El secretario de Finanzas y presidente de Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Salvador Pérez Martínez, interpuso ante el Juzgado Segundo de Distrito un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, en contra del Gobernador Rubén Rocha Moya, luego de que el titular del Ejecutivo Estatal vertiera de nueva cuenta declaraciones en contra de funcionarios de la institución, informó el abogado general de Casa Rosalina, doctor Robespierre Lizárraga Otero.
Ello, a pesar de que apenas este miércoles dicho juzgado otorgó la suspensión provisional y prohibió tanto al Gobernador Rubén Rocha Moya, como a la Fiscal Estatal, Sara Bruna Quñónez Estrada, hacer cualquier tipo de alusión, manifestación, expresión o externen cualquier tipo de comentario que hagan presuponer que el titular de Finanzas de la UAS es culpable de un delito o que pueda tener algún tipo de responsabilidad.
Lizárraga Otero indicó que las declaraciones hechas este jueves por Rocha Moya violentan la suspensión emitida por el juez y aunque evidentemente el Gobernador o no fue notificado o no fue asesorado correctamente sobre los alcances de la suspensión, el caso se puso en manos de un juez para que éste haga sus consideraciones y aplique lo que corresponda en derecho.
“Dentro de la estrategia jurídica en defensa de la autonomía universitaria, hemos promovido una serie de juicios de amparo ante la justicia federal por distintos actos de distintas autoridades en distintos momentos. Uno de esos que se han promovido es relativo a ciertas actuaciones de la Fiscalía, particularmente de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) y respecto a actuaciones del Gobernador, Secretario de Gobierno, Congreso del Estado. Ha sido que se nos han concedido suspensiones con distintos efectos, uno de ellos es que las autoridades que acabo de mencionar pues deben de abstenerse de tener, ante los medios de comunicación de expresar opiniones sesgadas en torno a la situación jurídica de los funcionarios universitarios que está señalando como responsables”, dijo
El abogado general de la UAS indicó que dicha omisión por parte del Gobernador puede tener distintas consecuencias, desde la solicitud de un informe de cómo le está dando cumplimiento a la suspensión hasta algún tipo de extrañamiento, llamado y/o apercibimiento. Incluso, si hay persistencia o reincidencia en la violación a la orden de un juez federal, podría configurarse un desacato lo cual ya tiene consecuencias penales.
Señaló que, como universitarios, están actuando apegados a derecho cumpliendo lo que los juzgados están ordenando, y el exhorto es a que el Gobierno del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial local hagan lo conducente.