el periodismo de calidad debe de funcionar.
Estos once asesinatos ponen a México primero en la lista de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, superando en número de asesinatos a periodistas a países que incluso se encuentran en estado de guerra. Y donde de los 30 asesinatos a periodistas en el mundo registrados en Reporteros Sin Fronteras11 son de México.
De acuerdo con el último informe publicado por Artículo 19 para abril de 2022 habían sido asesinados ocho periodistas y registrado 644 ataques a la prensa, cifras que crecen en tan sólo un mes.
Así, desde que inició el sexenio de AMLO, las cifras de asesinatos a periodistas son de 32 y dos desapariciones, superando así las cifras en el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, registrando 15 asesinatos.
Tal y como refiere la organización Artículo 19, las causas de la violencia letal hacia la prensa y periodistas aún es incierta; sin embargo, el discurso político y las acciones de gobierno son uno de los actores principales que violenta a la prensa y legitima a otros para estigmatizar y violentar su labor.
Se ha repetido en innumerables veces que desde el discurso político del gobierno federal y gobiernos locales se estigmatiza a la labor periodística, y se osa refutar la información y datos recabados con “otros datos”, datos falsos e incluso con la violación de derechos humanos y abusos de poder por medio de publicar información personal de particulares, como el caso de Loret de Mola y el Presidente.
De la misma forma, dentro del mismo discurso oficial se califica de verídica o falsa la información de reportajes e investigaciones periodísticas con base en el criterio de los mandatarios, donde en caso de manchar su imagen, el culpable ante todo es el periodista, no la acción de ellos mismos.
Todas estas pequeñas acciones que no pasan del plano discursivo, tienen una relación directa y cómo resultado la indignante violencia a la libertad de expresión. De nada sirve un gobierno que se comprometa a proteger a la prensa cuando sus acciones desde el discurso fungen como otro actor social que merma la labor de esta.
De la misma forma, un discurso que promete corregir el curso de acción ante esta situación, pero no tiene intención de formular políticas públicas fuertes que reviertan la violencia, fortalezcan el mecanismo de protección y lleve justicia a las víctimas, no sirven más que una herramienta para engañar a México y tener una imagen “comprometida” con la sociedad.
Ningún periodista tendría que considerar poner en riesgo su integridad e incluso su vida como parte adherente de la profesión que ejerce en un contexto no bélico.
GOTITAS DE AGUA:
A mi criterio, México es un país donde se da por sentado los riesgos de ejercer la profesión que se encarga de informar a la sociedad para que pueda tomar decisiones, sin embargo, no tendría por qué ser de esta forma, pues es la labor de todos y todas: proteger el trabajo e integridad de quien cuestiona a los gobiernos, porque “la verdad no se mata matando al periodista”. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos el Lunes”…
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