El gobierno federal tiene elementos de sospecha o confirmados en el sentido de que hay policías de Culiacán coludidos con el narco.
No hay otra explicación para el operativo sorpresa de desarme de los agentes municipales y la “toma” de las instalaciones de esa corporación por parte del Ejército.
Intentaron la maroma de que todo era normal, de que era un operativo de rutina, pero el informe oficial de la secretaría de seguridad pública estatal fue contundente: una revisión extraordinaria.
Lo que sucedió ayer registró una enorme diferencia a las revisiones normales de cada seis meses.
Por más que brinquen el narco gobernador Rubén Rocha y el narco alcalde Juan de Dios Gámez, el desarme ocurre en busca de pruebas contra policías municipales que trabajan para los criminales.
Hay que subrayar que no todos esos agentes son corruptos.
Pero de que los hay, ninguna duda cabe.
Recordemos el comunicado reciente acusando que los altos mandos trabajan para los chapitos.
No es nada nuevo ni raro esta corrupción que reiteremos es principalmente entre algunos de los más altos mandos y no un problema generalizado.
A los buenos policías, un reconocimiento especial por lo difícil que resulta trabajar honestamente.
Sobre los agentes maleados, incluyendo algunos jefes, son gatilleros y punteros que avisan a sus patrones sobre cualquier situación que los ponga en peligro.
Por qué la revisión extraordinaria, demos por hecho que no nos dirán la verdad.
Veremos atoles y maromas, para no reconocer lo evidente.
Pero de que se trata de complicidades a favor de los narcos, ninguna duda cabe.
GOBIERNO ASESINO Y GOBERNADOR CÓMPLICE
Indignante la normalidad, aquí sí aplica, con la que el gobernador es cómplice de gran número de asesinatos.
Ya hemos referido en esta columna con el debido detalle esas muertes y el valemadrismo oficial.
Una nueva infamia, reciente, es la de los mal llamados “daños colaterales” cuando el Estado asesina a personas inocentes.
Son varios los casos desde que comenzó la guerra entre las facciones rivales del cártel de Sinaloa, y hay uno que indigna por encima de los demás.
Juan Carlos salió de su casa para pedir ayuda porque su esposa y su hija sufrían intoxicación por el gas que tiraron los del gobierno.
Fue asesinado y lo presentaron incluso como uno de los criminales abatido.
Preguntaron sobre esto al gobernador en su conferencia semanera del lunes, y poco faltó para decirnos que no hay más culpable que el ciudadano inocente.
De mala gana, refirió que se investigarán los hechos pero que los “daños colaterales” son cosas que pasan.
Un gobernador que nunca se cansará de ser asesino y cómplice de asesinatos.
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