Asegura el gobernador Rubén Rocha Moya que asumirá las consecuencias por su decisión de aprobar el carnaval de Mazatlán.
¿Pagará personalmente los gastos de quienes enfermen de covid y se declarará culpable de las muertes que por esta decisión se provoquen?
Por supuesto que no; eso de asumir las consecuencias son puros atoles.
Luis Guillermo Benítez Torres violentó impunemente las recomendaciones sanitarias porque Rocha decidió desde hace mucho que sí habría carnaval, mientras mentía retrasando el anuncio.
El químico le puso una pela al gobernador, y éste se llevó entre las patas a su subordinado.
No nos extraña del ejecutivo estatal, pero sí llama la atención que el “secretario de salud” Héctor Melesio Cuén Ojeda haga de nuevo el ridículo y hasta lo resalte con su tuit de que él no lo autorizó pero coincide con “la factibilidad de celebrar el carnaval con semáforo amarillo con un gigantesco dispositivo sanitario”.
Veremos juntos a miles de sinaloenses y gentes venidas de fuera, consumiendo bebidas embriagantes en cantidades industriales.
Si alguien de verdad piensa que no hay peligro por ello, no solamente es un verdadero tontejo sino además un criminal tremendamente irresponsable.
AMBICIONES DE CLÓSET
Hay quienes afirman que perro no come perro, pero yo prefiero el proverbio de el que se lleva, que se aguante; en la columna de hoy le pongo nombre, Alejandro Sicairos Rivas, al empeñoso impulsor de la creación de organismos gremiales “autónomos” financiados con dineros públicos.
Hablo en plural, porque no es la primera vez que sucede; siendo entonces coordinador de asesores, el hoy gobernador Rubén Rocha Moya fue testigo directo de cómo un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos presentaron propuestas para la creación de la unidad de protección a periodistas, con exigencias casi feroces que luego pusieron pálida a la chimoltrufia, pues una y otra vez ellos mismos las rechazaron a pesar de que se aprobaron como exigieron.
Hoy se tiene una iniciativa que repite lo que la constitución y otras leyes ya establecen.
El mayor número de artículos y de páginas de esta iniciativa de ley, por mucho, es lo que tiene que ver con la creación del instituto para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.
Lo encabezaría un consejo con un director general que lo presidirá, además de tres periodistas de prestigiada trayectoria profesional y tres representantes de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos.
Además, un órgano de control interno; direcciones de área; jefaturas de departamento, así como personal técnico y administrativo, todo ello con presupuesto público que será aprobado anualmente por el Congreso del Estado y ejercido con autonomía plena.
El cabecilla Alejandro Sicairos y los suyos se aprovechan de la buena fe de otros, y luchan no por el justo reclamo de respeto a nuestro trabajo, sino con ambiciones lucrativas.
Cercanos al promotor principal me aseguran que a Sicairos lo empujan dos motivaciones: pasar a la historia como “adalid” gremial, pero en primer término pagar con dinero público sus vicios de clóset y guachomas; recordemos a Humberto Millán Salazar, o pregunten al respecto.
A mis colegas les reitero que nuestros problemas no son por falta de leyes sino por la impunidad con que se violentan nuestros derechos, en muchos de los casos por gobiernos y gobernantes.
Una nueva ley puede ser positiva en procedimientos y transparencia, pero se tiene que rechazar el capricho ilegal e inmoral de burocracias de conveniencia personal con tratos de privilegio. Se tenía que decir, y se dijo.